Un año más de la Defensoría del Pueblo

Los nuevos y difíciles retos del Defensor

La Defensoría del Pueblo es una institución cuya fuerza descansa definitivamente en la credibilidad y legitimidad que Jorge Santistevan y su equipo de destacados profesionales le han sabido imprimir y que sin duda contrasta con la falencia que en este rubro muestran hoy nuestras instituciones. Reflejo de ello es el importante protagonismo que le ha tocado desempeñar en el reciente proceso electoral y que su opinión haya sido tan tomada en cuenta por los observadores internacionales. A continuación una reflexión a propósito de los recientes informes defensoriales y la impresión de los representantes del Defensor en Trujillo y Arequipa sobre su gestión.

Paradójicamente, el creciente protagonismo de la Defensoría alerta a los peruanos acerca de que cada día estamos peor y que, entre otras cosas, la institucionalidad democrática está más "desdibujada" y que persisten –pese a invocaciones, exhortaciones y recomendaciones del Defensor– altos índices de lenidad y arbitrariedad en la actuación de muchas autoridades civiles y militares en todos los ámbitos (electoral, judicial, penitenciario, pensionario, entre otros). En ese sentido, el balance del trabajo de la Defensoría sigue siendo sin duda muy positivo, pero así como avanza en legitimidad y credibilidad crecen las expectativas ciudadanas por los resultados concretos que esta institución puede ofrecer, por lo que un gran reto es lograr que las autoridades mejoren su performance en el cumplimiento de las recomendaciones de la Defensoría.

Recomendaciones electorales y nueva consulta popular

Tanto en la primera como en la segunda vuelta la Defensoría tuvo un papel protagónico en la supervisión electoral y en la formulación de recomendaciones para que las elecciones fueran consideradas "libres y competitivas". Como es evidente, dichas condiciones no se cumplieron, y, tal como afirma en su balance de la segunda vuelta, "El saldo neto para las autoridades elegidas en el marco del proceso de elecciones generales... se traduce en un mandato caracterizado por un alto déficit de legitimidad". La Defensoría sostiene que "el acto comicial contó con un solo competidor lo que... permitía conocer por adelantando los resultados electorales" y que, en definitiva, "Para la Defensoría del Pueblo, el 28 de mayo los peruanos y las peruanas asistieron a una votación –no a una elección– cuyos resultados se podían anticipar".

En tal sentido, "la Defensoría del Pueblo ha llegado al convencimiento de que la legitimidad debe ser recuperada a favor del derecho a la participación política de las peruanas y los peruanos por medio del diálogo que conduzca a una forma de consulta popular, debidamente consensuada, bajo nuevas reglas de juego" (las cursivas son nuestras), a tal punto que ha llegado a exhortar a la Misión de la OEA que recientemente visitó el Perú a que "lleve a cabo las gestiones necesarias para encontrar una fórmula debidamente concertada destinada a resolver el déficit de legitimidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 2000, promoviendo la consulta popular que lo subsane y complementando ello, promoviendo las acciones necesarias para restaurar la institucionalidad democrática en el país".

Cuando el problema son los otros

Un reto importante de la labor defensorial es, definitivamente, la fuerte resistencia de las autoridades a cumplir las recomendaciones o exhortaciones de la Defensoría; funcionarios, municipalidades, servicios públicos, oficinas previsionales (ONP), militares, policías, ministros y presidentes del consejo de ministros se han resistido a acatar total o parcialmente las medidas recomendadas por dicha institución.

El último y voluminoso informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República consigna como respuesta frecuente de la administración estatal la "omisión de respuesta" (o sea, la "no-respuesta"); los casos más graves son el impedimento de ingreso a diversos establecimientos penitenciarios del país, la publicidad estatal en programas televisivos que afectan derechos fundamentales de la persona (Laura en América, Magaly TV), la utilización de la publicidad estatal para limitar la libertad de expresión, entre otros. Inclusive, Blanca Nélida Colán no sólo desatendió la exhortación hecha para que el Ministerio Público brinde facilidades al JNE y a la ONPE en la investigación de la falsificación masiva de firmas, sino que declaró "improcedente" tal exhortación a pesar de que fue formulada en pleno ejercicio de las atribuciones del Defensor.

Este grado de incumplimiento estatal es una prueba más de que estamos en un régimen que no respeta el Estado de derecho ni los derechos fundamentales y que, contrariamente a sus intenciones "democratizadoras" difundidas a los cuatro vientos, es probable que siga endureciéndose por el lado autoritario. En ese sentido, un nuevo reto para el Defensor será que sus recomendaciones claves se cumplan. (D.L.)

