La transición

Condiciones mínimas para nuevas elecciones

¿Cómo debe y puede ser de acá al día de las nuevas elecciones? ¿Qué mínimos exigir en esta transición entre el fin del gobierno de Fujimori y el nuevo proceso electoral? ¿Con o sin Fujimori? ¿Y la cúpula militar? ¿Y el Congreso y la mesa de diálogo? Nuestros invitados responden la pregunta para ideele, centrándose en uno de los aspectos de la transición: político (Enrique Bernales, Augusto Álvarez y Fernando Rospigliosi); militar (Alfonso Panizo); recursos del Estado (Roelfin Haak); libertad de prensa (Güido Lombardi), y sistema electoral (Rafael Roncagliolo y César Landa).

 

Crisis política: La tormenta perfecta

Enrique Bernales B.

 

Para entender el curso de la crisis política que sufre el Perú, conviene que nos formulemos algunas preguntas.

¿Ha habido golpe de Estado?

El golpe de Estado tradicional en el Perú siempre recurrió a las armas y a la imposición violenta. Los tiempos han cambiado. La presión internacional y la tendencia a la universalización de la democracia impiden a los militares tomar el poder por la vía armada. El mundo moderno es el del desplome de las dictaduras. Por ello, actualmente las herramientas para someter al poder civil son más sutiles y se valen de métodos ocultos y relaciones de poder.

El adelanto de las elecciones generales, se dice, fue un salto hacia adelante de Fujimori que sobrepasó la resistencia de su ex asesor Vladimiro Montesinos. En todo caso, evidenció que el poder no le perteneció nunca a Fujimori sino a Montesinos. La cúpula militar estructurada por éste adquirió en los hechos un peso capaz de neutralizar el poder presidencial. En una situación de este tipo, Fujimori sólo pudo desprenderse de Montesinos con una decisión en la que él también se vio obligado a renunciar a la totalidad del período presidencial que antes forzadamente había adquirido.

Montesinos logró el dominio del Ejército. Sus allegados fueron distribuidos en los altos mandos militares para asegurarse un peso específico desequilibrante en su relación de poder con Fujimori. De ahí que la resistencia militar a Fujimori (en el papel, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas) tuviese recursos suficientes para neutralizar una destitución de Montesinos por la vía ordinaria que cualquier presidente con poder usa para renunciar a un funcionario que ha perdido su confianza.

La extrema debilidad mostrada por Fujimori para terminar con su ex asesor ha paralizado al Estado y lo ha aproximado a un peligroso vacío de poder. Más importante que pensar en si estos acontecimientos constituyen un golpe de Estado (aunque tengan algunos elementos de tal) es asumir que esta crisis ha mostrado la enorme fragilidad del poder civil.

¿Ha concluido la relación Fujimori-Montesinos?

La salida por la puerta grande, con escolta y recomendación del propio Estado peruano, sugieren que la relación se mantiene. El tándem no puede romperse. Funcionó eficientemente para copar las instituciones, manipular el Derecho y torcer la voluntad popular. Sin embargo, más que una sociedad destinada a la perpetuación del poder, la relación Fujimori-Montesinos fue una relación de sujeción y dependencia. El poder tras bastidores ejerció el dominio real. Fujimori fue apenas su cara visible.

La lejanía no ha impedido a Montesinos conectarse con sus socios de la cúpula militar y presionar para que esa estructura de poder no sea tocada. Hasta el momento está logrando su objetivo. La artificiosa imagen de un Fujimori que se sacrifica y que lo muestra como un amigo del proceso democratizador pretende teñir con olvido su responsabilidad política en la corrupción que su gobierno ha generado y lo favorece para permanecer hasta el 28 de julio del 2001. Las acusaciones y rumores de amenaza de golpe de Estado podrían ser movimientos tácticos para lavarle la cara al régimen y para persuadir a las opiniones discrepantes de que es Fujimori y no otro quien debe administrar la crisis. Por lo pronto, algunos estados cayeron en el juego del chantaje y gestionaron ante el gobierno panameño la concesión de un asilo territorial a Montesinos, que le permitiría salir libre por el momento y asegurar su impunidad.

¿Es necesario un gobierno de transición?

Un gobierno de transición es aquel en el que se solidifican las instituciones y se perfeccionan los mecanismos de la democracia. Nada de esto pasa ahora en el Perú. Lo que existe más bien es el período previo a una fase de administración de la crisis política. Esto es el anticipo de un gobierno de transición. Una salida política a un entrampamiento institucional. Por ello, requiere el mayor de los cuidados.

