Poder Judicial:

¡Cuidado con las salas transitorias y especializadas!

Desde hace un buen tiempo se está hablando de la necesidad de desactivar la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, medida sin duda necesaria. Sin embargo, a estas alturas también resulta claro que ello no sería suficiente para resolver la subordinación política de la justicia; ya son varias las voces que están advirtiendo la necesidad de adoptar un conjunto de medidas como la desactivación de la red de salas transitorias y especializadas, verdaderas "aduanas" que le permiten al régimen controlar los casos judiciales que le interesan, sea para encubrir la corrupción, sea para acosar a los opositores. A continuación, los conocidos juristas Jorge Avendaño y Javier de Belaúnde explican cómo funciona este sofisticado sistema de control. (D.L.)

 

Ustedes han advertido la necesidad de desactivar no sólo la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, sino también la actual red de salas transitorias y especializadas. ¿Cuál es el problema con ellas si, en principio, la especialización de la judicatura es algo positivo?

Avendaño: En el Perú no ha habido tradicionalmente salas transitorias en la Corte Suprema. Desde que yo estaba en la universidad y durante toda mi carrera profesional la Corte Suprema sólo tenía salas permanentes y vocales titulares. Esto de las salas transitorias, con mayoría de vocales provisionales, es un invento que ha surgido con la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, y ese es el mecanismo que ha encontrado el gobierno para interferir en la justicia.

De Belaúnde: Lo que ha ocurrido es que se ha introducido en el Perú un caballo de Troya que es la reforma judicial, proceso que –ahora está claro– tenía como objetivo lograr el sometimiento del Poder Judicial a través de mecanismos sofisticados. Uno de esos mecanismos ha sido precisamente el de la especialización: se ha tomado de la propuesta reformadora del Poder Judicial el tema de la especialización y se ha diseñado un sistema que no es otra cosa que un instrumento de sometimiento y persecución política.

¿Cómo funciona concretamente este sistema de control político de las salas transitorias?

Avendaño: Han creado salas transitorias en temas que le interesan al gobierno y les han conferido la facultad de nombrar, trasladar o remover a los magistrados de la sala superior y de los juzgados de primera instancia respectivos, montando así una estructura con vida propia dentro del Poder Judicial. La mayoría de estos magistrados son provisionales y están al merecer de que se los mantenga ahí. Y digámoslo claramente: un vocal supremo gana 14 000 nuevos soles; si ese señor "se porta mal" lo regresan a su corte superior a ganar 8000 nuevos soles, así que se ve inducido a cumplir las órdenes que le den. De este modo se ejerce un control vertical sobre todas las instancias judiciales (Corte Suprema, Corte Superior, Juzgados de Primera Instancia) en los temas que le interesan al gobierno, con un sistema de rotación de magistrados que no respeta criterio de antigüedad ni nada.

De Belaúnde: Son órganos con presencia en todas las instancias y tienen como característica común que se han especializado en temas particularmente sensibles al poder político. Está el canal de especialización de derecho público que comienza con tan sólo dos jueces para Lima y cuyos fallos son revisados por una Sala de Derecho Público. Luego hay un canal de lo contencioso-administrativo, que son los procesos de los particulares contra el Estado. En materia civil la cosa es más sofisticada, pero alrededor de 85% de los casos con una importante significación económica o política –como puede ser la discusión sobre el accionariado en una televisora– van a la Tercera Sala Civil de la Corte Superior. Está también la Sala Antidrogas de la Corte Suprema, que tiene su origen en la Corte Antidrogas en la que se puso a lo mejor de la magistratura pero que, como se tomó en serio su trabajo, fue desactivada al poco tiempo.

Mención especial merece la Sala de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Corte Suprema, una enorme espada de Damocles sobre el empresariado, pues allí se ha procesado, por ejemplo, a Jaime Mur (esposo de Delia Revoredo) y a Baruch Ivcher. A esta Sala se le han ido arrimando una serie de competencias; el mismo día que el gobierno anunciaba la creación de la comisión democratizadora se publicaba en el diario oficial la norma por la cual se le encargan a esta Sala los delitos de corrupción de funcionarios, que en realidad es un mecanismo muy simple para amenazar opositores y para dar impunidad a los amigos. Un alcalde puede tener una acusación de corrupción de funcionarios y va a ser esa Sala la que lo va a juzgar; si ese alcalde es un adversario del gobierno, realmente es un hombre que debe preocuparse; pero si ese alcalde es un alcalde adicto al gobierno, se le está garantizando impunidad.

Así, basta controlar a un número más o menos reducido de magistrados para ejercer el control sobre todos los problemas que tienen algún tipo de incidencia política. Tal es el poder de los magistrados de estas salas –la mayoría de ellos provisionales–, que se extiende también a quienes no están dentro, precisamente porque se sabe que son personas que coordinan directamente con las más altas esferas del poder.

¿No basta entonces desactivar la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial para devolverle independencia frente al poder político?

Avendaño: Si bien a los vocales supremos de estas salas transitorias los designó inicialmente la Comisión Ejecutiva, gracias al enorme poder que tienen han adquirido una lógica propia, y ahora las órdenes del poder llegan directamente a las salas transitorias y ya no pasan por la Comisión Ejecutiva. Por eso, si desactivamos la Comisión Ejecutiva y nada más, no hemos solucionamos el problema. Tenemos que devolverle a la Sala Plena de la Corte Suprema y a la Sala Plena de la Corte Superior sus facultades con arreglo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero esto no va a surtir efecto hasta que no se vuelva a disponer que los únicos que votan son los titulares; mientras continúe vigente la ley que dice que los provisionales tienen los mismos derechos que los titulares seguimos mal, pues en la Corte Suprema hay más provisionales que titulares.

De Belaúnde: En principio soy escéptico acerca de que pueda haber un mejoramiento del sistema de justicia en las condiciones actuales. Yo creo que al modelo político autoritario y dictatorial vigente en el Perú no le conviene un Poder Judicial autónomo. Veo más bien con enorme preocupación que algunas de las cosas que se han estado reclamando desde hace tiempo pueden sufrir una nueva tergiversación, porque lo que ha ocurrido en el Perú durante los últimos años es un permanente proceso de tergiversación de medidas propuestas por diversos sectores de la sociedad.

Pero respondiendo a su pregunta, creo que es absolutamente indispensable destruir la red de dominio del Poder Judicial por el poder político, una de cuyas expresiones son las salas especializadas. Hay que advertir que el problema no es la especialización en sí misma, sino las cosas que se han especializado y para qué se han especializado. Por eso, reitero que no bastan medidas como la desactivación de las salas especializadas, pues en este momento –y vuelvo a la imagen del caballo de Troya– el caballo ya entró al Poder Judicial, los soldados ya han bajado y han tomado el Poder Judicial, y lo que hay que hacer en una situación excepcional como esta es idear un mecanismo con sustento democrático para revisar quiénes están administrando justicia en este momento, algún tipo de disposición transitoria en una reforma constitucional aprobada por referéndum que encargue la titulación de magistrados a una comisión integrada por gente intachable. Creo que se podría crear una comisión de esta naturaleza que revise la presencia de todos estos soldados que bajaron del caballo de Troya.