Nueva Ley
Forestal y de Fauna
La madera
está que arde en la amazonia
ideele ha invitado al antropólogo
Alberto Chirif para analizar las virtudes y vacíos de la nueva Ley Forestal y
de Fauna que ha desencadenado protestas en diferentes partes de la Amazonia
peruana. En un segundo artículo, el también antropólogo Alfredo García
Altamirano realiza la crónica de las recientes jornadas de protesta por
demandas regionales que tuvieron lugar en el olvidado departamento de Madre de
Dios, uno de cuyos factores desencadenantes ha sido precisamente la mencionada
Ley.
La rebelión de los empresarios
Alberto Chirif
Pocos días después de la
promulgación por el Congreso de la República de la Ley 27308, Ley Forestal y de
Fauna, que reemplaza al DL 21147 de 1975, la Asociación de Industriales
Madereros de Loreto, con el apoyo de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo
de Loreto, realizó una inusual protesta por las calles de Iquitos. En dicha
manifestación la gente marchó junto con tractores forestales y otra maquinaria
pesada empleada en las tareas de extracción.
La razón fundamental de la
protesta fue que la nueva ley ha puesto fin a una modalidad de contratos
destinada a pequeños extractores (hasta 1000 hectáreas). Los industriales de la
madera desfilaron con su maquinaria pesada en protesta por los perjuicios que
la nueva ley causará a esos pequeños extractores. ¿Por qué, de pronto, tanta
solidaridad para con éstos?
Un poco de historia. El DL 21147
trató de ordenar la extracción forestal y, con este fin, estableció varios
tipos de contratos: para particulares (entre ellos las empresas privadas e
instituciones asociativas) en superficies de hasta 100 000 hectáreas, por
períodos renovables de 10 años, sujetos a estudios de factibilidad
técnico-económicos (planes de manejo) y a programas de reforestación; para
pequeños extractores en extensiones no mayores de 1000 hectáreas, por períodos
renovables de entre 2 y 10 años, y con la obligación también de reforestar; y
para empresas públicas (nunca se firmó siquiera uno de este tipo). Las
comunidades nativas y campesinas, además, podían explotar los bosques dentro de
sus territorios mediante permisos de extracción, para lo cual se les exigía
contar con programas de reforestación.
Respecto al primer tipo, los
dirigidos a particulares, ninguna entidad asociativa llegó a suscribir dichos
contratos que, aclaramos, se referían a recursos forestales ubicados fuera de
sus ámbitos territoriales. No tenemos información sobre cuántas empresas
privadas los firmaron en todo el país, aunque sí podemos decir, sin temor a
equivocarnos, que fueron muy pocas. En Loreto, por ejemplo, sólo seis los
suscribieron durante la década de 1980, en un rango de extensión de entre 10
000 y
24 000 hectáreas.
A juzgar
por el dato anterior, uno pensaría que la actividad forestal ha estado
paralizada en la región, pero no ha sido así. Frente a una situación de pocos
contratos sobre extensiones grandes se produjo otra de gran cantidad de
contratos teóricamente orientados a beneficiar a pequeños extractores con 1000
hectáreas por cada uno. ¿Quiénes se beneficiaron de ellos? Los industriales
madereros.
Esta
opción permitió a los industriales evitar el requisito de los planes de manejo,
al cual estaban obligados en caso de pretender áreas grandes, así como también
los programas de reforestación, esto último facilitado por una norma del
Ministerio de Agricultura que reemplazó esta responsabilidad mediante el pago
de un canon de reforestación cuyos frutos son poco visibles. Otras ventajas
para los madereros fueron la rapidez de la gestión de estos contratos, que
además se tramitaban en las direcciones regionales del Ministerio de
Agricultura y no en Lima, y la posibilidad de saltar, en apenas dos años, de
contrato en contrato eligiendo las maderas más apetecibles en cada uno de
ellos. En la práctica, finalmente, ofrecían algunos beneficios más; por
ejemplo, la poca definición de las áreas, trazadas en croquis defectuosos; la
posibilidad de disponer de varias áreas mediante distintos testaferros; y un
control relajado (si es que alguno) de la extracción por un ministerio cuyo
tamaño y recursos se fueron reduciendo drásticamente en la última década. Esto
les ha permitido extraer mucho más madera que la contratada, y sobre áreas
mayores que las autorizadas.