Existen dos formas de administrar la crisis: por medio de la fuerza o generando consensos. Este último mecanismo es el más idóneo para neutralizar las tendencias involutivas; requiere crear una estructura provisional de gobierno que se acompañe de un ejercicio efectivo de la autoridad que permita desactivar todo el aparato del poder montado por Montesinos en el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y las Fuerzas Armadas. Asimismo, coordinar de manera eficiente con la Mesa de Diálogo y el Congreso para lograr las modificaciones legales que garanticen, con el compromiso de las instituciones, la estabilidad política y económica en este breve período.

¿Cómo lograr estos propósitos? No existen salidas políticas a la crisis sin un mínimo de confianza en los líderes encargados de dirigir el proceso. Fujimori pudo ser, al principio –cuando, abrumado por su aislamiento, renunció a ejercer el cargo presidencial todo el período 2000-2005–, quien asegurara los mínimos de estabilidad que la administración de la crisis requiere. Pero no fue sino un espejismo. Más que su arrepentimiento han podido sus antecedentes de manipulador y sus continuos reposicionamientos tan llenos de falsedad. Ha perdido autoridad, por tanto, para liderar el interregno. Su participación en la crisis política ha dejado una sombra de desconfianza. Lo mejor para el país es que, de una vez por todas, se aleje de la Presidencia de la República.

En todo caso, hay formas válidas de neutralizar su permanencia en el cargo. Una de ellas es dar paso a un gobierno de gabinete, que sea el que realmente asuma todo el poder y gobierne el país durante este período, de manera que la presencia o salida de Fujimori sea una mera formalidad. Esta fórmula no puede extrañar a un presidente que nunca ha ejercido el poder real que le da su investidura. Al mismo tiempo, para la consecución de un proceso libre de trabas y cuestionamientos, el Congreso instalado el 27 de julio debe minimizar sus funciones para ceder competencias operativas a un Consejo de Ministros formado por el consenso.

Ésos son los imperativos más razonables de los nuevos tiempos de la política.

Enrique Bernales Ballesteros es catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

 

¿Cómo concretar (o no concretar) la transición?

Augusto Álvarez Rodrich

 

La transición política que el Perú debe recorrer durante los siguientes meses no será un proceso lineal y ordenado, sino uno complejo y turbulento que estará permanentemente amenazado por la inestabilidad e incertidumbre. Para concretarla se requiere avanzar en los siguientes 10 temas:

1. Pensando estrictamente en el objetivo de llegar a la elección con una estabilidad relativa, el presidente Fujimori debería seguirlo siendo hasta el cambio de mando, porque su eventual relevo por uno de los vicepresidentes o el presidente del Congreso no solucionaría ninguno de los problemas de fondo. Pero si el presidente Fujimori aspira a ser quien entregue el mando, debe conducir el proceso y no obstaculizarlo. Lamentablemente, su comportamiento reciente refleja que no está contribuyendo efectivamente al proceso de transición política. Si no lo cambia rápidamente, aumentará el desgaste que ya ha sufrido, lo que generaría fuertes y legítimas presiones para su salida de Palacio antes del cambio de mando previsto para julio del 2001.

2. Se necesita darle credibilidad al gabinete ministerial, lo que pasa por la designación de un primer ministro que, teniendo la confianza del presidente Fujimori, proyecte respeto en la oposición y constituya una garantía de que se avanzará con seguridad en el camino de la transición de manera que, por ejemplo, no se utilicen los recursos públicos en favor del candidato del gobierno, como ocurrió en la reciente elección.

3. Aunque el Congreso carece de legitimidad, cerrarlo generaría mayor inestabilidad. Pero se deben tomar decisiones que permitan darle fluidez al proceso de transición. La posibilidad perdida para conformar una mesa directiva plural presidida por alguien que proyecte confianza en el gobierno y en la oposición, constituye un serio revés para el proceso de transición política.

4. Las Fuerzas Armadas deben respaldar la transición. El relevo de algunos miembros de la actual cúpula militar es necesario. Sin embargo, también lo es que la oposición se siente a conversar con las Fuerzas Armadas. No será un diálogo sencillo, pero hay que hacerlo. Y dicho diálogo debe establecer compromisos que, en el corto plazo, garanticen un proceso de transición política transparente y fluido.

5. Se debe organizar un proceso electoral –lo que no es fácil, pues muchas de sus reglas deberán inventarse en el camino– que sea percibido como justo. El relevo de las actuales autoridades electorales es crucial para proyectar confianza. Incluso, debería asegurarse la participación directa de organismos internacionales confiables.

6. La oposición debe administrar con prudencia su reciente triunfo político. Si lo que se quiere priorizar es la transición, algunos de sus legítimos reclamos deberán postergarse –pero no olvidarse– para cuando se hayan constituido las nuevas autoridades del país.

