Le toca a la sociedad civil

En esta edición, ideele comienza una serie de reflexiones sobre distintos aspectos de las transiciones democráticas con el fin de alimentar la lucha por la democracia en el Perú. Empezamos con el tema del papel de la sociedad civil en tales procesos. ¿Cómo han sido las diferentes experiencias exitosas de participación de la sociedad civil en el fin de los regímenes autoritarios y el inicio de períodos democráticos? ¿Qué lecciones puede sacar el país y qué puede cosechar de su propia historia?

Para responder a estas preguntas hemos invitado a Patricia Valdez, que escribe sobre la experiencia sudafricana, y Nelson Manrique, que se sumerge en la propia historia del Perú. También conversamos con Manuel Antonio Garretón sobre América del Sur, y Nikolaus Werz, sobre Europa del Este, en particular Alemania.

 

Patricia Valdez

De nostalgias, recuperación de experiencias y nuevos desafíos

 

Pasaron ya seis años desde el día en que Nelson Mandela obtuvo la victoria en las elecciones que acabaron con el régimen del apartheid. La mística y el entusiasmo de la primera hora están disminuyendo. Y a ese mismo ritmo aumenta el desafío por encontrar formas de superar el legado de la segregación colonial y sus persistentes manifestaciones en una sociedad atravesada por escisiones y estratificaciones marcadas a través de las razas, las clases, las etnias y el género.

La herencia de un sistema cruel, que preparó la segregación en todos los aspectos de la vida de manera obsesiva y meticulosa, tiene aún hoy múltiples expresiones que no pueden dejarse de lado en el análisis de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Se trata de una herencia compacta que no retrocede y que aún produce una conducta estatal que tiene dificultades para escapar de la preocupación por el bienestar de los blancos y quebrar, a través de gestos concretos, la indiferencia secular por la deprivación de la población negra.

Los sectores más dinámicos de la sociedad civil en Sudáfrica –nucleados en asociaciones voluntarias y comunitarias o en organizaciones no gubernamentales– han tenido ya la oportunidad de interactuar con el "nuevo Estado". A través de la nueva Constitución votada en 1996, se instauraron mecanismos de participación ciudadana y se pusieron luego en marcha los gobiernos provinciales y locales. El compromiso constitucional no sólo ofrece a los sudafricanos una forma democrática y abierta de gobierno, sino que los convoca a acceder y participar en el ejercicio del poder para labrar su destino. Democracia representativa y participativa que les ofrece a los ciudadanos la posibilidad de involucrarse en los procesos de elaboración de las leyes y en la toma de decisiones en los distintos niveles de gobierno.

En este marco se diseñaron planes ambiciosos de desarrollo y reconstrucción en el nivel nacional y se lanzaron proyectos focalizados en las comunidades para revertir la situación de pobreza. Todos estos esfuerzos están destinados a garantizar el acceso a bienes básicos como tierra, agua, salud y educación a los sectores postergados.

Pero la falta de experiencia y de entrenamiento para el funcionamiento de gobiernos locales democráticos; el déficit en el manejo de herramientas básicas de la gestión pública; la dificultad para implementar de manera sistemática los mecanismos participativos y de consulta (audiencias públicas, por ejemplo); el desconocimiento del papel de los consejos y los alcaldes, así como la falta de capacitación para el manejo financiero, complicaron el desarrollo de esos planes y retrasaron así la llegada de los beneficios a la población².

A ello se sumaron los casos de mal uso de los recursos, los obstáculos encontrados para realizar un control del uso transparente de los fondos públicos e incluso los problemas y la lentitud para ejecutar el gasto en las zonas rurales o más pobres (que en una agresiva política de acción afirmativa ha multiplicado la inversión estatal). Y estos elementos configuran un panorama que merece la atención de las organizaciones de la sociedad civil y de los sectores más comprometidos del gobierno que trabajan para que la situación cambie.

Al momento de plantear cuál es el papel que le toca cumplir hoy a la sociedad civil
–cuando el escenario es absolutamente distinto de aquel inmediatamente previo a la transición–, el pensamiento de los activistas y los análisis de los investigadores tienden a concentrarse en la nostalgia por las formas de lucha de los años 80. Este tipo de visión impide –en opinión de los observadores– un análisis más preciso y el planteamiento de estrategias apropiadas para re-posicionar a la sociedad civil en el lugar desde el cual debiera hoy situarse para ser eficaz en su relación con el Estado³.

En los últimos meses, sin embargo, el debate en Sudáfrica está focalizando su atención en los estilos de lucha durante la década de los 70. Y esta perspectiva podría resultar más positiva para contribuir a una reflexión sobre la situación actual.

En esos años, el Black Consciousness Movement⁴ había instalado un modo distinto de situarse frente al colonialismo de la segregación: una ideología poderosa y una práctica en consecuencia, derivadas de la combinación del factor racial y la conciencia de que la gente de color debía ayudarse a sí misma sin esperar ni contar con el apoyo de nadie de fuera. La expresión cargada de sentido: "Black man, you are on your own"⁵, constituyó un lema expresado a través de múltiples formas artísticas y del hecho simple pero cargado de significado y fortaleza de convocar a la gente de color a agruparse entre sí.

