¿Se podrá liberar a la prensa secuestrada?

Catherine Conaghan

 

Catherine Conaghan, directora asociada del Centro de Estudios sobre la Democracia de la Universidad de Queen’s en Canadá y una de las más reconocidas investigadoras del "fenómeno Fujimori", analiza a profundidad el papel de los medios en la campaña.

 

La tarde del 9 de abril, mientras se desarrollaba el tenso drama que siguió a las elecciones peruanas, la televisión ofrecía más bien una comedia. Al tiempo que miles de los partidarios de Toledo se reunían en una tensa vigilia al frente del hotel Sheraton en el centro de Lima, esperando los resultados de las elecciones, ningún canal de televisión abierta dejó su programación regular de los domingos. Así, mientras el Perú hacía frente a un posible fraude electoral y a su más profunda crisis política de los años recientes, a los televidentes se les ofrecía un amplio menú de opciones que incluían un clásico de Cantinflas, Pulp Fiction con John Travolta y The Rock con Nicolás Cage.

Esta programación era patentemente absurda, pero de ningún modo sorprendente; es que la noche del domingo traía sólo malas noticias para la administración de Fujimori y, por tanto, ningún canal de televisión abierta, notoriamente aliados con el gobierno, se resignaba a darles cobertura. El "apagón" del domingo en la noche en la televisión era aún más notorio al contrastarlo con la cobertura que hicieron los mismos canales el jueves anterior. Esa noche había buenas noticias con el mitin final de campaña del presidente Fujimori frente al mismo Sheraton; así pudimos ver en los canales a "huaripoleras" y estrellas de la technocumbia; se podía oír también una incesante repetición de la canción de campaña "El ritmo del chino"; todo esto intercalado con las palabras de Fujimori y sus dificultosos esfuerzos por bailar con ritmo. El mitin mereció más de dos horas de cobertura en vivo en los canales 2, 4, 7, 9 y 13.

La abrumadora parcialidad de la mayoría de los medios de comunicación peruanos generó controversia a lo largo de toda la campaña. Todas las misiones de observación electoral que visitaron el Perú fueron sumamente críticas de una televisión hiperpolitizada y del papel de la prensa chicha. La presión para asegurar un acceso más equitativo y una mayor cobertura a la oposición en los principales medios empezó con el primer informe de la misión conjunta del Centro Carter y del Instituto Nacional Demócrata en diciembre de 1999, y continuó hasta los días finales de la campaña, con los insistentes reclamos al respecto de Eduardo Stein en representación de la Organización de Estados Americanos. Los estudios cuantitativos de Transparencia sobre la televisión y la prensa chicha ofrecieron a su vez simples pero poderosas evidencias de la distorsionada cobertura que se brindaba a los votantes peruanos.

Pero toda la crítica internacional no hizo mayor efecto en el operativo pro gubernamental de los principales medios de comunicación. La tan publicitada "invocación" del primer ministro Alberto Bustamante para mejorar las condiciones en los medios no produjo ningún cambio sustancial: las televisoras aceptaron solamente otorgar 15 minutos diarios en total para las diez organizaciones al comenzar marzo, lo que fue ampliado en la última semana de campaña. Pero esta oferta limitada de acceso difícilmente podría compensar meses de distorsionada cobertura en los noticiarios y la negativa de las estaciones de televisión de vender a los candidatos de oposición avisos comerciales a precios razonables.

Mientras tanto, el ataque de la prensa chicha a los principales candidatos de oposición nunca cesó. En la medida en que iba subiendo en las encuestas, Alejandro Toledo reemplazó rápidamente a Alberto Andrade y Luis Castañeda como el motivo favorito de los peores ataques de los tabloides. Al mismo tiempo que esto ocurría, el presidente Fujimori y el primer ministro Bustamante reiteraban la posición del gobierno de que no podían controlar el comportamiento de los medios de comunicación privados.

