Sesiones de la Comisión Interamericana de la OEA

¿DE TORTURADOR A EMBAJADOR?

A principios de este mes se realizó, en Washington, un nuevo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Allí, el gobierno de Fujimori no sólo mostró una vez más su ineficacia en relación con sus objetivos, sino que cumplió un papel patético al defender lo indefendible, con lo que acumuló más y más puntos en su contra.

Pero el Gobierno "consiguió" en esta oportunidad algo más: puso en bandeja la cabeza del torturador Ricardo Anderson Kohatsu, quien casi obtiene el título del primer torturador extranjero juzgado en Estados Unidos. ¡Buena! Felicitaciones.

 

Con la mentalidad de "Jaimito el vivo", del que madruga a todos porque recurre a la trampa, el gobierno de Fujimori creyó que escapándose por la ventana del Sistema Interamericano (el famoso retiro de la competencia contenciosa de la Corte) se libraría de la Comisión y de la Corte. Pero el resultado ha sido totalmente contrario: la Corte declaró inadmisible el retiro y sigue tramitando todos y cada uno de los casos pendientes contra el Perú (Ivcher, Tribunal Constitucional, indemnizaciones). La Comisión, por su parte, lejos de haberse inhibido, sigue abriendo y procesando casos importantísimos que tocan la entraña misma del régimen y que tarde o temprano terminarán en la Corte (La Cantuta, Barrios Altos, Mariela Barreto), así como otros casos de naturaleza distinta pero igualmente importantes (jubilados, intervención quirúrgica, reposición de jueces, entre otros).

La Cantuta: Testigos del Gobierno cambian de bando

En el caso La Cantuta, esta vez el Gobierno había dado a entender que tenía algo contundente a su favor, porque pidió audiencia para presentar a dos testigos claves cuyos nombres no podía adelantar. Llegado el momento, resultó que tan importantes testigos eran Raúl Talledo, ex fiscal supremo de la jurisdicción militar, y el coronel Balarezo, del Consejo Supremo de Justicia Militar; era notorio que a ambos se les había preparado para que repitiesen como autómatas que lo dicho por el general Robles era falso.

¿Cómo explicaron que un grupo numeroso de miembros de las Fuerzas Armadas pudieron ingresar en una universidad bajo control militar y secuestrar a 10 personas sin ser descubiertos? La respuesta de ambos fue que esa base militar había sido dispuesta para fomentar la armonía entre los alumnos, y que no tenía nada que ver con la estrategia antisubversiva del Gobierno ni, menos, con el ingreso y salida de la universidad. Uno de ellos negó –o por lo menos no recordó– que dicho control militar respondía a un dispositivo legal.

El segundo de los testigos no tuvo ningún escrúpulo en insinuar en varias oportunidades que todo había sido movido por los familiares para obtener un beneficio económico, y que, cobrada la indemnización, se desentendieron de todo.

Pero lo más patético fue cuando se les pidió que, en su calidad de expertos, definieran el delito de función y explicaran por qué, si ellos decían que el crimen de La Cantuta no tenía absolutamente nada que ver con las Fuerzas Armadas, había intervenido la justicia militar, cuya competencia es exclusiva para el delito de función, en el que la disciplina y la subordinación son esenciales. Ambos cayeron en su propia trampa e incurrieron en visibles vacíos y contradicciones. Resultado final: los testigos ayudaron al caso.

Un torturador a cargo de la defensa del Gobierno

Pero esta mezcla de torpeza y cinismo de la defensa del Gobierno ante la Comisión fue mucho más allá. Trajinados abogados que han defendido todas las violaciones de derechos humanos ocurridas por lo menos en los últimos 15 años
–infructuosamente, por cierto–, acompañados en esta etapa por abogados (as) con pretensiones de "yupies" y dispuestos a hacer cualquier mérito frente al régimen, tuvieron la brillante idea de llevar como testigo de parte a quien Leonor La Rosa ha identificado como uno de sus torturadores, Ricardo Anderson Kohatsu, condenado en primera instancia hasta por la justicia militar.

El primero en reconocer al torturador fue Guillermo Gonzales, de Caretas, quien lo vio cuando ingresaba clandestinamente por el estacionamiento de la Comisión. Anderson estaba protegido por funcionarios de las misiones del Perú en Washington, que hacían de guardaespaldas. Luego de forcejear con el periodista de Caretas para evitar que éste le tomase una foto, el torturador de Leonor La Rosa ingresó a la audiencia, donde también provocó el estupor y la indignación de los peticionarios (Anel Townsend, Beatriz Mejía y María Claudia Pulido de CEJIL) y, con seguridad, también la de los miembros de la Comisión.

No me defiendas, compadre

Pero, ¿para qué el Gobierno se había atrevido a llevar a Estados Unidos y a una instancia de derechos humanos a un torturador? Algo importantísimo se debía traer entre manos. En realidad, lo llevó para nada, para algo no sólo intrascendente sino claramente contraproducente. Ni siquiera fue para que se defendiera de las acusaciones de Leonor La Rosa, sino que se lo presentó como testigo del Estado peruano en el caso de interceptación telefónica denunciado por la ex agente del SIE, Luisa Zanatta. ¿Y qué tenía que aportar en dicho caso? Otra vez, nada, pues lo central de su declaración estuvo dirigido a descalificar a la ex agente, para lo que se valió de la relación sentimental que había mantenido con ella. Una versión que podría tener acogida en la prensa amarilla de acá, pero que en la Comisión de la OEA cayó pésimo.

Sin embargo, el error que cometieron lo pagaron caro, carísimo. Human Rights Watch, Cejil, Wola y Amnistía Internacional, junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos –cuya secretaria ejecutiva, Sofía Macher, se encontraba en Washington–, activaron de inmediato mecanismos especialmente creados para atrapar a violadores de derechos humanos que se pasean por el mundo. La vía: aplicar la ley de Estados Unidos que permite expresamente detener y juzgar a los torturadores, sin importar dónde hayan cometido tan aberrante práctica (Ley Federal N° 18USC2043A).

Como se sabe, Anderson ya estaba sentado en el avión, en el aeropuerto de Houston, cuando fue bajado por el FBI, y se lo detuvo hasta el día siguiente. Los representantes del Gobierno en Washington movieron cielo y tierra, desesperados por lo que les pasaría si, finalmente, en pleno proceso electoral, el gobierno de Fujimori aportaba el primer torturador al que se le aplicara la ley mencionada. ¿Qué salvó a Anderson? Que tuviera una visa G-2, que se otorga a quienes van a un organismo internacional en Estados Unidos. Anderson se embarcó inmediatamente a México, pero allí, cuando estaba otra vez esperando sentado que el avión partiera al Perú, fue bajado por segunda vez, en esta ocasión para ser interrogado por el mismo Procurador General. ¿Qué lo salvó en esta ocasión? Todo parece indicar –se están buscando los documentos del caso– que el Gobierno le habría dado status diplomático, algo que, de demostrarse, no sólo sería vergonzoso sino absolutamente irregular.

Anderson terminó escapándose, pero, paradójicamente, sirvió a la causa de los derechos humanos. En primer lugar, porque su caso ha hecho que en Estados Unidos surja la iniciativa de prohibir la visa G-2 para los torturadores (como ya lo es para los terroristas). Y, en segundo lugar, porque ha emitido una señal muy clara: cuídense los violadores de derechos humanos y no se confíen en la impunidad nacional, pues serán perseguidos por todo el mundo.

Sin embargo, sería injusto que Anderson no comparta créditos con los defensores de este Gobierno ante la OEA y Washington, quienes fueron los que torpemente lo llevaron para nada. (EJB)