LA RESPONSABILIDAD DE LA OEA

No se cansan de repetirnos que recuperar la democracia en el Perú va a ser, finalmente, obra de los propios peruanos o no será. Tienen razón. Pero ello no obvia la importantísima responsabilidad que tiene la OEA, cuya actuación hasta ahora es, por decir lo menos, insuficiente y quizás hasta contraproducente.

Fujimori ha empezado su ilegítimo tercer período. Nada más distante de una fiesta democrática y de un momento de unidad nacional para construir el futuro colectivo. La victoria de la fuerza bruta, de la lógica de los hechos consumados y de la corrupción de las conciencias, augura tiempos muy difíciles. La obsesión por durar nunca construye nada valioso para un país; incuba, sí, violencia, decadencia moral y, usualmente, finales trágicos y traumáticos.

Todas las avenidas institucionales para un cambio pacífico se le cierran en la cara a los peruanos descontentos (¡y vaya que somos una legión!). Si nos asfixiábamos después de diez años de lo mismo, pues nos prometen cinco más (¿sólo cinco?). Si sobrevivió una pequeña esperanza con un Congreso sin mayoría gobiernista que pudiera empezar el retorno a la civilización, pues a salir de compras: ya tienen cerca de 80 y Fujimori ha anunciado sin pudor alguno que su meta son 100. Si el pueblo sale a las calles multitudinariamente a expresar su voz, se fomentan todas las condiciones para la violencia y luego se busca liquidar a los líderes de la resistencia pacífica. ¿No se dan cuenta de que cuando a una olla de presión se le tapan todas las válvulas de escape estalla?

Una de las tantas tragedias de nuestra condición nacional es la de no ser capaces de asimilar las lecciones de las tragedias del pasado. Día a día, y con la misma irresponsabilidad de antes, se alimenta un futuro indeseable para todos. Cuando llegue, los responsables, por acción y por omisión, se mirarán sorprendidos y pretenderán, una vez más, no entender nada.

Sí, nos corresponde a los peruanos encontrar rápido una alternativa cívica, pacífica, convocante y exitosa para volver a la democracia (¡¡¡y YA!!!). Pero este proceso será más largo y costoso si la OEA continúa con su actual timidez, la que no tiene otro resultado que fortalecer a los responsables del problema y alentarlos a cometer nuevos estropicios.

La OEA no es un observador externo y ajeno; tiene, más bien, responsabilidad directa e influencia decisiva en los acontecimientos.

La tiene, en primer lugar, porque este régimen es, en cierta medida, hijo de su total fracaso para enfrentar el golpe de 1992. Quisieron "democratizar" a una dictadura y ya ven lo que ocurrió. Una de las razones por las que quienes nos gobiernan siguen actuando con la impunidad con la que lo hacen –incluso después de Windsor– está relacionada con la amplia experiencia que han acumulado sobre la forma en que la OEA se ha comportado en el pasado.

En segundo lugar, la OEA es directamente responsable de lo que ocurre hoy como consecuencia de la forma en que actuó la Misión de Observación que presidió Eduardo Stein.

Para entender nuestra afirmación hay que situarse a comienzos de año (¡parece un siglo!). Estaban ya en Lima una serie de observadores internacionales no gubernamentales, y sus opiniones frente a lo que ocurría no podían ser más críticas. Se anunció entonces que venía una Misión de la OEA y que la presidía Eduardo Stein, ex canciller de Guatemala.

Un escalofrío nos recorrió la columna vertebral. El gobierno consiguió ya quién lo avale, pensamos muchos. Ya en el pasado la OEA había sido –por decir lo menos– tolerante y de reacción lenta. Los temores aumentaron cuando Bustamante anunció con una reveladora sonrisa que conocía a Stein, que era su amigo y que el gobierno recibía a la Misión con los brazos abiertos. Pero Eduardo Stein actuó como un hombre con principios sólidos (eso desconcierta al fujimorismo: no están acostumbrados a tratar con ese tipo de personas) y empezó a dar cuenta de lo que veía; como sabemos, terminó deslegitimando todo el proceso con sus informes y luego con su retiro del Perú antes del 28 de mayo.

