El Plan Colombia
Colombia preocupa y suscita debate. Claro, hay quienes, como nuestro
presidente, se dan el lujo de echar leña al fuego, con un irresponsable
planteamiento de que si los dejaran, él y su asesor podrían "solucionar el
problema". No queda del todo claro, eso sí, a favor de quién, luego del ya
famoso tráfico de armas para las FARC con responsables que podrían llegar hasta
lo más alto de su entorno inmediato. Pero hay también discusiones serias. La
más importante, sobre el Plan Colombia y los $1300 millones que los Estados
Unidos han comprometido para apoyarlo. Se trata de un asunto complejo, que
admite opiniones diversas y conclusiones no siempre coincidentes. Ofrecemos
aquí las de los colombianos Fernando Cepeda de la Universidad de los Andes y
Diego Pérez del CINEP; asimismo, las de los norteamericanos Michael Shifter del
Diálogo Interamericano y Coletta Youngers de WOLA. (C.B.I.)
Los diamantes ensangrentados
Fernando Cepeda
Los diamantes ensangrentados. Fue
una expresión que hizo carrera en los últimos meses en Europa y que llegó a
formar parte de la agenda del Grupo de los Nueve en su reciente reunión de
Okinawa, Japón.
¿De qué se trata? Pues existe una
nueva lectura sobre el origen de los conflictos civiles. Se formula una pregunta
dura: ¿Qué es lo que inspira estos conflictos? ¿Acaso el ansia desmedida de
obtener dinero (greed)? ¿Acaso
quejas bien justificadas sobre la desigualdad social, la injusticia, la
explotación (grievance)?
¿Cuándo las quejas se convierten en una especie de manto encubridor de una
actividad típicamente criminal? ¿En qué momento la fortaleza económica genera
una agenda de quejas que debe ser tomada en cuenta?
Los diamantes ensangrentados
representan el caso típico. Las guerrillas de Angola, Sierra Leona y el Congo
controlan parte de la producción de diamantes y así financian su existencia.
Una campaña internacional que no es del caso describir aquí llevó a que los
compradores de diamantes y el Grupo de los Nueve decidieran no comprar aquellos
que estaban ensangrentados.
Paul Collier, del Banco Mundial,
es el principal expositor de esta nueva lectura. Sus trabajos han sido ya
objeto de seminarios y debates especializados. El más reciente fue publicado
por el Banco Mundial el 15 de junio, con el título Causas económicas del conflicto civil y sus implicaciones para formular
las políticas. Una versión preliminar llevaba por título Greed and Grievance in Civil War (26
de abril del 2000).
¿Y a qué viene este larguísimo
preámbulo? Bien claro. Es probable que estos trabajos, que ya tenían unas
versiones anteriores, reforzaran una interpretación que afloraba y desaparecía
sobre el origen de la fortaleza de las FARC, o sea, su financiación proveniente
de su vinculación con el negocio de las drogas ilícitas; o el caso de los
paramilitares o autodefensas, que también se alimentan de vínculos con la
industria de las drogas.
El Plan Colombia se propone
debilitar al máximo esta fuente de financiación, con la esperanza de que ello
facilitará una negociación seria que llevará a la paz. Ese sería el garrote que
planteó la señora Albright en su artículo sobre Colombia el 10 de agosto de
1999 en el New York Times. La
otra opción consistiría en utilizar el Plan Colombia como una "poderosa
carta de negociación", según la expresión del embajador Pickering para
acordar en la Mesa de Negociación la participación eficaz de las FARC en la
erradicación y sustitución de cultivos. Es lo que la señora Albright denomina
la presión que debe ir acompañada de incentivos.
Las FARC han rechazado contundentemente
las dos posibilidades. Con respecto a la primera, dicen que el Plan Colombia es
una estrategia antiinsurgente disfrazada de plan antinarcóticos. Y con relación
a la segunda, manifiestan que no aceptan ningún ultimátum.
En mi opinión, el asunto está en
manos de la Mesa de Negociación. Los representantes del gobierno tienen,
entonces, una altísima responsabilidad.
