¿Quién
estuvo detrás de la violencia en la Marcha de los Cuatro Suyos?
Quizás falta todavía mucho por recorrer para conocer
cabalmente todo lo que ocurrió el 28 de julio, pero a estas alturas hay indicios
que muestran que, en el mejor de los casos, hubo negligencia del gobierno –o
algo más que negligencia– para propiciar que la Marcha de los Cuatro Suyos
tuviera el desenlace que tuvo. Aquí un conjunto de preguntas que deben ser
respondidas.
Los días 26 y 27 de julio Lima se vistió de fiesta
democrática. Centenas de miles de peruanos y peruanas de todos los rincones del
Perú se habían congregado en la capital para protestar pacíficamente contra la
asunción del tercer mandato del ingeniero Fujimori. Sus voces, lemas y banderas
inundaron las calles del centro sin que se produjera ningún atisbo de
violencia. ¿Cómo así una gran fiesta democrática pudo derivar en la violencia
del 28 de julio que causó la muerte de seis peruanos inocentes?
Este informe sostiene que tal cosa ocurrió por la
concurrencia de una serie de factores, algunos de los cuales aparecen asociados
a decisiones u omisiones gubernamentales.
Primero, hubo ausencia de voluntad política para
coordinar con los organizadores con el fin de que la Marcha de los Cuatro Suyos
culminase pacíficamente. Segundo, desatados los enfrentamientos del 28 de
julio, la Policía tuvo el control total de la situación durante todo el tiempo
que duró la juramentación de Fujimori. Tercero, la Policía se replegó luego de
finalizada la juramentación, dejando el terreno libre que vándalos infiltrados
aprovecharon para incendiar los locales del JNE y el Banco de la Nación.
Cuarto, la Policía no impuso su autoridad para que los bomberos pudieran actuar
rápidamente y sofocar los incendios. Quinto, hubo presencia visible de vándalos
infiltrados en la marcha, y fueron estos vándalos los que impulsaron los
desmanes. Sexto, el edificio del Banco de la Nación colapsó de manera inusual.
No
hubo voluntad política para asegurar que la marcha fuese pacífica
La mañana del 20 de julio los organizadores de la
Marcha de los Cuatro Suyos enviaron una carta a la Prefectura de Lima dando a
conocer la finalidad y el plan de actividades que iban a seguir los días 26, 27
y 28 de julio. En ella decían que querían expresar su "protesta y rechazo
a la injusta elección y proclamación del Ingeniero Alberto Fujimori para su
tercer período de gobierno". No sólo eso: reafirmaban el carácter pacífico
de su manifestación, que estaba amparada por la Constitución, y pedían
"plena seguridad, protección y garantías" para el ejercicio de sus
derechos ciudadanos. El contenido de la comunicación se hizo público en los
medios. Los organizadores habían cambiado el tono de su convocatoria: del
original "impedir la juramentación de Fujimori" pasaron a
"rechazar la juramentación de Fujimori".
Ante la convocatoria de la Marcha de los Cuatro
Suyos, la Defensoría del Pueblo había empezado a actuar en estricto
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales de velar por el legítimo
ejercicio de los derechos constitucionales en el marco del respeto al orden, la
seguridad y tranquilidad públicas, así como la propiedad pública y privada. No
era raro que ello ocurriera: desde junio de 1998 había venido realizando
labores de acompañamiento y mediación entre manifestantes y funcionarios
encargados del orden público. Hasta ese momento habían intervenido en 40
manifestaciones de diverso tipo y en muchas ocasiones a pedido de las propias
autoridades de la VII Región de la Policía Nacional con sede en Lima.
Apenas conocida la comunicación dirigida por los
organizadores, la Defensoría del Pueblo buscó, a través del prefecto de Lima,
que se produzca un diálogo directo entre la Policía Nacional y los
organizadores de la marcha con el fin de coordinar para que la actividad se
desenvolviese en un clima de orden y tranquilidad. En forma absolutamente
inusual, el prefecto no contestó las comunicaciones de la Defensoría, y cuando
lo hizo finalmente, cuatro días después, señaló que no podía propiciar dicha
reunión porque el procedimiento que le permitía hacer eso estaba señalado en
las disposiciones reglamentarias que la Resolución Defensorial del 19 de julio
del 2000 cuestionaba.
