Anticipar el desenlace

Es un triunfo haber impedido, al filo, que se anunciara la victoria de Fujimori en primera vuelta y que, por una especie de transacción implícita, se haya abierto la segunda vuelta, como una salida política impulsada por una movilización masiva en las calles y la presión internacional (véase artículo siguiente). Sin embargo, a tres semanas del 9 de abril, ya está claro que el régimen ha interpretado esta derrota simplemente como una postergación de planes, mientras que Alejandro Toledo no encuentra hasta ahora la estrategia para imponer condiciones electorales básicas y afirmar un perfil ganador. Y el tiempo pasa.

Si hay algo absolutamente claro en este país es qué tiene que cambiar para que el proceso electoral, por lo menos en esta última etapa, deje de ser todo lo viciado y fraudulento que ha sido hasta ahora. Es que no se trata para nada de esas zonas fronterizas o grises, sino todo lo contrario: las irregularidades no pueden ser más graves, y saltan a la vista. No es gratuito que todos los que cuestionan el proceso electoral coincidan plenamente –palabras más, palabras menos– en los cambios que hay que introducir.

Poniendo entre paréntesis la inconstitucional postulación de Fujimori para no complicar más las cosas (sólo entre paréntesis, porque el defectillo de fábrica pues sigue allí), éstos son los temas básicos:

ONPE: Punto que ha pasado al honroso primer lugar simplemente porque su performance no puede haber sido más desastrosa, tanto por ineficiencia como por parcialización. El modernísimo supersistema de cómputo, que llegó a ser alabado por tirios y troyanos, hizo agua por todas partes durante el simulacro del día anterior a las elecciones y el mismo 9 de abril, lo que se tradujo básicamente en una suerte de demoras "inexplicables"; y el país nunca podrá olvidar a un Portillo dosificando resultados a cuentagotas, claramente en función de consideraciones y reacciones políticas.

El solo hecho de que el funcionamiento de este sistema de cómputo no haya podido ser fiscalizado por nadie –tal como lo ha dicho la observación electoral, nacional e internacional– permite afirmar que los resultados no son confiables ni creíbles, y que cualquier cosa puede haber sucedido; es como si un conductor en evidente estado de ebriedad no permitiese que se le someta a dosaje etílico. Lo que pasa es que como se dio prioridad a pasar a la segunda vuelta, ya no tenía mucha importancia rastrear o profundizar las irregularidades detectadas, aunque el gran sacrificado de esa decisión haya sido nada menos que la composición del próximo Congreso.

Por tanto, si no queremos ver otra vez a Portillo jugando políticamente con los resultados, hay que cambiar personas (el mismo Portillo, Cavasa y compañía), pero sobre todo el sistema.

En esto ha habido un paso adelante: la propia ONPE ha creado tres comisiones de trabajo con la participación de Perú 2000 y País Posible, además de la OEA y la Defensoría; sin embargo, a estas alturas tenemos el derecho a decir "ver para creer"; lo importante no es tanto "que pase a comisiones", sino que los cambios requeridos se lleguen a incorporar. El hecho de que Transparencia haya sido marginada de estas comisiones es un mal indicio, dado que fue esta institución la primera en alertar de las deficiencias de la ONPE.

El segundo tema: abrir la televisión que –como hasta su nombre lo indica– debe ser de señal abierta. Algo muy simple: que Toledo aparezca en positivo, no siempre sentado en el banquillo de los acusados, y frente a lo que ya se ha hecho un planteamiento muy concreto: 15 minutos diarios en cada canal para cada uno de los dos candidatos. Y eso de que el régimen nada puede hacer al respecto porque a la libertad de prensa no se la puede tocar ni con el pétalo de una rosa, es una representación verdaderamente apta para "caídos del palto", tanto porque –como bien se sabe– el régimen se las ha ingeniado para controlar judicialmente la mayoría de los canales de televisión, como por venir de un régimen que exhibe un pésimo currículo en materia de libertad de prensa.

Tres: alto a la guerra sucia, que, como alguien ha dicho bien, no es propiamente una guerra sucia; y no porque no sea verdaderamente inmunda, sino porque guerra no es, pues viene sólo de un lado: del oficialismo contra Toledo, su esposa y su entorno. Y acá también el indicador del cambio es muy concreto: basta hacer click y poner Canal 2 o 4, o taparse la nariz y hurgar la prensa chicha o naranja, y sabremos perfectamente si continúa o no la suciedad.

En esto las cosas sí tienden a empeorar, y se teme que el oficialismo focalice su estrategia por acá, si es verdad ese runrún de que ha preparado unos vídeos sobre Toledo con los que primero lo amenazarían para que no se le vaya a ocurrir retirarse para después, de todas maneras, exhibirlos. Ahora, es evidente que se trata de un arma de doble filo, porque si queda al descubierto que son golpes realmente bajos e ilícitos, de los que el contendor sale bien parado simplemente por su entereza, el asunto se convierte en un bumerán.

