Mala señal para la región

El derecho a la vara con que se
midió a Fujimori

El desenlace del actual proceso electoral puede afectar el futuro de la democracia y los derechos humanos; y no sólo en el Perú, sino en el conjunto de la región.

¿Cuál es la idea? Si prosperara una nueva reelección de Fujimori, de hecho incrementará el déficit que los peruanos arrastramos en derechos humanos y democracia; premisa que no requiere de mayor demostración: se trata de un régimen que en casi 10 años debe haber batido un récord Guiness en medidas en esa línea. Pero, a la vez, tendría un efecto agregado de exportación: fortalecerá, alentará las tendencias antidemocráticas y contrarias a los derechos humanos presentes ya en las diferentes partes de la región.

Recordemos que hasta hace unos años se discutía si Fujimori era el último o el primero. El último si se trataba de una especie de rezago o eco de un pasado autoritario común en la región; y el primero si terminaba siendo un nuevo modelo de autoritarismo, viable en el siglo XXI. Hoy sabemos que apunta a ser más lo segundo, en el sentido de que Fujimori pretende ser –y así es percibido cada vez más– un ejemplo a seguir. Y si esto llega a ocurrir, la democratización de la región, lejos de ser irreversible, como hasta hace poco se pensaba, podría haber sido sólo un paréntesis.

Pero explicitemos qué es lo esencial de lo que está sucediendo en el Perú y por qué es tan grave y peligroso para este país y el conjunto de la región.

Un caso de autoritarismo "legitimado"

Durante los últimos 10 años se ha construido y consolidado en el Perú un régimen político absolutamente autoritario; sólo a modo de ayuda-memoria, repitamos los rasgos esenciales de su identidad:

1) Concentración del poder en Fujimori y su entorno.

2) Intolerancia y eliminación de contrapesos y fiscalización: de ahí la política de intervenir y controlar las instituciones del Estado y, en la sociedad civil, la incompatibilidad y el choque frontal con la libertad de prensa, los movimientos sociales y políticos y las ONG.

3) Expansión de entidades como el SIN y la Justicia Militar.

4) Hostilización y hasta persecución de opositores, críticos e independientes.

5) Irrespeto permanente de la legalidad: tanto del ordenamiento jurídico interno (sobre todo de la primacía de la Constitución) como de estándares internacionales.

6) Cultura del "todo vale", del "todos falsificamos firmas".

Pero más allá de lo grave de esta situación, lo peculiar y lo más peligroso en términos de efecto demostración es que este autoritarismo ha logrado desarrollarse y mantenerse en el poder durante casi 10 años sin perder, en última instancia, la legitimidad que, en términos formales, está sólo reservada para las sociedades que respetan determinados mínimos democráticos y de derechos humanos. (En última instancia, léase, no obstante, los muchísimos cuestionamientos que se le hacen.)

Fujimori es, por tanto, el primer caso de "autoritarismo legitimado" en la región (o por lo menos de autoritarismo no totalmente deslegitimado), que ha logrado entrar al nuevo siglo en esa condición.

Autoritarismo legitimado a plazo indefinido a través de elecciones

Pero, peor aún, este autoritarismo pretende permanecer de manera indefinida en el tiempo, violentando claramente el ordenamiento jurídico interno y estándares internacionales esenciales y sin perder, aun así, dicha legitimidad. Y esto porque está buscando quedarse en el poder no de facto, sino a través de elecciones absolutamente irregulares y viciadas (ver las 110 razones al respecto), pero que pretende que al final pasen –en especial ante los ojos de la comunidad internacional– como libres y justas.

Y si al final pasan y quedan así, sobre todo después de la gran cantidad de observación internacional que ha habido, los indicadores o estándares para medir democracia y derechos humanos habrán caído.

Veamos algunos –entre otros– de los indicadores generales que se desprenderían de la experiencia peruana:

– Vale intervenir abiertamente el Poder Judicial, y los magistrados pueden ser indefinidamente provisionales.

– Está bien que la continuidad del Tribunal Constitucional dependa de la concordancia de sus sentencias con objetivos del Poder Ejecutivo.

– La libertad de prensa no es incompatible con la intervención selectiva de medios ni con la autocensura provocada por mecanismos de presión.

– Los convenios internacionales y las decisiones de los sistemas internacionales se pueden cumplir o incumplir.

Ahora, algunos de los estándares para medir elecciones libres y justas a partir de estas elecciones en el Perú:

– La legalidad (constitucionalidad) o ilegalidad de las candidaturas es irrelevante.

– Si se descubre una falsificación masiva, ésta tendrá efectos penales-individuales pero no electorales.

– La utilización abierta de los recursos del Estado y la hostilización de los candidatos no oficialistas durante el proceso electoral no constituyen una irregularidad insalvable.

– Se puede controlar y manipular medios de comunicación, siempre y cuando al final se abran algunos espacios, por mínimos que sean.

– Basta la existencia formal de una autoridad electoral, pero su independencia no es parte de la observación o supervisión electoral.

En pocas palabras, tomando en cuenta que se trata de un proceso electoral abierta y escandalosamente irregular, que este proceso ha estado bajo la lupa de innumerables misiones de observación electoral (ver artículo al respecto), y que todas estas misiones –sin excepción alguna– han expresado gravísimos cuestionamientos casi en vísperas del día de las elecciones, si al final termina pasando la prueba, la vara para medir las condiciones de elecciones democráticas se habrá puesto casi al ras del suelo, y se estaría alentando a que muchos intenten pasarla fácilmente. Todos exigirán ser medidos con la misma vara con que se midió a Fujimori. (Ernesto de la Jara)