Era, sin duda, un pretexto de la autoridad política,
porque la Defensoría del Pueblo carece de facultades constitucionales para
derogar normas de cualquier tipo. Más aún: el procedimiento de convocar a los
manifestantes y a la Policía Nacional para asegurar el ejercicio pacífico del
derecho a reunión y otros derechos ciudadanos no era precisamente el que había
sido cuestionado por la mencionada resolución.
El martes 25 de julio los organizadores de la marcha
volvieron a dirigirse a la Prefectura solicitando una cita "con la
finalidad de aunar esfuerzos a fin de que la seguridad, protección y garantía
de los miles de peruanos que van a asistir... (a la marcha) esté garantizada...
nuestra Marcha es pacífica y no quisiéramos que por una falta de coordinación
vuelvan a ocurrir las escenas de violencia que la Policía provocó con motivo de
la anterior visita de la delegación de la OEA...". Los organizadores no
tuvieron respuesta a su carta. La Defensoría del Pueblo tampoco recibió
respuesta a la comunicación escrita que había enviado al ministro del Interior
y al director general de la Policía Nacional. El prefecto de Lima respondió a
la Defensoría repitiendo el falaz argumento de que la resolución defensorial le
impedía aplicar el procedimiento de coordinar con los organizadores y
establecer un acta de compromiso.
Carlos Bruce, uno de los organizadores, ha narrado
que tuvo que ir acompañado con funcionarios de la Defensoría a pararse,
literalmente, en la puerta de la Prefectura hasta que el prefecto pudiera por
fin recibirlo. La reunión tuvo lugar a las 2 de la tarde del 27 de julio, es
decir, en plena realización de la Marcha de los Cuatro Suyos. El prefecto
volvió a decir en esta ocasión que no podía convocar a una reunión entre la
Policía y los organizadores y que "a título personal" les recomendaba
que no hicieran la marcha del 28 de julio, a sabiendas de que ello no iba a ser
aceptado.
La Defensoría del Pueblo insistió para que se hiciera
un último esfuerzo. La reunión tuvo lugar finalmente esa noche, y en ella
estuvieron presentes representantes de la Policía Nacional. Éstos dijeron que
la marcha del 28 de julio era incompatible con el plan de seguridad que habían
adoptado. Los organizadores propusieron entonces sucesivamente hasta tres
alternativas que fueron rechazadas una tras otra. Finalmente, pidieron que
cuando menos se les permitiera marchar, con un cordón policial de protección,
desde el Paseo de la República por el jirón Lampa hasta la avenida Nicolás de
Piérola y de ahí por la avenida Abancay hasta la avenida Grau. La propuesta
sonó razonable y dijeron que la iban a consultar con sus superiores. Media hora
después les dijeron que sus mandos tampoco aceptaban esta última propuesta,
porque resultaba muy peligroso que la marcha pasara frente al Jurado Nacional
de Elecciones, ya que en oportunidades recientes éste había sido objeto de
ataques.
Lo que queda claro en todo esto es que hubo de parte
de los organizadores la manifiesta voluntad y flexibilidad para coordinar con
las autoridades las medidas para asegurar que su marcha sea pacífica y con
respeto al orden y la tranquilidad públicas; en segundo lugar, que la
Defensoría del Pueblo realizó intensas gestiones, al amparo de sus atribuciones
constitucionales, para asegurar que los derechos fundamentales de reunión y
manifestación pacífica de miles de peruanos pudieran ejercerse en un clima de
orden y de respeto a la tranquilidad; en tercer lugar, que, a diferencia de
otras ocasiones, esta vez no hubo de parte de las altas autoridades policiales
ni del Ministerio del Interior voluntad alguna de diálogo con el fin de asegurar
que la marcha del 28 de julio se desenvolviese en un marco pacífico y de orden.
