Lori Berenson: Cuestión de Estado
(o más bien de Gobierno)En “La última de Nicolás Yerovi”, página de humor que aparece todos los días en la contracarátula del diario La República, salió como titular que el gobierno había descubierto que Lori Berenson no sólo no tenía nada que ver con el MRTA sino que era una chica A1, al punto que sería nombrada ministra; y al costado una foto trucada de ella en el gabinete y con banda ministerial.
Es que el giro del gobierno frente al caso ha sido total: de nunca vamos a revisarlo y menos un nuevo juicio, de pronto amanecimos con que ya había sido revisado y el fuero militar había declarado la nulidad de las tres sentencias con las que había condenado a Berenson a cadena perpetua por traición a la patria, inhibiéndose y derivando el caso al fuero común para un juicio por terrorismo. Abracadabra y desapareció el conjuro.
Como era de esperar, ministros, congresistas, ayayeros (con la excepción esta vez de Expreso, que más bien puso el grito en el cielo) y hasta el propio presidente de la república salieron a dar las mil y una explicaciones, tratando de convencernos de que no debíamos ser malpensados y que todo respondía a un ejercicio de autonomía del fuero militar, el que después de varios años se había dado cuenta de su error y ahora humildemente lo corregía.
Ya, pues. Está bien que tantas veces se haya abusado de la "ominosa cadena arrastró" de los peruanos, pero todo tiene un límite. Felizmente esta vez nadie se creyó el cuento y más bien lo sucedido está ayudando a que la opinión pública se convenza de una vez por todas de los siguientes puntos:
1. Que el gobierno maneja este tipo de casos (acusaciones de terrorismo, sean verdaderas o falsas), no de acuerdo con la ley y la justicia, como debería ser siempre, sino a su libre albedrío, en función de objetivos políticos de turno. Si el "ni un paso atrás" en el caso de Lori Berenson le había servido para reforzar su imagen de ninguna concesión frente al terrorismo, tan explotada y rendidora internamente, sobre todo en épocas electorales, ahora "el paso atrás" le servirá para un interés especialmente importante en tiempos en que internacionalmente el régimen está en el banquillo de los acusados: mejorar las relaciones con Estados Unidos.
La presión de dicho país por el caso Berenson es cada vez más fuerte, debido a que la sensibilización no es nada difícil, pues sin importar mucho si ella es inocente o culpable, lo cierto es que efectivamente fue juzgada por un tribunal militar sin rostro, sin garantías elementales, y condenada a cadena perpetua por traición a la patria siendo extranjera, algo a lo que acá nos podemos haber acostumbrado pero afuera no, más si la víctima es una ciudadana que pertenece a un país poderoso, que se enorgullece de su sistema de administración de justicia y que tiene a los derechos humanos como punto importante de su agenda.
Qué momento más oportuno para mejorar las relaciones con Estados Unidos que ahora que el gobierno está teniendo que enfrentar una patinada digna de medalla de oro en el tema del tráfico de las armas desde Jordania a las FARC de Colombia. Hasta sólo para distraer la atención del público; basta ver la prensa amarilla.
¿Y si todo sale bien, Estados Unidos renunciará a sus otros cuestionamientos frente a Fujimori? Difícil de creer, por el peso, diversidad de fuentes y largo recorrido que tienen los otros cuestionamientos, pero una buena señal de parte del régimen en un tema sensible y hasta emotivo, de hecho es buen comienzo, y al mismo tiempo fortalece a los sectores norteamericanos que están empeñados en convencer de que los impases con este gobierno no sólo son subsanables sino que se arreglan conversando bonito. La solución del caso Berenson sería una inversión en esa línea y especialmente de quienes ayudaron a conseguirlo.
2. Que en el país la administración de justicia –incluida la del fuero militar– está en lo esencial controlada políticamente. Durante años hubo luz roja, y luz roja se acató; de pronto luz verde, y verde fue.
3. Que era totalmente falso que el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los emerretistas chilenos implicara su liberación, como consecuencia inevitable de cuando se pasa un caso del fuero militar al fuero común; lo que ha ocurrido con Lori Berenson demuestra que ese tránsito es posible sin ningún tipo de bache o liberación.
4. Que, por tanto, no tenía sentido hacer cuestión de estado en relación con el fallo de la Corte en el caso de los emerretistas chilenos, y que, si se hizo, fue porque se necesitaba un pretexto para apartarse de la competencia de la Corte por otros casos: Barrios Altos, Ivcher, Cantuta y Tribunal Constitucional. Otra vez la utilización política de este tipo de casos, al margen de lo que corresponde hacer jurídicamente.
