Inocentes en prisión: Informe de la Comisión Ad Hoc
Fábrica de errores
Después de tantos meses en blanco y de franca caída, la causa de los
inocentes en prisión ha tenido un buen momento, que esperamos sea el inicio de
una nueva etapa.
Lo primero que habría que destacar es que algunos
periodistas han retomado el tema (los excelentes reportajes de María Elena
Castillo en La República son
ejemplo de ello), lo que tiene doble mérito, pues es muy difícil hacer noticia
con unos cientos de inocentes en prisión o miles que lo estuvieron o lo pueden
estar, al lado de problemas tan "opacantes" como el del fraude
electoral, la compra de congresistas, la manipulación de lo sucedido el 28 de
julio o cronogramas de democratización.
Los inocentes en prisión tuvieron hasta un rebrote de
"internacionalización", ya que aparecieron en el New York Times, en un reportaje hecho
por un periodista que vino al Perú como en zafari a la caza de "el
caso", de uno que por ser tan crudo y sin nada de anestesia, fuese capaz
de conmover hasta a los más duros. Cuentan que con uno de los primeros casos
que se le presentó se sintió satisfecho y regresó feliz a su país a narrar su
historia. Ahora, más allá del periodista, que el reportaje sirvió, sirvió.
Algunos dicen que habría tenido que ver con que
Fujimori se reanimara a indultar. Este es otro de los hechos a celebrar: hubo
indultos. El 27 de julio El Peruano
trajo la buena nueva de que 19 personas acusadas injustamente de terrorismo
habían sido indultadas por Fiestas Patrias, junto con otros 380
"comunes" ("a quien Dios se la dio, San Pedro se la
bendiga"). Los 19 casos son parte de los que la Comisión Ad Hoc había
puesto en manos de Fujimori antes de ser desactivada.
Informe Comisión
Ad Hoc
El otro acontecimiento importante y sumamente
favorable a la causa de los inocentes en prisión fue la aparición pública del
informe final de la Comisión Ad Hoc, en el que se destacan tanto los logros
como los puntos pendientes. Después de leer este completo y riguroso informe,
la primera sensación es de piel: ¡qué horror! ¡Qué tal cantidad de errores!
En tres años de Comisión, 483 fueron indultados, es
decir, 483 personas respecto de quienes Jorge Santistevan, Hubert Lanssiers, un
ministro de Justicia de los cuatro que pasaron por la Comisión y el propio
presidente Fujimori llegaron en conjunto a la convicción total y absoluta de
que eran inocentes y que, por lo tanto, debían ser liberadas. Es decir, 483
personas que jamás debieron pisar una cárcel y que, sin embargo, han estado
encarceladas varios años en un régimen inhumano, luego de haber sido detenidas,
muchas veces maltratadas o torturadas y de haber enfrentado un juicio como
terroristas. Tres de cada 10 personas presas por terrorismo –a agosto de 1996–
resultaron inocentes. La Secretaría Técnica ha estimado que el total del tiempo
de reclusión ahorrado a los beneficiados con el indulto asciende a 4789 años, 7
meses y 20 días.
De estos 483, el 58% (281 personas) tenían ya
sentencia firme (cosa juzgada), por lo que estrictamente "de acuerdo a
ley" no deberían haber podido ser revisados; 42% (203) contaban con
sentencia de la Corte Superior.
Pero los inocentes son muchos más: en el mismo
período de funcionamiento de la Comisión Ad Hoc, otras 606 personas que estaban
en cola esperando la gracia presidencial fueron antes absueltas por el Poder
Judicial. Absueltas a pesar de un marco legal severísimo y de que la tendencia
es más bien a condenar. Otras 606 que nunca debieron pasar por las cárceles y
que, sin embargo, han estado encerradas varios años.