7. Se debe evitar la anarquía económica. El gobierno tiene una gran responsabilidad en ello, pero lo que diga la oposición en este tema puede llegar a ser incluso más importante que las propias decisiones económicas del gobierno. La exposición de sus planteamientos en materia económica debe reflejar la seriedad con la que pretenden gobernar el país en los próximos años. Un agravamiento de la ya complicada situación económica perturbaría seriamente la transición, que es lo que parece que quieren algunos sectores del país.

8. Es necesario superar la percepción de que Montesinos sigue mandando en el país. Para ello, se debe empezar por retirar de sus cargos a funcionarios que han actuado tan cerca de él en el Ministerio Público, el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo.

9. Se debe avanzar rápidamente en el cumplimiento de los temas de la agenda propuesta por la OEA.

10. Por último, es preciso erradicar las barreras a la libertad de expresión y establecer un acceso equitativo de todos los candidatos a los medios de comunicación. Sería ideal que ello se concrete por propia iniciativa de los canales de televisión de señal abierta y no mediante normas que se dicten con dicho fin.

Y todo lo anterior debe hacerse con rapidez. De lo contrario, el incremento de la tensión política, el deterioro de la situación económica y un mayor desgaste de la aprobación de la opinión pública al Presidente podrían conducir a una transición abortada.

El costo del proceso de los próximos meses debe ser interpretado como parte del esfuerzo pendiente para restablecer valores institucionales que permitan dar un salto cualitativo en el país. Aunque el corto plazo tiene una perspectiva pesimista, la oportunidad actual puede ser propicia para establecer las bases de un desarrollo en el mediano plazo que esté caracterizado por un manejo económico serio y un fortalecimiento institucional. Si en los 80 el país se vacunó contra las malas políticas económicas, en los 90 podría haberse vacunado contra las prácticas políticas corruptas (aunque en estas cosas, como con las cucarachas de la cocina, siempre hay que tener el Baygón a la mano).

El desafío de lograr este salto cualitativo que mejore las perspectivas de mediano plazo del país es enorme, pero constituye una magnífica oportunidad para desterrar varios de los vicios del gobierno actual y, también, para preservar varias de sus virtudes que –es bueno recordarlo en un momento como el actual– no fueron pocas. La firmeza con que el país se conduzca hacia el objetivo principal de corto plazo (llegar a una elección justa y transparente) deberá ser administrada con prudencia.

Augusto Álvarez Rodrich es director gerente de Apoyo Comunicaciones.

 

Al filo del abismo

Fernando Rospigliosi

 

Es completamente erróneo creer que la transición a la democracia está asegurada y que caerá por su propio peso. Lo cierto es que Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori no podrán seguir gobernando el Perú como lo han venido haciendo hasta ahora, pero hay muchas posibilidades abiertas, no sólo la de un retorno a la democracia.

Un camino, que el Perú está recorriendo ahora, es el que conduce al desorden y a una mayor inestabilidad. La calculada lentitud con que se están desarrollando las negociaciones auspiciadas por la OEA, los constantes estorbos y frenos que introduce el gobierno y su obvio propósito de manipular las próximas elecciones, van a producir más turbulencia y quizás un estallido impredecible.

Es evidente que la población no va a tolerar un nuevo fraude en los siguientes comicios. Y todo indica que hacia allá vamos. Porque si bien los ejecutores de la trafa del 9 de abril y el 28 de mayo pueden cambiar –Portillo, Montes de Oca, etcétera–, si el aparato subsiste, es seguro que asistiremos a un nuevo mangoneo generalizado.

Y el aparato está allí, empezando por los servicios de inteligencia y la cúpula militar, que fueron las piezas claves del fraude. El gabinete ministerial es peor que el anterior, porque a los ministros que jugaron un papel clave en la defensa y justificación del timo electoral, Alberto Bustamante y Fernando de Trazegnies, se suman otros que –según varias versiones– fueron escogidos directamente por Montesinos, como Federico Salas y Carlos Boloña, amén de los generales Wálter Chacón y Carlos Bergamino, acólitos del ex jefe de los servicios de inteligencia.

El gabinete era lo más fácil de cambiar, y su reemplazo no necesariamente significaba un paso adelante, pues dependía de quiénes entraran. Pero Fujimori se muestra incapaz, hasta ahora, de hacer un movimiento tan sencillo. Si no hace ni eso, ¿se puede esperar alguna transformación importante que permita avizorar que realmente habrá elecciones limpias?

Otro de los propósitos que busca esta gente es garantizar su propia impunidad. Hasta ahora lo están logrando, haciéndose exculpar por el Poder Judicial títere y borrando las pruebas. La oposición está, en la práctica, avalando ese comportamiento, con la idea errónea de que eso facilita la transición, cuando en realidad la entorpece.