5. Que no es bueno establecer juicios sin las garantías elementales, porque se arrastra innecesariamente un problema de ilegitimidad, aun en el caso de personas con visible responsabilidad penal, y esa ilegitimidad es siempre "rabo de paja" por el que hay que responder.
El desenlace
Ahora, ¿qué puede pasar con Lori Berenson en el fuero común? Así como desde el primer momento dijimos que por más vínculos que ella haya tenido con el MRTA era injusto y reñido con el derecho juzgarla en el fuero militar y condenarla por esa vía a cadena perpetua, con la misma claridad sostenemos que en el fuero común debe investigarse a fondo su responsabilidad individual; es decir, debe delimitarse, a partir de pruebas, cuál fue exactamente la relación que tuvo con el MRTA, para que de esa manera pueda imponérsele una pena proporcional a la gravedad del delito que efectivamente haya cometido.
De lo que se conoce públicamente del caso y de ella, nos parece que no corresponde absolución. Pertenecer o colaborar con una organización como el MRTA es un delito, y gravísimo. Defendemos principios y garantías del debido proceso, para todos y por encima de cualquier tipo de circunstancias, pero también, y con el mismo énfasis, sostenemos que quien comete un delito debe ser juzgado y condenado proporcionalmente.
En consecuencia, en el hipotético caso de que Lori Berenson termine siendo absuelta y liberada, creemos que no será porque todo proceso en la justicia ordinaria que respete garantías conduzca inexorablemente a una liberación indebida, sino por una decisión política acatada esta vez por el Poder Judicial.
Contra esta posibilidad no sólo está el caso mismo, sino también hechos como el que sea Marcos Ibazeta el que actualmente preside la sala antiterrorista, quien difícil que obedezca órdenes sin dudas y murmuraciones, más en una materia que hará historia, o el costo político interno, porque una cosa es un nuevo juicio y otra exculparla y liberarla.
El otro desenlace extremo sería que la justicia ordinaria la vuelva a condenar a cadena perpetua, pena también prevista para terrorismo; extremo porque –de nuevo, de lo que se conoce públicamente– el caso no da, ni estirándolo al máximo, para cadena perpetua. Sería entonces realmente injusto. Además, si el fin hubiese sido ganarse indulgencias con Estados Unidos, el efecto sería el opuesto, porque las autoridades y la opinión pública norteamericanas se sentirían burladas. Ahí sí Estados Unidos habría sufrido en carne propia el "genio y figura" de Fujimori.
Una tercera posibilidad es que –siguiendo el precedente de otro caso bastante controversial, el de la ciudadana italiana apellidada Guarino– se le compurgue la pena, es decir, se le condene al tiempo que lleva en prisión (cuatro años) y, por tanto, saliera libre. Ese fallo sería justo sólo si en el juicio público que se debe realizar a Lori Berenson se demostrara que su nivel de colaboración fue secundario y que, en consecuencia, se le puede aplicar legalmente una pena menor al mínimo previsto para colaboración (20 años). Si así fuera, todo lo que en su momento se dijo y mostró sobre Lori Berenson habría sido un show y una injusticia.
Una última posibilidad es que, luego de permitírsele ejercer verdaderamente el derecho de defensa y la actuación de todas las pruebas necesarias, la sala fundamente rigurosamente el nivel de responsabilidad individual encontrado y sustente los criterios utilizados para imponer una pena proporcional. ¿De cuánto? Dejemos eso a los jueces. Nosotros ya hemos dicho lo que no nos parece bajo ningún punto de vista. Una pena proporcional que podría ser cumplida en su país y frente a la que en un determinado momento habrá beneficios penitenciarios, cuando se restituyan como corresponde en la legislación peruana, y cuando correspondan aplicarlos al caso concreto.
Así como a pesar de criticar la utilización política del caso de Lori Berenson (antes y ahora) reconocemos públicamente que lo que se está haciendo hoy es lo que correspondía hacer y lo que se debió hacer desde el comienzo, no podemos dejar de recordar que existe todavía una agenda pendiente generada por la misma legislación antiterrorista en cuestión. Hay todavía inocentes en prisión (alrededor de 200 patrocinados directamente por organismos de derechos humanos) o casos escandalosos de sobrepenalización, por mencionar sólo dos temas. Una agenda de solución impostergable, aunque los afectados sean generalmente "pobres dentro de los pobres".