Perfecto Andrés Ibáñez:

Legitimidad y poder de los jueces

En esta segunda parte (la primera fue publicada en la edición anterior), el magistrado y jurista español reflexiona sobre los efectos –buenos y malos– de la opinión pública en la administración de justicia, y sobre la especial responsabilidad de los jueces.

Legitimidad, administración de justicia y aceptación social

Hablemos del tema de la legitimidad. Por lo que usted ha explicado, los jueces deberían tener una gran legitimidad. ¿La tienen?

Habría que hacer una distinción por países; empecemos nuevamente por Italia. Durante los años de la operación "manos limpias", que llevó a la jurisdicción a desarrollar una serie de importantísimos procesos y condujo a los tribunales a muchos políticos de relieve, sí se produjo un fenómeno sin precedentes: los jueces que protagonizaron estos procesos pasaron a ocupar el primer lugar en la valoración de la población medida a través de las encuestas; hasta había camisetas en las que la gente llevaba escrito el nombre de un juez en vez del de un futbolista.

Este fenómeno fue considerado muy positivo por algunos, pero hubo también quienes, dentro de la propia Magistratura, hicieron llamadas de atención para decir ‘¡cuidado!: el papel del juez no es tener su nombre escrito en las camisetas’.

Efectivamente, al cabo de algún tiempo se pudo demostrar que esos movimientos de opinión pueden ser de ida y vuelta, y que muchas veces se producen en función de intereses que no son necesariamente limpios ni los mejores. Cuando el proceso de manos limpias iba dirigido contra sectores sociales muy caracterizados, como el de la alta política o el alto empresariado, la moralización era vista por la inmensa mayoría de la población con buenos ojos y había operaciones casi de linchamiento contra estos sujetos sociales que abusaban de sus posiciones de poder. Pero claro, como la corrupción de los grandes no es un fenómeno aislado, sino que también existen corrupciones de distinto calibre, que llegan y afectan al ciudadano mediano y hasta pequeño, cuando se comenzó a afectar a esa clase de corrupción, por ejemplo en cuestiones tributarias, ya la actitud cambió.

Es decir, hay valores de la jurisdicción que uno puede estar dispuesto a defender frente a otros, pero muy distinto es cuando uno mismo puede verse implicado como eventual imputado.

Otro factor importante en términos de legitimación es que no hay magistratura que no presente problemas de ineficacia, pues ninguna tiene los niveles de eficiencia absolutos. La explicación de esta falta de capacidad para responder a la demanda del ciudadano medio de manera óptima es bastante larga y compleja, pero en términos generales se podría decir que hay un cierto desinterés por dotar a las jurisdicciones de la suficiente capacidad de gestión y de respuesta, porque en definitiva la jurisdicción es una instancia de control que puede volverse en cualquier sentido.

Otro aspecto sobre la valoración pública de la justicia que hay que tener en cuenta es que normalmente todo proceso ante un tribunal es cosa de dos, y siempre hay uno que pierde y que, por tanto, sale descontento; y ni siquiera la parte que gana sale contenta, pues ha tenido que recurrir a la jurisdicción que es costosa, porque supone gastos, y la solución suele llegar siempre con algún retraso, en el mejor de los casos. Entonces, el índice de satisfacción que produce la instancia judicial en ningún caso será óptimo.

También está lo fácil que es manipular la opinión pública o lo esquiva que ésta puede ser; por ejemplo, una magistratura constitucionalmente muy rigurosa debe ser particularmente considerada con los derechos de los imputados, y hay sectores sociales que lo que quieren es que al pequeño ladrón de coches no se le juzgue sino que se lo encarcele directamente o se lo elimine.

