Observación
internacional
La variable no controlada
Lo que está ocurriendo en el Perú en materia de
proceso electoral es inédito en el país y la región; no sólo porque el proceso está
plagado de irregularidades, sino también por el importante papel que está
cumpliendo la observación electoral internacional, que puede ser decisivo para
el destino final de las elecciones. En las líneas que siguen, un recuento de
cómo es que esto ha ocurrido.
Sin duda, el presidente Fujimori debe estar
extrañando aquellas épocas en que no había tantos observadores internacionales
vigilando la legitimidad de las elecciones en el Perú. Desde el autogolpe del 5
de abril, la OEA había sido virtualmente el único organismo internacional que
había enviado misiones para observar las elecciones y consultas electorales
realizadas en el marco del cronograma de reinstitucionalización democrática
impuesto por la comunidad internacional luego de la ruptura del Estado de
derecho en el Perú. Ahora, en cambio, a la de la OEA se han sumado otras
misiones de prestigiosas instituciones internacionales que han visitado el país
y establecido, incluso, sedes permanentes. Hasta se anuncia la llegada de más
misiones.
¿Un repentino interés por el Perú? ¿Una súbita
apertura de un régimen que al no tener nada que esconder abre sus puertas para
que el mundo vea la legitimidad de su proceso electoral? No, de ninguna manera.
Ocurre simplemente que nunca como ahora lo que está en cuestión en el país es
la legitimidad del proceso electoral. Que se recuerde, en la historia política
reciente del país y la región nadie ha querido reelegirse por segunda vez,
anticonstitucionalmente y atropellando toda la normatividad y el Estado de
derecho y desatando una de las campañas electorales más sucias de que se tenga
memoria. Es este particular escenario político el que ha convocado la atención
de las misiones de observación internacionales.
Y las misiones han llegado en un esquema que no le
gusta en absoluto al Gobierno: fuera de su control. Para empezar, las misiones
internacionales son realizadas por organizaciones de la sociedad civil sobre
las cuales es difícil imponer condicionamientos políticos. Tanto el Centro
Carter como el National Democratic Institute (NDI) y el Electoral Reform
International Service (ERIS) son instituciones especializadas, tienen sus
principios y metodología establecidos y actúan de acuerdo con las prácticas
internacionales para la observación no partidaria de elecciones y las leyes en
el país sujeto a observación. Por su parte, la Federación Internacional de
Derechos Humanos (FIDH) es una reconocida organización de defensa de estos
derechos.
La propia misión de la OEA, al mando del ex canciller
guatemalteco Eduardo Stein, no tiene las restricciones de antes: su presidente
no es un funcionario del sistema, cuenta con autonomía y puede pronunciarse en
cualquier etapa del proceso electoral; su mandato es claro respecto a que está
en capacidad de observar el conjunto de los factores que afectan las
elecciones, y en lo que haga recibirá el respaldo del Consejo Permanente. El
Departamento de Estado, además, ha extendido por adelantado su apoyo a una
misión que considera debe ayudar a que en el Perú se realicen elecciones
limpias y transparentes.
Entonces, para un régimen que ha montado un esquema
de control total sobre las instituciones democráticas para asegurar la
reelección, las misiones de observadores debían aparecer como la variable
incontrolada; de ahí sus iniciales resistencias a invitarlas o la campaña de
desprestigio contra Transparencia, la organización nacional de observación
electoral. Pero no tenían más remedio que aceptarlas y empezar a escuchar una
música no grata a sus oídos, con la cual, además, han tenido que bailar.
La
evaluación de las misiones
En efecto, atendiendo a su mandato de observar el
conjunto del proceso electoral, las misiones han hablado, hasta ahora, claro y
fuerte de lo que han visto en el país, y han coincidido en un punto esencial:
las elecciones no cumplen los estándares mínimos para ser consideradas
legítimas y democráticas.
Desde su primer informe, del 3 de diciembre de 1999,
la misión conjunta del Centro Carter y el NDI advirtió un conjunto de problemas
que ponían en cuestión la legitimidad del proceso electoral: "Es opinión
de la delegación que el ambiente preelectoral se caracteriza por varias
deficiencias y que los problemas señalados deberían ser resueltos con esfuerzos
continuos y concertados, para hacer posible que el proceso electoral cumpla con
los estándares internacionales para elecciones democráticas auténticas".