El primer capítulo del Plan
Colombia tendrá que ver con la protección de los derechos humanos. A eso se
refieren las condiciones que acompañan la ley del Congreso de Estados Unidos. Y
para ello habrá 56 millones de dólares aparte del conocimiento que sobre la
materia tienen los organismos especializados de derechos humanos,
gubernamentales y no gubernamentales. La dimensión militar es por ahora una
amenaza creíble, pero solamente eso. Las circunstancias dirán si este esquema
deberá ser modificado. Ello depende de la respuesta de las FARC, del éxito de
la estrategia en favor de los derechos humanos y de la capacidad de los
negociadores del gobierno.
¿Acaso estoy creyendo en cuentos de hadas?
Contra los derechos humanos
Diego Pérez
La intensa agenda diplomática
desarrollada por las administraciones de Clinton y Pastrana con el fin de
conseguir la aprobación de los recursos para el Plan Colombia se inició el
pasado 12 de enero, cuando el presidente de los Estados Unidos presentó a la
opinión pública norteamericana la propuesta de ayuda a Colombia, radicándola
ante el Congreso el 8 de febrero. Después de las necesarias conciliaciones
entre demócratas y republicanos, esta agenda concluyó con la aprobación del
paquete de ayuda y con el anuncio y refrenda de éste a través de la visita
oficial del presidente Clinton a Colombia el pasado 30 de agosto.
En lo que respecta a la agenda con
la Unión Europea, el presidente de España, José María Aznar, asumió el 30 de
enero el compromiso de convocar a los miembros de la UE en torno de una
"Mesa de Donantes" para completar los recursos del denominado Plan
Colombia. Con dos reuniones consultivas (en Ginebra y Londres) y una visita a
Colombia del representante de la UE para la Política Exterior, Javier Solana,
esta Mesa se reunió en Madrid el 7 y 8 de julio y concluyó en la disposición de
la UE de apoyar el proceso de paz en Colombia y la creación de un Comité de
Seguimiento que estudie detenidamente el proceso de concertación entre el
gobierno de Colombia y los sectores de la sociedad civil alrededor de un plan
que dé mayor importancia a las reformas políticas, económicas y sociales y a la
vigencia de los derechos humanos como fundamentos del proceso de paz.
La sociedad civil colombiana,
acompañada de importantes sectores de la sociedad civil internacional, también
levantó su propia agenda. Con una firme posición de rechazo al Plan Colombia
por considerar que se trata de una estrategia de guerra maquillada con
proyectos de desarrollo económico y social y por no haber sido concertado con
la sociedad colombiana, amplios sectores sociales han venido realizando grupos de
trabajo, seminarios y talleres con las comunidades locales y regionales,
acciones de interlocución y cabildeo con la comunidad internacional y la
preparación de una reunión internacional, en la que participarían el gobierno
de Colombia, la insurgencia, la comunidad internacional y la sociedad civil.
Esta reunión, que se realizará en Costa Rica entre el 17 y el 19 de octubre,
tiene como objetivo concertar una serie de propuestas encaminadas a oxigenar el
proceso de negociación en marcha y definir un plan para la paz.
La crisis humanitaria actual y la
certificación en materia de derechos humanos
En materia de lucha contra el
narcotráfico, el Plan Colombia es, como lo señala Ricardo Vargas de Acción
Andina, la "reedición de un enfoque de acciones antidrogas que lleva 25
años de fracasos", y "expresa significativamente las redefiniciones
estratégicas que en materia de seguridad hemisférica quieren implementar los
Estados Unidos y en las cuales Colombia y su Plan constituyen la fase
piloto". Además, el Plan es aprobado en un momento de profunda crisis
humanitaria y de derechos humanos.
Durante los dos años de la
administración Pastrana (agosto 1998-agosto 2000), 17 811 personas fueron
víctimas de violaciones de los derechos humanos, de infracciones graves al
derecho internacional humanitario. Cuatrocientas tres masacres se cometieron
durante 1999, y 135 en el primer semestre del 2000; 288 127 personas fueron
desplazadas forzosamente durante 1999. Los niños, y la población civil en
general, se convierten cada vez más en el objetivo de la guerra. Más de 460
menores de edad murieron en este período como consecuencia de la confrontación
armada.
Los grupos paramilitares emplean
el terror contra sus víctimas como práctica de "limpieza" de
territorios de influencia guerrillera. Estos grupos se expanden por el
territorio nacional con el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas y el
financiamiento de grandes grupos económicos del país y del narcotráfico.
Los líderes sociales y defensores
de derechos humanos sienten que los espacios para su labor legítima se cierran
cada vez más y trabajan bajo la presión de los grupos armados de derecha e
izquierda que disputan el control de los espacios sociales y territoriales.
