Informe del Departamento de Estado:
En la línea crítica
El informe del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en el Perú despertó una vez más las iras del régimen, al punto que el presidente Fujimori dijo que había sido elaborado por "miopes, ciegos y daltónicos". Nosotros creemos, por el contrario, que el Departamento de Estado "la ve", pues el informe corresponde a la realidad del país. A continuación, algunos de los puntos que causaron la ojeriza presidencial.
El Perú es una república multipartidaria con un Poder Ejecutivo dominante que con frecuencia usa el control que ejerce sobre los poderes Legislativo y Judicial en perjuicio del proceso democrático.
En 1995 el presidente Alberto Fujimori ganó las elecciones y fue reelegido para un segundo período de cinco años. En esas elecciones su partido también obtuvo el control mayoritario en el Congreso unicameral.
El Tribunal Constitucional no ha funcionado a cabalidad desde 1997, año en que el Congreso destituyó a tres de sus miembros por oponerse a una ley de interpretación que permitiría la postulación del presidente Fujimori a un tercer período consecutivo. El 27 de diciembre Fujimori anunció su candidatura para un nuevo período presidencial; el 31 de diciembre el Jurado Nacional de Elecciones rechazó 18 tachas presentadas a su candidatura, y declaró que estaba apto para postular.
La Constitución garantiza un Poder Judicial independiente. Sin embargo, en la práctica el sistema judicial es ineficiente, con frecuencia sujeto a corrupción y fácilmente controlado por el Poder Ejecutivo.
La Policía y las Fuerzas Armadas comparten la responsabilidad de velar por la seguridad nacional; el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) también cumple un papel en la lucha contra el crimen. La captura o muerte de varios líderes terroristas, prófugos de la justicia, evidenció el avance permanente en la lucha por eliminar la grave amenaza que una vez representaron los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA.
El Gobierno redujo aún más la extensión de las zonas de emergencia nacional, que cubren alrededor de 6% del territorio nacional e involucran a 5% de la población. Dentro de estas zonas, ciertas garantías constitucionales se encuentran suspendidas. En el resto del país, por lo general, las autoridades civiles mantienen un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las fuerzas del orden continuaron siendo las responsables de abusos graves contra los derechos humanos, aunque en menor medida que el año anterior.
El Gobierno ha implementado importantes reformas económicas para transformar una economía considerablemente reglamentada en una economía dinámica y orientada al mercado. Ha eliminado los controles sobre los flujos de capital, los precios y el comercio. Ha privatizado la mayoría de las empresas estatales, pero no alcanzó su meta de vender las restantes para fines de 1999. La inflación permaneció a niveles de un solo dígito, y se esperaba un crecimiento del 3 por ciento en la economía, un alza del 0,3 por ciento respecto de 1998. Se calcula, que el producto bruto interno per cápita es del orden de los 2500 dólares. Asimismo, que la tasa de desempleo es del 9,5 por ciento y la de subempleo de alrededor del 45 por ciento. Más de la mitad de la población económicamente activa labora en el sector informal. Los pobres constituían el 50% de la población en 1997, y un 15% de los habitantes del Perú vive en condiciones de extrema pobreza.
La actuación del Gobierno respecto de los derechos humanos fue deficiente en varios terrenos. Aunque disminuyó el número de abusos en varias categorías, tal como el abuso contra el individuo, graves problemas persistieron en la protección de los derechos civiles y políticos, entre otros. Las fuerzas de seguridad fueron responsables de varios asesinatos extrajudiciales y una desaparición. Además, torturaron, golpearon y abusaron de otras maneras de las personas, y la impunidad continuó siendo un problema. También continuó siéndolo la falta de imputabilidad dentro de las Fuerzas Armadas, particularmente en relación con las operaciones antiterroristas.
Las condiciones generales en los penales continuaron siendo deficientes y fueron extremadamente duras en aquéllos de máxima seguridad. Las detenciones y arrestos arbitrarios, los períodos prolongados de detención previos al juicio, la falta de un debido proceso y las largas demoras en los juicios continuaron siendo problemas. La ineficiencia generalizada en el sistema judicial persistió, y éste continuó estando sujeto a la influencia del Ejecutivo.
El 8 de julio el Gobierno anunció su retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de que la Corte determinara que el Perú no había cumplido con garantizar el debido proceso en el caso de cuatro terroristas chilenos condenados por un tribunal militar por los delitos de traición a la patria. El 28 de setiembre la Corte determinó que el Gobierno no podía retirarse sin antes renunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos, y éste manifestó que se consideraba fuera de la competencia contenciosa de la Corte.
El Gobierno inhibe la libertad de opinión y prensa. Los esfuerzos por asegurarse una prensa complaciente y sin capacidad de criticar continuaron; los periodistas debieron soportar un creciente hostigamiento e intimidación y practicaron un alto grado de autocensura. Existen algunas limitaciones a la libertad de reunión, así como también a la libertad de movimiento en las zonas de emergencia. Continúan las interrogantes sobre la transparencia y equidad del proceso electoral. En los meses de noviembre y diciembre un equipo de observadores preelectorales del Instituto Nacional Demócrata y del Centro Carter llegó a la conclusión de que el ambiente electoral adolecía de graves problemas; entre éstos, el hostigamiento de la prensa y de los posibles candidatos, un acceso inadecuado de la oposición a los medios de comunicación, y la utilización de recursos del Estado para promover al Gobierno. En algunas ocasiones las autoridades obstaculizaron las acciones emprendidas por los monitores de derechos humanos.
Existió una violencia y una discriminación generalizadas contra la mujer. La violencia contra los niños y la discriminación contra los discapacitados, los indígenas y las minorías raciales y étnicas continuaron constituyendo un problema. Los defensores de los trabajadores afirman que las leyes y las prácticas laborales limitan el derecho a la negociación colectiva. El trabajo infantil continuó siendo un problema.
La Defensoría del Pueblo abrió varias nuevas oficinas en diversas zonas del país... La Comisión Ad Hoc de Indultos Presidenciales continuó aceptando solicitudes de individuos que afirmaban haber sido encarcelados injustamente por cargos de terrorismo o traición a la patria. El presidente de la Sala Penal Corporativa Nacional para Casos de Terrorismo de la Corte Suprema, recientemente creada, viajó a Ayacucho y desestimó 158 requisitorias por cargos de terrorismo pendientes por muchos años.
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Los terroristas de Sendero Luminoso fueron responsables por asesinatos, torturas y numerosos otros abusos. Los terroristas del MRTA fueron responsables por la comisión de varios asesinatos.