Hacia el 9 de abril...
y después

A pocas semanas de las elecciones, dos hechos centrales parecen ya definidos. De un lado, son ya irremediables las irregularidades que vician el proceso electoral hasta la médula; del otro, la oposición política, pese a la presión de múltiples sectores de la sociedad civil y a que ella misma cuestiona la legitimidad de todo el proceso, no se retirará y llegará hasta el 9 de abril. La combinación de ambas situaciones anuncia desde ya un escenario complejo que intentamos analizar a continuación.

Hace ya un buen tiempo, en esta revista hemos planteado tercamente que ante la candidatura de Fujimori a un ilegal e inconstitucional tercer período, y dadas las evidencias de que el Gobierno impondría un resultado a su favor a cualquier costo, lo correcto, política y éticamente, era no participar de ese proceso. Hemos insistido en que tal actitud no hubiera sido derrotista, sino más bien la mejor estrategia para imponerle al régimen reglas de juego mínimas y aceptables para todos. Ello, en la medida en que hubiera sido imposible para Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que no son precisamente los adalides de la democracia continental, decirle al mundo que gobernarían cinco años más porque "ganaron" en una elección en la que corrían solos.

Al principio ninguneada como idealista, la opción por el retiro ha cobrado fuerza en las últimas semanas y es sostenida ahora por personas de los más diversos sectores que tienen en común solamente el compartir un sentimiento profundo de asco frente a lo que ocurre. Incluso, de un modo indirecto, algunos observadores internacionales han aludido al punto, señalando que es la presencia de la oposición la que le da un aliento de legitimidad a algo que, de no ser por ello, sería cadáver.

Pero si bien en política no hay que decir nunca jamás, parece a estas alturas altamente improbable que la oposición se retire de la contienda electoral. Es que hoy, ya dividida en siete candidaturas dispersas, requiere además de una unanimidad imposible. En el fondo, la mayoría de ellos sabe que eso es lo políticamente atinado, pero unos y otros se miran con desconfianza y se preguntan, aterrados, si su retiro sólo favorecerá al que se quede, y punto.

Y, por supuesto, el Gobierno conoce y manipula muy hábilmente esta situación, lo que le permite "graduar" sus estrategias de demolición. Así, jugó primero con la ilusión de Andrade, luego con la de Castañeda y ahora con la de Toledo (y tienen guardadito a Salas, por si acaso el tiempo alcanza). Los convencieron, a cada cual a su turno, de que si se diferenciaban de los demás quizá conseguirían llegar a una segunda vuelta... y allí, el milagro.

Otro elemento que tiene un peso enorme para impedir la salida conjunta es, como ya hemos dicho en otras ocasiones, la ambición de los candidatos al Congreso de cada una de las listas. Ellos se han convertido, en la práctica, en el más eficaz disuasivo interno frente a cualquier tentación de retiro de su locomotora al Congreso (perdón, quisimos decir de su candidato a presidente). Impresiona, desalienta y llama a profunda desconfianza el ver cómo llegar al Congreso se ha convertido en un imán tan poderoso que nubla el análisis de decenas de personas respetables y de centenas que no lo son tanto. ¿Tendrán algo que ver con la súbita pasión de servir a la patria hasta en las peores circunstancias los privilegios, prerrogativas y nivel de ingresos que hoy tienen los congresistas?

Pero el que la oposición legitime parcialmente con su participación estas elecciones está siendo sólo un alivio parcial para el Gobierno. La situación se les ha presentado mucho más difícil de lo que esperaban.

Por un lado, lo que queda de prensa independiente ha logrado descubrir múltiples hechos y situaciones que aluden a un fraude escandaloso en marcha (y estamos seguros de que sólo nos hemos acercado a la punta del iceberg). Del otro, la labor de los observadores nacionales e internacionales ha cobrado una fuerza inusitada. Con diferentes estilos y orígenes, todos se han quedado impresionados por lo que aquí ocurre, y sus informes han sido sumamente críticos (ya es célebre la frase "no hay condiciones para elecciones limpias y libres"). Además, en el último tramo los Estados Unidos y la Unión Europea han levantado significativamente el tono de las críticas.

El gotón que derramó el vaso (o la bacinica, para ajustar mejor la figura a la realidad peruana del momento) ha sido, sin duda, la documentada denuncia de El Comercio sobre la falsificación de un millón de firmas para inscribir a uno de los movimientos de la alianza oficialista; nuevo movimiento cuya importancia se revela desde su propio nombre: "Perú 2000". ¡Qué casualidad: el mismo que el de todo el frente fujimorista! (En comparación, el caso Watergate, que hizo caer a Nixon, parece una travesura de colegiales.)

