Poder Judicial:
¡Cuidado con las salas transitorias y especializadas!
Desde hace un buen tiempo se está hablando de la
necesidad de desactivar la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, medida sin
duda necesaria. Sin embargo, a estas alturas también resulta claro que ello no
sería suficiente para resolver la subordinación política de la justicia; ya son
varias las voces que están advirtiendo la necesidad de adoptar un conjunto de
medidas como la desactivación de la red de salas transitorias y especializadas,
verdaderas "aduanas" que le permiten al régimen controlar los casos
judiciales que le interesan, sea para encubrir la corrupción, sea para acosar a
los opositores. A continuación, los conocidos juristas Jorge Avendaño y Javier
de Belaúnde explican cómo funciona este sofisticado sistema de control. (D.L.)
Ustedes
han advertido la necesidad de desactivar no sólo la Comisión Ejecutiva del
Poder Judicial, sino también la actual red de salas transitorias y
especializadas. ¿Cuál es el problema con ellas si, en principio, la
especialización de la judicatura es algo positivo?
Avendaño: En el Perú no ha habido tradicionalmente salas
transitorias en la Corte Suprema. Desde que yo estaba en la universidad y
durante toda mi carrera profesional la Corte Suprema sólo tenía salas
permanentes y vocales titulares. Esto de las salas transitorias, con mayoría de
vocales provisionales, es un invento que ha surgido con la Comisión Ejecutiva
del Poder Judicial, y ese es el mecanismo que ha encontrado el gobierno para interferir
en la justicia.
De Belaúnde: Lo que ha ocurrido es que se ha introducido en el
Perú un caballo de Troya que es la reforma judicial, proceso que –ahora está
claro– tenía como objetivo lograr el sometimiento del Poder Judicial a través
de mecanismos sofisticados. Uno de esos mecanismos ha sido precisamente el de
la especialización: se ha tomado de la propuesta reformadora del Poder Judicial
el tema de la especialización y se ha diseñado un sistema que no es otra cosa
que un instrumento de sometimiento y persecución política.
¿Cómo
funciona concretamente este sistema de control político de las salas
transitorias?
Avendaño: Han creado salas transitorias en temas que le
interesan al gobierno y les han conferido la facultad de nombrar, trasladar o
remover a los magistrados de la sala superior y de los juzgados de primera
instancia respectivos, montando así una estructura con vida propia dentro del
Poder Judicial. La mayoría de estos magistrados son provisionales y están al
merecer de que se los mantenga ahí. Y digámoslo claramente: un vocal supremo
gana 14 000 nuevos soles; si ese señor "se porta mal" lo regresan a
su corte superior a ganar 8000 nuevos soles, así que se ve inducido a cumplir
las órdenes que le den. De este modo se ejerce un control vertical sobre todas
las instancias judiciales (Corte Suprema, Corte Superior, Juzgados de Primera
Instancia) en los temas que le interesan al gobierno, con un sistema de
rotación de magistrados que no respeta criterio de antigüedad ni nada.
De Belaúnde: Son órganos con presencia en todas las instancias y
tienen como característica común que se han especializado en temas
particularmente sensibles al poder político. Está el canal de especialización
de derecho público que comienza con tan sólo dos jueces para Lima y cuyos
fallos son revisados por una Sala de Derecho Público. Luego hay un canal de lo
contencioso-administrativo, que son los procesos de los particulares contra el
Estado. En materia civil la cosa es más sofisticada, pero alrededor de 85% de
los casos con una importante significación económica o política –como puede ser
la discusión sobre el accionariado en una televisora– van a la Tercera Sala
Civil de la Corte Superior. Está también la Sala Antidrogas de la Corte
Suprema, que tiene su origen en la Corte Antidrogas en la que se puso a lo
mejor de la magistratura pero que, como se tomó en serio su trabajo, fue
desactivada al poco tiempo.
Mención especial merece la Sala de Delitos
Tributarios y Aduaneros de la Corte Suprema, una enorme espada de Damocles
sobre el empresariado, pues allí se ha procesado, por ejemplo, a Jaime Mur
(esposo de Delia Revoredo) y a Baruch Ivcher. A esta Sala se le han ido
arrimando una serie de competencias; el mismo día que el gobierno anunciaba la
creación de la comisión democratizadora se publicaba en el diario oficial la
norma por la cual se le encargan a esta Sala los delitos de corrupción de
funcionarios, que en realidad es un mecanismo muy simple para amenazar
opositores y para dar impunidad a los amigos. Un alcalde puede tener una
acusación de corrupción de funcionarios y va a ser esa Sala la que lo va a
juzgar; si ese alcalde es un adversario del gobierno, realmente es un hombre
que debe preocuparse; pero si ese alcalde es un alcalde adicto al gobierno, se
le está garantizando impunidad.
Así, basta controlar a un número más o menos reducido
de magistrados para ejercer el control sobre todos los problemas que tienen
algún tipo de incidencia política. Tal es el poder de los magistrados de estas
salas –la mayoría de ellos provisionales–, que se extiende también a quienes no
están dentro, precisamente porque se sabe que son personas que coordinan
directamente con las más altas esferas del poder.
¿No
basta entonces desactivar la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial para
devolverle independencia frente al poder político?
Avendaño: Si bien a los vocales supremos de estas salas
transitorias los designó inicialmente la Comisión Ejecutiva, gracias al enorme
poder que tienen han adquirido una lógica propia, y ahora las órdenes del poder
llegan directamente a las salas transitorias y ya no pasan por la Comisión
Ejecutiva. Por eso, si desactivamos la Comisión Ejecutiva y nada más, no hemos
solucionamos el problema. Tenemos que devolverle a la Sala Plena de la Corte
Suprema y a la Sala Plena de la Corte Superior sus facultades con arreglo a la
Ley Orgánica del Poder Judicial, pero esto no va a surtir efecto hasta que no
se vuelva a disponer que los únicos que votan son los titulares; mientras
continúe vigente la ley que dice que los provisionales tienen los mismos
derechos que los titulares seguimos mal, pues en la Corte Suprema hay más
provisionales que titulares.
De Belaúnde: En principio soy escéptico acerca de que pueda haber
un mejoramiento del sistema de justicia en las condiciones actuales. Yo creo
que al modelo político autoritario y dictatorial vigente en el Perú no le
conviene un Poder Judicial autónomo. Veo más bien con enorme preocupación que
algunas de las cosas que se han estado reclamando desde hace tiempo pueden
sufrir una nueva tergiversación, porque lo que ha ocurrido en el Perú durante
los últimos años es un permanente proceso de tergiversación de medidas
propuestas por diversos sectores de la sociedad.
Pero respondiendo a su pregunta,
creo que es absolutamente indispensable destruir la red de dominio del Poder
Judicial por el poder político, una de cuyas expresiones son las salas
especializadas. Hay que advertir que el problema no es la especialización en sí
misma, sino las cosas que se han especializado y para qué se han especializado.
Por eso, reitero que no bastan medidas como la desactivación de las salas
especializadas, pues en este momento –y vuelvo a la imagen del caballo de
Troya– el caballo ya entró al Poder Judicial, los soldados ya han bajado y han
tomado el Poder Judicial, y lo que hay que hacer en una situación excepcional
como esta es idear un mecanismo con sustento democrático para revisar quiénes
están administrando justicia en este momento, algún tipo de disposición
transitoria en una reforma constitucional aprobada por referéndum que encargue
la titulación de magistrados a una comisión integrada por gente intachable.
Creo que se podría crear una comisión de esta naturaleza que revise la
presencia de todos estos soldados que bajaron del caballo de Troya.