Dejar de utilizar los recursos del Estado, por lo menos en la magnitud escandalosa en que se viene haciendo (publicidad estatal, uso de la infraestructura, actos de gobierno, etcétera) también es un punto importante, porque comprende –entre otras cosas– incentivar un mínimo de la neutralidad de la red de autoridades locales y de miembros de las Fuerzas Armadas, punto clave para que no se repitan hechos tan sospechosos como que en las zonas hasta hace poco bajo estado de excepción Fujimori haya sacado más de 95% de los votos.

Una autoridad electoral confiable y creíble es también de sentido común, y, obviamente, no lo son ni el JNE (aló, ¿están ahí todavía?, porque después de que dijeron que la postulación de Fujimori era intachable, no hay noticias) ni los jurados especiales (sólo 20% de los presidentes son magistrados titulares), por lo que adquieren sentido fórmulas como "mediación de la Iglesia", tribunal de honor o negociación directa. Como es notorio, al régimen estas fórmulas simplemente le escarapelan.

A estos temas nosotros agregaríamos el de la falsificación masiva de firmas, porque consideramos que es fundamental un veredicto oficial, más que por las consecuencias penales, por sus efectos en el proceso electoral, incluido que el elector tome en cuenta lo ocurrido al decidir por quién va a votar.

La estrategia de "cambiar" para que todo siga igual

Pero no sólo está clarísimo lo que hay que cambiar, sino también que tiene que ser ¡ya!, o, mejor dicho, ya tendría que haber sido (mucho más cuando usted esté leyendo esta revista), porque a pocas semanas de la segunda vuelta, estamos entrando nuevamente al timing del "daño irreparable" o de "elecciones viciadas irremediablemente", es decir, en el umbral de un tiempo en el que ya todo sería irreversible, pues los cambios no tendrían efecto alguno, y la "mecida" se habría consumado irremediablemente.

Claro está todo, pero lo que falta es el cliché de la voluntad política. Pero hay que reconocer que el régimen tiene toda la razón de no querer cambiar realmente nada, y que hace bien en limitarse a enviar a Tudela a los medios, para que, haciendo gala de sus buenas maneras, entretenga un poco a las tribunas. ¿Acaso podría permitirse el lujo de una televisión abierta, en la que no sólo aparezca Toledo, sino se debata y se investigue, por ejemplo, lo de la falsificación de firmas, o las irregularidades de la primera vuelta? ¿No es acaso la guerra sucia una parte esencial de su estrategia para la reelección, que tan buenos resultados le ha dado con Andrade y Castañeda? ¿Unas Fuerzas Armadas neutrales y colaborando en la transparencia de las elecciones? ¿Un sistema de cómputo impecable para que gane el mejor?

¿Podría ganar Fujimori así? Muy difícil, porque ése es el punto de partida: hace ya mucho tiempo que Fujimori no tiene el respaldo de la mayoría del país; y en cuanto al porcentaje de adhesión para nada desdeñable que todavía mantiene (¿alrededor de un tercio?), si es sólido y consistente, o si es producto del miedo y la manipulación, sólo se podría saber en una contienda electoral mínimamente abierta y limpia.

Para poner un toque onírico a la cruda realidad, nos imaginamos a los estrategas del régimen ante una balanza probando qué pasaría si para subir el platillo de la legitimidad quitan el peso de algunas irregularidades, y viendo cómo, automáticamente, el otro platillo, en el que están las posibilidades de ganar, baja en la misma medida; y viceversa. Por eso, pensar que el oficialismo corregirá todos lo vicios, y que de aquí en adelante "guantes blancos", al punto que su derrota se vuelva inexorable, es más que pedirle "peras al olmo". No se le puede exigir a nadie que cabe su propia tumba.

Pero entre "no cambiar nada" y "cambiar todo" hay un espacio que para Toledo puede ser decisivo y que, a la vez, puede llegar a convenirle al régimen. ¿Cómo así? Esto ocurriría si se da una situación en la que el oficialismo no tiene otra salida que canjear condiciones electorales por legitimidad, o, dicho más directamente, mejores condiciones para no quedarse en total ilegitimidad e internacionalmente aislado; mejores condiciones que de hecho le significarán riesgos –dependiendo de si Toledo lo hace bien o lo hace mal–, pero manteniendo siempre la posibilidad de ganar (véase recuadro).

Cuando ganar equivale
a perder

En realidad, es el mismo esquema que abrió la segunda vuelta: hacerle ver a Fujimori que ganar así equivale a perder, pero esta vez no después de la votación, sino anticipadamente, para no llegar a una situación similar a la del 9, puesto que póstumamente habrá muy poco que hacer.

¿Y qué podría convencer al régimen de que ganar así sería como perder, y que le conviene canjear condiciones electorales por legitimidad? Lo mismo que en la primera vuelta: una clara advertencia, una especie de ultimátum que provenga conjuntamente de la mayoría del país, de la observación electoral y de toda la comunidad internacional, con un mensaje inequívoco y categórico: no se reconocerá un triunfo impuesto en esas condiciones.