Defendiendo a las más desposeídas

"Fue operada... en el Centro de Salud de Cajacay. El seguimiento post-operatorio fue realizado por personal técnico (no médico) del Puesto de Salud de Colca, debido a que el personal médico se encontraba de vacaciones. Se le prescribió un medicamento contra el dolor. Falleció el 3 de octubre de 1997... debido a un foco infeccioso que se generalizó, el cual pudo haber sido generado durante la esterilización"¹.

Éste es uno de los casos que la defensora especializada en los derechos de la mujer, Rocío Villanueva, investigó en relación con excesos cometidos en la aplicación del programa gubernamental de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) y que han dejado al descubierto que dicho programa ha estado lejos de ser respetuoso de la integridad física y la libre decisión informada de las mujeres y se ha acercado más a un "festival de ligaduras de trompas"².

La violencia sexual ha sido otra problemática en la que la Defensoría ha cumplido un destacado papel al señalar los diversos problemas que en la práctica judicial enfrentan las víctimas: "la evolución de la legislación sobre delitos sexuales ha sido formalmente favorable para las mujeres... Sin embargo, la aplicación de esas disposiciones no parece resultar necesariamente beneficiosa para las víctimas de los delitos sexuales... Aún es frecuente que los interrogatorios a las víctimas y las resoluciones judiciales detallen el pasado sexual de las agraviadas, como si ése fuera el objeto de la investigación en lugar del delito cometido... Hasta la evaluación médica de las víctimas influye negativamente en la decisión que se tome sobre ellas"³.

1 La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos II. Serie Informes Defensoriales Nº 27. Lima: Defensoría del Pueblo, agosto de 1999, p. 419.

2 Foto de una pancarta aparecida en Yarinacocha (Ucayali) y reproducida en Anticoncepción quirúrgica voluntaria I. Serie Informes Defensoriales Nº 7. Lima: Defensoría del Pueblo, enero de 1998, p. 69.

3 AAVV: Problemas actuales de la administración de justicia en los delitos sexuales. Lima: Defensoría del Pueblo, 2000, pp. 7 y 8.

Tres años después...

Yolanda Falcón

Es el tiempo transcurrido desde que abrió sus puertas, el 30 de julio de 1997, la Representación de la Defensoría del Pueblo con sede en la ciudad de Trujillo, ocasión por demás oportuna para hacer un balance de lo recorrido.

Tratando de resumir en breves líneas lo que sería el balance del trabajo defensorial, empiezo a recordar y traer a la mente cada episodio, cada idea, cada sensación, frente al desafío de desarrollar esta fascinante tarea en un país como el nuestro.

¿Qué hemos hecho y cómo nos sentimos?

Nuestra institución tuvo que enfrentar desde el principio a una sociedad civil trabada en su relación con el Estado y que reclamaba de nosotros capacidad sancionadora. Nuestro instrumento de acción más importante y valioso para el trabajo es la persuasión, y ésta cala hondo en cada conciencia: en la del ciudadano y la ciudadana, en la de funcionarios y funcionarias de la administración; en suma, se introduce en la sociedad civil y, poco a poco, en las oficinas estatales. Ambos requieren más espacios de diálogo, de comunicación, de entendimiento, y allí estuvimos para facilitarlo. Sentimos que estamos al pie de la palabra... al pie de la esperanza (Alejandro Romualdo).

¿Teníamos ya un modo de comunicar estos mensajes a la sociedad?

Todo se fue construyendo día a día. Había que propender al diálogo para resolver los problemas individuales, para tender los puentes de comunicación con la administración pública. Había que tratar de romper la idea de que éramos intrusos vigilantes de sus funciones en la búsqueda de responsables; necesitábamos convencerlos de que somos más bien buscadores de alivios de las dificultades ciudadanas y del mejor funcionamiento de las propias instituciones del Estado. Había que recordar que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado...

El balance de nuestras relaciones con la administración estatal es ahora positivo. Felizmente decrece el retraso en el envío de las respuestas a nuestros requerimientos, y percibimos un mayor interés y disposición para ir tras la resolución de los problemas ciudadanos.

Por fin...

El tiempo ha discurrido inevitable e incontrovertiblemente en paralelo a los acontecimientos de corte cinematográfico basados en guiones kafkianos que están sellando indeleblemente nuestra historia democrática. En medio de todo, estamos convencidos de que los logros son positivos; tenemos la mística necesaria para colaborar en el fortalecimiento de la democracia que permita a los peruanos y peruanas vivir en un país más equitativo, más justo y más bello. Esta idea, rectora de nuestras actividades, nos hace remontar dificultades, superar la incomprensión y también... los exiguos recursos.

