Libertad de prensa: acosada, intimidada, despojada...

Ya se sabía que la libertad de prensa es, por definición, incompatible, incómoda a todo régimen político autoritario, y que el gobierno de Fujimori no tenía por qué ser la excepción (a pesar de reiteradas declaraciones oficiales que afirman que en el Perú "existe una irrestricta libertad de prensa"). Conforme se han ido acercando las elecciones se ha hecho más evidente que el régimen ha arreciado sus ataques contra los pocos medios de comunicación y periodistas independientes que aún quedan, pues sus denuncias y "destapes" son verdaderas "piedras en el camino" para el proyecto reeleccionista de Fujimori. Los recientes casos de Global Televisión, Radio 1160 y el diario El Comercio lo confirman.

 

Una estrategia conocida

Como se recordará, para despojar a Baruch Ivcher de su canal de televisión –en represalia por dejar al descubierto el "chuponeo" telefónico y otros escándalos–, el régimen utilizó por primera vez una bien montada estrategia que luego ha vuelto a usar.

Primero, desacreditar al medio de comunicación, para lo cual "vale todo" (como el ataque vulgar y difamatorio de la prensa amarilla). Así se prepara el ambiente propicio para justificar lo que viene después. Segundo, aprovechar alguna controversia o litigio entre los socios del medio de comunicación –situación nada extraña en el ámbito de las relaciones empresariales–. Tercero, manipular el sistema de administración de justicia para que un socio minoritario tome el control del medio de comunicación y asegure así la fidelidad al Gobierno y el silencio.

Componente central de esta estrategia son sin duda los jueces y fiscales –la mayoría de ellos provisionales– que actúan como herramientas del poder y que se encargan de darle un barniz de legalidad a este sofisticado control de los medios de comunicación. Para ello "reviven" denuncias o procesos archivados, aceleran o demoran trámites o investigaciones, aplican caprichosamente la ley, etcétera.

La manipulación judicial del régimen

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha dispuesto recientemente que el Estado peruano adopte medidas cautelares con el fin de que Global Televisión y Radio 1160 sean devueltos a su accionista mayoritario, el empresario Genaro Delgado Parker.

Independientemente de si el Gobierno cumple o no esta disposición (nosotros creemos que no lo hará), este caso pinta de cuerpo entero la manipulación que del Poder Judicial hace el régimen. Precisamente cuando el programa del conocido periodista César Hildebrant acababa de salir al aire, Radio 1160 sufre el embargo judicial de sus equipos (antena, transmisores, etcétera), lo que evidentemente le impide seguir transmitiendo; diversos hechos ilegales y arbitrarios durante el desarrollo del proceso revelan que más allá de un litigio entre particulares, de lo que se trataba era de evitar que dicho programa político siguiera en el aire.

Así, una orden de embargo ya archivada es "revivida" y ejecutada más de un año después. Luego, con una celeridad judicial totalmente desacostumbrada (menos de dos días), se lleva a cabo todo un operativo policial para sustraer (secuestrar) los bienes de Radio 1160, a pesar de que la ley peruana establece que este tipo de equipos de trabajo no deben sustraerse sino, en todo caso, ser objeto de otro tipo de mandato judicial. Finalmente, en una actitud arbitraria, ni el demandante ni el secretario judicial responsable de ejecutar la medida aceptaron el pago total en efectivo ofrecido con el fin de evitar el embargo; dicho funcionario se encargó de dejar en claro el verdadero propósito de la medida al señalar que "él estaba allí para secuestrar los bienes y no para otra cosa".

Por otro lado, los recientes ataques de la prensa amarilla contra el diario El Comercio –en represalia por el destape de la falsificación de firmas del movimiento oficialista Perú 2000– y la denuncia del Canal 2 –ahora controlado por el Gobierno– de un litigio judicial entre los dueños del referido diario, revelan que el régimen habría iniciado la misma estrategia que es ya una constante en estos casos: desacreditar y difamar al medio –en este caso El Comercio– con el objetivo de crear un clima propicio para una posterior intervención judicial que culmine con el despojo del diario a sus accionistas mayoritarios. Lo que se pretende es silenciar la línea independiente que hasta ahora ha mantenido.

La oportuna reacción de El Comercio

Sin embargo, en este último episodio la reacción oportuna de El Comercio –que ha denunciado la amenaza antes de que ésta se produzca y no con los hechos ya consumados–, la enérgica condena internacional, la solidaridad de diversas instituciones y personalidades y el hecho innegable de que El Comercio es, más que un diario, una institución en nuestro país, han hecho retroceder al régimen, al punto que el propio Fujimori ha manifestado su condena a cualquier intento de manipulación y asegura que todo es producto de "Ayayeros escrito con mayúscula".

Aunque estas declaraciones no despejan por completo el peligro de intervención judicial de ese diario, lo cierto es que, en todo caso, el régimen va a ser más cuidadoso, pues tiene a toda la opinión pública nacional e internacional vigilando con mucha atención.

Una prensa acallada judicialmente

Todos estos hechos recientes demuestran una vez más dos cosas muy graves: que no hay libertad de prensa en el Perú, en el sentido de que medio de comunicación o periodista que denuncia casos de corrupción o de abuso de poder es acosado, intimidado y hasta despojado; y que el Poder Judicial y el Ministerio Público –que en principio deberían ser los llamados a defendernos en estos casos– no sólo no son independientes sino que además forman parte del complejo engranaje fujimorista decidido a coartar la libertad de prensa. (David Lovatón)}