Un paso fundamental en esa dirección tiene que ser dado por Toledo: si no se producen determinadas condiciones en un plazo mínimo, no ir al matadero. Evidentemente, es una decisión difícil, sobre todo cuando parte de la guerra sucia consiste en acusarlo de inestable, indeciso, mentiroso; pero en realidad no le queda otra, y tiene varias cosas a su favor: 1) Ha quedado fehacientemente demostrado que toda la primera vuelta ha sido por completo irregular; entonces, negarse a correr en las mismas condiciones es lógico. 2) Salvo el oficialismo, todos coinciden en una plataforma básica de cambios. 3) A diferencia de la primera vuelta, si él se retira, simplemente no hay contienda electoral, como ya lo ha dicho de manera expresa la Misión de la OEA.

Sólo Toledo puede dar ese paso, pero, a la vez, es posible que sea una decisión compartida nacional e internacionalmente. Y en esa dirección pueden ser interpretados determinados pronunciamientos, como el de la OEA (si se repiten las condiciones de la primera vuelta, no avalaremos); de la Defensoría del Pueblo (si no hay cambio de condiciones, puede no haber supervisión); obviamente, Transparencia, que ha cuestionado de manera frontal la primera vuelta; el Centro Carter (los resultados pueden estar predeterminados) y, por último –pero sumamente importante–, la aprobación por el presidente Clinton de la Resolución 43, en la que dice que en caso se mantengan las irregularidades habrá un cambio en la relación política, económica y militar.

En esa línea, lo que falta es un plazo inmediato y perentorio y que se llene de contenidos muy concretos lo que puede y debe hacer el gobierno. Una decisión compartida que, además, es previsible, será respaldada activamente por la gran mayoría del país a través de una movilización ciudadana, como ocurrió también en los días siguientes al 9 de abril.

De lo que se trata es de adelantar el desenlace programado para el día de las elecciones con el fin de que haya todavía el espacio para la salida política, que evite llegar nuevamente a una situación límite y extrema, pero esta vez sin que la expectativa de una nueva vuelta pueda "salvar la situación". ¿Qué podría pasar, si no? Que se anuncie el triunfo de Fujimori, el que no será creíble por provenir de un proceso absolutamente irregular e injusto, lo que volvería a generar una fuerte reacción nacional e internacional; pero esta vez, por ser la definitiva, el régimen intentará defender los resultados oficiales con todo. Y el país está lo suficientemente polarizado y movilizado (ojo, de ambos lados) como para generar enfrentamientos y violencia que obligarían a un endurecimiento del régimen, inviable a corto plazo, pero muy peligroso mientras dure. Es esto lo que debemos evitar ahora. (Ernesto de la Jara)

En otras condiciones, ¿quién ganaría?

Si hay un cambio significativo en las condiciones electorales, no es que Fujimori vaya necesariamente a perder, sino que "podría" perder, lo cual es muy distinto, porque tiene la contrapartida de que también "podría" ganar. No tiene la mayoría de los votos, pero sí un porcentaje significativo, que en una contienda electoral puede disminuir, pero también aumentar.

Son tres los tipos de razones que sustentan esta creencia: 1) Por más críticos que seamos del régimen, y al margen de las precisiones o explicaciones que habría que hacer, creemos que sí tiene qué exhibir: control de la hiperinflación y del terrorismo, solución de problemas limítrofes, carreteras, construcción de colegios, etcétera. 2) Ha establecido vínculos con diferentes sectores del país; de hecho, de la peor manera, perversamente, manipulando y aprovechando su poder, pero vínculos realmente existentes.

3) y punto aparte: mucho depende de Toledo, de cuán buen candidato resulte, de que no se equivoque, de que le saque ventajas al régimen a la hora de afirmar propuestas, de que mantenga la buena química con la población, etcétera. Y todos sabemos que Toledo tiene puntos a favor, pero también debilidades. En estos días, por ejemplo, no sabe cómo hacer para desmarcarse del régimen y retomar la iniciativa que le permita consolidarse como una verdadera alternativa.

El desenlace de la nulidad

Otro de los desenlaces que ha andado rondando todo este proceso electoral es el de la nulidad. Si todo ha sido absolutamente irregular y viciado, nuevas elecciones. Y si de lo que se trata es de comenzar de nuevo y no repetir el plato, lo que correspondía era introducir cambios institucionales importantes antes: sistema electoral, administración de justicia, Tribunal Constitucional, etcétera. La ventaja sería que, al mismo tiempo que se iniciaría la institucionalización del país, se fomentaría un debate nacional sobre temas de fondo que, a su vez, alentaría la participación política. ¿Cuál habría sido la reacción del oficialismo ante una salida de este tipo? ¿Y la de la oposición? ¿La de Toledo, específicamente? ¿La de los candidatos al Congreso? La realidad fue el desenlace de la segunda vuelta, y como una de las "víctimas" de tantas irregularidades pasó, vale, siempre y cuando cambien las condiciones para la segunda.