En este contexto, el Plan
Colombia, como se lo ha concebido, profundiza la crisis humanitaria actual,
eleva el conflicto armado a niveles mayores y se convierte en un "palo en
la rueda" de los débiles y lentos procesos de negociación con las FARC y
el ELN.
Por estas razones, el Congreso de
los Estados Unidos, a pesar de aprobar el paquete de ayuda, condicionó el
desembolso de los recursos a la certificación de Colombia en materia de
derechos humanos bajo los siguientes parámetros: "Que el presidente
colombiano confirme por escrito que el personal de las fuerzas armadas culpable
de violaciones a los derechos humanos está siendo juzgado en los tribunales
civiles; que el comandante general de las fuerzas armadas colombianas suspenda
de sus funciones a cualquier miembro del cual existan denuncias fidedignas de
que haya cometido violaciones graves a los derechos humanos o que haya
colaborado con grupos paramilitares; que las fuerzas armadas deben cooperar con
las autoridades civiles para investigar, castigar y sancionar en los tribunales
civiles a sus miembros".
Sin embargo, estas condiciones
eran "opcionales", ya que podían ser ignoradas por el presidente de
los Estados Unidos e invocar el waiver
alegando que "los intereses de seguridad nacional" ameritan la
entrega de la ayuda saltándose los requisitos en derechos humanos, como en
efecto sucedió.
Por su lado, la Unión Europea hizo
en la Mesa de Donantes de Madrid un llamado al gobierno de Colombia para que
cumpla las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos
humanos como fundamento de un proceso de paz serio.
Un Plan contra todos los derechos
Aunque el gobierno de Colombia ha
señalado insistentemente que se trata de un plan para la paz y el
fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos, tenemos que objetar
que sus efectos van totalmente en el sentido contrario.
Contra
la autodeterminación de los pueblos: Se han vulnerado y seguirán
vulnerándose los derechos a la soberanía y libre autodeterminación del pueblo
colombiano en general y de las comunidades y grupos étnicos en particular, de
aquellas regiones de implementación del Plan. Este Plan, como lo han señalado
numerosos analistas internacionales y nacionales, tiene mucho de imposición de
los Estados Unidos a Colombia, de acuerdo con sus intereses de "Seguridad
Hemisférica". Colombia pasa a ser una "avanzada estratégica" de
Estados Unidos en la región para la lucha antidrogas y para combatir el
terrorismo. Por eso, como ha sucedido con otros modelos y otros países
(Turquía, Timor Oriental), Colombia pasa a recibir sustancial ayuda militar,
acompañada de algunos "proyectos positivos" para el fortalecimiento
institucional y el mantenimiento del diálogo político. En la práctica de los
estados terroristas y de las potencias imperiales, la combinación de espacios
de "democracia controlada" con intervenciones militares de choque
acompañadas de fuerzas paramilitares que ejecuten atrocidades, cuenta con una
larga historia.
Contra
el derecho a la participación: Como se colige del punto anterior, el Plan Colombia
no fue consultado ni concertado con los colombianos. Ni las comunidades
directamente afectadas, ni las autoridades locales y regionales, ni los
sectores sociales han participado en la elaboración de un Plan que, como éste,
incide en aspectos sustantivos de la vida nacional y de la convivencia ciudadana.
Contra
el derecho a la justicia: En el campo de la administración de justicia, lucha
contra la impunidad y derechos humanos, el Plan parte de un diagnóstico
equivocado al señalar que el Estado es una víctima, como tantas otras, de los
violentos. Las estrategias propuestas en este campo no se orientan a fortalecer
la acción protectora de los derechos humanos de todos los ciudadanos, a
garantizar el derecho a la justicia que asiste a las víctimas de las
violaciones y a eliminar los mecanismos institucionales y societales que
aseguran la impunidad de los crímenes. El desmantelamiento del paramilitarismo
y el castigo a los funcionarios estatales (militares y policías) involucrados
en los crímenes de lesa humanidad no aparecen como estrategias prioritarias. La
difusión de los derechos humanos y del derecho humanitario, así como las
medidas administrativas y de protección de los funcionarios judiciales,
absorben la preocupación y los recursos en este campo.