En la prédica de la "confianza en sí mismo o la autoconfianza", el aliento a "pararse sin ayuda", se reconoce el papel relevante jugado por las principales iglesias cristianas tanto con iniciativas concretas desplegadas o apoyadas en el ámbito interno, como por el uso de las relaciones con sus aliados o contrapartes externas que, como es sabido, tuvieron –al igual que la comunidad internacional– una porción del mérito de contribuir al desgaste y posterior caída del régimen del apartheid.

La toma de conciencia de esos años generó no sólo un fuerte sentimiento de identidad, sino que fue acumulando una enorme energía que necesitaba una expresión más amplia y abarcadora. Ese potencial dio lugar al surgimiento de miles de organizaciones de base comunitaria y organizaciones no gubernamentales durante los años 80 que, articuladas con otras, produjeron el desmoronamiento del apartheid⁶.

Se trataba de organizaciones de masas de estudiantes, mujeres y pobladores de los suburbios que se organizaban para alcanzar objetivos políticos. Estaban acompañadas por organizaciones que proveían servicios (instalando bibliotecas, publicando boletines y periódicos, brindando asistencia legal, social y de salud a los individuos y a esas organizaciones de masas). La precisa intuición política de este movimiento liberador supo articular la acción de esas organizaciones con las luchas de la clase trabajadora en un contexto de presión internacional creciente para lograr arrinconar y empujar al Estado a salir de los townships⁷. La presencia del Estado en los suburbios se restringió, a partir de entonces, al ejercicio liso y llano de la violencia y el terror, lo que, como es obvio, erosionó su ya escasa credibilidad. La sociedad ejercitó durante ese tiempo una práctica basada en la desobediencia civil, la insubordinación, la desconfianza hacia el gobierno, el no pago de impuestos y, frecuentemente, el uso de la violencia⁸.

Ahora bien: la situación creada a partir de las amplias movilizaciones populares y de la extensión inusitada de la violencia que precedieron a la caída del régimen del apartheid, dio pie para que entraran en la escena instituciones que, como IDASA⁹, cumplieron, junto a las iglesias, un papel central en la construcción meticulosa de la transición. Ellas se dedicaron a posibilitar y crear espacios para el diálogo entre los ciudadanos y los partidos políticos, promovieron la celebración de acuerdos y contribuyeron a la búsqueda de una salida negociada que permitiera la paz.

Así, la sociedad sudafricana y sus sectores más activos cumplieron otras funciones durante la negociación y el período fundante de la campaña electoral y las elecciones de 1994. Durante ese tiempo, una opción fue incorporarse a los partidos políticos trabajando en la campaña electoral, alimentando la negociación con ideas y propuestas, formando "gabinetes en las sombras" y trabajando para diseñar programas específicos. Pero también se desarrolló con fuerza la opción de construir un espacio no partidario para fortalecer el proceso desde otro lugar: brindando herramientas y servicios de negociación, monitoreo y seguimiento del propio proceso; o implementando programas amplios de formación cívica y educación ciudadana para participar en las elecciones.

Inmediatamente después del triunfo de Nelson Mandela, las organizaciones sociales se ubicaron de manera rápida en otra frecuencia. Se trataba entonces de usar los recursos estatales para intentar modificar la secular situación de postración y exclusión de las mayorías de color. Pero los planes y programas sociales de variado tipo, los esfuerzos por descentralizar los recursos, y las formas de acción afirmativa que se crearon para oficiar de contrapeso y revertir la desigualdad, chocaron con dificultades variadas, pero sobre todo con aquéllas surgidas de la ausencia de herramientas para la gestión pública eficaz¹⁰.

En el marco de la situación post-electoral y de la llamada etapa de "preconsolidación" democrática, las organizaciones en Sudáfrica enfrentan también otros desafíos. Personas que desde allí cumplieron papeles claves para imprimir dinámica a la sociedad civil han sido "absorbidas" por el Estado. Muchas organizaciones no gubernamentales utilizan los canales estatales o el financiamiento de entidades públicas para canalizar servicios hacia los sectores más pobres. Pero entonces la naturaleza de la relación cambia, y en oportunidades las ONG son tratadas como "proveedores" del Estado.

En los hechos, este cambio en las reglas de juego ha convertido a muchas organizaciones que desempeñaron funciones relevantes al momento de la transición y la naciente democracia, en virtuales instituciones de consultoría que entonces compiten con el sector privado en la provisión de servicios. Adicionalmente, al establecer el gobierno que el gasto educativo debe destinarse prioritariamente a la enseñanza primaria y secundaria, las universidades han visto disminuidos sus recursos financieros. Y entonces ellas vuelven su mirada hacia los recursos de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, que ahora también pueden ser consideradas como potenciales clientes.

Como en otros contextos nacionales, las fronteras en las que se mueven los actores sociales y políticos son movedizas. Pocos desempeñan su papel del mismo modo en que lo hacían cuando aparecieron en escena, y a veces tampoco desde el mismo lugar.

En el caso específico de Sudáfrica, "habiendo empujado al estado del apartheid afuera de los townships, el gobierno democrático de 1994 tiene ahora que poner al estado nuevamente dentro"¹¹. Y para lograrlo necesita generar confianza en un gobierno que no sólo sea democrático, participativo y cercano o amable con los ciudadanos, sino en aquel al que aludía el presidente Mandela cuando urgió a proveer servicios en buen tiempo, de calidad adecuada y en el lugar correcto¹².