En su segundo informe, del 11 de febrero del 2000,
fueron aún más allá al sostener que la situación había empeorado: "Existe
la percepción generalizada de que el proceso electoral tiene fallas, y esta
percepción limita la confianza del público en las elecciones... es vital que se
tomen medidas efectivas, que sean inmediatamente implementadas en forma
comprensiva, para que la credibilidad del proceso sea reconocida y se pueda cumplir
con las normas internacionales".
Paralelamente, en su informe del 14 de febrero, la
misión de la FIDH caracterizó la situación como "un golpe de estado
permanente": "Hemos constatado que no existen las condiciones para
realizar elecciones democráticas, libres y transparentes. Tenemos temor por la
autenticidad del sufragio próximo a efectuarse... el proceso electoral no
parece ser una competencia libre y democrática, en la que los ciudadanos pueden
optar por los candidatos y propuestas de sus preferencias, sino más bien un
procedimiento que busca justificar o disfrazar lo que en realidad es la
perpetuación de un régimen autoritario con fuerte presencia militar".
Por su parte, ERIS sostenía que el Perú tiene la
apariencia y las instituciones formales de una democracia, pero no las normas
ni lo sustantivo de ella, y que, por lo tanto, era problemático que las
elecciones del 9 de abril pudieran cumplir con los estándares internacionales
que las hiciesen legítimas y creíbles: "Hay una creciente desilusión y
desconfianza de la opinión publica sobre las instituciones electorales y el
proceso político. Hay una profunda preocupación de diversos sectores de la
sociedad civil, gobiernos extranjeros y actores internacionales sobre el
debilitamiento de las instituciones democráticas y el Estado de derecho, así
como por la manipulación del proceso y las instituciones electorales por el
actual gobierno".
La reacción de la
comunidad internacional
Las conclusiones a las que llegaron las misiones
respecto de lo que hasta ese momento ocurría en el proceso electoral tuvieron
un fuerte impacto. El Departamento de Estado sostuvo que "coincidía
sustancialmente" con las declaraciones y recomendaciones emitidas por la
misión conjunta del Centro Carter y el NDI, mientras que la Comunidad Europea
afirmó que las declaraciones hechas por las distintas misiones "transmiten
claramente las preocupaciones tanto de los peruanos como de la comunidad
democrática internacional". Consideró que "lo esencial de las
recomendaciones presentadas por los delegados de las organizaciones es
apropiado, razonable y en gran parte ejecutable", y sostuvo que adoptaba
esa posición por el interés de ver "una campaña electoral libre, justa,
transparente, democrática y conforme con las normas internacionales".
Más claro, ni el agua. Hacia mediados de febrero, a
poco menos de ocho semanas de las elecciones, cuando aún no se conocía la
denuncia sobre la falsificación industrial de firmas para la fraudulenta
inscripción de Perú 2000 y cuando la misión de la OEA tampoco había arribado al
país, las misiones de observación electoral llegaban a conclusiones
absolutamente críticas. Lo que veían hasta entonces en el Perú no respondía a
los estándares internacionales. Y la comunidad internacional, guiándose por
tales conclusiones, sugería, en lenguaje diplomático, que el proceso electoral
estaba viciado y que era necesario introducir cambios urgentes para
recuperarlo. Las misiones habían dado el marco para la acción política de la
comunidad internacional.
La respuesta del Gobierno fue introducir algunos
cambios cosméticos. Abrieron una línea telefónica para recibir denuncias
electorales, anunciaron el levantamiento del estado de emergencia (6% del
territorio y 5% de la población) e introdujeron una franja electoral para los
candidatos en la televisión de señal abierta (ver artículo sobre el tema). Para
la magnitud de las recomendaciones realizadas, estos cambios eran ciertamente
irrelevantes, pero podían servirle al Gobierno para decir que estaba atendiendo
las recomendaciones de los observadores electorales.
La
crisis se profundiza
Sin embargo, tales cambios perdieron todo sentido
cuando se produjo la denuncia del diario El
Comercio y la Defensoría del Pueblo sobre la falsificación industrial de
firmas por parte del movimiento Perú 2000, que involucraba a prominentes
hombres del régimen. Con el descubrimiento de la inscripción fraudulenta del
oficialismo, el proceso electoral, hasta entonces ya plagado de irregularidades
que le impedían alcanzar los estándares internacionales, terminaba por adquirir
un carácter plenamente viciado.