Lo que quiero decir con esto es que en el campo de la jurisdicción se cruzan una multiplicidad de vectores, lo que determina que ningún análisis de su valoración pueda hacerse nunca con un criterio de aceptación social no suficientemente matizado. Hay valores que son centrales de la jurisdicción y que en momentos de crecimiento democrático pueden tener un gran predicamento, pero en momentos sociales de contracción o de crisis social no son fácilmente aceptados por la población. Por eso digo que éste es un tema al que hay que acercarse con mucha prudencia.

Las responsabilidades de los jueces

Pero a ver, lo voy confrontar con usted mismo. Usted ha dicho varias veces que los jueces podrán no tener responsabilidad política, pero sí tienen una responsabilidad social o difusa, la que consiste en la aprobación o desaprobación, justamente, de esa opinión pública. ¿Cómo se compatibiliza esto con los peligros que usted acaba de señalar en términos de opinión pública?

De acuerdo, pero yo empezaría a discurrir sobre el tema un poco antes. Cuando a mí me preguntan, ¿ante quién responde políticamente el juez?, a mí me gusta responder: ¿y ante quién responde políticamente el político? Y esto porque, teóricamente, se dice que si un político no hace bien las cosas no va a resultar reelegido. Pero todos sabemos que los sistemas partidocráticos están vigentes en nuestros países, y la propia responsabilidad política del político es con frecuencia una entelequia y no funciona como tal; por eso vemos que políticos que merecerían haber sido retirados de la vida política, e incluso estar en la cárcel, se mantienen, pues las oligarquías de los partidos vuelven a replantearlo y a colocarlo en las cabezas de las listas. Esto para poner de manifiesto que el argumento de la responsabilidad política debe ser contemplado desde una perspectiva mucho más global.

Pero, además, los jueces no pueden ni podrían tener ese tipo de responsabilidad política, por lo menos en el modelo europeo continental y en el de la mayoría de los países latinoamericanos, pues no deben su designación al sufragio.

Este tema de la responsabilidad en el caso del juez es una circunstancia muy curiosa. El juez se debe a la legalidad y, por lo tanto, es por ahí que conecta con la soberanía popular, y no por las urnas. Entonces, si nosotros queremos un juez aplicador independiente de la ley, no podemos someterlo a los vaivenes ni a los cambios de humor de una coyuntural mayoría política; es más: muchas veces el juez tiene que defender valores y posiciones contrarias a las de la mayoría, por imperativo de la Constitución y de la ley.

La responsabilidad de un juez no es, pues, de ese tipo, sino que es una responsabilidad social o difusa, que es la que se ejerce a través de la crítica pública; y no se trata de una responsabilidad política de juguete, como dicen algunos, puesto que hoy, por la vía de los medios de comunicación, este tipo de crítica puede ser sumamente fuerte y muchas veces hasta injusta. Las campañas que los jueces tienen que resistir pueden ser enormes, y sí son por cosas ciertas, pero a veces se dan más bien para impedir que la magistratura cumpla su función.

El juez debe estar abierto y acostumbrarse a vivir con ese tipo de control político difuso, por vía de opinión, y ser sensible en lo que valga la pena, e insensible en aquello que pueda torcer un ejercicio riguroso de la independencia.

¿De qué otra manera se puede fiscalizar el buen desempeño de un juez?

El juez tiene también otro tipo de responsabilidades. Primero está la responsabilidad disciplinaria: el juez debe estar en condiciones de ser llamado a responder disciplinariamente cuando su comportamiento no sea el rigurosamente exigible, sin que –como es obvio– ésa sea la vía para quitarle su independencia. Si un juez, por ejemplo, tiene que responder disciplinariamente ante el ministro de Justicia, y, además, con un sistema de tipos abiertos, el juez deja de ser independiente.

En asimismo pues, debe haber un equilibrio, porque existe tanto el riesgo de que los jueces se autoblinden frente a esa exigencia, como de que desde medios políticos el uso de la responsabilidad disciplinaria se convierta en un instrumento de control de carácter directamente político.