¿No es acaso cierto que Toledo se retiró de la contienda cuando supo que la OEA no avalaba el resultado? ¿No es verdad acaso que lo que correspondía luego del 28 de mayo, como inequívocamente ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eran nuevas elecciones? Si la OEA quería pasar por agua tibia al régimen, ¿por qué mandaron a Eduardo Stein y no a Gross Spiell o Luigi Eunaudi?

Podrán repetirnos hasta el cansancio que la correlación de fuerzas internas en Windsor no daba; que había que ser realistas en cuanto a lo que se podía conseguir; que Brasil y México no querían actuar con firmeza, etcétera, etcétera. Puede ser cierto, pero lo concreto es que en Windsor se le dio oxígeno y tiempo de vida a un régimen que hizo de las elecciones una burla cruel y descarada. Nos dicen que el régimen es ahora muy fuerte para plantearle nuevas elecciones. Pues en junio no lo era. Aislado internacionalmente, con las multitudes en las calles reclamando nuevas elecciones, la aplicación de la Resolución 1080 hubiera muy probablemente resuelto el problema y el Perú estaría hoy en una etapa –siempre difícil, ¿qué no lo es en política?– destinada a crear las condiciones para elecciones de a verdad en unos meses más.

Fujimori y Montesinos leyeron bien la Resolución de la OEA en la que se aprobó la Misión de Alto Nivel (¿o es que ya habían negociado bajo la mesa la interpretación oficial?). Entre tanto nosotros, ingenuos, seguíamos pensando que la OEA todavía seguía en la "línea Stein". No lo estaba.

Los acontecimientos de junio y julio tienen una sola constante: nuevas y mayores evidencias de que este régimen jamás va a cambiar, corriendo en paralelo con un empalidecimiento reiterado de lo que la OEA dice que debe hacer y puede conseguir en el Perú. Una pequeña lista de repente nos refresca la memoria: reconocimiento de Fujimori por las Fuerzas Armadas antes que por el Jurado Nacional de Elecciones; nombramiento unilateral de una Contralora de la República "amiga" por siete años; compra de una mayoría en el Congreso burlando la voluntad popular; uso sistemático de la TV para estrategias psicosociales destinadas a desprestigiar a la oposición; nuevas amenazas a la libertad de prensa y al derecho de reunión; duras campañas de desprestigio contra la Defensoría del Pueblo, única institución no sometida que todavía queda en el Estado (Martha Chávez se frota las manos cuando ve en el calendario abril del 2001). ¿Serían esas las "pruebas de amor" de las que tanto se ha hablado?

Pero habría que agregar una tercera razón para confirmar la responsabilidad que tiene la OEA en el caso peruano. Ésta escapa a nuestras fronteras y tiene una dimensión regional. Para ponerlo en dos palabras, la democracia hace agua en la región andina. Además del Perú, donde ya se hundió, Ecuador está desde hace más de tres años en una crisis política inmanejable, Chávez no es precisamente un paladín de las libertades, y sobre lo que pasa en Colombia sobra redundar. Si bien en comparación América Central está aún a flote, las repercusiones de la crisis andina, sumadas al peso de su historia y a la pobreza crítica y desesperanzada que la asola, pueden ser el preludio de malos tiempos también por allá; habría que preocuparse un poquitín también de Paraguay, y hasta de Bolivia. Es necesario actuar ahora, sin tantos remilgos y con un poco de visión de largo aliento, porque después será –como casi siempre en esta parte del mundo– demasiado tarde. Para entonces ya no habrá OEA que valga.

Todo lo anterior fundamenta nuestra exigencia a la OEA y nuestro escepticismo frente a su esquema de democratización, el que en sus 29 puntos se ocupa de todo, como en botica, con la sola exclusión del problema principal y el origen de su presencia en el Perú; a saber, las elecciones. Peor aún cuando la formulación de algunos de ellos debiera sonrojar a sus autores. Por ejemplo, aquel punto que plantea "estudiar la posibilidad del retorno a la Corte". Que la OEA desconozca (en cualquier acepción de la palabra) la decisión de la Corte señalando que no reconoce el retiro del Perú de su jurisdicción y que, por tanto, no cabe retornar a algo de lo que no se ha salido (menos todavía "estudiar la posibilidad de hacerlo"), es francamente desalentador. Asimismo, el que propongan una "comisión independiente" para el respeto de los derechos humanos es, la verdad, una cachetada inmerecida e innecesaria en el rostro de los organismos independientes de defensa de los derechos humanos en el país y, por si eso no fuera suficiente o no los conmoviera demasiado, un abierto desconocimiento del papel y el trabajo del Defensor del Pueblo.

