No a la trafa, no al truco:
Investigue
usted, doctora Trabucco
La falsificación masiva de firmas –se habla de hasta
un millón– hecha con el objeto de inscribir a uno de los grupos integrantes de
la Alianza Perú 2000 con miras a su participación en los comicios generales de
este año, es uno de los hechos que han afectado irremediablemente el proceso
electoral y el derecho constitucional de los peruanos a elegir y ser elegidos.
En las líneas que siguen se analiza el estado actual de la investigación fiscal
sobre este grave asunto.
Dos meses después de conocida la grave denuncia, ésta
no es objeto de una investigación seria, diligente y pública. En efecto, pese a
los pronunciamientos de personalidades e instituciones nacionales y
extranjeras, la averiguación administrativa y fiscal de los hechos ha sido
cubierta con tal manto de secreto, falta de voluntad de esclarecimiento,
parcialidad y ausencia de independencia, que resulta evidente la intención de
favorecer la impunidad de los autores del delito.
La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE),
desconociendo su deber constitucional y legal, han renunciado a toda
averiguación administrativa. En el caso de la investigación del Ministerio
Público, la fiscal ad hoc en delitos electorales, cumpliendo a cabalidad la
orden de encubrimiento recibida, ha secuestrado –y no es un decir– los
planillones con las firmas falsificadas, para, posteriormente, 1) negarse a
nuestra reiterada solicitud de que éstos sean exhibidos públicamente, para que
los ciudadanos no puedan confirmar el uso fraudulento de sus datos personales y
firmas por personas vinculadas orgánicamente a la alianza fujimorista; y,
2) rehuir a nuestra permanente petición de mostrar a los testigos el material
secuestrado, con la intención de impedirles reconocer e identificar los datos y
firmas introducidos irregularmente.
Claro que, como la Fiscalía Ad Hoc trata de guardar
alguna apariencia de legalidad, ha actuado determinadas diligencias, básicamente
declaraciones indagatorias que de antemano sabe que sólo nos conducen a una
suerte de círculo vicioso y nos alejan formalmente del esclarecimiento de los
hechos. Así, bajo la idea de que "es necesario que algo se investigue para
que no se llegue a la verdad", la doctora Trabucco "juega" con
el país y avala la ilegitimidad del proceso electoral.
La
denuncia
A partir de los últimos días de febrero, el diario El Comercio empezó a publicar un
conjunto de minuciosos reportajes que demostraron la falsificación masiva de
firmas para inscribir al Frente Independiente Perú al 2000 ante la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, así como la participación en estos hechos de
connotados dirigentes fujimoristas; entre otros, Absalón Vásquez (asesor del
presidente), Óscar Medelius (congresista), María Jesús Espinoza (congresista) y
Daniel Chuán, Rubén Calderón (jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos
Electorales-Arequipa), Luis Navarrete Santillán (regidor de la Municipalidad
del Rimac) y Migdonio Bellota Viera (regidor de la Municipalidad de Los
Olivos).
Por lo demás, el diario citó con nombres y apellidos
a cuatro testigos de la falsificación, quienes proporcionaron información
veraz, oportuna y significativa en relación con los hechos denunciados.
La
doctora Trabucco entra en escena
La denuncia de falsificación masiva de firmas debió
ser investigada por la ONPE y el JNE en su aspecto administrativo, y por la
Fiscalía de la Nación en su ámbito penal. Sin embargo, los organismos
electorales se negaron a cumplir su deber de fiscalizar la legalidad de la
realización del proceso electoral, abdicando de una de sus atribuciones
fundamentales. Ello con el propósito de no aplicar las sanciones que
correspondían ni declarar las nulidades a que había lugar. En otras palabras: a
descalificar a la oficialista Alianza Perú 2000 de la justa electoral.
Una vez despejado el camino, la denuncia llegó al
despacho de la doctora Mirtha Trabucco. A ella, y no a otra fiscal. Y es que,
en atención a su "meritoria" actuación en anteriores investigaciones
–entre otras, el archivo de la denuncia formulada en contra del asesor
presidencial Vladimiro Montesinos–, la Comisión Ejecutiva del Ministerio
Público la había designado como fiscal ad hoc en delitos electorales.
Inmediatamente, la doctora Trabucco secuestró la
lista de adherentes. Así empezaron el artificio y el truco.
La criminalidad
organizada que la doctora Trabucco finge no ver
La denuncia publicada en el diario El Comercio ha evidenciado la
existencia de una organización criminal que, desde 1997, se dedica a falsificar
firmas con la finalidad de lograr la inscripción ante la ONPE de movimientos
políticos pro gobiernistas, como son "Vamos Vecino", "Frente
Independiente Perú al 2000" y "Perú País con Futuro".
Los mentores de la falsificación son los conocidos
dirigentes fujimoristas Absalón Vásquez, María Jesús Espinoza, Óscar Medelius y
Daniel Chúan. Fueron ellos los que concibieron la idea, diseñaron el plan de
ejecución y proporcionaron los recursos económicos necesarios para que otro
grupo de personas, entre las que destacan Rubén Calderón, Migdonio Bellota y
Luis Navarrete, realizara de forma directa la falsificación de firmas a través
del contrato de cerca de 500 personas.