Patricia Valdes es politicóloga argentina y activista por los derechos humanos.

1  Agradezco la información proporcionada por mis colegas y amigos Paul Graham, director ejecutivo de IDASA (Institute for Democracy in South Africa) y Wilmot James, decano de Humanidades de la Cape Town University.

2  Esto es una herencia directa del apartheid que diseñó una burocracia ad hoc a un Estado para pocos y, por lo tanto, no contempló nunca la posibilidad de entrenar e incorporar a la gestión pública a personas de color.

3  Paul Graham, comunicación personal.

4  "Movimiento por la Conciencia Negra", uno de cuyos líderes y héroes más destacados fue Steve Biko.

5  "Hombre negro, dependes de ti mismo".

6  La descripción de lo ocurrido durante los años 80 está basada en el draft-paper de Wilmot James titulado "A ‘Civil Society’ in South Africa: Problems and Prospects", en preparación a la Conferencia "The African Renaissance: Opportunities and Implications for the U.S. and the World". Washington D.C., abril de 1998.

7  Palabra con que se nombra a las áreas urbanas habitadas por ciudadanos "no blancos" en Sudáfrica.

8  Wilmot James señala que estos rasgos de la cultura cívica practicada entonces, adaptada a la lucha para empujar al estado segregacionista fuera de la vida de la sociedad civil negra, se demostró luego como un terreno poco propicio para edificar una cultura de deberes cívicos, responsabilidad y comportamiento democrático.

9  Institute for Democracy in South Africa, creado en 1987 y hoy una de las más grandes e influyentes organizaciones no gubernamentales de Sudáfrica.

10        Lo que naturalmente nos lleva a reflexionar sobre el modo de superar las barreras deliberadas que años de exclusión impusieron a la población de color que hoy ocupa los puestos ejecutivos y/o legislativos en distintos niveles del gobierno.

11        Wilmot James, ob. cit.

12        Nelson Mandela en su discurso al Parlamento a propósito de la aprobación del presupuesto de 1998. Citado por W. James, ob. cit.

 

Manuel Antonio Garretón

La sociedad civil, sola, no puede traer abajo
las dictaduras

 

Desde el punto de vista de los procesos de cambio de los regímenes autoritarios, es posible distinguir por lo menos cuatro grandes momentos de presencia de la sociedad civil en los procesos de transición democrática.

Antes del inicio de la transición, cuando los regímenes militares o autoritarios están fuertes, la sociedad civil se encuentra prácticamente desarticulada y ausente del espacio público, debido sobre todo al carácter represivo del régimen y al reflujo –y traumatización, en algunos casos– de las clases medias, muchas de las cuales han visto en el golpe autoritario un retorno a la tranquilidad, la estabilidad y defensa de las conquistas que habían logrado en el período nacional popular. Es el momento del repliegue, la despolitización y el abandono de toda vida pública.

El segundo momento, que es, propiamente, el de inicio de la transición, aparece cuando se produce la ruptura de ese repliegue. Se trata de un momento más social que político, y tiene que ver con el surgimiento de la protesta y crítica de diversos sectores contra la represión o contra las formas más brutales de la transformación económica que han emprendido los autoritarismos. No se trata de una protesta contra la dictadura en sí, sino contra algunas de sus medidas y reformas que afectan determinadas conquistas alcanzadas por tales sectores y que es conducida básicamente por actores clásicos, como los sindicatos. Recordemos que, por lo general, los regímenes autoritarios coinciden con procesos de cambio económico destinados a transformar un modelo de desarrollo de industrialización sustitutiva de importaciones en modelos de tipo neoliberal con predominio de las fuerzas transnacionales de mercado. Y es precisamente en esos momentos que los autoritarismos tratan de desarticular e impedir la política.

Ocurre entonces que, paulatinamente, los diversos sectores que habían sido protagonistas durante los regímenes populistas o democráticos, según antecedan a la dictadura o al autoritarismo, empiezan a desarrollar formas de movilización social. Al mismo tiempo aparece también un momento cultural, en el que los intelectuales y los artistas empiezan a orientar sus obras hacia temas de derechos humanos u otros con contenidos de algún modo políticos con el fin de deslegitimar a la dictadura. En Brasil, por ejemplo, aparecieron movimientos de artistas, de "favelados", negros, homosexuales, movimientos urbanos, entre otros. En Chile surgieron en ese momento los movimientos de género, por los derechos humanos, ecológicos, los cantantes, recitales y hasta novelas. Es decir, aparece una diversidad de expresiones sociales y culturales que crean un clima que va unificando poco a poco las distintas oposiciones, las diversas formas de rechazo de la sociedad civil de las reformas y medidas del régimen, y los va encaminando hacia un gran movimiento democrático de derechos humanos, social y cultural. Las distintas protestas se van tiñendo de un componente de demanda democrática y el "Y va a caer" empieza a ser agitado como consigna en las calles.