El asunto es que Fujimori es muy débil. Está enfrentado con la cúpula militar, pero a la vez permanece atado a ella. No puede manejar sino a una fracción de su ya minoritaria bancada parlamentaria. Está aislado y es repudiado por la población. Hasta el vicepresidente Francisco Tudela quiere deshacerse de él.

Lo sostienen precariamente el gobierno norteamericano y una despistada oposición. Pero resulta claro que Fujimori es un obstáculo en una transición a la democracia.

Una fuerte presión de la población y de la oposición política podrían forzar un cambio radical e indispensable. Si Fujimori es una traba, y evidentemente Tudela o Ricardo Márquez no serían opciones mejores, la alternativa más viable es un gobierno provisional presidido por el Defensor del Pueblo o por un nuevo presidente del Congreso, como ha propuesto Alejandro Toledo.

Discutir la "constitucionalidad" de esa alternativa es una ridiculez absurda, porque nada de lo que está sucediendo ahora es constitucional, empezando por el fraude de abril. Lo importante es que sea políticamente viable y ayude a resolver la crisis de la mejor manera y lo más rápidamente que se pueda.

El asunto es que un gobierno con esas características podría convocar a elecciones en tres o cuatro meses –no hay impedimento técnico para eso, si es que existe confianza en el gobierno– y de inmediato entregar el poder al ganador. De esa manera se garantizarían elecciones limpias, respetadas por todos y celeridad en el cambio.

Fernando Rospigliosi es periodista y analista político.

 

Las Fuerzas Armadas y la transición hasta las nuevas elecciones

Alfonso Panizo

 

Una condición esencial para lograr que las elecciones resulten favorables al interés nacional es que lleguemos, los desmemoriados peruanos, con la capacidad suficiente como para acordarnos de qué situaciones negativas se presentaron en anteriores elecciones; así podríamos evitar que ocurran nuevamente, y, sobre todo, podríamos recordar qué autoridades no cumplieron a cabalidad su compromiso electoral con el Perú, que confió en ellos, para evitar que participen nuevamente en los comicios. Las autoridades que tuvieron alguna responsabilidad en el proceso anterior, de cualquier tipo, no deben intervenir en este nuevo proceso.

No basta que la mujer del César sea honesta: debe también parecerlo. Si el proceso anterior se prestó a tantas suspicacias, si hubo un clamor general de fraude, si las denuncias sobre malos manejos del proceso se quedaron sin investigación y sin sanción, lo menos que se debe exigir es que no participen nuevamente las autoridades que intervinieron en elecciones anteriores. El Perú no debe soportar otra vez las dudas sobre la limpieza de un proceso tan importante como es el que se cumple para elegir a quienes administrarán el Estado.

Dentro de las condiciones que deben asegurarse antes de llevar adelante el próximo evento electoral, el Perú deberá contar con Fuerzas Armadas no politizadas; si los ascensos y los destinos siguen dependiendo de la voluntad del Presidente de la República, que pertenece a un partido político, los militares no estarán en libertad de actuar imparcialmente en el proceso electoral.

Deben darse las normas disponiendo que este año se considere únicamente lo que las Juntas de Ascensos de los institutos determinen sobre la base de los legajos personales de los postulantes. Las propias instituciones serán, por lo tanto, responsables de su futuro ante el Perú, y no podrán culpar a nadie si fallan en las selecciones y perjudican a sus Fuerzas. Nadie más debe intervenir en los ascensos de las Fuerzas Armadas, y nadie podrá exigirles otra cosa que el cumplimiento de las normas que les ha dado la Nación para el mejor desempeño de sus funciones. En el caso de los oficiales generales y almirantes, el Congreso de la República deberá ratificar los ascensos.

Los pases al retiro por "invitación" deben desaparecer. Éste fue un sistema que se adoptó cuando no existía el límite de años de servicio y era necesario que se fuera regularizando la situación general de las instituciones armadas, hasta que los que se mantenían en servicio estuvieran, todos, dentro del sistema de límite de años de servicio.

Actualmente se está utilizando el sistema de "invitación" para deshacerse de oficiales "incómodos" que por su desempeño profesional, su conducta o su buena salud no pueden pasar al retiro por incapacidad profesional, ni por medida disciplinaria ni por deficiencia física, que son las causales de retiro junto con las de llegar al límite de edad en la clase, alcanzar el límite de años de servicio o a propia solicitud.

En la Marina de Guerra se consideró siempre como un timbre de dignidad el solicitar el pase al retiro cuando algún oficial de menor antigüedad era ascendido antes que uno.

Éstas son algunas de las consideraciones para poder decir que no habrá cabida para la política partidaria en las Fuerzas Armadas, que son de todos los peruanos. Ya se ha hecho bastante daño politizándolas para poder servirse de ellas pasando por encima del interés de la República.