La
Policía Nacional sí tenía capacidad de controlar la situación
La mañana del 28 de julio, la marcha hacia el Palacio
de Gobierno y el Congreso parte del Paseo de la República alrededor de las 8:30
de la mañana y sube por la avenida Lampa. Los cálculos hablan de que había
entre 3 mil y 5 mil manifestantes.
Al llegar a la esquina entre las avenidas Lampa y
Emancipación se produce el primer choque con el grueso cordón policial que se
encontraba a la altura de la avenida Emancipación. Curiosamente, la noche
anterior la Policía había dicho que la manifestación no podía pasar por Nicolás
de Piérola, pero en la mañana había puesto su cordón varias cuadras más atrás.
Las bombas lacrimógenas arrojadas a granel y los
carros rompemanifestaciones detienen la marcha y los manifestantes se dividen
en dos grupos: uno se queda entre la esquina de Lampa y Cusco y el otro regresa
por Lampa hacia Nicolás de Piérola para tratar de avanzar por Abancay. A partir
de entonces los choques se suceden varias veces y ocurren fundamentalmente en
dos espacios: en la avenida Abancay, frente al edificio del ex Ministerio de
Educación, y en la Plaza San Martín.
La policía antimotines, perfectamente equipada con
bombas lacrimógenas, máscaras antigases, escudos y carros rompemanifestaciones
reprime fuertemente a los participantes de la marcha y controla cualquier
intento de éstos por avanzar hacia su objetivo. Además, un helicóptero de la
Policía Nacional sobrevuela el área monitoreando el movimiento policial desde
el aire. Testimonios diversos señalan cómo se llega a disparar directamente al
cuerpo de los manifestantes, causando varios heridos. Los cuadros de asfixia
también van en aumento.
Durante alrededor de tres horas, que es todo el
tiempo que dura la ceremonia de juramentación de Fujimori, el cordón policial
es férreo e impide cualquier acceso a Lima cuadrada. En ese lapso de tiempo, la
Policía Nacional demostró que era perfectamente capaz de controlar a los
manifestantes sin ningún problema. Más aún: ante la fuerte represión policial
se hacía visible una disminución en el número de manifestantes, muchos de los
cuales se dispersaban o regresaban hacia el Paseo de la República, punto de
partida de la marcha.
¿Cómo así, entonces, una policía que es capaz de
mantener el control férreo de los manifestantes antes de la juramentación de
Fujimori puede perderlo súbitamente una vez que ésta se ha producido? Sea cual
fuere la razón, eso ya es una falla u omisión importante.
Hubo
presencia de vándalos infiltrados
Los incidentes más serios ocurridos el 28 de julio se
producen casi inmediatamente después de la juramentación de Fujimori, entre
ellos el incendio del Jurado Nacional de Elecciones y del Banco de la Nación, o
el ataque contra los bomberos. En todos estos hechos, según testimonios de
periodistas, observadores de la Defensoría y la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos, víctimas, bomberos, entre otros, se observa la presencia de
"gente extraña a la marcha", con apariencia de delincuentes.
Alrededor de las 11 de la mañana, uno de estos
grupos, infiltrado entre los manifestantes que se encontraban en la esquina de
las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, ataca el local del ex Ministerio de
Educación destruyendo los vidrios de la puerta lateral izquierda. Un
comisionado de la Defensoría del Pueblo los describe como "Manifestantes
sin camiseta, con trapos amarrados en la cabeza y armados de palos y piedras".
Esta situación es aprovechada por otros sujetos que ingresan al local, le
prenden fuego y empiezan a saquearlo. El
Comercio narró este hecho así: "Mientras tanto, en el edificio el
fuego era avivado con combustible que en botellas llevaba un grupo de jóvenes que,
por su aspecto, parecían más bien delincuentes. Por su apariencia y proceder
diferían completamente de quienes hasta entonces habían acompañado la
marcha" (El Comercio, 29
de julio del 2000).