A fines de 1992 el gobierno
suspendió el otorgamiento de contratos forestales de cualquier tipo, aunque
esto tampoco paralizó la actividad, ya que a partir de entonces al Ministerio
de Agricultura le comenzaron a llover solicitudes de permisos de extracción de
comunidades nativas para explotar madera dentro de sus territorios. Éstos son
básicamente iguales a los contratos para pequeños extractores, con la ventaja
de que no tienen limitaciones respecto a extensión, ya que una comunidad puede
tener más de 1000 hectáreas de bosques de producción. Una vez más, fueron los
industriales quienes se beneficiaron de estos permisos.
Damos un ejemplo de cómo funciona
todavía esta asociación comunidad/maderero para usufructuar un permiso, sobre
la base de información que obtuvimos en 1999 en el Alto Ucayali y el Bajo
Urubamba. En la comunidad asháninka Chicosa, un maderero le dijo a la gente que
extraería 180 000 pies de madera blanda (lupuna y otras especies) y que pagaría
sólo el 15% de la madera, ya que el 85% restante serviría para compensar su
esfuerzo de haber llevado, desde Pucallpa al Alto Ucayali, su tractor forestal
y su gente. La comunidad aceptó. Él valoró la madera a S/. 0,11/pie, lo que dio
un total de S/. 20 000. El 15% de esto son S/. 3000, de los que el maderero
descontó S/. 600 para pagar a los materos
(gente que identifica los árboles y los marca para indicar que hay que
cortarlos). En suma, a la comunidad le quedaron S/. 2400 por 180 000 pies
declarados (con un mínimo de suspicacia, podemos suponer que fueron más), por un
tipo de madera que en el puerto de Pucallpa se paga a S/. 0,40/pie, lo que da
un total de S/. 72 000, cantidad sobre la cual, por cierto, hay que descontar
los costos de producción. Chicosa no fue la única comunidad embarcada en este
tipo de acuerdos con madereros.
Los contratos de 1000 hectáreas
fueron restablecidos en 1996, pero su duración quedó reducida a un año. Éstos y
los permisos han constituido el soporte de la industria maderera en la región.
Según una fuente autorizada de la Dirección Regional Agraria de Loreto, en los
últimos años se han otorgado cerca de 1000 contratos por año. La misma fuente
nos asegura que el 50% de ellos ha sido, en efecto, ejecutado por pequeños
extractores, lo cual, sin embargo, no afecta para nada nuestra afirmación de
que el beneficiario final de este tipo de extracción es el industrial maderero.
Esto explica las razones de su solidaridad con los pequeños extractores a raíz
de la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna.
La nueva ley intenta ordenar el
proceso extractivo de manera que los extractores, en vez de andar picoteando
por el bosque, se centren en espacios definidos para manejarlos a lo largo del
tiempo. En este sentido, establece dos modalidades para el otorgamiento de
concesiones madereras: subasta pública (entre 10 000 y 40 000 hectáreas por 40
años renovables) y concurso público (entre 5000 y 10 000 hectáreas con igual
plazo que la anterior). El problema es que también la anterior ley (DL 21147)
pretendía hacer lo mismo, y por esto fijó áreas incluso mayores (100 000
hectáreas) que las de la actual ley. ¿Se han diseñado estrategias para evitar
que nuevas argucias desvirtúen las intenciones de la ley y terminen poniéndola
al servicio de los intereses de un grupo?
La Ley disipa los temores (salvo
interpretación auténtica) de las comunidades nativas y campesinas respecto a
las intenciones del gobierno de enajenarles sus bosques. Ciertamente, es un
paso positivo que les permitirá destinar sus energías a otros temas.
No obstante, nos queda la duda
sobre si la zonificación actual de los bosques está suficientemente avanzada
como para que las concesiones no se superpongan, por ejemplo, con territorios
de comunidades (o con áreas ocupadas por comunidades aún sin titular) o con
propiedades de otros particulares y si, por otro lado, el Ministerio tiene la
capacidad de controlar que el proceso se lleve a cabo de manera ordenada y sin
atropellar derechos de terceros.