Las autoridades actuales deben convencerse de que el Perú no es un país de ignorantes a quienes se les puede engañar permanentemente. Hay compromisos que han asumido en procura de la democratización del Perú y deben proceder a que se hagan realidad sin actuar a medias ni perdiendo inútilmente el tiempo.

No se deben conformar con cambiarle de nombre a las cosas dejando que sigan cumpliendo las mismas actividades por las cuales el país ha demandado el término de sus funciones.

Es indispensable que las autoridades que tendrán a su cargo el nuevo proceso entiendan que el Perú ya ha perdido, a Dios gracias, mucho de su credulidad, la cual permitía que cualquier agente de acción psicosocial, de mala entraña y peores antecedentes, desarrollara planes para abusar de la credulidad y mala memoria de los habitantes de esta tierra y hacerles creer que los mentores de estos agentes eran quienes habían salvado al Perú de todas sus desgracias, excepto la desgracia de tener que soportarlos a ellos mientras arrasaban con el país.

Alfonso Panizo es almirante (r) y ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

 

No se puede canjear derechos por dádivas

Roelfien Haak

 

Entre las numerosas evidencias de la fraudulenta campaña electoral con la que se impuso la ilegítima tercera elección de Fujimori, ocupa un lastimoso lugar el uso de los recursos públicos destinados a los programas de alivio a la pobreza y, entre éstos, los de la asistencia alimentaria. En el ámbito nacional, muchos testimonios denunciaron y documentaron las más variadas formas de coacción política para tener acceso a los alimentos.

Debemos recordar que, hoy por hoy, son más de once millones los peruanos y peruanas destinatarios de los alimentos a través de más de 20 programas gubernamentales. En conjunto, estos programas tuvieron una asignación de 802 658,137 millones de nuevos soles del Tesoro Público en 1999, y una cifra ligeramente superior en el 2000. Se trata, pues, de una transferencia teórica por destinatario de 73 nuevos soles anuales o de 0,20 diarios. De otro lado, las evaluaciones que realiza periódicamente el Instituto Nacional de Estadística e Informática acerca de los niveles de vida de la población peruana refieren que 7,5 de cada 10 hogares del área rural se beneficiaron de algún programa social.

Estas cifras deben ser confrontadas con las reveladas en setiembre pasado por el Instituto Cuánto acerca de la situación de pobreza en la que viven 12 millones 200 mil personas. El Banco Mundial confirma que más de la mitad de la población del país se ha mantenido durante los últimos diez años en condición de pobreza. Según Cuánto, la evolución del gasto per cápita promedio diario en dólares de los pobres ha seguido una tendencia decreciente entre 1997 y el 2000: en 1997 fue de $1,34; en el 2000, de $1,25. Situación similar se presentó con los pobres extremos, cuyo gasto pasó de $0,80 a $0,72 en el mismo período.

La dimensión y gravedad de la situación de los pobres en el Perú debería conducirnos en la hora actual a una profunda interpelación; es necesario revisar y cambiar las políticas públicas que orientan este desarrollo del país, pues éstas dejan a la vera del camino a la mitad de su población, y a la otra mitad en el terreno de la más angustiosa inseguridad e incertidumbre. ¿Cómo enfrentar esta responsabilidad al tiempo que se encara la salida de un régimen en los próximos nueve meses, con un proceso electoral de por medio?

¿Cuáles son los actores que debieran, de un lado, tener la palabra y actuar responsablemente en un contexto electoral marcado por condiciones de profunda iniquidad en las relaciones de los peruanos y peruanas, tal como nos muestran las cifras; y, de otro lado, incidir en las reglas de juego para hacer de este proceso electoral un verdadero tránsito hacia la democracia, a una experiencia de convivencia social y política asentada en valores?

No cabe duda de que una responsabilidad de primerísimo orden le corresponde al propio régimen, en particular al Ejecutivo, en cuya esfera se gestionan los programas que atienden las urgencias de los millones de personas en situación de pobreza. Se debería confiar a la Defensoría del Pueblo la función de control del uso de los recursos públicos para el fin a los que están destinados. Sería una adecuada forma de prevenir los abusos del gobierno contra los ciudadanos y las ciudadanas. Ésta es, por cierto, la finalidad primera de la Defensoría.

Los partidos políticos, sin excepción, deberían suscribir un pacto ante toda la ciudadanía, comprometiéndose a llevar a cabo sus campañas electorales respetando la vida, derechos y dignidad de los más pobres, desechando las prácticas clientelísticas con las que se intenta sujetar a sus potenciales electores manipulando su pobreza y vulnerabilidad. Recordemos que una de las caras del "transfuguismo" político pretendió asentarse en el tráfico del "mercado cautivo de los pobres". Ésta es una lección que no debemos olvidar.