Los bomberos llegan diez minutos después, pero no
pueden actuar porque uno de esos grupos se lo impide. La presencia de este tipo
de personas se aprecia también en otros lugares. Alrededor de las 10 de la
mañana, un comisionado de la Defensoría del Pueblo señala que en la Plaza San
Martín hay mucha gente "lumpen", que incluso llega a destrozar la
caseta de la Municipalidad de Lima alrededor de las 10:15 de la mañana. En el
ataque al Palacio de Justicia también se aprecia la presencia de este tipo de
gente. Un observador de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos corroboró
que quienes atacaban dicho local "Son jóvenes, parecen pandilleros, gente
de las barras bravas".
Se está rastreando varias fuentes que hablan sobre
una supuesta contratación de pandilleros en algunos distritos populares, con el
presunto fin de infiltrar la Marcha de los Cuatro Suyos. Éstos habrían estado
presentes sobre todo el 28 de julio. En el país ya existen antecedentes del uso
de delincuentes para atacar a opositores políticos. Durante la campaña
electoral, los candidatos Andrade y Castañeda fueron agredidos varias veces en
sus mítines por gente de ese tipo. ¿Qué razón habría para no pensar que esta
vez también se ha usado "lumpen" con el fin de provocar violencia y
desprestigiar un acto que afectaba políticamente al gobierno? Por lo demás, ¿no
es cierto acaso que los manifestantes detectaron casos de presuntos agentes del
SIN infiltrados entre ellos y participando activamente de la marcha?
La Policía se replegó
y dejó libre el terreno a los vándalos
Como dijimos anteriormente, la mayor parte de los
desmanes tienen lugar luego de que culminara la juramentación del ingeniero
Fujimori, alrededor de las 11:45 de la mañana. Antes de ello, un grupo de
congresistas de la oposición se había retirado del hemiciclo como protesta y
había salido hacia la avenida Abancay para sumarse a los manifestantes. Por su
parte, Alejandro Toledo se había hecho presente hacia las 11:00 de la mañana
por el Paseo de la República y a la cabeza de un grupo de manifestantes
pretendía avanzar por la avenida Lampa. La presencia de Toledo y los
congresistas opositores activó una nueva oleada represiva contra los
manifestantes que se encontraban a la altura del ex Ministerio de Educación,
Lampa y calles aledañas.
El cordón policial avanzó y tomó el control absoluto
de la avenida Nicolás de Piérola entre el Parque Universitario y la Plaza San
Martín, en el área donde se encuentran el Banco de la Nación y el JNE. Un
testigo de excepción, el vigilante Sabino Bautista Soto, que junto con sus
compañeros observaba los hechos desde la terraza del Banco de la Nación, narra
así lo ocurrido:
"Ya estaba controlado todo. La Policía avanzaba
y botaba a todos. Inclusive, la Policía que prestaba servicio en Emancipación,
llegó a ocupar La Colmena. La turba se encontraba en la Plaza San Martín, en el
Parque Universitario, como a tres cuadras más allá" (entrevista de
ImediaPerú).
La mayoría de los manifestantes se replegó hacia la
Plaza San Martín. El resto regresó al Paseo de la República. Hacia las 11:15 de
la mañana, alrededor de 2 mil manifestantes están en la Plaza San Martín: poco
más de la mitad con Toledo, tratando de hacer un mitin detrás del monumento,
alrededor de 700 dispersos en las inmediaciones y unos 200 enfrentados con la
Policía en la esquina de Nicolás de Piérola y Carabaya. Desde la avenida y el
techo del JNE llueven bombas contra la gente que estaba agrupada con Toledo.
Hacia las 11:40 la represión policial se intensifica.
Mientras tanto, a las 12:05, un grupo de vándalos
ataca el local del Poder Judicial en el Paseo de la República. Rompen los
vidrios de las ventanas y arrojan en el interior trapos y periódicos
encendidos. Los atacantes actúan a su libre albedrío por alrededor de 20
minutos, pese a que a espaldas del Palacio de Justicia hay dos comisarías. Los
únicos que tratan infructuosamente de detenerlos son los manifestantes que se
encuentran en el Paseo de la República y que mediante megáfonos conminan a los
vándalos a dejar de producir violencia.