Este momento está marcado por el problema de la relación entre lo social y lo político. Por un lado, el tema es cómo se logra la unificación de las distintas demandas de sectores muy heterogéneos para que, sin terminar con su reivindicación precisa, se orienten hacia el fin de la dictadura o la búsqueda de cualquier otra fórmula (elecciones libres, plebiscito, referéndum, etcétera) que apunte a lo mismo. Así, con una sociedad civil activada, que realiza protestas y movilizaciones, está, por otro lado, el tema de que se tiene también un actor político que ha sido normalmente muy reprimido en algunos países, o en otros, como puede haber sido el caso peruano, más que reprimido, desarticulado y pulverizado. El asunto se puede sintetizar de las siguiente manera: cómo hacer para que el "Y va a caer" que se empieza a gritar en las manifestaciones se unifique en torno a lo político y cómo reconstituir un aparato político, un sistema partidario que pueda politizar las demandas de la sociedad civil y orientarlas a la meta del fin de la dictadura.

Se entra a un terreno complejo, puesto que desde la sociedad civil se expresa en general, en todo este momento, una desconfianza hacia los partidos políticos, entre otras cosas porque se piensa que han sido ellos los que han provocado la crisis que llevó al autoritarismo. El desprestigio de los partidos existe y conspira contra su capacidad de convocatoria. A la vez, en este momento los partidos están normalmente debilitados y dispersos y no logran una acción unificada que les haga recuperar presencia y confianza de la sociedad civil. Y además, es el momento en que el liderazgo político se torna indispensable, porque si éste no existe se puede tener una sociedad civil casi viviendo una experiencia de democracia ella misma, pero con un régimen político autoritario. Es decir, una escisión total entre lo social y lo político.

Por eso, en este segundo momento empieza a jugarse, en general, la revaloración de lo político y, en particular, la reorganización de un sistema de partidos. Éstos, a su vez, tienen que estar menos preocupados del "cómo me va a ir a mí" según cuál sea el resultado del fin de la dictadura y más preocupados de cómo terminar con la dictadura y reconstruir un gobierno de mayoría. Ese es todo el punto: cómo se construye un gobierno de mayoría a la salida de un gobierno autoritario, y eso no lo puede hacer la sociedad civil. Ésa es labor de los partidos políticos.

Eso nos lleva al tercer momento, que es el de la doble subordinación: la de los partidos políticos a la dinámica de la sociedad civil, es decir, entender cuáles son las demandas y las reivindicaciones para unificarlas; y la subordinación de la sociedad civil a los partidos políticos, porque si no con quién negocia la dictadura, puesto que no estamos hablando de derrocamiento. Hay que tener claridad en que, salvo las dictaduras tradicionales, unipersonales, patrimoniales, a lo Somoza o Trujillo, no hay fórmulas de derrocamiento o insurrección para aquellas dictaduras o autoritarismos, sean éstas de las Fuerzas Armadas o muy apoyadas por ellas. Ello, obviamente, hace muy difícil enfrentarlas en el terreno militar, y en los últimos tiempos todas las oposiciones armadas a las dictaduras fracasaron. No hay caída de las dictaduras o de los autoritarismos de América Latina.

Por ello, la relación partido-sociedad civil es fundamental. A las dictaduras no las botan las sociedades civiles solas; tampoco las cúpulas políticas solas. Las dictaduras no se botan, no se derrocan, por decirlo así: salen a partir de movilizaciones de la sociedad civil, negociaciones entre la clase política representativa de esa sociedad civil y la dictadura, y muchas veces mediaciones de otras instancias: a veces la Iglesia católica, el Rey –como en España–, la presencia extranjera, como el grupo Contadora en Centroamérica, e incluso, nos guste o no, la intervención estadounidense.

El tercer momento es entonces el del predominio de las soluciones políticas en torno a las cuales hay que movilizar una sociedad civil que a veces ha dejado de creer en la sociedad política. Por ejemplo en Chile, cuando la oposición decide ir al plebiscito después de haber dicho durante 10 años que cualquier plebiscito que hiciese Pinochet era un fraude, la propia Iglesia católica se puso a la izquierda y las organizaciones sociales sintieron que todo el proceso de movilización que se había acumulado iba a ser jugado a los dados en un plebiscito fraudulento. La tarea de la oposición política chilena fue, primero, ponerse de acuerdo en ir al plebiscito sin exigir ponerse de acuerdo primero en un programa de transformaciones post-autoritario y democrático; sin discutir demasiado quién fue el culpable de la crisis que llevó al autoritarismo, porque con eso se iban a dividir de nuevo; y sin poner como tema principal qué iba a ganar cada uno con la alianza.

Ahí hubo un doble proceso de transformación de la sociedad civil; de algún modo, guste o no guste, de moderar su maximalismo social en términos de sus demandas sectoriales, sabiendo que muchas cosas que se planteaban no se iban a conseguir, y orientar todo eso hacia el maximalismo o radicalismo político: que se vaya el dictador. Pero eso supone una conducción o un liderazgo político. Y no hay otro hasta el día de hoy que no sean los partidos políticos.