Ahora que el Perú se encamina a una segunda vuelta, la oposición y los observadores internacionales están demandando cambios profundos en el comportamiento de los medios. Alejandro Toledo ha incorporado la crítica a ellos en su discurso político y hace frecuentes referencias a los canales pro gubernamentales, describiéndolos como "televisión secuestrada". Ha convertido el acceso con equidad a los medios en uno de los criterios que van a determinar si participa o no en la segunda vuelta. Toledo está amenazando con retirarse de la carrera (una decisión que indudablemente crearía una crisis interna y tendría graves repercusiones para el país) si los medios no aceptan estándares mínimos de comportamiento equitativo.

La pregunta decisiva es hasta qué punto el debilitado gobierno de Fujimori está en condiciones de dejar en libertad a los "medios secuestrados" y darles el margen suficiente de autonomía que les permita satisfacer las demandas de Toledo y de los observadores internacionales. ¿Puede o quiere el gobierno desmantelar un aparato que es claramente un componente estratégico de la máquina reeleccionista? O, de otro lado, ¿pueden los dueños de los medios liberarse en el contexto de una segunda ronda con resultados inciertos?

El aparato de comunicación oficialista

El apoyo de los medios ha sido siempre un factor clave para el gobierno de Fujimori. La dócil reacción de la mayoría de ellos frente al autogolpe del 5 de abril, especialmente de la televisión, reforzó la opinión pública favorable al golpe y ayudó a hacer viable el régimen, incluso cuando éste enfrentaba considerables presiones internacionales. Cuando el proyecto de la re-reelección se inició en 1996, se intensificó la necesidad del gobierno de tener una prensa maleable. No es casual que el proceso para la re-reelección coincidiese con un deterioro de la libertad de prensa. En 1999, y de acuerdo con las mediciones de libertad de prensa hechas por la organización internacional Freedom House, el Perú está junto con Cuba en la categoría de los países "sin libertad de prensa".

En retrospectiva, queda claro que la lucha entre Baruch Ivcher y el gobierno por el control de Frecuencia Latina constituyó una coyuntura clave en la evolución de lo que se ha convertido en un aparato de comunicaciones coherente y coordinado. Una vez que este canal de televisión de alta sintonía estuvo en las manos de dueños más sumisos, el gobierno dio un gran paso en la construcción de una cadena de medios que, aun cuando de propiedad privada, constituirían la red a usar para la campaña del 2000. El hecho de que los principales participantes de esta red sean empresas privadas y no públicas ha permitido al gobierno sostener siempre que la conducta de los medios está fuera del control oficial.

Como se ha evidenciado a lo largo de la campaña, los puntos nodales de su aparato de comunicación son: 1) dos canales de televisión de alta sintonía (Frecuencia Latina y América Televisión; 2) un conjunto de periódicos tabloides conocidos como "prensa chicha"; 3) un diario que se reclama serio: Expreso; y, 4) el canal de señal cerrada Cable Canal de Noticias. El canal, la radio y el periódico estatales son parte también del sistema, pero tienen una audiencia menor que la de sus contrapartes privadas.

Lo llamativo de este conjunto de medios de comunicación y la razón por la cual debe ser visto como un sistema integrado de comunicaciones es la sinergia que mostraron en la transmisión de mensajes coordinados a la opinión pública durante el curso de la campaña. En la cobertura de campaña estos medios de comunicación no solamente convergieron en el sentido genérico de ser pro gobierno y antioposición. La convergencia ha sido, y continúa siendo, mucho más específica. Incluye el desarrollar exactamente las mismas líneas de argumentación frente a un hecho (o un "no hecho", como en el caso de la supuesta conexión entre Toledo y CLAE), el uso de un lenguaje e imágenes similares y la adopción de una aproximación a las noticias altamente agresiva cuando se trata de los candidatos de oposición.

Hay numerosos ejemplos de cuán altamente coordinada ha llegado a ser la cobertura de estos medios durante el curso de la campaña. El tratamiento periodístico del caso de la falsificación de las firmas de Perú 2000 ilustra cómo los medios se coludieron en el intento de desacreditar a todas las personas que colaboraron para que el caso se hiciera público. Expreso tuvo una semana completa de titulares de primera plana sobre el caso a comienzos de marzo. Los titulares incluían ataques personales a los principales testigos y a sus familias y luego hacia el Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, quien fue acusado de haber violado la ley en su manejo de esta acusación.