Hacia las 12:20 se inicia la más intensa oleada de
represión policial. Desde la avenida Grau, un contingente policial arremete
contra los incendiarios del Palacio de Justicia y contra los manifestantes que
se encontraban en Paseo de la República. Éstos huyen por Bolivia hacia Wilson.
En la Plaza San Martín ocurre otro tanto. La arremetida policial hace que los
manifestantes salgan despavoridos por Belén, Quilca y Nicolás de Piérola en
dirección también a Wilson. La Policía llega incluso hasta esa avenida
persiguiéndolos y arrojando grandes cantidades de gases lacrimógenos. En ese
momento se producen vuelos rasantes de aviones a reacción. Hacia las 12:30, la
Policía había empujado al grueso de manifestantes hacia Wilson y Tacna.
La pregunta es: ¿cómo, mientras se está produciendo
una represión de tal magnitud, que empuja al grueso de manifestantes hacia
Wilson, un grupo de vándalos puede romper el cerco policial y quedarse en
Nicolás de Piérola para incendiar los locales del Banco de la Nación y del JNE?
Algunas versiones han sostenido que lo que se habría buscado era alejar lo más
que se pudiera a los manifestantes del lugar y dejar el terreno libre a los
vándalos.
El hecho concreto es que luego de la represión grande
del mediodía se produce un repliegue policial. Algunas versiones han señalado
que poco después del mediodía la Policía recibió órdenes de replegarse. La
revista Caretas dice:
"Diez minutos después de terminado el discurso presidencial, hacia el
mediodía, los escáners de las redacciones limeñas escuchan en la frecuencia
policial la orden de replegar efectivos policiales hacia la 22 comandancia en
la primera cuadra de Abancay" (Caretas
1630). Sabino Bautista Soto, el sobreviviente del Banco de la Nación, confirma
el repliegue: "Después de las 12, la policía que estaba en Lampa y La
Colmena se repliega y se va hasta Contumazá y luego sube al quinto piso del
Jurado Nacional de Elecciones. Los que habían llegado de Emancipación, 40 más o
menos, regresaron a ese lugar".
Cómo será de real el repliegue que un grupo de
vándalos llegó a la Plaza Mayor hacia la 1 de la tarde e incendió una caseta de
turismo frente a la misma puerta de Palacio de Gobierno, es decir, en las
mismas narices de Fujimori. Este grupo se quedó allí haciendo sus desmanes por
el lapso de casi una hora. Alrededor de las 2 de la tarde, la Plaza Mayor es
retomada por centenares de policías que la despejan en menos de dos minutos.
¿Por qué se da la orden de replegar a la Policía
luego de la juramentación? ¿Por qué se deja llegar a los vándalos incluso hasta
las puertas de Palacio? ¿No era la zona que más protegida debía estar si, como
dijo Fujimori, había planes incluso para quemar el Congreso? ¿No podía ocurrir
eso también ahí?
Dejaron
que se quemara el Banco de la Nación
Los sobrevivientes han señalado que el ataque contra
el Banco de la Nación se produce apenas se da el repliegue de la Policía. Según
manifiestan, poco después del mediodía (y mientras se desata la represión en
Wilson) los atacantes llegan desde el Parque Universitario y la Plaza San
Martín, rodeando los locales del Banco y del JNE. Comisionados de la Defensoría
señalan que los atacantes no pasaban de los 200.
Primero quisieron incendiar el JNE. Rompieron los
vidrios y arrojaron bombas incendiarias. "Estaban cubiertos, sin polos, ni
camisa, pelucones; para mí, delincuentes", dijo Sabino Bautista Soto.
Posteriormente atacan el Banco. Rompen los vidrios con piedras grandes, fierros
y patas de cabra. Los sobrevivientes piden ayuda, pero son dejados solos contra
la turba atacante. "Los policías estaban en el edificio del Jurado
Nacional de Elecciones, que está frente a nuestro local. Había una veintena de
policías. Nosotros les gritábamos ‘¡Jefe, por favor, dispare, dispare!’...