¿Qué dice todo lo anterior a la experiencia peruana? Sin ser un experto en el tema, y con todas las mediaciones que implica la distancia, tengo la impresión de que en el caso peruano el problema es que no se ha recompuesto el sistema de partidos. Si, como se dice, la gente no cree en los partidos políticos porque están totalmente desprestigiados, entonces lo más probable es que haya "fujimorazos" durante largo tiempo. Y ello es serio, porque no es posible pensar que la sociedad civil por sí sola va a terminar con la dictadura y gobernar un país, a pesar de su fundamental importancia en América Latina para una serie de temas.

Lo que sí se debe tomar en cuenta es que todas las experiencias de transición muestran que en un primer momento el sistema de partidos estaba disperso y desarticulado. En el caso chileno, por ejemplo, incluso habiendo menos partidos y estando éstos bastante mejor estructurados, fueron desarticulados por la brutal represión de la dictadura. En el caso argentino, la primera expresión del autoritarismo, que es la de López Rega, es de un sector peronista que desde el gobierno combate al otro sector peronista que está en armas; peronistas y radicales fueron enemigos toda la vida, y por eso no lograron constituir un primer gobierno juntos luego de la dictadura, pero sí hacer una oposición en conjunto. En Chile, democratacristianos y socialistas estuvieron a punto de matarse en el 73 y explícita o implícitamente la gran masa, con la excepción importante de dirigentes democratacristianos, apoyó el golpe. La experiencia de dispersión atraviesa prácticamente todos los casos de transición que conocemos, porque es eso lo que buscan las dictaduras. Y la experiencia de la distancia entre la sociedad civil y los partidos políticos también.

Cada país reconstruyó su sistema partidario de acuerdo con su tradición y reconstruyó las relaciones de la sociedad civil con los partidos también de acuerdo con su tradición y con los cambios que se habían producido en esa sociedad civil. En el caso chileno los partidos que ahora gobiernan son los que fueron eliminados por la dictadura. En España fue el Partido Socialista, totalmente transformado, el que gobernó para asegurar la transición. En Brasil se reestructuraron los partidos que existían cuando tenían algún nivel de raigambre. Mi impresión, a la distancia, es que el caso peruano es de una necesidad de refundación de un sistema partidario, y las refundaciones de sistemas partidarios toman tiempo.

Si uno va a las ciencias sociales, el Perú es un caso extraño de cesarismo tocquevillano, es decir, autoritarismo y existencia de una muy rica sociedad civil, de las más ricas de América Latina, pero donde falta absolutamente la estructura de representación o la estructura intermedia de los partidos políticos. Uruguay y Chile tenían mucho partido político y poca sociedad civil. México tenía demasiado Estado y absorbía a la sociedad. Perú es una mezcla de no-Estado, porque es un país con un Estado débil, un gobierno autoritario y una base social muy rica y diversificada y sin conexión entre todos sus componentes, porque falta el componente partidario.

Y si es sabido que todas las transiciones ocurren según la modalidad propia de los países, el Perú va a tener que enfrentar ese talón de Aquiles que es tener un autoritarismo constitucional, de los más difíciles de derrocar, por haberse instalado a partir de una elección, independientemente de los fraudes que haya hecho, y que ésta haya sido reconocida por otros gobiernos, y no tener un sistema de partidos que pueda canalizar, organizar, proyectar una oposición y un cambio en el régimen. El Perú tiene en la actualidad una oposición social aguerrida y una oposición política difusa.

Manuel Antonio Garretón es profesor de Sociología de la Universidad de Chile.

 

Nikolaus Werz

El muro cayó por la movilización pacífica

 

La perestroika y el glasnot (reforma del socialismo y transparencia) que Mijail Gorbachov impulsara en la Unión Soviética son los verdaderos detonantes de una serie de cambios radicales en los países que pertenecían a la esfera de la entonces Unión Soviética. Estos cambios avanzaron con mayor rapidez en algunos países de Europa del Este
–sobre todo Polonia, Hungría y Checoslovaquia, entre otros– en los que después de la Segunda Guerra Mundial se había sentido el socialismo de Estado como una imposición de la Unión Soviética. En estos países la lucha cívica se mezcla con la lucha por la nación; es decir, la lucha por la democracia y la lucha por ser un pueblo forman parte de un solo movimiento.

La perestroika y el glasnot representan no sólo el resquebrajamiento de los regímenes comunistas, sino un verdadero destape para las sociedades de esos países. Por primera vez en todo el tiempo en que estuvieron sometidas a los regímenes autoritarios, y en ciertos aspectos totalitarios, las fuerzas cívicas tienen la posibilidad de articularse, mientras que, paralelamente, las clases políticas dominantes ya no tienen la fuerza de antes. Es decir, mientras los unos van creciendo, los otros van perdiendo poder. En ese proceso, la sociedad civil adquiere su propio terreno.

En la base de todo este fenómeno está también la crisis económica del régimen comunista, y la esperanza de que con la transición a la democracia se pudiera tener también la transformación hacia una economía de mercado que mucha gente pensaba que iba a ser más fácil de lo que realmente era.

En el caso de la ex República Democrática de Alemania las cosas fueron un poco diferentes. Si bien los cambios vienen también impulsados por el glasnot y la perestroika, éstos se producen más tarde que en otros países de Europa del Este. La historia de las sociedades civiles y las organizaciones de la sociedad civil en este país empieza hacia 1989.