Contra
el derecho a la paz y al desarrollo: La estrategia antidrogas del
Plan está dirigida contra la población campesina vinculada a los cultivos de
uso ilícito. No es una estrategia contra los narcotraficantes. En el marco de
dicha estrategia, las acciones militares, policiacas, de fumigación, erradicación,
sustitución, etcétera, vulneran los derechos de estas comunidades a vivir en
paz, a definir el tipo de desarrollo social y económico que consideran
apropiado de acuerdo con sus costumbres, idiosincrasia, modos de producción y
relaciones con el ecosistema.
Contra
el derecho a no ser desplazados forzosamente y a una asistencia humanitaria
integral: El Plan prevé el desplazamiento forzado de poblaciones en
los lugares de implementación. No sólo se vulnera el derecho a la vivienda, a
la pertenencia a un territorio y a un grupo social, sino que los intereses
estratégicos pasan por encima de las acciones de prevención necesarias para no
afectar derechos económicos, sociales y culturales fundamentales de estas
poblaciones. Por otro lado, se niega el derecho a una asistencia humanitaria
integral, pues sólo se contempla en el Plan una ayuda económica de emergencia,
insuficiente para la satisfacción de las necesidades básicas de los
desplazados. Así, se aplaza el derecho a la justicia y a la reparación integral
por los daños causados.
Contra
el derecho a la información objetiva y oportuna y la libre expresión: Todos
los ciudadanos tenemos derecho a una información veraz y oportuna. El Plan
Colombia no sólo ha estado cargado de mentiras, sino que además no se ha
brindado a la opinión publica una información amplia y transparente sobre las
verdaderas intenciones del Plan y sobre los distintos rubros económicos
aprobados, dentro de los cuales hay algunos que permiten abrigar la sospecha de
la realización de "acciones encubiertas" de inteligencia, de
asesorías militares, de acciones paramilitares, etcétera. Por otro lado, quien
expresa una opinión contraria al Plan Colombia es señalado por importantes funcionarios
estatales (civiles y militares) como un "enemigo de la paz de Colombia y
de las Fuerzas Armadas".
Contra
los derechos colectivos y del ambiente: Las operaciones militares, de
fumigación, erradicación y utilización de agentes biológicos constituyen un
grave atentado contra los derechos colectivos de las comunidades y grupos
étnicos y raciales y contra la conservación de la biodiversidad, el ecosistema
y el ambiente.
Estamos a las puertas de una guerra biológica que ha transitado desde
el uso de herbicidas como el glifosato para la fumigación de las plantas de
coca, con graves daños ambientales y contra las poblaciones campesinas, hasta
la puesta a prueba de una solución fungicida, con el hongo Fusarium Oxysporum, con graves
consecuencias para un ecosistema de por sí vulnerable como es la Amazonia.
La confusión de Washington
Michael Shifter
"¿Tienen los Estados Unidos
vocación de superpotencia?". Como siempre, las preguntas más pertinentes
son formuladas en América Latina. ¿Saben los Estados Unidos cómo usar su poder
eficazmente para avanzar mejor sus intereses y valores en el mundo?
Hoy en día ninguna decisión
política plantea de mejor manera la centralidad de esta pregunta que Colombia.
Uno podría suponer que los Estados Unidos buscarían usar su poder para ayudar
al Estado colombiano a hacer lo que obviamente hoy en día no puede hacer, es
decir, proteger a sus ciudadanos. Formular en esos términos el principal
objetivo de la política norteamericana frente a Colombia no sería un gesto
altruista, sino simplemente la forma que uno podría suponer más inteligente de
defender los diferentes e importantes intereses de Estados Unidos en cuestión,
a consecuencia de las diferentes crisis colombianas. Éstas incluyen la
promoción de la democracia y los derechos humanos, el mejorar las condiciones
para la estabilidad, el combate al tráfico ilegal de drogas, la construcción de
cimientos para la prosperidad y el control de la inmigración.
Lo que está en juego es mucho. El
continuo deterioro tiene enormes costos para Colombia, para sus países vecinos
y para los Estados Unidos. Es difícil imaginar cómo cualesquiera de estas metas
norteamericanas pueden ser conseguidas o siquiera avanzadas en las actuales
condiciones colombianas de abierta anarquía e inseguridad. Uno podría suponer
que un país tan poderoso como los Estados Unidos tendría la capacidad de ser lo
suficientemente sofisticado para desarrollar un concepto estratégico coherente
y una política amplia que responda a esas realidades.