La prensa chicha siguió el liderazgo de Expreso y atacó a Santistevan. Al mismo tiempo, América Televisión envió reporteros a Iquitos para buscar "carne" y reforzar las supuestas inmoralidades de los principales testigos y de su familia. Cable Canal de Noticias invitó a Jorge Santistevan a una mesa política en la que tuvo que defenderse de los ataques de cinco comentaristas oficialistas. Pero durante esta frenética cobertura, ninguno de estos medios optó por investigar las actividades de aquellos acusados de ser los líderes de la falsificación. La línea argumental de todos estos medios se movió sólo en una dirección: acusar al acusador, investigar a aquellos que se atrevan a investigar.

Si bien todos estos medios reivindicaban en público ser "independientes", la persistente coincidencia de su cobertura no puede ser una casualidad. Desafía el sentido común el creer que medios de comunicación que compiten entre sí se repetirían constantemente uno al otro usando virtualmente la misma información, y en los mismos días, si no estuviera teniendo lugar una más amplia coordinación entre ellos. Y hay muchísimas razones para creer que esta mayor coordinación viene desde el interior del gobierno y que puede provenir incluso directamente del Servicio de Inteligencia Nacional o de consultores políticos contratados por el gobierno.

Trabajadores descontentos del diario chicha El Chato nos permitieron echar un vistazo a este submundo periodístico en noviembre pasado, cuando revelaron que el diario recibía pagos astronómicos para publicar sus titulares atacando a los candidatos de oposición, y que los titulares y las historias mismas eran faxeadas diariamente a las oficinas del periódico.

Si no existiera una "mano oculta" actuando desde el gobierno, ¿de qué otra manera sería posible explicar una cobertura casi idéntica sobre Alejandro Toledo en dos programas de televisión el domingo 16 de abril? Contrapunto, de Frecuencia Latina, difundió un vídeo de Toledo con el propósito de denunciarlo como un mentiroso; cada secuencia estuvo precedida de un título que incluía la palabra "falso"; más tarde, ese mismo día, la falta de originalidad de América Televisión se mostró en toda su magnitud cuando usaron exactamente la misma técnica y repitieron los mismos cargos. En su versión, los subtítulos del vídeo eran "el candidato y sus mentiras" y "el candidato y sus contradicciones".

Quizá las dos estaciones de televisión no estén recibiendo órdenes directas por fax, pero es claro que hay una división establecida y compartida del trabajo en relación con las líneas de ataque a ser usadas contra la oposición, así como una cobertura desproporcionada a favor del presidente Fujimori.

Escenarios para la segunda vuelta

Los malos hábitos son difíciles de romper, y más todavía cuando el poder y el dinero están en la balanza. ¿Qué posibilidades hay de que el gobierno, sin duda bajo una enorme presión internacional, vaya a facilitar una reforma sustancial de la conducta de los medios en la segunda vuelta?

Hasta ahora, en los días inmediatamente posteriores a las elecciones, no hay indicios de que el gobierno esté preparando ningún cambio mayor al respecto. En una conferencia de prensa realizada el 14 de abril, el primer ministro, Alberto Bustamante, dijo que él volvería a pedir a los medios privados que actúen con equidad en la segunda ronda. Pero esto es exactamente lo que Bustamante repitió hasta la náusea en la primera vuelta, todo parece indicar que sin mucho eco en los dueños de los medios.

Al defenderse de las críticas frente al ambiente electoral, Bustamante siempre ha subrayado que para el gobierno no es posible, en una "economía de mercado", ordenar a los actores cómo deben comportarse. Bustamante ha mantenido este argumento incluso luego de que varios expertos legales, incluyendo al propio Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, se han esforzado en mostrar que la ley peruana de telecomunicaciones provee la base legal para regular la conducta de los medios durante las campañas políticas. En sus declaraciones del 17 de abril, el candidato a la primera vicepresidencia por el oficialismo, Francisco Tudela, invocó a los medios a tener "coraje" y luego les recordó a los periodistas que el gobierno no puede regular la prensa. El interés del gobierno en fomentar que los medios actúen con equidad no puede ser más equívoco.