El movimiento comienza en las iglesias. La gente se reúne ahí y poco a poco empieza a salir a las plazas y las calles que fueron paulatinamente tomadas en manifestaciones pacíficas; por eso esto es conocido como la "revolución pacífica". Había un sistema autoritario, e incluso totalitario, durante 40 años, y la gente tenía temor, pero rompió con su repliegue.

Hubo mucha creatividad en esas primeras semanas. Las manifestaciones siempre se realizaban el mismo día y tenían el mismo transcurso, y cada semana se iban incrementando. Tenían además cierta liturgia. Es decir, se estableció un ritmo que duró toda esa etapa. Por otro lado, la experiencia de la ex República Democrática de Alemania tenía otra diferencia importante en la organización. En los movimientos sociales no había una organización jerárquica ni un solo líder; eran varios y cambiaban constantemente. De alguna forma, esto era un rechazo al esquema del partido único, socialista, que gobernó la RDA durante 40 años.

Los protagonistas más activos de la protesta venían básicamente de la Iglesia protestante, porque las salas donde se reunía la gente antes de salir a las calles eran de esas iglesias. Luego se sumaron algunos sindicalistas y sobre todo artistas, pintores, cantantes, que fueron configurando todo un movimiento cultural que acompañó al movimiento social. Eso es muy importante en la consolidación del movimiento.

Una de las primeras consignas que se agitó en las manifestaciones era "Nosotros somos el pueblo". El lema era central, porque expresaba la aspiración de los manifestantes de constituirse como ciudadanos en ese acto de protesta. Reclamaban el derecho de ser pueblo al Partido Socialista Unificado que hasta ese entonces, basado en el materialismo histórico y el socialismo interpretado como ciencia, había dicho que ellos tenían el monopolio sobre el pueblo. En ese sentido, fue una revolución pacífica, pero también una revolución de pueblo-ciudadano.

Poco después apareció otra consigna con un contenido político muy preciso y que decía "Policía secreta a la producción". La idea era desmantelar el soporte político principal del viejo sistema. Todo esto se dio antes de la caída del muro, y fue en este período cuando apareció la demanda de democracia y transparencia.

En una segunda fase de las movilizaciones empezó lo que se llamaron entonces las "mesas redondas". El ejemplo venía de Polonia, pero se aceptó y tomó fácilmente en la República Democrática de Alemania a fines de 1989. La idea de las "mesas redondas" era buscar la negociación y una especie de consenso con las fuerzas del antiguo régimen para tratar de evitar que haya un enfrentamiento violento. En tiempos de la guerra fría todo el mundo esperaba que el muro de Berlín iba a caer sólo como resultado de una guerra y, sin embargo, no fue así, porque ese espacio de las "mesas redondas" impidió la confrontación violenta.

El muro cayó el 9 de noviembre de 1989; y con la caída del muro la cantidad de los que participaban en las manifestaciones bajó considerablemente. La protesta civil sólo funciona mientras se tiene el sistema cerrado; una vez que éste se abre, la protesta disminuye. A fines de 1990 aparecen las primeras consignas patrióticas y nacionales que aspiran a la unificación de las dos Alemanias.

Cabe anotar que en un principio el movimiento no fue contra el comunismo. Todos querían reformar el socialismo realmente existente en la ex RDA. A diferencia de Polonia, por ejemplo, donde el nacionalismo tenía una historia mucho más fuerte, en la República Democrática la idea era llegar a una especie de socialismo democrático, creativo, pero sin dejar por completo todos los rasgos del viejo sistema. Esto cambió con la caída del muro de Berlín, y la gente pudo entonces viajar a la República Federal Alemana. En ese proceso nace la aspiración de tener cuanto antes las facilidades de una economía de mercado, y eso en cierta forma cambia todo el ritmo y la dinámica del proceso de movilización y debilita a los movimientos sociales.

A partir de 1990 el caso alemán se vuelve muy específico, porque en marzo, cuando se dan las primeras elecciones, aparecen los partidos de Alemania Occidental, y la revolución pacífica, de un hecho espontáneo y callejero, pasa a una fase de organización. Y aquí hay cierta resistencia de los activistas de la sociedad civil, al punto que algunos renuncian a organizarse como partido o en partidos. No se trata propiamente de una actitud antipolítica, pero sí de una cierta resistencia a los partidos políticos. Se quiere ser un movimiento, tener un discurso sereno, profundo, no gastado por la política.

Pero el mecanismo central estaba puesto en marcha en la Alemania ya reunificada. Por medio de las elecciones se iba a imponer cierta mecánica que iba a llevar a estos movimientos sociales a definirse entre su organización propia o la integración de algunos de sus miembros en los partidos políticos existentes. Algunos de los activistas de la sociedad civil se retiraron a finales de los 90. Hubo lo que en España se ha llamado el desencanto político.

Como resultado de la reunificación de Alemania, ocurrida el 3 de octubre de 1990, al final se tiene un sistema de partidos que se parece bastante al de la antigua República Federal de Alemania: la Democracia Cristiana, en aquel momento dominante y en el gobierno, la socialdemocracia y el Partido Liberal. Los partidos y movimientos que se habían creado, el más exitoso de los cuales fue el Partido Socialdemócrata creado en la República Democrática, junto con pequeños movimientos ecologistas, verdes y de izquierda, no llegaron a alcanzar gran significación electoral. Todos ellos recibieron apenas el 8% en las primeras elecciones.