Si uno supusiera todo eso, estaría
equivocado. Podemos buscar hasta el cansancio por señales de ese concepto
estratégico, y no lo encontraremos. El paquete de ayuda a Colombia de 1,3 mil
millones de dólares refleja en cambio sólo el deseo de "ser más
firmes" en temas de drogas proveyendo más ayuda militar. Ésta no es una
política que responda a las realidades colombianas, sino más bien un espasmo
producto de las realidades políticas domésticas de los Estados Unidos. Los
paquetes de ayuda de los Estados Unidos son invariablemente una mezcla de las
preocupaciones domésticas y de otras consideraciones más sustantivas, pero en
este caso lo que se pone en práctica está abrumadoramente marcado por lo
primero.
No se puede negar que algunos de
los discursos del presidente Clinton y algunos de los artículos de la
secretaria de Estado Madeleine Albright han sido alentadores al apuntar
precisamente a los temas correctos. En ellos se centraron en la necesidad de
trabajar con los colombianos para defender su democracia y
"desnarcotizar" las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia.
Sin embargo, y probablemente sin intención, ellos han dado una impresión
equivocada. Una revisión aún superficial del paquete de ayuda muestra que el
énfasis está en "empujar en el sur de Colombia" a través de dos elementos
claves de la fórmula clásica de la lucha antidrogas: la erradicación y la
interdicción. ¿Alguien cree que ésta es la mejor manera de ayudar a Colombia
para proteger a sus ciudadanos y lidiar con sus problemas fundamentales? (¡Y
eso sin mencionar su inutilidad para luchar contra el tráfico de drogas mismo!)
En el mundo real maravilloso de la política de Washington hay una preocupante
desconexión entre, de un lado, las usualmente refinadas palabras pronunciadas
por los funcionarios que definen las grandes políticas y, del otro, las
equivocadas orientaciones de los paquetes de ayuda que realmente se aprueban.
Parte del problema deriva del
hecho de que cuando se habla de Colombia, paquete, política
y plan se usan frecuentemente
como palabras intercambiables. Toda la atención se focaliza en lo que el paquete de ayuda debe contener, en
lugar de hacer frente a los elementos más amplios de lo que la política norteamericana debería ser,
ahora y en el largo plazo. Hay una confusión desafortunada entre política, de un lado, e instrumentos para la política, del
otro. ¿Qué hay, por ejemplo, de la presión, la influencia y los rec-ursos
diplomáticos y políticos del tipo de los que los Estados Unidos han empleado en
Irlanda del Norte o en el Medio Oriente? En este caso un paquete de ayuda mal
concebido es el que domina todas las discusiones públicas sobre la política
para Colombia.
Lo que más llama la atención es
que el paquete de ayuda norteamericano no se distinga del Plan Colombia mismo.
Éste es bastante más amplio que la ayuda específica que los Estados Unidos dan
a este Plan. Si bien esta confusión es comprensible –después de todo, casi lo
único que se ha conseguido hasta ahora para financiar este plan de 7,5 mil
millones de dólares es la parte que han apoyado los Estados Unidos–, es
importante tener en cuenta que éste es más amplio y más interesante.
Es cierto que el Plan Colombia
está también mal concebido, podría tener una mayor especificidad y ser más
agudo en su foco estratégico, pero por lo menos ofrece un marco conceptual
bastante más amplio orientado a poner a Colombia en un curso de reconciliación
y reconstrucción. Si bien dista mucho de ser un plan detallado, es en cambio un
punto de partida valioso para trabajar sobre los profundos e interconectados problemas
colombianos.
A los funcionarios de los
gobiernos de los Estados Unidos y de Colombia que reclaman que este es un plan
"colombiano", les salen al frente quienes señalan que este plan ha
sido concebido, diseñado e impuesto desde Washington. En esto los críticos del
Plan Colombia tienen un buen punto. ¿Es el Plan Colombia genuinamente
colombiano, o un plan enteramente norteamericano? Como suele suceder, la verdad
está en algún lugar en el medio de estos dos puntos de vista contrarios. La
tarea, no siempre fácil, es tratar de determinar el nivel de coincidencia o
convergencia entre lo que propone (¿demanda?) Estados Unidos y lo que los
colombianos realmente creen que es necesario hacer.
