El informe de la Coordinadora
Prioridad: la restauración del Estado de derecho

Como ya se ha hecho tradición, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el Perú. Se trata de un balance sumamente crítico de lo que está ocurriendo, acompañado de una plataforma básica de medidas por adoptar. A continuación, algunas de las partes principales.

La Coordinadora dice que desde hace un buen tiempo ya, el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Perú no está asociado tanto a la violencia política cuanto "a la crisis democrática que sufre el país, como consecuencia directa de la instauración del régimen político autoritario presidido por el ingeniero Alberto Fujimori Fujimori". Ese deterioro se ha profundizado y agudizado en 1999 debido a la "búsqueda de imponer un anticonstitucional tercer mandato del presidente Fujimori y con él la permanencia del régimen autoritario".

Las consecuencias directas de ello, según la Coordinadora, son, en primer lugar, que los viejos problemas de intervención y absoluto control sobre las instituciones democráticas (Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional) por parte del Ejecutivo, que se pusieron en marcha en años anteriores, se han agravado. Del mismo modo, ha continuado la sobrepresencia política, sin ningún control ni fiscalización, de instancias estatales que en una sociedad democrática están más bien sometidas al control democrático (Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, fuero militar), y que, pese a los cambios introducidos, se han seguido manteniendo las matrices del régimen de excepción montado para la etapa de la emergencia (legislación antiterrorista y de terrorismo agravado, fuero militar, etcétera).

La Coordinadora sostiene que para el Gobierno no ha sido suficiente ese control absoluto de las instituciones democráticas, sino que ha necesitado liberarse de las ataduras y la fiscalización de soportes esenciales de las democracias contemporáneas como son la libertad de prensa y los mecanismos internacionales de fiscalización.

En ese sentido, dice, la búsqueda de la reelección ha agravado la situación de la libertad de prensa, que ya era grave desde años anteriores y que venía siendo denunciada por una serie de organismos nacionales e internacionales. Presiones económicas de diverso tipo, persecución judicial, acoso y amenazas de los servicios de inteligencia contra la prensa de oposición, de una parte; de otra, cierre de los espacios de debate político en la televisión, programación que denigra la dignidad humana, uso de la prensa amarilla contra opositores y críticos del régimen, han sido los mecanismos usados.

Por otro lado, continúa la Coordinadora, el Gobierno decidió cerrar el camino de la fiscalización de los mecanismos internacionales al pretender retirar al país de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "privando a los ciudadanos del Perú de su legítimo derecho de acceder a una instancia supranacional, que se había convertido en indispensable habida cuenta de que el Ministerio Público y el Poder Judicial no constituían garantía alguna de protección contra los abusos del poder".

Para justificar su decisión, dice la Coordinadora, el Gobierno desató una fuerte campaña de opinión pública plagada de inexactitudes y mentiras sobre la sentencia de la Corte, que ordenaba un nuevo juicio en el caso de los chilenos del MRTA. Además, impulsó con fines electorales una nueva campaña contra los derechos humanos y sus defensores, atribuyendo cualquier acción a favor de su defensa como complicidad con el terrorismo.

La Coordinadora señala que esa lógica de endurecimiento con fines electorales ha tenido un impacto negativo en los problemas pendientes de derechos humanos. Se ha dado marcha atrás en temas como el de los inocentes, donde se había avanzado, y no sólo no se ha dado ningún paso para resolver el problema de la impunidad, sino que se ha buscado tergiversar la historia para liberar al Estado de sus responsabilidades en graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la campaña antisubversiva.

La Coordinadora señala que en este escenario "despejado de controles democráticos y fiscalización", el presidente Fujimori, con el aval del Jurado Nacional de Elecciones, dio el paso final para imponer su anticonstitucional candidatura que había venido siendo preparada con antelación y determinó, entre otras arbitrariedades, la promulgación de la ley de interpretación auténtica, la caída del Tribunal Constitucional, la eliminación del referéndum, por citar sólo las más graves.

Señala que la anticonstitucional candidatura ha sido de por sí una violación de los derechos políticos, pero que, además, durante el desarrollo de la campaña electoral se han producido nuevas agresiones contra derechos políticos fundamentales. Entre los más visibles la Coordinadora enumera el sistemático hostigamiento a los candidatos opositores; la utilización abierta de recursos del Estado para la campaña del candidato-presidente; el involucramiento activo de las instituciones del Estado a favor de la candidatura oficialista, en particular de las Fuerzas Armadas; el inequitativo acceso de los candidatos opositores a los medios de comunicación; y la inseguridad y poca transparencia en el proceso electoral. En ese sentido, la Coordinadora coincide con varias misiones de observación electoral que han señalado que en el Perú no hay condiciones para unas elecciones libres y democráticas.

Todo ese contexto justifica, dice la Coordinadora, afirmar que la situación de la democracia y los derechos humanos en el Perú es sumamente grave y que la superación de dicha situación pasa ineludiblemente por la restauración plena del Estado de derecho y la institucionalidad democrática.

Plataforma básica

– Restituir el Tribunal Constitucional.

– Eliminar las comisiones ejecutivas del Poder Judicial y el Ministerio Público.

– Restituir las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura.

– Derogar las leyes que desnaturalizan el referéndum.

– Nombramiento de magistrados titulares y derogación de la Ley 26898 que homologa a los provisionales con los titulares.

– Liberar a todos los inocentes en prisión.

– Atender el problema de los requisitoriados.

– Reformar la legislación antiterrorista para que se restablezcan las garantías del debido proceso.

– Atención integral a las víctimas de la violencia política.

– Comisión de la Verdad que esclarezca lo que realmente ocurrió.

– Derogar las leyes de amnistía 26479 y 26492.

– Investigar la actividad de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte y sancionar a sus responsables intelectuales y materiales.

– Reformar las atribuciones policiales en la fase de la investigación policial.

– Derogar la legislación sobre “seguridad nacional”.

– Derogar el DL 741 sobre Comités de Autodefensa y regular jurídicamente estas organizaciones en la Ley sobre Rondas Campesinas.

– Perfeccionar la Ley del Servicio Militar, poniendo el énfasis en su carácter voluntario.

– Promulgar una ley que reprima actos discriminatorios.

– Dar garantías irrestrictas para el ejercicio de la libertad de prensa e información. Poner fin a las campañas de desprestigio contra opositores.

– Poner fin a las interceptaciones telefónicas motivadas por fines políticos.

– Desmantelar los aparatos de inteligencia irregularmente creados para ser utilizados en la actividad política.

– Reformar la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional con el fin de delimitar claramente sus atribuciones en función de la seguridad externa. Establecer con nitidez la línea de responsabilidad política y diseñar mecanismos de control y escrutinio democrático de su actividad.

– Modificar la Constitución para delimitar la intervención de los tribunales militares exclusivamente a delitos de función, entendidos como delitos contra la disciplina militar cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

– Dejar sin efecto alguno el pretendido retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

– Cumplir las recomendaciones, observaciones, dictámenes y sentencias de organismos intergubernamentales de derechos humanos.

– Firmar los protocolos internacionales sobre la abolición progresiva de la pena de muerte.

– Firmar y ratificar de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

– Ratificar los artículos 21 y 22 de la Convención Internacional sobre la Tortura.

– Suscribir y ratificar el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional.

– Suscribir y ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.

(Parte de la plataforma básica de 44 puntos planteada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.)