Ellos tenían bombas (lacrimógenas), tenían todo, pero no hacían nada. En
nuestra desesperación empezamos a lanzar macetas a los revoltosos" (Sabino
Bautista, El Comercio, 6 de
agosto del 2000).
Poco después se inicia el fuego en el primer piso.
Los sobrevivientes han señalado que llamaron inmediatamente a la central de
emergencias solicitando ayuda, pero que les dijeron que los bomberos no podían
llegar debido a que los manifestantes se lo impedían. Trataron de apagar el
fuego por sus propios medios, utilizando los extinguidores del Banco que eran
de gran capacidad. "Todos los agentes fuimos llamados al primer piso para
combatir el fuego. Era desesperante. Logramos controlar las llamas por un
instante, pero nuevamente la lluvia de bombas Molotov arremetía con mayor
intensidad. Lo que sentí es que el ataque parecía que fuera algo sincronizado,
porque la agresión era por los tres flancos" (ibíd.).
Al mando de ellos se encontraba Víctor López, un
experto en seguridad y un personaje muy conocido de los bomberos. El incendio
en el Banco se propagó rápidamente. "Nos organizamos por grupos...
corríamos de aquí para allá. Éramos sólo quince, y para esa cantidad de fuego
ya no podíamos soportar... incluso echaron gasolina en bidones grandes...
acabamos un incendio de dos metros cuadrados y nos metían más bombas
incendiarias, o sea que apagábamos por las puras" (Sabino Bautista, Imedia
Perú). Sus esfuerzos fueron inútiles. Lucharon contra el fuego alrededor de 45
minutos y no tuvieron más remedio que escapar. Seis personas no lograron
hacerlo y murieron.
Los bomberos no
tuvieron garantías para actuar
En el centro de Lima existen tres compañías de
bomberos que podían haber actuado rápidamente para contener los incendios: la
Compañía Salvadora Nº 10, cerca de la Plaza San Martín; la Compañía Francia Nº
3, ubicada en jirón Moquegua; y la Compañía Roma Nº 2, en el jirón Junín, a la
altura del Congreso. Las compañías de bomberos operan con una central de alarma
conectada con la red de comunicaciones de la Policía Nacional. Es decir, todo
lo que los bomberos hablan en situaciones de emergencia es inmediatamente conocido
por la Policía Nacional.
Al iniciarse los incendios, los bomberos acudieron.
Sin embargo, fueron atacados e impedidos de actuar tanto en el incendio del ex
Ministerio de Educación como en el del Palacio de Justicia. Además, el local de
la Compañía Salvadora N° 10 fue atacado por un grupo de manifestantes en las
inmediaciones de la Plaza San Martín. El comandante general de los Bomberos,
Bruno Potestá, señaló que los vándalos no los dejaron actuar: "Por todos
los medios impidieron que cumpliéramos nuestra labor... Todo esto suscitó que
llegáramos con un retraso de una hora y 30 minutos a las sedes del Banco de la
Nación y el JNE para controlar ambos incendios" (Expreso, 1 de agosto del 2000).
Ante esta serie de ataques, alrededor del mediodía el
Comando Nacional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú emitió un
comunicado público en el que daba cuenta de los ataques sufridos y solicitaba
la debida protección y garantías necesarias para actuar en el centro de Lima.
Bruno Potestá declaró: "Decidimos no ir al siniestro mientras que la
Policía no controlara a las turbas, porque teníamos vehículos apedreados,
saqueados y tenemos que cuidar la integridad física de los bomberos y los
bienes del Estado" (La República,
1 de agosto del 2000).
La solicitud fue sin duda dirigida a la Prefectura,
que debía haberla tramitado a la Policía Nacional. Ésta, por lo demás, sabía de
las dificultades que tenían los bomberos para actuar. ¿Cómo así no les
proporcionaron las garantías debidas para que pudieran actuar en una situación
de emergencia como era el incendio del Banco de la Nación? ¿No era acaso lo
suficientemente grave ese hecho como para darle una prioridad máxima? ¿No podía
la Policía retomar el control y dar seguridad a los bomberos?