Cualquiera sea la verdad, la
percepción más extendida fuera de los círculos gubernamentales es que este Plan
Colombia es esencialmente un plan norteamericano. Esto plantea un problema muy
serio para el presidente Pastrana, quien necesita el apoyo de otros gobiernos
latinoamericanos y europeos para hacer eficaz su esfuerzo de paz. Estos
gobiernos tienden a ver el Plan Colombia como un esfuerzo de guerra contra las
guerrillas disimulado, para el consumo político doméstico norteamericano, con
el argumento de la "lucha contra las drogas". En este sentido fue
revelador que, en una breve declaración emitida en Brasilia al final de la
Cumbre de Jefes de Estado de Sudamérica el 1 de setiembre, se expresara el
apoyo para el "proceso de paz en Colombia", para el "presidente
de Colombia" y para el "gobierno de Colombia". ¿Qué hubo del
"Plan Colombia"? No lo mencionaron para nada.
Esto da cuenta de un problema
fundamental entre las naciones hemisféricas, la asimetría del poder y la
continua sospecha y desconfianza sobre los motivos de los Estados Unidos en
América Latina. Para muchos latinoamericanos el problema no es tanto con
Colombia, sino con la forma en que los Estados Unidos está interviniendo en la
región. El peso de la historia, la intervención norteamericana en Kósovo y la
reciente designación de un general de los Estados Unidos para dirigir las
operaciones en Colombia, no ayudan a aliviar estas preocupaciones. Pero los
críticos, que con razón señalan y dan cuenta de una política de drogas mal
concebida y del riesgo de terminar empantanados en una
"vietnamización", tienen a su vez la responsabilidad de plantear
opciones para hacer frente a la severa crisis de seguridad colombiana.
Hay una alternativa sensata tanto
para la manera en que los Estados Unidos se relacionan con América Latina,
como, específicamente, para su aproximación al problema colombiano. Los Estados
Unidos deben consultar ampliamente y movilizar apoyo internacional para ayudar
al gobierno de Colombia a superar la situación de anarquía y para mejorar su
capacidad de proteger a sus ciudadanos. Esto significaría proveer asistencia en
seguridad, poniendo énfasis en la profesionalización de las Fuerzas Armadas y
la Policía, con una estricta insistencia en estándares de derechos humanos.
También es fundamental una más amplia ayuda económica, política, social y
humanitaria. Lo que no queda claro es si los Estados Unidos son en realidad
capaces de desarrollar un liderazgo político que lleve a cabo de manera
inteligente y constructiva políticas en el marco planteado.
"¿Tienen los Estados Unidos vocación de superpotencia?". Por el
bien de todos, espero que sí; pero, sinceramente, tengo mis dudas.
¿Más perjuicios que beneficios?
Coletta Youngers
En febrero pasado, más de 300
hombres armados tomaron el pequeño poblado de El Salado y comenzaron una
"calculada campaña de tortura, violaciones y asesinatos". Cuando ésta
terminó, 36 pobladores, incluyendo a una niña de 6 años, habían sido asesinados
acusados de haber colaborado con las FARC. Mientras esta tragedia ocurría,
unidades policiales y militares se encontraban a sólo unos pocos kilómetros de
distancia, pero no hicieron ningún esfuerzo por intervenir; al contrario:
bloquearon la ruta hacia El Salado para asegurarse de que ningún grupo de
derechos humanos o de ayuda humanitaria pudiera intentar detener la carnicería. El coronel a cargo de la región
durante los hechos sería luego promovido a general1.
Este no es un incidente aislado,
sino más bien uno representativo de la trágica historia de colusión entre los
miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia y los grupos paramilitares de
derecha; una historia que no ha cambiado en los años recientes, no obstante los
reclamos del gobierno colombiano en sentido contrario.
A pesar de esta historia, el
gobierno de los Estados Unidos está a punto de apoyar a los militares
colombianos con casi mil millones de dólares –casi dos millones de dólares
diarios directamente para las fuerzas de seguridad en los próximos dos años2–. El grueso
de esos 1300 millones de dólares está dirigido a aumentar la capacidad de las
Fuerzas Armadas de Colombia en su guerra contra las FARC. La piedra angular del
paquete es la de "Empujar en el Sur de Colombia" con el objeto de
recuperar el control de la zona cocalera en la región, hoy en manos de las
FARC, y, de esa manera, darle un golpe fatal tanto a las guerrillas como al
comercio de drogas. Para ese fin, los Estados Unidos van a entrenar y equipar
tres batallones antinarcóticos de las Fuerzas Armadas y proveerlas de 60
helicópteros sofisticados. La legislación "limita" la presencia
física en el terreno de los Estados Unidos a 500 oficiales dedicados al
entrenamiento de los colombianos y a 300 civiles más contratados.