Sólo en 1999 (el año pasado nomás), de 432
procesados, más de 50% (239) fueron absueltos, lo que quiere decir que el
festival de detener y someter a juicio sin mayor cuidado continúa. Y cuidado,
porque en el informe de la Comisión Ad Hoc se calcula en 5000 las órdenes de
detención por terrorismo, 5000 requisitoriados entre los que la propia Comisión
cree que "podrían haber muchos inocentes" (léase, muchos de los 5000
requisitoriados son candidatos a inocentes en prisión).
Otro punto del informe que merece ser destacado es
que se considera que "los tres años de trabajo han permitido avanzar, de
manera decisiva aunque no definitiva, en la solución del problema de los
inocentes en prisión". La agenda pendiente que se describe comienza por reconocer
que sigue habiendo inocentes en prisión, y las cifras hablan por sí mismas:
– 38 recomendados por la Comisión para indulto,
pendientes de la firma
presidencial.
– 7 firmados por Santistevan y Lanssiers, pero
pendientes de la firma de Alberto Bustamante para que pasen al Presidente.
– 19 con proyecto de informe favorable por la
Secretaría Técnica de la Comisión.
Si restamos las 19 personas indultadas el 27 de
julio, quedan 45 que cuentan con argumentos de peso para ser consideradas
inocentes, debido a que dichos argumentos provienen de gente "libre de
toda sospecha" y a que han demostrado, durante los tres años, que
resuelven los casos con extrema seguridad.
En otros 94 la Comisión consideró que no había la
información suficiente, ni para recomendar ni para no recomendar; entonces,
cuando se llegue a tener toda la información se podrían identificar más. 227
casos han sido considerados "en estudio" debido a que en eso se
estaba cuando el Gobierno decidió poner fin a la Comisión Ad Hoc. Entre estos
321 casos (94 más 227) hay, por ejemplo, un número importante (alrededor de
200) que son patrocinados por organizaciones de derechos humanos, las mismas
que sacaron a luz el problema de los inocentes en prisión y han demostrado no
tener tan "mal ojo", ya que, si fuera así, no se entendería cómo el
69% de los indultados son casos de estas ONG, según el informe.
En otros 47 casos la Comisión cree que los acusados
no tienen nada que ver con el terrorismo, pero sí con otro tipo de delitos
(abigeato, extorsión, contrabando, contra la fe pública, etcétera),
excluyéndolos de su mandato legal, no sin alertar que "estas personas
estarían cumpliendo penas mucho más
elevadas que las que les corresponderían", y que, incluso, "en
algunos casos –no se precisa el número– el
tiempo de reclusión supera la pena prevista para el delito que
efectivamente habrían cometido". Entonces, por acá hay otro grupo de
personas que no deberían estar presas, pero formalmente no hay ningún mecanismo
para que sus casos sean revisados.
Si hay tantos indultados o absueltos, ya no pueden
haber más inocentes, y los que quedan tienen que ser necesariamente culpables:
ese es el tipo de conclusión equivocada que algunos sacan. Para nosotros –como
siempre decimos–, en esto no cabe ni generalizaciones ni reglas de tres, porque
estamos hablando de casos individuales y de seres humanos (únicos e
irrepetibles); la reacción debe ser justamente la contraria: si ya está
demostrado que ha habido una fábrica de errores, lo que hay que hacer es mirar
con lupa todos y cada uno de los casos, ya que se trata de la misma
legislación, los mismos operadores jurídicos, el mismo tipo de personas y los
mismos criterios.
Este parece ser también el temperamento que se
transmite en el informe de la Comisión Ad Hoc, ya que en él se insiste en que
"la no recomendación de casos no constituye, en forma alguna, un juicio
respecto a la culpabilidad del solicitante"; incluso se llega a decir que
"no puede excluirse que entre los restantes casos que no ha recomendado
puede haber, aún, otras personas que no merezcan una revisión de sus procesos a
través de otros canales institucionales".
El informe está lleno de cifras y datos realmente
alarmantes:
– El 40% de los indultados son analfabetos o sólo
tienen primaria incompleta (se ratifica aquello de que la justicia en el Perú
es poderosa frente al débil y débil frente al poderoso).