Éstos y otros problemas han sido señalados por la
Asociación Regional de Pueblos Indígenas (ARPI), coordinadora regional de la
confederación indígena
AIDESEP en la selva central, que además ha reclamado la participación del
movimiento en la reglamentación de la Ley y en la elaboración de propuestas que
cautelen el derecho de las comunidades.
Alberto Chirif es antropólogo experto en temas
amazónicos.
Madre de Dios:
Donde los pollos también lloran
Alfredo García A.
Luego del reciente paro regional
de 72 horas (21-23 de agosto), los vecinos del cercado de la ciudad recogieron
tal cantidad de cascos de bombas lacrimógenas que las utilizan ahora como
adornos domésticos, recordando que los gases ahogaron momentáneamente no
solamente a niños, ancianos y amas de casa que no participaron en la protesta,
sino también a perros domésticos y callejeros y a los pollos de sus patios. Y
que sus pollitos más pequeñitos simplemente se les murieron.
Los detenidos del 23 de agosto
fueron puestos en libertad durante los dos días siguientes de la protesta. Sin
embargo, una orden de comparecencia restringida emitida por el 2º Juzgado Mixto
MDD obligaría a cada persona a pagar 5000 soles, no viajar sin permiso de dicho
Juzgado, ni participar en reuniones públicas, entre otras restricciones, según
parece indicar la denuncia que sustenta el proceso legal abierto. Tanto la
oficina de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios como otras organizaciones
civiles y algunos congresistas están haciendo el seguimiento del caso para
obtener más información sobre la real situación legal de los denunciados.
Entretanto, la semana comenzó con
un comunicado emitido el lunes 4 de setiembre, suscrito por las Federaciones
Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD) y Nativa del Río Madre de Dios
y Afluentes (FENAMAD) y la Asociación de Extractores Forestales, confirmando la
continuación de su medida de lucha, esto es, el paro regional indefinido a
partir del 18 se setiembre, fecha en la que concluiría la tregua dada al
gobierno central para atender adecuadamente los 13 puntos de la Plataforma de
Lucha Regional.
Entre ellos se encuentran
necesidades sentidas por la población regional como el asfaltado de la
carretera Iñapari-Puerto Maldonado-Puente Inambari; la interconexión con la
Central Hidroeléctrica de San Gabán (Puno); la derogatoria de la Ley Forestal y
de Fauna Silvestre (Ley 27308); la zonificación definitiva de áreas naturales
protegidas; el reconocimiento de los territorios tradicionales de los pueblos
indígenas; la elección inmediata del gobierno regional; el incremento de
presupuesto de inversiones para el desarrollo; y la creación del distrito
judicial de Madre de Dios.
Algunas respuestas iniciales a
estas demandas, como las relativas a territorios indígenas y áreas naturales
protegidas, se han puesto en marcha. Así, sobre la categorización definitiva de
la Zona Reservada Amarakaeri (DS 029-2000-AG), se instaló este 5 de setiembre,
en Puerto Maldonado, la comisión técnica encargada de formular la propuesta de
delimitación y categorización definitiva de dicha ZRA. Dicha comisión está
conformada por representantes del INRENA, PROMUDEH, CTAR-MDD y de las
comunidades indígenas. La propuesta definitiva es relativa a la creación de la
Reserva Comunal Amarakaeri, solicitada por FENAMAD desde 1991 con un detallado
estudio técnico.
Asimismo, este 5 de setiembre se
promulgó el DS 048-2000-AG, mediante el cual se aprobó la largamente esperada
zonificación definitiva de la Zona Reservada Tambopata Candamo (ZRTC, 1478 942
hectáreas, 60% en Puno y 40% en Madre de Dios). Así, una superficie de
254 358 hectáreas de la ZRTC se definió como Reserva Nacional Tambopata (RNT);
el Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS) se amplió a 1 091 416 hectáreas, y un
área de 262 815 hectáreas se definió como Zona de Amortiguamiento de la RNT y
del PNBS. Facilitó esta definición la reciente decisión de la empresa Mobil de
retirarse del Lote 78, que comprendió un pozo de exploración en la cuenca del
río Távara, dentro de la ZRTC.