El paquete de ayuda es la
respuesta de Washington al Plan Colombia, un programa de 7500 millones de
dólares previsto para combatir a las guerrillas, enfrentar el tráfico ilícito
de drogas y restaurar la debilitada economía del país. Más que un plan, es una
lista de buenos deseos elaborada por el gobierno de Pastrana a solicitud de los
funcionarios de los Estados Unidos, quienes estaban ansiosos de conseguir la
aprobación del Congreso para un paquete de ayuda a Colombia. Para apaciguar a
los republicanos conservadores en el Capitolio, la administración Clinton se
comprometió con los componentes militares del Plan. A su vez, para calmar a los
demócratas liberales, se incluyen aproximadamente 230 millones de ayuda para
alternativas económicas de desarrollo, para ayudar a los desplazados, para
derechos humanos, para iniciativas de paz y para propuestas en el sector
justicia.
El Plan Colombia no había sido
debatido en este país y se conoció primero en Washington que en Bogotá, donde
ha sido recibido con gran escepticismo por las ONG, los grupos religiosos y la
comunidad académica. Más de 75 importantes ONG han firmado una declaración
señalando su oposición al Plan Colombia, por tener un enfoque predominantemente
militar; a su vez, decenas de grupos no gubernamentales han dicho ya que no
aceptarán la ayuda de los Estados Unidos, la que ven como un caramelo destinado
a endulzar el apoyo a la contrainsurgencia. Un líder religioso, el obispo Nel
Beltrán, ha sostenido, al dar cuenta de las objeciones de la Iglesia católica
al Plan Colombia, que "necesitan justicia, no venganza"3.
Quienes se oponen al Plan Colombia
cuestionan también que se continúe con la erradicación aérea y el posible uso
de microherbicidas contra los cultivos de coca, dado el daño potencial
devastador a la salud y al medio ambiente que causan estas estrategias. A la
fecha, los esfuerzos contra narcóticos apoyados por los Estados Unidos han
fallado miserablemente en Colombia y en todas partes. El Plan Colombia
simplemente va a desarrollar mucho más una aproximación al problema que ya ha
probado ser equivocada.
Aquellos que apoyan el Plan reclaman,
en cambio, que la crisis colombiana ha llegado a tales proporciones que los
Estados Unidos y otros gobiernos deben y tienen que ir a rescatar al gobierno
de Pastrana. De hecho, por varios años organizaciones como la Oficina en
Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han buscado atraer la atención de
quienes sostienen que las políticas norteamericanas hacia la violencia política
y la crisis de derechos humanos están fuera de control en Colombia. No se
trata, por tanto, de si la crisis colombiana debe recibir atención especial o
de si Colombia merece un alto nivel de ayuda norteamericana. Lo que está en
cuestión es el tipo de ayuda que se necesita. Y el presente paquete puede
terminar causando más perjuicios que beneficios.
La actual aproximación al tema
desde el punto de vista militar es esencialmente errada. Además, ignora cuál es
hoy el actor más importante en la violencia política, a saber, los grupos
paramilitares de derecha, que están profundamente involucrados en el tráfico de
drogas y plantean una amenaza frontal a la democracia colombiana. Los
funcionarios de los Estados Unidos sostienen que fortalecer a las Fuerzas
Armadas de Colombia va a permitirles atacar a los grupos paramilitares. Esto es
como creer que a Al Capone se le debió encargar la vigilancia del cumplimiento
de las leyes contra la prohibición, o como si, en el Perú, se le pidiera a
Montesinos la reforma del SIN.