De la experiencia de la República Democrática de Alemania quisiera destacar, a manera de síntesis, dos aspectos positivos: primero, que fue una revolución pacífica, lo que mucha gente no había esperado. La debilidad era que muchos de los protagonistas de la sociedad civil no querían tomar el poder, porque éste estaba gastado y tenía mala imagen por lo que había hecho el Partido Socialista Unificado. Segundo, la población, al tomar la calle y las salas públicas, no sólo protesta contra algo, sino que se manifiesta a favor de algo. Y en el caso de Alemania esto fue democracia, Estado de derecho, transparencia y, también, un mejor nivel de vida.

Nikolaus Werz es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Rostock, Alemania.

 

Nelson Manrique

Mirando la propia historia

 

Para abordar el tema de la lucha de la sociedad civil por la democracia considero que es necesario partir de la constatación de que la democracia en el Perú tiene raíces muy débiles, mientras que el autoritarismo las tiene fuertes. Para comenzar, la tradición militarista ha pesado mucho sobre el país desde el momento mismo de su constitución como nación y, a juzgar por la atribución que recientemente se han arrogado los altos mandos de las Fuerzas Armadas de proclamar a Alberto Fujimori como "ganador" de las últimas elecciones aun antes de que terminara oficialmente el conteo de los votos, y a pesar de los cuestionamientos que éstas han suscitado, en apariencia las cosas no se van a modificar significativamente en el siglo que comienza.

Seguimos siendo un país en el que los gobiernos civiles son rehenes de los militares, cuando no venden alegremente su independencia si se trata de perpetuarse en el poder. La democracia, en los escasos momentos en que ha existido en el país, ha sido siempre una conquista, precaria y amenazada, y las cosas continuarán así mientras no se logre crear un mínimo de institucionalidad como para que se pueda poner contrapesos al poder en ejercicio. Lo cual supone romper con otra tradición firmemente arraigada en nuestro suelo, que amenaza permanentemente a la democracia: el caudillismo.

Un primer momento relevante en que la participación popular logró conquistar la democracia fue en la coyuntura de las elecciones de 1872. Desde la independencia hasta entonces, todos los presidentes que ocuparon Palacio de Gobierno habían sido militares, y la elección del primer presidente civil, Manuel Pardo –jefe y fundador del significativamente llamado Partido Civil–, provocó un levantamiento militar conducido por los cuatro hermanos Gutiérrez, unos coroneles que, para hacerse con el poder, derrocaron al presidente Manuel Balta y lo pusieron en cautiverio. El levantamiento de los Gutiérrez terminó con el asesinato de Balta, lo que desencadenó un motín popular que impuso un castigo terrible a los golpistas: tres de los hermanos fueron linchados, los cadáveres de dos de ellos terminaron colgados de las torres de la catedral de Lima, y sólo uno logró esconderse y salvarse así de la ira popular.

La democracia se conquistó, en este caso, a través de la acción directa. Sin duda jugó un papel destacado el Partido Civil concertando la respuesta, primero, y trabajando para dar una salida política a la crisis, después, pero nada hubiera sido posible sin la movilización del pueblo para frenar a los golpistas. El telón de fondo de esta dramática crisis política fue el inicio de la Gran Depresión, que se abatió sobre el sistema capitalista en este período y se prolongó hasta el año 1895.

Una segunda coyuntura significativa fue la del alzamiento armado dirigido por Nicolás de Píérola, apoyado por los civilistas y por el Partido Liberal del caudillo huanuqueño Augusto Durand, contra el gobierno del general Andrés Avelino Cáceres en 1895. Este alzamiento puso punto final al segundo militarismo, que sucedió a la derrota en la Guerra con Chile. El segundo militarismo, el de los seguidores del caudillo de la Breña, sólo pudo ser desplazado del poder a través de una sangrienta guerra civil. El triunfo de las fuerzas de Piérola fue significativo no sólo porque puso fin al militarismo cacerista, sino también porque sentó las bases para la centralización estatal y para la constitución del denominado Estado Oligárquico, que mantendría su vigencia hasta el golpe del general Juan Velasco Alvarado.

Una tercera coyuntura importante de lucha antidictatorial es la del levantamiento militar dirigido en 1930 por el coronel Luis M. Sánchez Cerro contra el presidente Leguía. Augusto B. Leguía había ejercido la presidencia durante 11 años, cambiando la Constitución según sus necesidades, amañando elecciones y recurriendo a la alianza con sectores de las Fuerzas Armadas para permanecer en el poder. (¿Suena conocido?)

Sánchez Cerro tenía inicialmente la imagen del caudillo popular, aureolado por su audacia y por haber puesto fin a un régimen corrupto que se había ganado el odio popular. El derrocamiento de Leguía abrió un período de anarquía en el que se sucedieron cinco presidentes en tres años, y culminó con el levantamiento aprista de Trujillo, su represión sangrienta por las fuerzas del gobierno, el ascenso al poder y el asesinato de Sánchez Cerro y la final imposición del general Óscar R. Benavides como presidente, con lo que se inauguró el tercer militarismo. Nuevamente, como sustrato de la crisis política se puede encontrar una grave crisis económica: el crack de 1929, que hundió al sistema capitalista en la peor crisis de su historia.