Lo aprobado responde
sustancialmente a lo demandado por las organizaciones sociales, según un
expediente técnico elaborado con el aporte colectivo y aprobado por consenso
junto con organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta región. Sin
embargo, la propuesta multiinstitucional para dejar excluida de cualquier
categoría de Área Natural Protegida lo que ahora se denomina Zona de Amortiguamiento,
es la principal diferencia entre lo propuesto y lo finalmente aprobado.
De otro lado, la protesta regional
que incluye el pedido por la derogatoria de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, ha tenido eco en el Congreso, con la conformación, el 29 de agosto,
de una subcomisión dentro de la Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonia,
encargada de analizar posibles modificaciones de la reciente Ley Forestal y la
problemática de Madre de Dios. Dicha subcomisión, conformada por los
congresistas Antonio Palomo Orefice y Giomar Seijas (Perú 2000) y Jorge Chávez
Sibina (Somos Perú), ha solicitado a la presidenta de la Comisión, Cecilia
Martínez del Solar, que eleve al Ejecutivo peticiones para levantar el estado
de emergencia en la provincia de Tahuamanu; la veda sobre el cedro y caoba por
seis meses y suspensión del DS 030-2000-AG que creó la Zona Reservada del Alto
Purús, entre otros puntos.
Dicha subcomisión efectuará una
primera visita de trabajo a Puerto Maldonado e Iberia-Iñapari entre el 8 y el 11
de setiembre. A su vez, las organizaciones sociales y otras instituciones
privadas se aprestan a afinar propuestas por consenso sobre la Ley Forestal.
Asimismo, a brindar alcances sobre algunos de los planteamientos de esta
subcomisión, caso del DS 030-2000-AG, que cuenta en realidad con amplio
respaldo institucional, por comprender una área de alta sensibilidad y riesgo
epidemiológico por la presencia allí de poblaciones indígenas en aislamiento
voluntario, e incluida como Zona de Tratamiento Especial en la propuesta
preliminar de Zonificación Ecológico-Económica (ZEE) de la Región de Madre de
Dios elaborada por el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana
(IIAP) por encargo del CTAR-Madre de Dios.
La propuesta de ZEE para Madre de
Dios es uno de los puntos del Plan de Acción Ambiental Regional, impulsado por
el Consejo Regional Ambiental de Madre de Dios (CAR-MDD), presidido por el
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), elaborado y aprobado igualmente por
consenso, en el marco de un proceso de trabajo regional de largo aliento
iniciado varios años atrás y orientado a lograr el ordenamiento territorial
regional.
Dicha propuesta era desconocida
por las nuevas autoridades del actual gabinete del Ejecutivo, quienes tenían la
impresión de que en Madre de Dios no hay iniciativas de planificación y que
ésta puede –tal vez– seguirse mirando como una supuesta tierra
"deshabitada" y "desierta", donde el que tiene más poder
económico puede sacar mejor partido. Caso de la caoba, la madera más valiosa
agotada comercialmente en otras porciones de la Amazonia peruana.
Las iniciales respuestas del
gobierno central están siendo evaluadas con ponderación por FADEMAD, FENAMAD y
la Asociación de Extractores Forestales, quienes convocaron para el sábado 9 a
una asamblea popular para evaluar los progresos hasta ahora obtenidos y
reconsiderar o ratificar sus medidas de lucha, sin excluir su permanente
disposición al diálogo con autoridades del más alto nivel ejecutivo y
legislativo, a pesar de la indisposición contra sus organizaciones y líderes
expresada por el ministro de Agricultura, José Chlímper, que calificó a las
organizaciones sociales y sus líderes como "interlocutores no
válidos".
Luego de este primer encuentro,
dichas organizaciones decidieron no suscribir un acta de entendimiento dado que
"con excepción del punto sobre la categorización de la Zona Reservada
Amarakaeri, titulación de comunidades nativas que se encuentran en Áreas
Naturales Protegidas y otros de carácter administrativo, que se dará cumplimiento
en el plazo de ley, los demás puntos han sido escuchados pero no atendidos por
las citadas autoridades, motivo por el cual subsisten las razones que nos
llevaron a decretar el Paro Regional Indefinido" (comunicado
FADEMAD-FENAMAD, 28 de agosto).