La distribución funcional del trabajo de los autores
estuvo planeada al milímetro. Así, por ejemplo, Rubén Calderón era el encargado
de impartir instrucciones sobre la forma de realizar la falsificación de
firmas; en tanto que Migdonio Bellota y Luis Navarrete, además de reclutar
personas para trabajar, eran los encargados de suministrar en original y en
copias el padrón electoral de la ONPE que fue utilizado para recabar la
identidad y los datos personales de los ciudadanos que aparecerían como
supuestos simpatizantes de las agrupaciones políticas.
Asimismo, se habilitaron ambientes y útiles de
escritorio para la ejecución material de la falsificación.
Mientras Absalón Vásquez y compañía perseguían una
finalidad política y electoral, las personas que fueron contratadas para la
ejecución de la falsificación procedieron en razón del provecho económico y no
por interés político o electoral alguno.
La investigación que
la doctora Trabucco no realiza
La investigación de los delitos es una de las
funciones más importantes asignadas constitucional y legalmente al Ministerio
Público. Por lo mismo, ante la noticia de un crimen que puede ser comunicado
por cualquier medio, el Ministerio Público debe desplegar un conjunto de
acciones encaminadas a sostener una hipótesis sobre la realidad material de los
hechos y sobre la participación de sus autores.
Así, en el caso que comentamos, para ser realmente
tal, una investigación fiscal tiene que partir por establecer la falsedad de
las firmas a través de la exhibición y reconocimiento de la lista de
adherentes, así como de la actuación de las correspondientes pericias de
grafotecnia; para, después
–y sólo después–, examinar a los testigos y presuntos responsables y determinar
su grado de participación, así como su eventual culpabilidad. Ése es el orden,
la lógica secuencia de una correcta investigación. No otra. Lo demás,
repetimos, es artificio y truco.
La doctora Trabucco, siguiendo una pauta política
encaminada al encubrimiento y la impunidad de los dirigentes fujimoristas, se
mueve dentro de un círculo vicioso e intenta hacernos caer en él. Obvia la
exhibición, el reconocimiento y las pericias (solicitadas "n" veces
por IDL) que corroborarían el crimen denunciado, y nos invita a un desfile de
declaraciones que finalmente se confrontarían entre ellas y diluirían las responsabilidades
en la nada.
De otro lado, una verdadera investigación de los
hechos implicaría también la necesaria y prudente publicidad de los datos y
firmas falsificadas y, en general, de las diligencias programadas y actuadas en
el curso de la averiguación fiscal. Es más: estamos convencidos de que el
propio carácter masivo de la falsificación realizada exige "airear"
la información disponible y ventilar ante la sociedad la labor concreta del
Ministerio Público.
En IDL cuestionamos la supuesta reserva de toda
investigación fiscal. No creemos en ella. Tampoco encontramos base legal para
que sea invocada. Ahora bien: de ser una característica de la averiguación
fiscal, sostendríamos que tal reserva estaría en función de los fines
perseguidos por el Ministerio Público y que, en este caso concreto, ellos sólo
podrían alcanzarse con la publicidad de los datos y firmas falsificadas.
Para cumplir a pie juntillas el libreto que le han
escrito, la doctora Trabucco invoca esa supuesta reserva de la investigación y aplica
en la práctica el secreto total, aun para nosotros, los abogados, de los
testigos. Claro que no nos podemos quejar de trato discriminatorio. Es el mismo
artificio, el viejo truco, que utiliza en cuanta averiguación ad hoc le es
encomendada.
Investigación
real, garantía de legitimidad electoral
Requerimos de una investigación seria, diligente y
pública de la Fiscalía en el tema de la falsificación masiva de firmas. Ella es
necesaria para reunir los elementos probatorios del delito, esclarecer la verdad,
determinar la probable responsabilidad de los autores y someterlos a proceso
penal; de esta forma, además, no sólo se combatiría la impunidad, sino que se
pondría freno a una eventual denuncia en contra de los testigos de la
falsificación.
Pero también requerimos de esa investigación para
recuperar en algo la falta de legitimidad que tanto ha dañado el proceso
electoral en curso. Es más: todos debemos entender que el esclarecimiento de
estos hechos es una de las condiciones indispensables por resolver antes de la
segunda vuelta. (Robert Meza Rivera y
Ronald Gamarra Herrera, abogados IDL)
La doctora Colán ya archivó el caso
La Resolución N° 243-2000 de la Comisión Ejecutiva
del Ministerio Público, de hace algunos días, ha señalado "la complejidad
de la investigación" llevada a cabo por la doctora Trabucco, ha advertido
que la denuncia se funda tan sólo en declaraciones testimoniales y ha indicado
que la falsificación de un millón de firmas no es verosímil ni le puede constar
a tales testigos.
En IDL creemos que la declaración
de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público está fuera de lugar, pues
cuestiona a priori la veracidad
de los hechos y las versiones de los testigos. En todo caso, descubre el
verdadero papel de la doctora Colán y sus acompañantes: ellos ya han
"investigado" el hecho y llegado a una conclusión de exculpación
masiva de los dirigentes fujimoristas, que en su momento aparecerá como
decisión de la doctora Trabucco.