Yolanda Falcón es representante del Defensor del Pueblo en Trujillo.

Integración: la mejor defensa

Rolando Luque

Uno descubre en sus recorridos por los pueblos alejados que los habitantes pueden ser diminutos frente al poder, y que así clamen sus voces sonarán siempre remotas. Nos decía Edmundo, en Acarí, que para muchas cosas ellos prefieren "tirar pal’ norte", porque Arequipa está distante. Y en Chivay, Dominga no sabe si hay alguien que pueda frenar a "una autoridad que hace lo que le da su gana". Todos concuerdan en que la falta de vínculos sólidos entre los pueblos coloca a los más pobres y alejados en una situación de mayor vulnerabilidad.

¿A quién recurrir? Cuando no hay respuesta a esta pregunta se tiende a pensar que tal vez las cosas "así nomás pues serán", y que frente a los abusos no queda más que la resignación. Habrá circunstancias especiales en que las comunidades, desbordadas por la rabia, oirán y seguirán a algún caudillo delirante. En ambos casos, es un destino que ningún pueblo merece.

Saben, sin embargo, que a varios kilómetros está la ciudad de Arequipa, donde quizá alguien les haga justicia; pero los caminos son difíciles y no hay plata para el viaje ni seguridad para dejar la tierra. Entonces, con el tiempo sus voces no sólo nos sonarán remotas sino que al final callarán, quedando marginadas de los circuitos de justicia y protección.

La aldea más entumecida del Ande puede ser maravillosamente original pero no insular. Necesitamos, en nuestros incesantes recorridos, identificar los elementos comunes que nos permitan anudar un pueblo con otro, donde el paisaje humano sea el centro de nuestras atenciones. De esta forma se gestarán conexiones reales entre ciudadanos y entre instituciones, y en ese tráfico la integración servirá para controlar el poder y defender mejor los derechos de las personas.

La protección itinerante de derechos que venimos realizando con unidades móviles es un buen sistema. Uno llega a un pueblo, todo oídos, arma una carpa en la plaza más pública, recibe uno a uno a los pobladores, comprende la singularidad de sus tribulaciones, mide el tamaño de su esperanza, ensaya una solución al problema, encara a la autoridad y a menudo logra una solución. Por la noche, reunidas en alguna parroquia, las gentes nos oyen predicar sobre derechos humanos a veces con asombro, a veces con escepticismo y a veces con ánimo de tomar al toro por las astas. Son estos últimos los que se quedan hasta el final para ver la manera de que la cosa no sea flor de un día.

Pero la itinerancia es eso: hoy aquí, mañana allá. Sin embargo, vamos ensayando con las instituciones más acreditadas del lugar y con los ciudadanos serenamente indignados una suerte de alianza de fortalecimiento mutuo. Ellos saben que pueden recibir de nosotros el conocimiento de sus derechos y su defensa, pero saben también que la Defensoría no puede sustituir ni a la administración ni al ciudadano. Los ciudadanos organizados tienen que forzar la máquina del Estado hasta que funcione. Esto no sólo es un derecho sino también un deber. Defiéndete que serás defendido.

El balance de nuestra relación con la administración arroja una cifra en azul. Aunque con uno que otro retraso, las instituciones del Estado han facilitado nuestras investigaciones y mostrado su interés por acompañarnos en la solución de los problemas ciudadanos. Esto nos ha permitido resolver el 88% el último año. Subsiste aún, infortunadamente, un sector de funcionarios y empleados que ha hecho de lo público algo privado, convirtiendo los servicios y sus procedimientos en sospechosamente lentos cuando no caóticos. Entonces orquestan una resistencia a formas de control externas e independientes; cuadro que se agrava con la creencia errónea de que el trabajo defensorial está dirigido principalmente a buscar responsables antes que a aliviar las dificultades ciudadanas y mejorar, en la medida de lo posible, el funcionamiento de las instituciones. O, de otro lado, la equívoca percepción de que si la Defensoría no tiene facultades coercitivas entonces es inocua y no representa peligro alguno.

No obstante estas adversidades, en cierto modo previsibles, son cada vez más los ciudadanos que confían en la Defensoría, y el número de casos ha crecido en 300% respecto al primer año de trabajo. Somos conscientes de que en el mundo de los derechos humanos las grandes batallas son de largo aliento, pero hay que librarlas.

Rolando Luque es representante del Defensor del Pueblo en Arequipa.