Transición democrática sin inocentes en prisión

"No están todos lo que son, ni son todos los que están." Juego de palabras perfectamente aplicable a las cárceles del Perú y que revela un país al revés; al revés del Derecho. No puede haber transición democrática con inocentes en prisión, acusados injustamente de terrorismo, y un punto fundamental de la agenda de derechos humanos que el país debe asumir como parte esencial de la ruptura con el autoritarismo.

 

Vladimiro Montesinos, ampayado in fraganti cuando con 15 000 dólares le rompía la mano a un congresista recién electo (último eslabón de un prontuario con crímenes de lesa humanidad, enriquecimiento ilícito, denuncias sobre narcotráfico y tráfico de armas), es exculpado por el Poder Judicial y huye del país con apoyo oficial, privado e internacional; pero eso sí: Marlene Huayhua, estudiante universitaria, acusada sin razón de estar vinculada a la subversión, detenida, torturada, violada (un hijo producto de la violación), juzgada por jueces sin rostro, condenada a 20 años, continúa presa –van ya ¡9 años!– en el Penal de Máxima Seguridad de Chorrillos. Todo en su orden; nuestra seguridad a salvo, gracias a la mano dura de nuestro Presidente.

Mientras que el congresista que todo el país vio autosubastándose sólo ha sido suspendido de sus funciones por 120 días, el ex congresista Yehude Simon, acusado de ser parte de Patria Libre, sigue condenado por un tribunal sin rostro a 20 años, de los que lleva ya ocho en Castro Castro. Dos congresistas (Ernesto Gamarra, del FIM, y Pablo Macera, de Perú 2000) acaban de sumarse a los muchos que en el país (desde Lanssiers hasta Rafael Rey, pasando por la Comisión Ad-Hoc) y en el extranjero (el PEN, Amnistía Internacional) exigen la libertad de Simon. Pero Fujimori no quiere oír ni hablar del asunto (así se lo acaba de decir al Defensor del Pueblo de España), porque él en este tipo de casos, sólo en éstos, no se deja presionar, no retrocede, se mantiene firme en su cuatro. ¡Chino!... ¡Chino!... ¡Chino, Chino, Chino!

Mientras que con un cinismo más grande que las pirámides de Egipto se ha resuelto que no es delito haber falsificado más de un millón de firmas y haberlas presentado al Jurado Nacional de Elecciones, Concepción Alcázar, humilde mujer que para sobrevivir pasaba mercadería por la frontera usando libretas electorales de otras personas, está presa desde 1994, condenada a 20 con carácter de cosa juzgada. Una prueba viviente, en carne propia, diríamos, de la moralización del país. ¿Será parte del tantas veces anunciado "combate contra la pobreza"?

Los mandos militares vinculados a Montesinos y a sus fechorías, quienes –según se dice– habrían amenazado con dar un golpe de Estado sangriento, siguen en sus puestos como si nada hubiese ocurrido, pero Félix García, profesor de Religión durante toda su vida, está preso desde hace siete años, condenado a cadena perpetua –sí: ¡a cadena perpetua!– acusado de haber colaborado con la subversión prestando un local para una reunión. El mensaje que se quiere transmitir con el caso de Félix es clarísimo: no vamos a permitir que en el Perú se use una función privilegiada para delinquir; y quien lo haga, que se atenga a las consecuencias. ¡Di-sol-ver!

El comandante general del Ejército, José Villanueva Ruesta, no sólo continúa en funciones, sino que no se ha dignado siquiera a contestar las graves acusaciones en su contra por corrupción económica; pero para compensar este desliz de la justicia peruana, el gobierno puede invocar que en el caso de Gilberto Puma Taco, migrante del Cusco, no tuvo ningún tipo de contemplaciones. Apenas un senderista arrepentido dijo haber estado en su casa, la Policía fue y lo detuvo a él y a su esposa, y si no cargó también con los cinco hijos fue porque eran menores de edad, y en ese momento ya no estaba vigente la norma que permitía que los menores de edad también pudieran ser juzgados por tribunales militares sin rostro y condenados a cadena perpetua.

