Eduardo González:

Corte Penal Internacional,
"un asunto de tiempo"

Un panorama global y actualizado del proceso que se sigue para frenar la impunidad y crear la Corte Penal Internacional.

¿Cómo avanzan los esfuerzos de las ONG en el mundo a favor de la Corte Penal Internacional (CPI)?

En el caso de los países árabes, existe una coalición de 35 organizaciones basadas en 12 países, creada en junio del año pasado. Tiene una plataforma común y está trabajando por la ratificación del estatuto de la CPI.

Es un trabajo que requiere traducir los documentos al árabe, comparar el estatuto de la Corte con las legislaciones nacionales y encontrar los puntos en común entre la ley árabe y el derecho penal de los países occidentales. Es difícil, pero se han logrado muchos avances en las posturas de estos países.

¿Y África como región?

En el caso de África se está lanzando en este instante una alianza de ONG que tiene el objetivo de, por una parte, apoyar la creación de la CPI y, por otra, apoyar la creación de una Corte Africana de Derechos Humanos.

¿El trabajo de la CPI está influyendo en los esfuerzos regionales para llevar a la justicia a los responsables de violar los derechos humanos?

Exacto. Están convergiendo tres orientaciones: el esfuerzo de crear la CPI, el compromiso con el fortalecimiento de organismos regionales de defensa de derechos humanos y la expansión del recurso a la jurisdicción universal.

¿En Asia existen esfuerzos en este mismo sentido?

También, y son esfuerzos bastante recientes pero productivos. Se ha creado, basada en Bangladesh, una asociación de ONG por la CPI que reúne a unas 15 organizaciones de distintos países. Han enviado representantes a las últimas reuniones de la Comisión Preparatoria y están coordinando una estrategia común para el Asia. Entre estas organizaciones se encuentran también redes, de modo que el alcance es muy amplio.

Asia es el único continente donde no existe una declaración regional de derechos humanos; tampoco existe (y tampoco se ha planificado tenerlo) ningún organismo regional de defensa de derechos humanos.

¿Y América Latina? ¿Qué nos puede decir de nuestra
región?

En el caso de América Latina se han involucrado con anterioridad incluso a la conferencia de Roma. Deben haber unas 80 o 100 ONG latinoamericanas que están permanentemente activas en el tema, acercándose a sus gobiernos para explicar los beneficios de una CPI, tomando contacto con la prensa, educando a la opinión pública, etcétera. Adicionalmente, hay muchas otras que ya conocen del tema, se interesan en él y reciben nuestra información.

En el ámbito internacional, ¿cuántas ONG forman parte de la Coalición?

Yo diría que hay más de mil ONG alrededor del mundo trabajando con la Coalición. De todo tipo: religiosas, de derechos humanos, feministas, de derechos de minorías, organizaciones de abogados, colegios profesionales, entre otras.

Sin embargo, es difícil saberlo, incluso para nosotros que tenemos una lista de organizaciones que son miembros, porque muchas de esas organizaciones son asociaciones paraguas que incorporan a su vez a otras organizaciones. Por ejemplo, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos del Brasil es miembro, pero este movimiento, a su vez, agrupa como 300 organizaciones.

¿Hay algún tipo de comunicación entre las coaliciones de las distintas regiones?

Sí. Uno de los mecanismos más activos es la red de correo electrónico. Tenemos también un boletín que se envía por fax a determinadas organizaciones; y, por supuesto, El Monitor, que es nuestra publicación trimestral y sirve como un espacio de coordinación y de motor organizativo.

Y estos esfuerzos, ¿qué frutos están dando? ¿Qué nos puede decir sobre el proceso de firmas y de ratificaciones del Estatuto de la CPI?

Se necesitan 60 ratificaciones para que la Corte pueda entrar en vigor. Hasta este momento se cuenta con seis ratificaciones y 93 países que han firmado, vale decir, que han expresado su deseo de ratificar. Pero hay que considerar que en muchos casos la ratificación del Estatuto de la CPI requiere adaptar la legislación interna de los países, y en otros precisa cambios constitucionales; de modo que es un trabajo lento.

Hay varios grupos de países que han expresado su compromiso de adherirse: la Unión Europea, la comunidad de países caribeños (básicamente los anglófonos) y la comunidad de desarrollo del área sudafricana. A ellos se suman los países de las antiguas áreas de influencia británica y francesa.

Entonces, sí, el ambiente mundial está por la ratificación. Es un asunto de tiempo.

¿Podremos contar este año con las 60 ratificaciones?

Tratando de ser prudentes en nuestras predicciones, pensamos que haciendo un esfuerzo podríamos tener las 60 ratificaciones hacia fines del 2001.

¿Cómo va el proceso en América Latina?

La gran mayoría ha firmado, y hay un proceso claro de avance hacia la ratificación. Han firmado 14 países, con algunas excepciones notables. Es el caso de Brasil, a pesar de que es un país que ha expresado un fuerte apoyo a la CPI. (Nota de los editores: Brasil firmó luego de realizada esta entrevista.)

En el caso de México aparentemente existen discusiones sobre las implicaciones constitucionales. El Perú no ha firmado el Estatuto de la Corte, pero en ese caso la situación es más complicada porque el gobierno peruano había aprobado firmar este Estatuto en 1998 y luego se retractó.

Los que podrían ratificar este año serían Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela y Costa Rica. Ecuador también, hasta los problemas políticos recientes.

Se viene una reunión del organismo de Naciones Unidas encargado de continuar con los trabajos. ¿Qué es lo que está en juego ahí?

La Comisión Preparatoria (CP) se reúne cada dos meses en la sede de la ONU para discutir dos puntos: los elementos de los crímenes, vale decir, la definición legal de cada crimen con el fin de ayudar a los jueces a juzgarlos; y las reglas de procedimiento de la Corte. Esta discusión está bastante avanzada y se han previsto dos reuniones de aquí a junio, que es cuando la CP debe terminar con estos dos temas. Las reuniones van a ser en marzo y en junio, y todos los países pueden participar.

Lo que está en juego es básicamente cómo va a funcionar la Corte y si esta Corte va a ser capaz de hacer justicia. Si, por ejemplo, la Corte no tiene garantías para que las víctimas presenten sus casos, entonces será una Corte ineficaz. Ésa es una de las cosas que está en juego. Otro ejemplo: si el crimen de desaparición forzada no es adecuadamente definido, será imposible juzgarlo. Eso es lo que está en juego.

Lo mismo sucede con los derechos de las víctimas mujeres o de las víctimas de crímenes con un elemento sexual o de género, que son temas que han sido invisibilizados en la tradición jurídica y que ahora se está tratando de poner por delante y de darles prioridad.

¿Qué pueden hacer las ONG de la región para contribuir en el proceso?

En primer lugar, sensibilizar a la opinión pública. Hay que proporcionar información sobre la Corte a los periodistas especializados en materias internacionales y lograr que el tema se difunda. En segundo lugar, estudiar el estatuto de la CPI y compararlo con sus constituciones y leyes nacionales. Finalmente, acercarse a sus cancillerías, a sus ministerios de Justicia, ir a sus parlamentos para estimularlos a avanzar rápidamente en el tema y ponerlo como prioridad. Tenemos que trabajar en los tres niveles: sensibilización, estudio jurídico y abogacía frente a los gobiernos. (H.L.)

* Eduardo González trabaja en la Coalición Internacional de Organizaciones No Gubernamentales para una CPI. Es responsable de coordinar el "Sur Global".