Decrépito criminal

Nick Caistor

Nick Caistor, productor principal del Servicio Latinoamericano de la BBC de Londres, analiza para ideele, el descenlace fulminante del caso Pinochet, así como algunas lecciones y posibilidades. (Gracias Nick)

El desenlace fue tan rápido y preciso como los 17 meses anteriores habían sido confusos y engorrosos. Después de confirmarse la decisión del ministro del Interior británico, Jack Straw, de dejar libre al general Pinochet por razones de salud, sólo se necesitaron dos horas para que dejara su casa alquilada en las afueras de Londres, viajara a toda velocidad a una base aérea en el norte de Inglaterra y subiera al avión gris para su regreso a Chile.

Al parecer, la única demora en la "operación salida" fue para recibir un regalo de la señora Thatcher, ferviente admiradora del general que le obsequió una bandeja de plata donde figuraba, según la prensa británica, "una imagen de la derrota de la invencible armada española". Este desagravio histórico no pasó desapercibido a los españoles. "Es la señora Thatcher quien debería someterse a exámenes médicos", replicó el canciller Abel Matutes.

Mas allá de estos detalles anecdóticos, ¿qué es lo que ha dejado atrás el general en Inglaterra?

En primer lugar, un gran desconcierto en cuanto a cómo funciona el sistema de justicia aquí. Con cada giro que daban los esfuerzos por extraditar al general a España, veíamos sutilezas y sorpresas en el sistema jurídico que dejaban perplejos a casi todos. Ver que la decisión en casos de esta naturaleza dependía de unos "jueces-lores" –de cuya existencia casi no conocíamos– resultaba insólito.

Más extraño aún fue para muchos darse cuenta de que la responsabilidad final en el caso Pinochet la tenía una sola persona: el ministro del Interior británico, Jack Straw. Tanto el ministro como el resto del gobierno británico repetían hasta el cansancio que la decisión sobre el futuro del ex hombre fuerte chileno dependía únicamente de la justicia; sin embargo, resultaba más que evidente que desde el momento en que se había ordenado el arresto del general, entraban en juego cálculos políticos.

Para algunos, como la señora Thatcher y los otros amigos del general, la actuación del gobierno demostraba que Jack Straw y sus colegas todavía estaban presos de su pasado de activistas de izquierda. Para otros, el gobierno de Tony Blair buscaba a toda costa crear la imagen de estar preocupado por cuestiones morales en su política exterior, y en este sentido un dictador latinoamericano de más de ochenta años fue un blanco fácil.

Sin embargo, a pesar de todas estas dudas, quedó también un cierto orgullo de que a través de todos los vericuetos legales y políticos se había establecido de una vez por todas el principio de que los jefes de estado no gozan de inmunidad por los crímenes cometidos bajo sus mandatos, y que tienen que responder por el resto de sus vidas, en cualquier parte del mundo, por sus actos. Y también quedó una cierta satisfacción porque se había permitido a un individuo –a un costo de alrededor de 15 millones de libras esterlinas al contribuyente británico– agotar todas las posibilidades para su propia defensa legal.

Asimismo, quizá estos 17 meses han ofrecido un espacio dentro de Chile donde por fin se ha podido debatir y sobrellevar el pasado representado por Augusto Pinochet. Tanto el candidato de derecha como el de izquierda en las elecciones recientes hicieron hincapié en mirar hacia el futuro, y no quedar, como se ha hecho durante toda la década de los 90, con un ojo puesto en el pasado. Y también, al parecer, lo ocurrido en el último año y medio en Gran Bretaña ha dado la oportunidad a una nueva generación de jueces en Chile de demostrar que este anhelo de liberarse del pasado se traduzca en logros concretos: ¿quién hubiera pensado en octubre de 1998 que existía una posibilidad real de juzgar a alguien a quien la prensa inglesa ha tildado de "decrépito criminal"?