La inmediata respuesta del régimen fue desatar una
campaña de desprestigio contra los que hicieron la denuncia. En el caso del
Defensor se llegó hasta a amenazarlo con la destitución. En el de El Comercio, aprovechando un juicio
entre accionistas, se le amenazó con entregar el diario a socios minoritarios
proclives al régimen. Esto originó una nueva ola de pronunciamientos. El
Departamento de Estado expresó su apoyo enfático al Defensor del Pueblo y
señaló que le haría bien al proceso que se investigase lo antes posible la
falsificación de las firmas. Del mismo modo, el embajador Hamilton resaltó la
importancia de la libertad de expresión y la posición de El Comercio en la prensa nacional.
Por su parte, la misión de la OEA también expresó su
preocupación sobre el tema. La oposición política había empezado a criticarla
pronto, probablemente debido al hecho de que Fujimori se había empeñado en su
llegada, lo que generaba desconfianza; también, quizá, por el recuerdo del
papel que funcionarios de la OEA como Héctor Gross Spiell y Joao Baena Soares
jugaron en el autogolpe del 5 de abril, o por el que cumplieron Mario Gonzales
y Santiago Murray en otros procesos electorales.
Pero el primer pronunciamiento de la misión de la OEA
era inequívocamente crítico. Señaló sentirse preocupada porque no veía señales
políticas de que se quisiera hacer un "esclarecimiento pronto y
oportuno" de la presunta inscripción fraudulenta de Perú 2000; de no ser
así, dijo, se "comprometerá la legitimidad del proceso".
Adoptó el marco puesto por las otras misiones y
advirtió también el clima de desconfianza existente, que "sobrepasa a los
tres entes públicos de responsabilidad directa en los comicios y abarca la
mayor parte de la institucionalidad pública". Señaló además que ésta era
su preocupación central, porque diversos cuestionamientos a la legitimidad del
proceso electoral se remontaban a un proceso de decisiones legislativas e
institucionales de varios años, las que "aunque rebasan ampliamente la
circunscripción temporal de este calendario electoral, parecerían estar
afectando algunos elementos de fondo de su realización y han generado
preocupaciones compartidas en el hemisferio sobre el equilibrio de poderes en
el Perú".
La misión pidió, además, que las autoridades
"produzcan resultados contundentes que esclarezcan todos los hechos que
están empañando el proceso electoral y realicen las rectificaciones necesarias
que puedan devolver a las fuerzas políticas contendientes y a la ciudadanía los
elementos fundamentales para un proceso legítimo".
Y para completar el cuadro, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos recibió, a su solicitud, un informe del
Relator Especial para la Libertad de Expresión sobre la preocupante situación
de la libertad de opinión en el proceso electoral peruano. Haciendo suyo el
informe del relator, expresó con toda claridad "su profunda preocupación
sobre la integridad del actual proceso electoral, considerando la limitada libertad
de expresión existente en el Perú". El mismo sentido tuvieron las
expresiones de otras instituciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y
medios de prensa del exterior respecto de las amenazas contra la libertad de
expresión en el Perú y su impacto en el proceso electoral.
La avalancha fue tal que Fujimori se vio obligado a
retroceder y hacer un gambito político orientado a quitar presión sobre su
régimen y su proceso electoral. Criticó la campaña que su propia gente había
lanzado contra El Comercio, y
el Defensor del Pueblo también dejó de ser atacado. Poco después, y ante una
nueva denuncia que involucraba a un alto funcionario de la ONPE en la
falsificación de las firmas, hizo renunciar a los candidatos Óscar Medelius y
Daniel Chuán, los más directamente comprometidos con el escándalo, y retiró al
frente Perú 2000 de la alianza Perú 2000. No obstante, absolvió de toda culpa a
Absalón Vásquez, otro de los involucrados.
La primera reacción de los observadores frente a
estos hechos vino del jefe de la misión de la OEA, Eduardo Stein, quien declaró
que las renuncias y el retiro de Perú 2000 ayudaban a la investigación de la
falsificación, pero que era necesario ir al fondo del problema, porque la
denuncia cuestionaba la integridad del Jurado Nacional de Elecciones y de la
ONPE. Dijo, además, que ello debía hacerse antes del 9 de abril.
Nuevo escenario, ¿el
final?
Al cierre de esta edición había llegado al país la
tercera misión conjunta del Centro Carter y el NDI, presidida por Kenneth
Wollack, presidente de esta última institución. También había arribado Terry
Duffy, observador de ERIS invitado por la Embajada Británica. Del mismo modo,
la FIDH anunciaba una nueva misión para fines de marzo. Estas misiones se van a
encontrar con el tema de la falsificación de firmas y con movimientos del
Gobierno que, aparentando una toma de distancia frente a los directamente
involucrados en el escándalo de la falsificación, en realidad está revelando
una tácita aceptación de que las denuncias son ciertas y, por lo tanto, un
reconocimiento, también implícito, de su responsabilidad en el asunto.