Hasta ahora los medios "secuestrados" siguen con su estilo usual: en los canales 4 y 2, los reportes de la semana que siguió a las elecciones describían a Toledo como un violento pandillero y un mentiroso, manchado además de supuestas conexiones con el APRA y Alan García. Pero lo peor puede estar aún por venir. Toledo y su esposa Eliane Karp han advertido al público que pueden difundirse vídeos de Toledo en situaciones sexualmente comprometedoras. No hay hasta ahora ningún espacio cedido libremente por los canales de televisión para que pueda compensar los ataques que esta misma televisión es capaz de hacerle en los noticiarios y talk-shows.

Si el gobierno no hace un esfuerzo de buena fe para controlar a su aparato de comunicaciones, ¿podría venir la decisión del cambio de modales de los propietarios mismos?

Analistas peruanos de los medios han argumentado ampliamente que el control clandestino del gobierno sobre éstos tiene su origen en los problemas legales y financieros de estas empresas. Medios con grandes dificultades económicas como América Televisión no pueden resistir las presiones del gobierno, porque son altamente dependientes del avisaje estatal; a su vez, Frecuencia Latina hace frente al pantanoso asunto de la propiedad del canal, lo que asegura una posición pro gubernamental de los principales accionistas, a menos que estén dispuestos a enfrentar a un inamistoso Poder Judicial.

Pero si los problemas legales y financieros son la goma que une el aparato de comunicaciones del gobierno, las mismas consideraciones podrían estar a la base de su división en esta incierta segunda vuelta. Una significativa parte de la elite y de la opinión pública masiva se ha mostrado ya muy contraria a la actitud de estos medios. Reporteros de Frecuencia Latina han sido atacados por furiosos manifestantes cuando cumplían su labor. Los periodistas de Expreso son rutinariamente silbados por sus colegas en las conferencias de prensa.

Toda esta rabia podría pronto convertirse en poder político. Los dueños de los medios tendrán que sopesar su relación con el actual gobierno, contra un posible y nada placentero futuro si Alejandro Toledo llega a ser presidente. Es difícil imaginar que Toledo pudiera premiar a quienes hoy lo atacan de ese modo con jugosos contratos de publicidad estatal o con una actitud solícita de los jueces. En algún momento, por lo menos algunos de los propietarios podrían tomar la decisión de liberarse ellos mismos y huir del barco que se hunde. La Asociación de Radio y Televisión ha anunciado que sus miembros están reevaluando sus políticas para la segunda vuelta. Quizá las declaraciones recientes de Canal 5 constituyen el primer indicio de que ya no hay un consenso entre los miembros de la ARTV acerca de cómo navegar en la segunda vuelta.

Éste podría ser un buen momento para revisar la extensa literatura sobre transiciones a la democracia, para tratar de entender qué podría pasar en el Perú en el próximo mes. Cuando los regímenes autoritarios comienzan a desintegrarse, pueden colapsar a una velocidad sorprendente, mientras que sus colaboradores buscan distanciarse de su inconveniente pasado y resituarse a la luz de las cambiantes circunstancias políticas. Los autoritarios pueden volverse rápidamente demócratas cuando no hay otra opción. Sería un error leer un cambio sustancial en la conducta de los medios en la segunda vuelta como un signo de buena voluntad del gobierno o como un genuino cambio de actitud de sus dueños. El cambio, de darse, podría ser el producto del más frío de los cálculos de los dueños de los medios, quienes estarían aceptando que el fujimorismo dejó súbitamente de ser bueno para los negocios.

Además, para otros dueños de medios no hay punto de retorno. Los hermanos Winter, de Frecuencia Latina, tienen todo que perder si Toledo gana y la propiedad de Baruch Ivcher es restituida. Un buen número de los tabloides desaparecerían si el gobierno deja de estar dispuesto a subsidiarlos. Así, sin importar cuán intensa sea la presión de los observadores internacionales, una parte de la prensa oficialista puede llegar a la conclusión de que no hay otra opción de pelear lo que puede terminar siendo la más sucia de las guerras en la historia política del Perú.