Desde la sociedad civil, desde las múltiples organizaciones de ciudadanos y ciudadanas que a lo largo y ancho del país mantienen una voz activa y vigilante por un curso democrático en nuestro país, se levantan propuestas para comprometer acciones por la defensa de la dignidad de los más vulnerables ante la manipulación política de sus necesidades en el proceso electoral.

También en esta década, desde la población que padece situación de pobreza han emergido voces organizadas que han enfrentado momentos críticos como el fujishock sin contar con los recursos públicos destinados a aliviar el peso de la crisis, con una conciencia clara de sus derechos y dignidad. Estas voces organizadas tienen propuestas desarrolladas para ejercer la cogestión de los programas, y podrían contribuir con la necesaria transparencia y eficacia de éstos. Muchas de estas voces no admiten el canje de sus derechos por dádivas, sello de dignidad aún por universalizarse entre los pobres y los no pobres.

Roelfien Haak es presidenta de FOVIDA y regidora de la Municipalidad de Lima.

 

Libertad de prensa y acceso equitativo a los medios

Güido Lombardi

 

Afirmar enfáticamente si los medios siguen en la actualidad sometidos a presiones o no resulta difícil, porque habría que hacer una revisión caso por caso, pero hay ejemplos de algunos medios en que esta presión se seguiría presentando. Sin embargo, es evidente que el inicio de la transición ha permitido una cierta apertura en aquellos medios que sí aparecían ante la mirada pública más claramente controlados y sometidos a presiones que provenían directamente del SIN. El que haya sido decretada la desactivación de este aparato ha hecho que la presión disminuya y por ello podemos ver ahora que algunos medios, particularmente de la televisión, que se encontraban cerrados a todo contenido político, hayan cambiado y empezado a poner programas de ese tipo. En todo caso no sabremos la magnitud de las presiones sobre la prensa hasta que no se establezca, como se ha propuesto ante la SIP, una Comisión de la Verdad.

Una primera medida para garantizar una verdadera transición democrática es asegurarse la desactivación del SIN para evitar las presiones bastardas sobre la prensa. Ese tema es fundamental porque de no hacerse efectiva de nada servirá cualquier otra disposición o mecanismo legal orientado a garantizar la libertad de prensa, y aunque se ha aprobado y promulgado la ley respectiva nada indica que la desactivación se esté produciendo realmente.

Una segunda cuestión que hay que plantearse es el manejo transparente de los recursos del Estado destinados a la publicidad. Parte de las presiones también ha venido de ese lado porque, aun cuando no explícitamente, con la publicidad estatal se alentaba o desalentaba determinados comportamientos en algunos medios. Es tarde ya para aplicar políticas razonables de asignación de publicidad estatal para este proceso inmediato, pero creo que es indispensable establecer normas al respecto en el futuro inmediato. Por ahora el tema es irrelevante: se ha suspendido la publicidad estatal en los medios como parte de las medidas de austeridad (en realidad porque todo se gastó en el primer semestre).

Pero en lo que es el tema del acceso equitativo a los medios de todas las propuestas políticas en contienda creo que sí se puede legislar de inmediato. En este tercer asunto hay varias opciones, entre ellas que el Estado compre una franja electoral en los medios masivos, básicamente en la televisión abierta. El argumento según el cual ello no podría ser posible porque no hay recursos es deleznable en la medida en que todos los medios tienen deudas tributarias muy grandes que podrían eventualmente canjearse a cambio de esos espacios. Países como Chile, Brasil, México, Colombia tienen mecanismos que permiten un acceso equitativo a los medios en los procesos electorales. La dificultad reside más bien en la falta de representatividad de las agrupaciones políticas. ¿Quiénes se beneficiarían con la franja?

Una cuarta cuestión es resolver de inmediato los problemas del Canal 2 y Canal 13. No es posible enfrentar un proceso electoral con esos medios en manos de quienes los están administrando actualmente. El argumento de que es un pleito entre accionistas tendrá que resolverse en cada uno de los casos de manera distinta una vez que contemos con un Poder Judicial independiente, pero para comenzar hay que devolverle la nacionalidad a Ivcher y la administración de Canal 13 a Genaro Delgado Parker. Al respecto también habría que considerar una modificación de la disposición de la Ley General de Telecomunicaciones que prohíbe la participación de capitales extranjeros en la televisión de señal abierta y un manejo independiente de Canal 7 y Radio Nacional del Perú a través, por ejemplo, de un Consejo Nacional.

Por último está el tema de la prensa amarilla que por un lado es complejo, porque involucra la libertad de prensa, pero que por otro puede ser el más sencillo de resolver. Estamos aquí de nuevo en el tema de la desactivación del SIN, porque esa prensa se sostiene exclusivamente con dineros negros y en la medida en que ese flujo se corte, ella dejará de existir. Sus excesos serán tolerados dentro de los límites de la libertad de prensa, pero con un Poder Judicial independiente que sea capaz de sancionar tales excesos.