¿Cuál va a ser la actitud de las misiones frente a
esta nueva situación? A la luz de lo que han dicho respecto del escenario
previo, lo lógico y coherente sería una evaluación aún más crítica. ¿Cuánto más
tendría que ocurrir para insistir en que estas elecciones no cumplen los
estándares internacionales que permitan que se las considere justas,
democráticas y legítimas? ¿Tendrían acaso alguna posibilidad de cambiar de opinión
tan pronto y frente a cosas que objetivamente han empeorado el panorama?
La postura que vayan a tomar es sumamente importante,
porque puede tener un impacto decisivo en el proceso electoral. Es verdad que
las misiones han dicho que no tienen ninguna facultad y que es finalmente el
pueblo peruano quien va a decir si su proceso electoral es legítimo o no; sin
embargo, también es cierto que su actuación ha ido creciendo en importancia,
dada la particular situación en el Perú. La experiencia internacional muestra
que sus conclusiones abren escenarios inesperados. (Isaías Rojas Pérez)
Transparencia, la observación nacional
El papel de Transparencia ha sido crucial. Con un
seguimiento riguroso y bien documentado del proceso electoral, ha ido
desnudando las numerosas arbitrariedades de las que está plagado. Además de su
sólida presencia en la opinión pública, la calidad de su trabajo ha sido
respaldada por la comunidad internacional.
En su declaración a un mes de las elecciones,
Transparencia sostuvo: "Este proceso electoral dista, todavía, de reunir
las condiciones para ser considerado legítimo, libre y justo... Gane quien gane
el 9 de abril, la democracia en el Perú ya ha sufrido un grave retroceso, al
haberse deteriorado la confianza de los peruanos en sus instituciones y en la
limpieza de estos comicios... Estamos a 30 días de las elecciones. Éste es el
último momento para subsanar errores y garantizar que nuestras elecciones
cumplan los requisitos que impone un sistema democrático. De lo contrario, quienes
resulten ungidas autoridades carecerán de la legitimidad necesaria para
asegurar la democracia, el desarrollo y la paz".
Su pronunciamiento final será muy importante. Sin
duda va a ser uno de los referentes
claves para dirimir la legitimidad o ilegitimidad de todo el proceso.
El papel del Defensor del Pueblo
El haber recibido la denuncia del fraude del millón
de firmas y habérsela comunicado de inmediato al JNE y a la ONPE en lugar de al
Ministerio Público, hizo que la prensa gobiernista desatara una fuerte campaña
contra el Defensor, a quien acusaba de estar involucrado en un complot para
traer abajo el proceso electoral. Llegaron, incluso, a amenazarlo con la
destitución.
Obviamente, la "acusación" era deleznable,
pero tuvo la virtud de mostrar la profunda incomodidad que el Defensor provoca
al régimen. Primero, porque por un error de apreciación que el oficialismo
siente ya haber pagado con creces, eligieron a un Defensor del Pueblo
independiente y que cree en su función. La Defensoría del Pueblo es la única
institución del Estado que todavía no está controlada por el grupo en el poder.
Para ellos, eso es inadmisible.
Segundo, porque pese a los intentos del ministro
Bustamante por sacarla del tema, la Defensoría ha asumido su papel de
supervisor del proceso electoral; papel, además, ampliamente legitimado
nacional e internacionalmente. Y ya Santistevan habló de un "defecto de
fábrica" de este proceso, pues se había permitido la candidatura inconstitucional
de Fujimori. Asimismo, sus equipos han recibido y documentado múltiples
denuncias sobre uso indebido de fondos públicos, agresiones a opositores y
restricciones a la libertad de prensa. Y a todo lo anterior se suma la denuncia
de las firmas.
Por eso al Gobierno le aterra el
balance final del Defensor respecto del proceso. Como dice la canción,
"todo tiene su final". Y en algún momento su informe final llegará a
la parte de conclusiones y, en ellas, a la línea específica en donde deberá
decir: "en conclusión, estas elecciones son..." ¿legítimas?,
¿ilegítimas? Su opinión será, qué duda cabe, una de las decisivas. El Gobierno
lo sabe, y por ello la campaña para amedrentarlo, hacerlo retroceder y bajar el
tono. ¿Lo conseguirán? Si nos guiamos por su trayectoria personal, deberíamos
tener serias razones para pensar que no.