Está asimismo la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, también con determinados niveles de exigencia, porque si la responsabilidad civil se exige de tal manera que prácticamente cualquier interpretación de un precepto legal con un cierto coeficiente de riesgo puede dar la responsabilidad, los jueces prácticamente se mantendrían encasillados en las interpretaciones tradicionales, la jurisprudencia no evolucionaría; ahí se debe exigir, por ejemplo, responsabilidad en supuestos por temeridad, e ignorancia inexcusable. En materia penal, igual que se aplica para todos, con mayor razón, con todas las garantías legales.

"El gobierno de los jueces": Un fantasma

En Europa es tan fuerte el poder de los jueces que se ha comenzado a hablar del "gobierno de los jueces". ¿Es tanto así?

El gobierno de los jueces es un viejo fantasma que algunos sacan a pasear en ocasiones muy particulares. La primera noticia significativa que yo tengo de ese fantasma se remite a la ley fundamental de Bohn, del año 49, en que algunos sectores de la doctrina y de la política alemana ponen de manifiesto ese peligro a la vista de que los jueces reciban un poder importante en la Constitución.

Y a ello contesta un jurista, poco sospechoso de corporativismo judicial, que es Otto Bahof, quien dice que no hay tal riesgo. Y lo explica muy bien: primero, los jueces no dictan disposiciones generales para toda la población; segundo, los jueces no salen a la calle a buscar los casos que les interesan o los que quieran intervenir, sino que actúan sólo cuando les llega una denuncia por parte de alguien. Tercero, actúan acto por acto, y deben además motivar sus resoluciones.

Bahof utiliza también otra línea de fundamentación, igualmente interesante: es cierto que los jueces pueden deslegitimar algunas actuaciones incorrectas del poder político pero, al mismo tiempo, legitiman indirectamente la mayoría de ellas. Esto porque, como no hay por qué presumir que las actuaciones del poder político sean masivamente incorrectas, cuando las actuaciones correctas del poder político resulten incuestionables ante los jueces, estarán recibiendo el respaldo de ellos, con lo cual su legitimidad se verá reforzada.

Y si el fantasma del gobierno de los jueces se ha vuelto a plantear en los últimos años, es porque los jueces han intervenido en asuntos políticos relevantes, y, entonces, los jueces han sido confrontados por algunos exponentes relevantes de la política, quienes han dicho esta vez que se está "judicializando la política".

Pero quienes se refieren a esta judicialización se olvidan de algo fundamental: para que pueda haber ocurrido, tiene que haberse dado primero una degradación criminal, no de la política en general y como tal, sino de algunos actos políticos. Y entonces, lo que han hecho los jueces ha sido actuar en relación con actos políticos concretos que antes que actos políticos son actos criminales y probablemente del código penal.

Es más: si en el ámbito de la política los controles internos del Poder Ejecutivo y los parlamentarios funcionasen como las constituciones disponen, las posibilidades de los jueces de intervenir en asuntos de alta densidad política serían prácticamente inexistentes, y los jueces estarían resolviendo cuestiones de arrendamientos, de disputas entre ciudadanos, asuntos de justicia ordinaria. Es decir, si la institución parlamentaria ejerciera un buen control de los actos del Ejecutivo, la posibilidad de que en el ámbito del Ejecutivo se cometieran delitos, algo que en estos años se ha demostrado ser una posibilidad desgraciadamente muy real, se vería reducida al máximo. Cuando los asuntos de interés político llegan al juez es porque han fracasado masivamente todos los controles previos; y ahí hay, primero, responsabilidades políticas de los autores, de quienes cometen acciones de código penal, y también responsabilidades criminales de quienes cometen las acciones de código penal.

Yo estoy seguro de que lo que queremos fervientemente los jueces es que no nos obliguen a meternos en cuestiones que podrían perfectísimamente quedar fuera del circuito judicial si los mecanismos constitucionales de la democracia política funcionasen de manera óptima. Ésa debería ser la preocupación de los políticos.