Una cuarta coyuntura que merece ser destacada se produjo a mediados de la década de los 50. El general Manuel A. Odría, que había llegado al poder a través de un golpe militar contra el presidente José Luis Bustamante y Rivero en octubre de 1948, pretendía realizar unas elecciones amañadas (como las que ejecutó en 1950) para perpetuarse en el poder. En esas circunstancias se produjeron levantamientos populares en ciudades como Arequipa y Huancayo, para oponerse a los intentos reeleccionistas del dictador. Odría tuvo la suficiente inteligencia como para negociar su salida del poder, y eso le permitió retornar en olor de multitud como candidato en las elecciones de 1962, apoyado por los migrantes que construyeron las barriadas en los alrededores de Lima a través de las invasiones de tierras. Así, pudo entrar a cogobernar un año después en lo que se conoció como la "superconvivencia", en alianza con la oligarquía y con el partido al que había reprimido salvajemente cuando ejerció el poder: el APRA.

Finalmente, otra coyuntura que me parece significativa es la de las luchas populares contra la dictadura del general Francisco Morales Bermúdez a fines de la década de los 70. Morales Bermúdez derrocó a Velasco en 1975, inaugurando lo que se conoció como la "segunda fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas", y durante los años siguientes se dedicó, por una parte, a desmontar las reformas realizadas por su predecesor, y, por otra, a reprimir la movilización popular impulsada por un creciente descontento social.

La lucha contra el régimen, al principio de carácter gremial y guiada por demandas de índole económica, devino en una movilización antidictatorial a medida que la crisis económica (iniciada en 1974) arreciaba. El gobierno respondió a las demandas populares con la represión, la imposición del estado de emergencia en todo el país y el toque de queda y el estado de sitio en Lima. Esto no pudo impedir la expansión de una formidable ola de movilizaciones que culminó con el paro nacional de julio de 1977. El paro fue tan contundente que obligó a los militares a anunciar que se preparaban para abandonar el poder, y convocaron para ello a una Asamblea Constituyente. Ésta aprobó la nueva Constitución en 1979, con la que se convocó a las elecciones que devolvieron el poder a los civiles un año después.

Tratemos de sistematizar un poco la información aportada. Algunos elementos que parecen repetirse en los casos que hemos reseñado son, en primer lugar, el intento de gobiernos autoritarios de mantenerse en el poder en contra de la voluntad popular. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas cumplen un papel decisivo en estos intentos. En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, el gran protagonista de estas jornadas es el pueblo, y su arma de lucha fundamental la movilización directa. En cuarto lugar, la resistencia contra la dictadura suele tener un importante motor en el descontento popular provocado por el agravamiento de una crisis económica en despliegue.

Pareciera que la moraleja que se desprende de nuestra historia es que los regímenes autoritarios no suelen dejar el poder por propia voluntad, y finalmente tienen que ser expulsados de él por movimientos que en ocasiones pueden revestir un elevado grado de violencia (casos del linchamiento de los hermanos Gutiérrez; guerra civil entre Piérola y Cáceres; derrocamiento de Leguía por un golpe militar seguido de la detención del dictador, que murió en prisión, saqueos contra las propiedades de sus áulicos, crisis y guerra civil de 1932, asesinato de Sánchez Cerro).

En circunstancias excepcionales es posible encontrar una salida política pacífica allí donde el dictador es capaz de comprender que su tiempo se ha cumplido y que no es posible mantenerse en el poder contra todo un pueblo. Son los casos de la transición propiciada por Manuel A. Odría en 1956 y de la transferencia del poder a los civiles impulsada por el general Francisco Morales Bermúdez en 1980. Cuando esto no sucede, sólo queda el camino de la violencia.

Creo que existen notables paralelos entre estos casos y la situación actual. Me refiero a la voluntad del ingeniero Fujimori de recurrir a cualquier medio para mantenerse en el poder, al involucramiento de sectores de las Fuerzas Armadas como sostenes de este proyecto, al cierre de todos los caminos a una solución política, amenazando con recurrir al uso de la violencia para reprimir el descontento, así como al crecimiento de la protesta popular, alimentado por una crisis económica cuya gravedad apenas empieza a conocerse. Hay un factor adicional que ha jugado un papel importante durante el desenvolvimiento de estas crisis: la emergencia de sectores juveniles que combaten, aprenden de sus acciones, se organizan y proponen luego alternativas políticas para encarar los problemas nacionales.

Sería de desear que exista de parte del régimen la suficiente inteligencia como para sacar las lecciones que se desprenden de la historia. Un espejismo que puede llevar a subestimar lo que está sucediendo es la reticencia de la oposición a recurrir a medidas de fuerza, explicable por el trauma dejado por la violencia política que hemos vivido. Pero en la medida en que los jóvenes se convenzan de que la democracia es simplemente una farsa, el taparrabos de un régimen impresentable, la tentación de recurrir a la fuerza puede ser grande. Ojalá no tengamos que llegar a esos extremos, por el bien del país.