Todo ello, además, debería ser reforzado con la participación de la sociedad civil. En principio, me parece que los mecanismos de autorregulación son insuficientes, pese a que ha habido instancias como el Consejo Nacional de la Prensa que ha permitido un espacio para que la prensa escrita se maneje correctamente en el tema del acceso equitativo. Pero ello no ha funcionado del mismo modo en el caso de la Asociación Peruana de Radio y Televisión. Entonces el camino de la autorregulación quizás pueda ser complejo, pero de lo que no me queda duda es de la capacidad que tiene la presión social para vigilar la actuación de los medios. Ha habido campañas ciudadanas alentando a los consumidores a que dejen de consumir productos de anunciantes de ciertos programas con el fin de que modifiquen sus contenidos. Aun cuando tenga un efecto mínimo en la adquisición real de los productos, ello es significativo en términos de presión social. Además, de promover una activa educación ciudadana, puede lograr que la prensa cumpla con los objetivos que le corresponden.

 

Tres requisitos para tener elecciones limpias

Rafael Roncagliolo

 

El Perú no puede darse el lujo de repetir unas elecciones turbias, irregulares y plagadas de acciones fraudulentas. Tampoco puede mantener un régimen de corrupción que nos ha dado una notoriedad internacional sólo igualable a la obtenida por la Uganda de Idi Amín.

Para que las próximas elecciones sean limpias y justas se requiere principalmente tres cosas:

Primero, autoridades electorales confiables, es decir, aceptadas por todas las partes. Los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público tienen que ser magistrados titulares o, en su defecto, habrá que proceder a establecer un acuerdo político que permita crear la base legal para nombrar directamente un Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y un jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que gocen de respeto y confianza plenos; esto fue lo que se hizo en Venezuela cuando se postergaron las elecciones del 28 de mayo del 2000 (que allá sí se postergaron). Luego habrá que reorganizar la ONPE depurando a su personal, desde las gerencias hasta los digitadores.

Segundo, una genuina competencia electoral a través del establecimiento de franjas a disposición de los candidatos en todas las estaciones abiertas de televisión y radio, durante dos meses. Estas franjas, otorgadas por sorteo y en horarios rotativos, deben ser la única propaganda electoral permitida en la televisión, y se debe prohibir a los partidos la contratación directa de publicidad. Es exactamente lo que se hace en Chile y en Brasil, además de muchos países de otros continentes. La medida da independencia a todos los partidos respecto a los poderes económicos, estimula la presentación de programas y el proselitismo cara a cara y casa por casa, todo lo cual fortalece la vida democrática, además de brindar equidad y de asegurar el derecho del elector a un voto informado. Por cierto, durante el período electoral también debe limitarse la publicidad del Estado a los mensajes de necesidad pública autorizados por el JNE.

Y, tercero, imparcialidad del Estado, lo que, a su vez, implica dos elementos centrales: (a) que el Poder Ejecutivo, particularmente la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios de Economía, Interior, Justicia, Presidencia y de la Mujer sean dirigidos por ministros que garanticen que los recursos del Estado no estarán al servicio de uno de los candidatos ni en contra de otros; y, (b) que antes de la convocatoria sean reemplazados los altos mandos de las Fuerzas Armadas cuya parcialidad fue notoria en el proceso anterior.

Por otro lado, no basta con asegurar elecciones limpias. También hay que sentar las bases para un verdadero ejercicio democrático, enajenado durante estos años por un extremo centralismo. En este sentido, no puedo dejar de expresar mi preocupación ante la posibilidad de que el gobierno y la oposición decidan elegir, otra vez, solamente 120 representantes en distrito único y sin voto preferencial.

Para la elección del próximo Congreso no sólo es necesario que se cumpla la norma constitucional que manda distritos electorales múltiples. Si pretendemos construir la democracia es indispensable devolver el Congreso a representantes elegidos por cada departamento. No hay motivos prácticos para mantener una abusiva deformación centralista que puede beneficiar a los dirigentes de los partidos pero que perjudicaría gravemente el restablecimiento de la vida política y la democracia en el país.

El 23 de agosto el Poder Ejecutivo ha introducido un proyecto de ley para establecer distritos electorales equivalentes a los departamentos. Este principio es plausible, y el proyecto puede mejorarse estableciendo un mínimo de un parlamentario por departamento y distribuyendo los otros 94 a partir de la proporcionalidad demográfica, con cifra repartidora.

De lo que se trata es de realizar elecciones limpias y de restablecer la vida democrática.

Rafael Roncagliolo es secretario ejecutivo de Transparencia.