El descubrimiento no puede ser más grave; y no sólo por lo que fueron capaces de hacer, sino por lo que se puede venir, dada esa falta total de escrúpulos que ratifica el asunto de las firmas. Así, no hay que ser demasiado zahorí para concluir que quienes pudieron ser capaces de falsificar un millón de firmas, sólo para renovar la fachada y modificar correlaciones internas (o sea, casi por un prurito estético), no tendrán límites, el 9 de abril, para coronar el fraude. (¿O alguien cree que el lobo se volverá súbitamente cordero justo en el momento clave y definitivo?)

El Gobierno ha sentido la pegada y reaccionado erráticamente. En un primer momento se optó por la actitud cínica: "todos lo hacen", "quién no falsifica firmas", frases éstas repetidas a coro por todos los oficialistas, pero que cobran una dimensión terrible cuando son dichas por el propio presidente de la República y por Portillo Campell, nada menos que el jefe de la ONPE. Ambos confiesan, candorosos, que en realidad estamos ante un fraude mayúsculo que involucra a más movimientos políticos (¿Vamos Vecino también?); admiten, además, que lo sabían y que no hicieron nada. ¡El cinismo en el Perú ha llegado a niveles de antología!

En un segundo momento se optó por destruir la credibilidad de los denunciantes. Al primer testigo se le ha dicho, en los medios que coordina el SIN, desde asesino hasta violador, pasando por esquizofrénico, maricón, etcétera, etcétera, etcétera. Se desató también una campaña brutal de desprestigio contra la Defensoría del Pueblo y El Comercio. Al Defensor se le amenazó con la acusación constitucional y al diario con activarle juicios de accionistas minoritarios.

El efecto fue totalmente contraproducente. La reacción de indignación en el país y en el exterior por los desmesurados ataques y amenazas a la Defensoría del Pueblo y El Comercio los han hecho retroceder (pobres ayayeros: siempre los dejan en off side); si no en sus intenciones de fondo, por lo menos en la posibilidad de llevarlas a la práctica antes del 9 de abril.

El tercer momento intenta hacer un "control de daños" y bajar la presión. La estrategia: admitir implícitamente que lo de las firmas es verdad, pero que es un asunto lateral y que no toca para nada el corazón del fujimorismo, que se siente tan burlado por lo ocurrido como el resto del país. De ahí que hayan renunciado a Chuán y Medelius y sacado de la alianza al movimiento Perú 2000. (Por supuesto, el JNE acató ambas órdenes en menos de 24 horas.) La jugada, hay que agregar, no está dirigida a la opinión pública amplia, sino a los sectores que en el país y en el exterior exigen "señales firmes" de cambio por parte del Gobierno.

¿Lo conseguirán? Creemos que no.

En primer lugar, se subvalora la inteligencia de quienes observan este proceso, al sostener que Medelius y Chuán son los únicos involucrados en este escandaloso y masivo fraude. Es obvio que lo de las firmas requería de la autorización de gente de muy, muy arriba. ¿Absalón? ¿Vladimiro? ¿Los dos? O, lo que es más probable: los tres. Cabe preguntarse además si en una lista de 120 candidatos es posible que Perú 2000 haya tenido sólo dos. ¿Falsificaron un millón de firmas sólo por Chuán? Por último, ¿puede una alianza sacar a una de sus partes en vísperas de un proceso electoral y que todo siga como si nada?

En segundo lugar, el fraude de las firmas termina de cuestionar la credibilidad de las autoridades electorales. El jefe de la ODPE de Arequipa, la segunda oficina más importante después de la de Lima, era nada menos que el jefe operativo de los falsificadores. Si una "pieza" como ésta estaba organizando las elecciones en Arequipa, ¿no hay razones suficientes para pensar que todos o muchos de los otros jefes de las ODPE están en la colada? Además, y tal como la revista Caretas documenta ampliamente, entre los presidentes de los Jurados Electorales Especiales hay cada joyita que para qué les cuento. Agreguemos nosotros que las listas de 25 ciudadanos entre los que se escogían a los demás miembros de los JEE las elaboró, en última instancia, nada menos que ¡Blanca Nélida Colán! Por su parte, el RENIEC tampoco se queda, y su padrón ha sido cuestionado "n" veces por sirios y troyanos. (Circula el chiste de que Celedonio Méndez sería más poderoso que el propio Jesucristo. Este último sólo resucitó a Lázaro; Celedonio, en cambio, ha resucitado a Lázaros, Pedros, Juanes, Elenas, Julios y Migueles.)