– 412 personas han enfrentado un doble proceso por
los hechos: primero en el fuero militar y después en el común (sería
interesante saber cuántas de éstas fueron absueltas o indultadas).
– El 20% (88) de los indultados no contaron con
ningún tipo de abogado en el momento en que se tomó la manifestación policial.
– Una última cifra realmente preocupante y frente a
la que habría que hacer algo práctico: el 38% (183) de los indultados alegaron
ante autoridades judiciales haber sido torturados, y en el 11% de estos casos
(52) existe certificado médico que lo probaría.
Coincidimos también en los otros puntos de la
"agenda pendiente" que se menciona en el informe: requisitoriados;
desvinculados; arrepentidos; legislación antiterrorista y condiciones
carcelarias. En cuanto al tema "indemnización", nos parece que está
demasiado diluido en un mar de indemnizaciones pendientes. El hecho de que los
inocentes no sean los únicos a quienes indemnizar no les quita el derecho, y
recordemos que si la "discriminación" es "positiva",
simplemente no es discriminación.
¿El Consejo Nacional de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia avanzará en esta agenda? ¿Será esta agenda parte de la
democratización del país? Seguimos escépticos, pero reconocemos que ha habido
por lo menos dos pasos: 1) se ha vuelto a indultar; y, 2) el Consejo ya tiene
su reglamento y una nueva estructura; ahora falta nombrar a los miembros de la
nueva comisión de indultos, parte del Consejo, y otro reglamento para su
funcionamiento. Esperamos que tanto trámite y tanta demora sirvan para algo,
sobre todo tomando en cuenta que el mandato legal del Consejo es sumamente
amplio y flexible. Un poco de sensibilidad y buena voluntad es lo que falta.
El grito de la agonía de Yehude Simon
Yehude Simon acaba de
publicar un nuevo libro (El grito de
la agonía), con el apoyo de la Comisión Episcopal de Acción Social y
prologado por Winston Orrillo, otra personalidad del país que cree en la
inocencia de Simon y que busca su libertad: "realmente escarapela el
cuerpo, y nos hace sentir vergüenza por nosotros mismos, cuando vemos a esos
hombres enloquecidos, sometidos a privación de libertad por delitos políticos
sociales que no han cometido..."; "... desde el fondo de su
esperanza, y de su propia carcelería abominablemente injusta, es un mensaje de
luz y de verdad...".
El libro es el testimonio
de Yehude sobre lo que ha visto en el penal de máxima seguridad de Castro
Castro durante sus ocho años de injusta prisión; testimonio íntimo de cómo se
vive –y cómo se muere– en una cárcel. Cual cronista temprano y sensible, nos va
presentando ambientes, momentos, anécdotas, relatos e historias. Pero de pronto
nos acordamos de que Yehude no es un cronista, sino parte y víctima de ese
sufrimiento espantoso que narra a través de otros. En verdad, todo lo que
cuenta con tanta intensidad e ira le ha sucedido a él, a él y a todos.
Lo que pasa es que esa es
su actitud. Cuando se le visita siempre está bien, activo, preocupado por otros
y actuando como si nada pasara. Pero hay algo en su mirada que por momentos no
controla y deja traslucir que todo es un recurso más para sobrevivir, y que ya
no aguanta más y tiene razón.
Lleva ocho años en prisión,
acusado de ser parte de una organización política que actuaba públicamente y
que la Policía consideró afín al MRTA; sin embargo, en la misma sentencia que
sirvió para condenarlo se absolvió al vicepresidente de esa organización, y
otros integrantes fueron también absueltos o indultados. Sabiendo que se le iba
a detener, regresó de Europa. El caso llegó a ser recomendado por los tres
miembros de la Comisión Ad Hoc y es patrocinado directamente por Lanssiers. (Ernesto de la Jara)