El colapso del
edificio no es normal
En pleno incendio, las estructuras del local del
Banco de la Nación ceden y se produce el desplome del techo. Testimonios
diversos señalan que antes de que ello ocurriese se escucharon varias
explosiones. Algunas hipótesis señalaron que ellas habían sido producidas por
los balones de gas o de oxígeno, pero expertos han dicho que tal posibilidad no
existe porque el calor hace que las válvulas de los balones se abran y el gas
salga sin que los balones explosionen. Otras hipótesis han señalado que tales
detonaciones corresponderían más bien a explosivos que se utilizaron para
provocar desde dentro el colapso. Para ello se habría usado explosivos C4 que
no dejan huellas, salvo las del percutor. Alimenta las suspicacias de esta
hipótesis el que apenas se haya apagado el incendio se removió el lugar de los
hechos impidiendo el acopio de indicios y pruebas. Un experto argentino que
investigó el conocido caso de la voladura de una sinagoga en Argentina aseguró
también que no había otra posibilidad que el uso de explosivos para causar tal
daño. Las autoridades no le permitieron el acceso al local con el fin de
profundizar su hipótesis. En todo caso, ésta tiene que ser investigada hasta el
final, aun cuando sea para descartarla definitivamente.
Expertos del Colegio de Ingenieros han sostenido otra
hipótesis señalando que debido a las altas temperaturas que se produjeron,
cercanas a los 800 grados centígrados, se habría producido una falla
estructural en el concreto de las losas que no contaban con vigas de soporte.
La caída de una de ellas habría arrastrado en cadena la de las otras. Pero para
que ello se produzca ha tenido que haber grandes cantidades de fuego.
Preguntado sobre el punto, el Decano de Colegio de Ingenieros sostuvo: "Yo
también me he preguntado si acá ha habido más fuego del que normalmente hay o
si ha sido suficiente el sistema estructural tan débil. Aparentemente, el hall no tenía un piso de alfombra,
sino de loseta y probablemente la alfombra y otros elementos estén metidos en
el segundo y tercer pisos que también han sido afectados. Entonces ya es más
difícil precisar dónde empezó todo, se supone que ha sido el primer piso, y si
primero atacó la zona de oficinas o la zona del hall. Se aprecia que el hall
es un piso de loseta" (La Hora N,
Canal 8).
La pregunta es: ¿cuánto combustible ha sido necesario
para producir un incendio de tal magnitud? Si, como han dicho muchos testigos,
no han pasado de 200 los vándalos, ¿era razonable que éstos hayan portado tal
cantidad de combustible en sus mochilas en un escenario de permanente
confrontación con la Policía, como para producir un incendio de tal magnitud
que llegó a provocar el colapso del edificio? ¿Cuánto combustible han portado
consigo como para incendiar tantos locales públicos? Se habla hasta de bidones
de combustible: ¿puede un manifestante que tiene que correr de un lado para
otro para evitar la represión policial ir cargado de bidones de combustible?
Conclusión
Los hechos registrados el 28 de
julio han seguido una secuencia que conduce a plantearse una serie de
interrogantes respecto a la actuación de las autoridades y su voluntad de
evitar que ellos se produjeran. Muchas de las cosas que ocurrieron, como el
repliegue policial, o la poca protección para la actuación de los bomberos,
podrían por lo menos ser atribuidas a una negligencia. Otras, sin embargo,
junto con las señaladas –como la presencia de los pandilleros, el inusual y
extraño colapso del edificio del Banco de la Nación, o la dejadez en permitir
que se produzca un incendio a vista y paciencia de todos– seguirán alimentando
la duda de si, más allá de la negligencia, en realidad el 28 de julio hubo algo
más que eso para que la Marcha de los Cuatro Suyos se volviera una suerte de
bumerán contra sus organizadores. Alimenta esta sospecha la campaña de
desprestigio que a partir de ese día se dirigió contra la oposición
democrática, presentándola como instigadora de la violencia y la muerte, y todo
el montaje de juicios y demandas que se ha preparado para sacarla de juego y
sepultarla definitivamente. ¿Lograrán su objetivo? (Isaías Rojas Pérez)