El Congreso de los Estados Unidos
incluyó en el paquete de ayuda condicionalidades con relación al tema de los
derechos humanos, las que exigen al presidente certificar que las Fuerzas
Armadas de Colombia estén sancionando las violaciones de derechos humanos en
sus filas, a la vez que cortando sus lazos con las fuerzas paramilitares. En la
medida en que el presidente Clinton no podía acreditar que esas condiciones se
habían cumplido, apeló al derecho que la ley le otorga de hacer excepciones y
así poder abrir el caño a fines de agosto antes de su viaje a Cartagena. Al
hacerlo, Clinton ha enviado un peligroso mensaje a las Fuerzas Armadas de
Colombia, en el sentido de que Washington estaría dispuesto a tolerar la
colusión entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares. En una carta a Clinton
enviada por 65 organizaciones norteamericanas –de derechos humanos, religiosas
y de políticas públicas– se señala que "muchos de los firmantes tienen
graves dudas sobre lo adecuado de esta masiva infusión de asistencia militar a
Colombia... (pero que) sería un desastre si las condiciones sobre derechos
humanos resultaran letra muerta desde el comienzo".
Una aproximación militar a un
conflicto que ya lleva décadas muy probablemente llevará sólo al incremento de
la violencia y a los abusos de derechos humanos. Las fuerzas que combaten en
Colombia han estado militarmente en un punto muerto por años, y no se puede
imaginar un cambio en esa correlación de fuerzas, con o sin el paquete de ayuda
norteamericana. Ya las FARC han señalado que comprarán misiles tierra-aire para
protegerse de los 60 helicópteros que serán entregados a las Fuerzas Armadas.
Más todavía: el "empujar en
el sur de Colombia" va a aumentar muchos nuevos a los ya más de un millón
de desplazados internos en Colombia. La legislación aprobada por el Congreso de
los Estados Unidos ya incluye asistencia para los 10 000 colombianos que los
funcionarios de la administración Clinton calculan van a ser forzados a huir de
sus lugares de origen; pero las organizaciones humanitarias temen que puedan
ser más de 100 000 los afectados. Muchos de éstos podrían huir hacia el vecino
país del Ecuador.
Lo más preocupante es quizá que la
iniciativa militar debilita la ya frágil iniciativa de paz del gobierno de
Pastrana. Ni la guerrilla ni las Fuerzas Armadas se embarcarán seriamente en
conversaciones de paz en medio de una situación de militarización sin
precedentes. Los militares colombianos ya han probado ser bastante reacios a
estas negociaciones. El apoyo incondicional que han obtenido del Tío Sam
solamente servirá para reafirmarlos en su resistencia a una solución no militar
del conflicto. A pesar de los lentos progresos de la iniciativa de paz de
Pastrana hasta la fecha, ésta sigue siendo la mejor opción para acabar con el
conflicto armado.
Finalmente, tanto el Plan Colombia
como el paquete de ayuda militar norteamericana plantean el riesgo de una
rápida expansión de la presencia de los Estados Unidos en otro conflicto
contrainsurgente que es visto como vital para sus intereses de seguridad. Ya el
general Charles E. Wilhelm, que dirige el Comando Sur, ha dicho, al describir
el papel de los Estados Unidos en Colombia, que "esta no es una aventura
de una noche. Este es un matrimonio para toda la vida"4.
Si bien el repensar el Plan
Colombia es una decisión que corresponde a los colombianos, una coalición de
organizaciones no gubernamentales con sede en Washington está proponiendo una
alternativa al paquete de ayuda norteamericano. En primer lugar, la
administración Clinton debe poner su mayor fuerza diplomática en apoyar el
proceso de paz, y la asistencia norteamericana ser asignada de acuerdo con esa
decisión política. El grueso de la ayuda debe promover el desarrollo económico,
apoyar el desarrollo rural en zonas conflictivas y otros programas destinados a
implementar un eventual acuerdo de paz. Washington debe financiar iniciativas
de paz de la sociedad civil, programas de derechos humanos y esfuerzos para
fortalecer el sistema judicial. Al final la solución del conflicto colombiano
estará en manos de las instituciones civiles y de los grupos que desde la
sociedad civil puedan, de manera más eficaz, promover y construir la paz.
1. Rother, Larry: "Colombians Tell of Massacre,
As Army Stood By". The New York
Times, 14 de julio del 2000.
2. Isacson, Adam: "Plan Colombia: Military
Response Fails to Address Social Problems". Colombia Update, verano/otoño del 2000, p. 5.
3. Citado en DeYoung, Karen: "Conflict Drives
Thousands from their Homes in Colombia". The Washington Post, 6 de setiembre del 2000.
4. Citado en Schemo, Diana Jean y Tim Golden:
"Bogotá Aid: to Fight Drugs or Rebels?". The
New York Times,
2 de junio de 1998.