Informe defensorial

Son casi 7 mil las denuncias por desaparición forzada

La Defensoría del Pueblo acaba de publicar una importantísima investigación sobre el fenómeno de la desaparición forzada en el Perú entre 1983 y 1996, que sin duda va a contribuir a que se conozca la verdad sobre lo que ocurrió en aquellos aciagos años de violencia política. Sobre sus principales hallazgos conversamos con el Defensor del Pueblo Adjunto para Derechos Humanos, Gino Costa Santolalla.

¿Cómo así la Defensoría del Pueblo empezó a trabajar en el tema de las desapariciones forzadas en el Perú?

La Asociación Nacional de Familiares de Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) nos pidió que investigáramos el fenómeno. Nos hicieron saber que pese a que ellos habían denunciado más de dos mil casos de desaparición forzada sólo en Ayacucho, nunca se había hecho investigación alguna que pudiera establecer cómo ocurrieron los hechos, quiénes fueron los responsables y, sobre todo, si sus familiares seguían vivos o no; y, si fuera esto último, dónde habían sido enterrados.

Nosotros consideramos que no sólo son víctimas quienes sufrieron la desaparición forzada, sino también sus familiares, que son los que ahora demandan un elemental derecho a saber qué fue de sus seres queridos. En atención a ello, iniciamos la investigación

¿Cuál ha sido su principal fuente de información para la investigación?

Nosotros recibimos los archivos del Ministerio Público que contenían las denuncias que sobre desapariciones forzadas habían recogido las antiguas Fiscalías de Derechos Humanos. Es importante que tales denuncias hayan sido registradas, pero también es cierto que fue muy poco lo que se hizo en términos de investigación. Hicieron algunos pedidos de información a las autoridades supuestamente responsables de la desaparición, pero las respuestas siempre fueron negativas y nunca se comunicaron a los familiares. Nosotros les hicimos saber que contábamos con esas denuncias y que íbamos a sistematizar la información disponible para saber en qué habían resultado las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público. El resultado es este informe.

¿Qué es la desaparición forzada y cuántas denuncias han registrado ustedes en su investigación?

En principio, la desaparición forzada es la detención arbitraria de cualquier ciudadano por parte de un miembro de la fuerza pública, el ocultamiento de la persona detenida, la negativa sostenida a brindar información sobre el detenido y, probablemente, su muerte. En otros países de América Latina esta práctica fue utilizada como instrumento de lucha contrainsurgente para extraer información y posteriormente eliminar a supuestos subversivos. Con esta definición, y de acuerdo con la información obtenida, determinamos que existen casi 7 mil denuncias por desaparición forzada entre 1983 y 1996. De esta cifra, 4022 son personas que seguirían en calidad de desaparecidas; es decir que, según el Ministerio Público, no habrían sido puestas en libertad ni encontradas muertas luego de su detención.

Esas cifras ya se manejaban antes, pero el que sean confirmadas por una investigación de una agencia del Estado como la Defensoría no deja de ser impresionante.

Las cifras son efectivamente abrumadoras, y tienen que ser verificadas. La siguiente fase de la investigación será invitar a los familiares de estas víctimas para confirmar sus denuncias de modo que se pueda tener un listado definitivo. Las propias instituciones señaladas como responsables tienen que informar también sobre las denuncias que se han hecho sobre ellas. Tenemos más de mil casos en los que la información es insuficiente. Estas listas, como otras, se publican en el informe, y vamos a pedir a los familiares de los afectados que se acerquen a confirmar su denuncia.

Entonces, ¿el número podría ser incluso mayor?

Podría ser mayor. En efecto, la Defensoria del Pueblo ha recibido de las instituciones no gubernamentales peruanas y de organismos internacionales los listados de que dispone a partir de los cuales hemos elaborado una relación de 2342 personas cuya desaparición no fue denunciada al Ministerio Público. También será necesario verificar si esas personas están desaparecidas.

¿Dónde ocurrieron principalmente estas casi 7 mil denuncias de desapariciones?

Las cifras indican que el fenómeno fue nacional, pero que se concentró en algunas regiones. Casi el 60% tuvieron lugar sólo en Ayacucho, y si a eso sumamos las que habrían ocurrido en los departamentos de Apurímac, Huancavelica y Junín, el porcentaje sube al 75%. También hubo desapariciones en otros departamentos donde el conflicto armado interno tuvo gran intensidad, como Huánuco, San Martín y Ucayali. Lo que nos ha dejado en claro el análisis de las cifras es que la desaparición forzada fue un fenómeno íntimamente ligado al establecimiento de los estados de emergencia y los comandos político-militares en esas regiones. Hay una relación directa entre actividad subversiva, estados de emergencia, el ejercicio del poder casi total por los comandos político-militares, la lucha contra el terrorismo y la desaparición forzada, lo que permite concluir que ésta fue un instrumento de lucha contrainsurgente.

¿Quiénes desaparecieron a estas personas en las zonas mencionadas?