Sin embargo, en la madrugada del
27 de agosto un incendio de una parte de las instalaciones del CTAR-MDD
(oficina de presupuesto y planificación y parte de una guardería infantil),
atribuido por la prensa oficial (El
Peruano, 28 de agosto) a "confusos pobladores de la zona" y un
comunicado supuestamente suscrito por Extractores Forestales reivindicaba
extremar su protesta –difundido en algunas emisoras locales–, ha levantado la
sospecha de su origen por "manos extrañas", a fin de desacreditar la
medida de lucha regional y desviar la atención sobre los problemas de fondo que
la suscitan.
Cabe anotar que este incidente
guarda semejanza con lo ocurrido durante las protestas del Frente Patriótico de
Loreto luego de la firma del Acuerdo de Paz con Ecuador y, más recientemente,
durante la Marcha de los Cuatro Suyos en Lima, donde se ha atribuido también
actos de violencia a organizadores de protestas pacíficas.
El ministro Chlímper descartó en
dicha sesión –y lo ha repetido a la prensa– destinar inversiones del gobierno
para proyectos como el asfaltado de la carretera Iñapari-Puente Inambari y la
interconexión eléctrica, aduciendo que el monto de esos proyectos no se
justifica para 25 000 habitantes, cuando en realidad sólo Puerto Maldonado
bordea ahora 50 000 y toda la región cerca de 100 000 habitantes.
La postura "apabullante"
del ministro Chlímper, descartando de plano recursos financieros del Ejecutivo
para importantes proyectos de desarrollo regional, no ha hecho sino afirmar la
certidumbre de la población acerca de la poca disposición del gobierno para
responder a sus necesidades de generar más empleo e ingresos, en una región
cuya economía sigue dependiendo fundamentalmente de la extracción de madera y
en menor medida del oro y la castaña, y cuya condición de Capital de la
Biodiversidad del Perú y Patrimonio Ecológico de la Humanidad no se incorpora
aún efectivamente dentro de los programas de desarrollo.
Mientras, desde Lima, la jefa de
INRENA, Josefina Takajashi, ha minimizado las demandas regionales por derogar
la Ley Forestal y ha tenido relativo éxito en desinformar a la opinión pública,
diciendo que durante el paro regional de 72 horas se quemaron 200 000 pies de
madera, cuando las organizaciones locales indicaron cifras menores (10-30 000
pies) y aun medios como El Comercio
informaron anticipadamente también otras cifras (50 000 pies, 23.8),
confirmando las suspicacias de los pequeños extractores forestales de que se
quiere aprovechar este hecho para "esfumar" centenares de miles de
pies de caoba incautada por INRENA a dos grandes empresas exportadoras de
madera que operaban en la provincia de Tahuamanu. Pero entonces, ¿qué madera
decomisada se encuentra aún en Puerto Maldonado, Iberia e Iñapari? ¿No forma
parte en realidad de estos 200 000 pies supuestamente quemados?
Tanto estas pérdidas como otros
daños a bienes públicos habrían sido "endosados" ahora a los
detenidos del 23 de agosto, así como a Juan Muñoz y Sebastián Puma (presidente y
secretario de Economía de FADEMAD respectivamente) y Rafael Ríos, presidente de
la Asociación de Extractores Forestales de Madre de Dios, a quienes se les
cambió una orden de detención por otra de comparecencia restringida, emitida
por el juez José Luis Linares Salinas del 2º Juzgado Mixto de Madre de Dios,
según denuncia fiscal.
Sorprendentemente, en dicha
denuncia no se comprendió a Antonio Iviche, presidente de FENAMAD, una de las
organizaciones convocantes del reciente paro regional, por lo que en círculos
locales se interpretan los cambios en las denuncias como parte de medidas
destinadas a inmovilizar a directivos de las organizaciones gremiales.
¿Seguirán llorando los pollos? Sinceramente, nadie
desea que esto ocurra. Dependerá de la sensibilidad y tino de autoridades
principalmente, toda vez que las organizaciones sociales de la región siguen
demostrando tener capacidad de propuesta y de concertación para avanzar una
agenda de trabajo que conjugue desarrollo y conservación.
Alfredo García Altamirano es antropólogo de la
Universidad de San Marcos y trabaja actualmente en Madre de Dios.