 

            Requisitos para una contienda electoral democrática

César Landa

 

Desde una perspectiva democrática, el Estado de derecho debe asegurar las siguientes reglas de juego electoral: a) Libre competencia, en virtud de la cual el gobierno y la oposición deben tener el derecho a presentar libremente sus candidaturas en el marco constitucional y legal. b) Igualdad de condiciones entre los competidores, de modo que no existan posiciones dominantes en la campaña electoral. c) Acceso a la información, que implica el derecho de los votantes a conocer, a través de los medios de comunicación, a todos los candidatos y programas electorales.

Sin embargo, estas reglas fueron quebrantadas en las últimas elecciones. Esto fue posible porque el compromiso de la troika
–gobierno, cúpula militar y medios de comunicación, en particular la televisión de señal abierta– con la reelección del presidente Fujimori impidió que existieran condiciones de igualdad entre los competidores y que se ejerciera pluralistamente el derecho a la libertad de expresión.

En cualquier proceso electoral democrático, esa realidad se conoce como corrupción electoral. Sólo así se entiende la intervención de la OEA para remontar esa inestable situación política mediante el diálogo entre el gobierno, la oposición y la sociedad civil. Actitud que se ha visto repotenciada con la renuncia tácita del Presidente, que ha convocado a elecciones políticas generales para la Presidencia y el Congreso con el fin de tener nuevas autoridades el 28 de julio del 2001.

Sin perjuicio de que Fujimori no sea candidato presidencial en esta contienda electoral, corresponde tipificar jurídicamente las prácticas, conductas y usos nocivos a la democracia, para evitar un nuevo proceso electoral que dañe gravemente la precaria vigencia del Estado de derecho, como está planteando Transparencia.

1. Reforma de la legislación electoral

a. Establecer el distrito electoral múltiple.

b. Requerir el 1% de firmas del padrón electoral para registrarse como partido o lista.

c. Incorporar la barrera electoral del 5% de los votos para ingresar al Congreso.

d. Otorgar atribuciones al JNE para sancionar penalmente delitos electorales y administrativamente a los funcionarios públicos.

e. Derogar la norma que permite la existencia de más votos que votantes.

f. Reorganizar el JNE, la ONPE y el RENIEC, bajo la asesoría de Naciones Unidas.

2. Tipificación como delitos electorales

a. Intervención de autoridades políticas y militares a favor de los candidatos oficialistas o en perjuicio de los restantes competidores.

b. Amedrentamiento y chantaje a los candidatos y opositores a los candidatos oficialistas, a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y la Superintendencia Nacional de Aduanas.

c. Uso de los recursos públicos a favor de la campaña de los candidatos oficialistas y para perturbar, coartar o condicionar el libre ejercicio del sufragio.

d. Utilización y ofrecimiento condicionado directo o indirecto de los programas de asistencia alimentaria y de títulos de propiedad de bienes del Estado y privados.

e. Proselitismo político en la inauguración e inspección de obras públicas.

3. Tipificación como ilícitos electorales

a. Abuso de derecho de los miembros del JNE en la utilización del criterio de conciencia.

b. Lenidad de las autoridades de los organismos electorales en la investigación, denuncia y/o sanción de funcionarios y servidores electorales.

c. Manipulación de la información de las encuestas y resultados electorales.

d. Denegar el acceso a la información electoral en poder de los organismos electorales, ya sea en la inscripción de las organizaciones políticas, la elaboración del padrón electoral y los programas de cómputo, y el procesamiento del escrutinio.

e. Desconocimiento de los resultados de los concursos para la selección de todos los representantes del JNE en los Jurados Electorales Especiales (JEE) y de los de la ONPE en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

f. Carencia de un sistema de cómputo eficiente, asequible y verificable, según auditores independientes.

g. Abuso de poder del Estado poniendo sus medios de comunicación al servicio de los candidatos oficialistas.

4. Tipificación como faltas electorales

a. Ausencia de pluralismo informativo en cualquier medio de comunicación social, sobre todo en los medios que hayan recibido una concesión del Estado por el uso del espacio electromagnético, que es un recurso natural patrimonio de la nación.

b. Discriminatorio acceso a los medios de comunicación, en particular a la televisión privada de señal abierta.

c. Desviación del legítimo derecho informativo de los medios de comunicación para hostilizar y acosar a los candidatos, personeros y observadores electorales.

d. Utilización de propaganda electoral engañosa, desleal o encubierta.

e. Inadecuada capacitación a los miembros de mesa y a los electores.

El restablecimiento de la confianza ciudadana en el proceso electoral requiere no sólo tipificar ciertas conductas electorales como delictivas, ilícitas o faltas, sino también establecer un conjunto de penalidades y sanciones sobre la libertad personal, el patrimonio o funciones administrativas, que coadyuven a la realización de un proceso electoral libre y justo.