La institución responsable por el mayor número de estas supuestas desapariciones es el Ejército peruano, con casi el 60% de las denuncias. Las otras instituciones armadas y la Policía Nacional, así como los Comités de Autodefensa Civil, son también señalados.

En ese largo período que va entre 1983 y 1996, ¿en qué momentos se produce la mayor cantidad de desapariciones?

La información que tenemos nos indica que fue una práctica sostenida de manera regular y sistemática a lo largo de estos años. Entre 1980 y 1982 se habían producido 23 desapariciones. Las cifras crecen dramáticamente luego del ingreso de las Fuerzas Armadas a Ayacucho en diciembre de 1982. Entre 1983 y 1984 las denuncias se incrementan exponencialmente. Este es uno de los períodos en que se denuncian más desapariciones forzadas. El segundo ocurre en las postrimerías del gobierno del presidente García Pérez, cuando alcanzan su pico más alto durante todo el período. La práctica se mantiene durante los dos primeros años del gobierno del presidente Fujimori para luego declinar hasta finalmente desaparecer en 1996, hecho que coincide con la desarticulación de las organizaciones subversivas. En resumen, 31% de las desapariciones habrían ocurrido durante la segunda administración del presidente Belaunde, 42% durante el gobierno de Alan García y el 27% restante durante los gobiernos de Fujimori.

A diferencia de Argentina o Chile, el fenómeno en el Perú ocurrió en la parte andina, quechua, ninguneada del país; de ahí la invisibilidad –hasta ahora– de la causa de los familiares. ¿Ustedes han verificado eso?

Sin duda alguna. El perfil del desaparecido en el Perú es el de un joven andino, predominantemente campesino y quechuahablante. También hay niños (40 denuncias de desaparición de personas de menos de 4 años de edad). El que no se haya hablado mucho más de los desaparecidos en el Perú ha tenido que ver, en efecto, con las características de las víctimas, es decir, ciudadanos sin voz, postergados y marginados. Este informe tiene como propósito contribuir a que esta deuda que tenemos con ellos, y muy especialmente con sus familiares, pueda de alguna manera empezar a ser saldada.

¿Por qué se desaparecía a la gente?

Dijimos que todo indicaba que lamentablemente esa práctica fue un instrumento de la política contrainsurgente. Además de las 4022 personas presuntamente desaparecidas hasta el día de hoy, hay casi 1700 denuncias que corresponden a personas que reaparecieron vivas, algunas de ellas en dependencias policiales y militares y otras porque fueron puestas en libertad. Lo que arroja la información proporcionada por estas personas es que la desaparición tuvo por objeto la obtención de información sobre su supuesta pertenencia a organizaciones subversivas. Para obtener esa información se procedió en la mayoría de los casos a la tortura sistemática de estas personas. Hay allí, pues, un estrecho vínculo entre la desaparición forzada y la tortura.

El derecho internacional de los derechos humanos ha establecido que la desaparición forzada es un delito continuado, es decir, que mientras no aparezcan vivas o muertas, las víctimas siguen sufriendo la privación de sus derechos fundamentales y continúan bajo responsabilidad de quienes los detuvieron. En el caso del Perú, según esta consideración jurídica, esos más de 4 mil desaparecidos seguirían siendo personas que sufren la violación de sus derechos humanos. ¿Podrían los perpetradores escudarse en la Ley de Amnistía del 95?

En efecto, la normatividad internacional establece que la desaparición es un delito de carácter continuado o permanente, lo que significa que mientras no aparezca la víctima el delito de desaparición forzada sigue cometiéndose y los familiares siguen esperando ser informados sobre lo ocurrido con sus seres queridos. Nos hemos propuesto contribuir con los familiares en el esfuerzo de brindarles esa información, para luego establecer las responsabilidades correspondientes. Si se asume que el delito es efectivamente continuado, creo personalmente que el camino está expedito para que la justicia tome conocimiento de estos hechos, más allá de lo que establece la Ley de Amnistía, que sólo tiene vigencia hasta el año 95. Si estos delitos se siguen cometiendo en estos momentos, la Ley de Amnistía del 95 no los podría cubrir.

¿Qué busca el informe?

Lo que estamos tratando de hacer con la sistematización de esta información es poner el tema en la agenda nacional. No podemos mirar al futuro si no tenemos claro lo que sucedió en el pasado y si no se les da a conocer la verdad a los familiares de las víctimas. Tampoco podemos soslayar la necesaria investigación a fondo de estos hechos que constituyen, incluso en el ordenamiento jurídico peruano, crímenes gravísimos, es decir, delitos contra la humanidad. Las propias normas internacionales suscritas por el Perú establecen que la desaparición forzada es de los delitos más graves, cuya persecución nunca prescribe. Por ello deben ser investigados para identificar a los responsables, con el objeto de que no se repitan. Esperamos que el informe contribuya a ese esfuerzo, que es el de establecer la verdad, hacer justicia y reparar a los familiares de las víctimas. (Isaías Rojas Pérez)