Seis años han transcurrido desde entonces; padre y madre siguen presos, los cinco hijos repartidos entre familiares y vecinos, y Fujimori ni un paso atrás: nada de concesiones con el delito. Ni siquiera porque la Comisión Ad-Hoc (su representante, su ministro de Justicia y el Defensor del Pueblo) ha reconocido que Gilberto es inocente y ha recomendado el indulto. Pero aun así, ¡gracias Fujimori!, porque, pobre Gilberto, pero estamos ante el único presidente du mundo que ha indultado a cerca de 500 inocentes; y todavía nos atrevemos a pedir más indultos... ¡Qué mezquindad!

Mientras la señorita Blanca Nélida Colán, declarada cómplice de Montesisnos –y a mucha honra, diría ella–, responsable directa de la impunidad en el país y flamante propietaria de una casa con piscina cuyo costo escapa visiblemente a lo que puede pagar con sus ingresos, sigue atornillada en el cargo de Fiscal de la Nación, Juana Romero Inga acaba de cumplir seis años de una condena de 20, acusada de haber guardado en su casa un paquete cuyo contenido desconocía. Si hasta en el cielo hay jerarquías, ¿por qué no en la justicia? No se puede medir con la misma vara a toda una eterna Fiscal de la Nación y a una ama de casa anónima y pobre.

José Portillo, el responsable del proceso electoral más sucio de la historia del Perú, descalificado por toda la observación electoral, no sólo no corre ningún riesgo en relación con la justicia, sino que puede darse el lujo de pasearse por todos los medios de comunicación haciéndose pasar unas veces por tonto y otras por orate; mientras Alexánder Palacios, periodista, condenado a 20 años, luego de haber sido detenido, torturado y procesado tres veces por los mismos hechos, está preso en Castro Castro desde hace siete años y lo está a pesar de que la Secretaría Técnica de la Comisión Ad-Hoc llegó a sacar un informe en el que se pronuncia por su inocencia. Es que la ley es la ley, y en justicia no hay que casarse con nadie. ¿Con nadie?

Y así podríamos seguir poniendo ejemplos que colocan a un lado casos escandalosos y delitos gravísimos a cuyos responsables no les pasa absolutamente nada y más bien siguen en funciones públicas, disfrutando de privilegios y de una inmunidad a prueba de todo, y al otro lado a personas vulnerables e indefensas, víctimas de "todo el peso de la ley", de la justicia ejemplar e implacable, del "a Fujimori no le tiembla la mano".

Nunca más cierto aquello de que en el Perú la justicia es débil con el fuerte y fuerte con el débil; mucho más: se arrodilla y agacha la cabeza frente al poderoso y se crece y ensaña frente al pobre (como siempre, con honrosas excepciones, que las hay).

Por eso, así como es fundamental que la transición democrática no se haga a costa de un pacto de impunidad, también lo es entender que un proceso en esa dirección es incompatible con inocentes en prisión, juzgados al amparo de una legislación que violentó principios, reglas y derechos básicos.

Resulta fundamental asumir política y socialmente que esa manera de juzgar a las personas (sin garantías, recurriendo al maltrato y la tortura como método de investigación, con jueces militares y jueces sin rostros) es por definición parte del autoritarismo, de ese autoritarismo que criticamos, del que todos somos ahora víctimas y del que tanto queremos salir.

El cumplimiento de la "agenda de derechos humanos" tantas veces postergada debe ser parte de los acuerdos políticos para el próximo período, tanto porque es justo y necesario, como porque es una manera de reconocer el papel que ha tenido el movimiento de derechos humanos en la lucha por la democracia; y en esa agenda, el "ni un solo inocente en prisión" es un punto impostergable. (E.J.B.)