¿Se acabó la OEA en el Perú? No; todavía puede reandar lo desandado. Es más: muchos de los 29 puntos de la OEA son importantes en sí mismos, son relevantes y su solución sería una gran cosa. Justamente por ello, cualquier persona medianamente informada sabe que este gobierno no los va a poner en práctica de a verdad de ninguna manera. Y si bien es verdad que hay tensión interna en el régimen sobre cómo actuar en este terreno, hay que entender la verdadera naturaleza de lo que discuten. Por un lado están los blandos: "hagamos como que vamos a discutir y hasta que parezca que vamos a cumplir; ganemos tiempo, aprobemos algunas cosas; total, el Congreso y los jueces son nuestros y así nos sacamos de encima este tema". El calendario del gobierno es una pieza maestra de esa estrategia (ver ideele-mail n° 63: "La araña tiene ya su telaraña"). En cambio, los duros dicen: "están locos, colegas blandos; si empezamos a hacer como que concedemos querrán más y más, y nos arruinamos. Y, además, a ese Ivcher le devolvemos su canal de TV sobre nuestro cadáver".

Ante este panorama, ¿qué puede y debe hacer la Misión de Alto Nivel de la OEA? Pues nada del otro mundo: simplemente observar la realidad, decir la verdad y actuar en consecuencia. Por ejemplo:

– Dar cuenta de que el gobierno se ha negado sistemáticamente a realizar los gestos de democratización que ellos le han demandado y que, por el contrario, el clima político en el Perú se deteriora día a día, al punto que se pueden esperar situaciones cualitativamente peores.

– No dejarse engañar por los plazos y los mecanismos planteados. Dos ejemplos extraordinarios: uno, ¡23 meses de una comisión discutiendo "estudiar la posibilidad de retornar a la Corte"!, como si eso no se pudiera hacer en cinco minutos; el otro: patear lo de los magistrados para dentro de un año, cuando ya los actuales no estén en funciones.

– Ir al fondo de los problemas. No aceptar, por ejemplo, presentar como un gran avance hacia la independencia del Poder Judicial el que las comisiones ejecutivas, que de todas maneras iban a terminar en diciembre, terminen en diciembre; tendrían que dejar en claro que se mantiene un esquema de control y manipulación total, con o sin la comisiones (ver más sobre el punto en esta misma edición).

– Por último, y aun a riesgo de que nos acusen de radicales y fantasiosos, por qué no puede la Misión de Alto Nivel de la OEA, dentro de unos meses, cuando lo obvio sea todavía más obvio de lo que ya es hoy, informar a los cancilleres que este gobierno los ha mecido sistemáticamente; que aquí no hay otra forma de avanzar hacia la democracia que no sea la de devolverle a los peruanos su derecho a votar; que Stein tenía razón en su informe y que en el Perú no hubo elecciones legítimas; que la Comisión Interamericana no pudo estar más en lo cierto cuando señaló que, dado que la democracia había sido interrumpida, lo que cabía era aplicar la Resolución 1080.

Déjennos seguir soñando, y asumamos por un minuto que así informarán Gaviria y Axworthy. Los realistas, informados y prácticos de siempre nos dirán que sería perder el tiempo; que un informe así jamás sería aprobado por los cancilleres. Quizás sí, quizás no. Pero aún en ese segundo supuesto, Gaviria y Axworthy –como en su momento Stein– estarían sentando precedentes históricos para una nueva OEA, una de verdad. Si hoy actitudes como las de Eduardo Stein son descalificadas como poco prácticas, algún día, más pronto que tarde, serán un hito a estudiar. En cambio, sobran los informes burocráticos realistas y complacientes; y esos no los releen ni sus autores. (Carlos Basombrío Iglesias)