Nadie que no sea el Gobierno o sus más cercanos amigos confía hoy en las autoridades electorales; y esa confianza, huelga decirlo, es probablemente uno de los requisitos más elementales de cualquier elección. ¿Cambiarlas a dos semanas del proceso? ¿Mantenerlas pese a los cuestionamientos? ¡Qué tal encrucijada! De otro lado, ¿alguien puede confiar en un conteo rápido hecho por esta ONPE y que daría los resultados finales a las 8 p.m. del mismo domingo? ¿Alguien puede confiar en la imparcialidad de los JEE?

Al momento de redactar estas líneas, la crisis de legitimidad del proceso está en su punto más alto. Stein, el jefe de la Misión de la OEA, ha declarado que la salida de Medelius y Chuán es importante, pero en ningún caso suficiente. Además, pronto llegarán nuevas misiones de observación electoral y, dada la realidad, es fácil presumir que serán igualmente críticas. En ese contexto, si estallara algún nuevo escándalo que involucre al Gobierno en malos manejos, la situación podría írsele de las manos y obligarlo a negociar nuevas reglas.

Pero de no suceder nada inesperado, aquí en ideele seguimos pensando que el curso más probable de los acontecimientos es que la candidatura de Fujimori sea impuesta por las buenas, pero sobre todo por las malas. Es que estamos convencidos de que nadie puede haber hecho todas las barbaridades que se han perpetrado en nombre de la re-reelección durante casi cinco años para, a último momento, volverse bueno y dejar que la voluntad popular decida.

La subida espectacular de Toledo en las encuestas es, sin duda, una complicación inesperada y bastante difícil de manejar. No queda duda de que lo van a machetear duro de aquí al 9 de abril, pero aun así puede que este nuevo dato de la realidad los obligue a aceptar una segunda vuelta. Nuestra hipótesis es que si se resignan a ella, "arreglarán" las cosas de tal modo que la segunda vuelta quede prácticamente asegurada política y psicológicamente. (Digamos, por ejemplo, Fujimori 47% vs. Toledo 24%.) Y usarán más bien esa segunda "elección" para seguir alimentando ilusiones electorales de la oposición y, de paso, ganar cierta legitimidad.

De confirmarse nuestra hipótesis –a saber, que entregar la banda el 28 de Julio no está para nada en la mente de Fujimori y Montesinos–, luego de las elecciones se estaría abriendo una situación política sumamente compleja y de pronóstico reservado. Nos atrevemos a plantear dos posibles escenarios.

El primero: la victoria de Fujimori se impone, pero la mancha de ilegitimidad es mayúscula y creciente. Los candidatos opositores no le reconocen el triunfo. Los observadores nacionales e internacionales dicen con fuerza y claridad que las elecciones no fueron limpias y libres. El aislamiento ante la comunidad internacional es grande. En ese caso, pensamos que el tercer gobierno de Fujimori sería bastante corto, y hasta puede preverse una situación de ruptura, incluso violenta.

El segundo: Fujimori se impone. Si bien los cuestionamientos a su legitimidad son muy grandes, algunos candidatos reconocen "hidalgamente" que "el pueblo ha escogido y hay que respetar su decisión". (¿Es ése el papel reservado a Salas y Rey Rey en toda esta tragicomedia?) Por su parte, los observadores señalan las irregularidades pero evitan llegar al capítulo de conclusiones. Además, sea con mayoría propia o conseguida por los medios usuales (total, las listas opositoras no son un dechado de coherencia interna), Fujimori logra controlar
–o por lo menos neutralizar– el Congreso.

En este segundo escenario, el autoritarismo se habría consolidado en el Perú para un mediano plazo. Además, el Gobierno ya no estaría bajo el microscopio y tendría la oportunidad de sacarse las piedras del zapato que molestaron tanto durante esos meses electorales. ¿La Defensoría del Pueblo? ¿El Comercio? ¿Canal N? ¿Hildebrandt? ¿Los organismos de derechos humanos?

No sólo el Perú se vería afectado. De ser éste el resultado, las consecuencias serían nefastas para la democracia continental; muy en particular, se habría dado una clara "luz verde" a los otros fujimoris que, agazapados en Ecuador, Venezuela, Colombia y quizá incluso en Centroamérica y Paraguay, evalúan si es posible dar el zarpazo.

¡Y pensar que todo esto se podría evitar si tuviésemos líderes políticos opositores con coraje, coherencia y visión histórica! (Carlos Basombrío Iglesias)