¿Quién podía imaginar que esto iba a ocurrir? ¿Si sólo hubiéramos sabido quiénes eran en realidad Montesinos y Fujimori? ¿Quién hubiera imaginado las consecuencias del golpe del 5 de abril? ¡Todos somos responsables, porque no nos dimos cuenta o porque nos callamos y no dijimos nada!

Nos rebelamos ante ese tipo de razonamiento.

Sí se sabía de la verdadera naturaleza de este régimen, y desde muy temprano. Sí se denunció y se dio cuenta hasta el cansancio de las consecuencias funestas del autoritarismo y del peligro de tener gentes como Vladimiro Montesinos en el círculo íntimo del poder.

No todos los peruanos somos responsables de lo que ocurrió. Muchos mantuvimos la frente en alto y desde el inicio.

Lo que sí es verdad es que no se puede entender la existencia y permanencia en el poder de Fujimori y Montesinos, sin la complicidad de la mayoría de los ciudadanos (¿?) de un país que prefirieron mirar para un costado. Que creyeron que lo bueno que supuestamente estaba haciendo el régimen compensaba las otras cosas. Que decían que a la larga el lado brillante derrotaría al lado oscuro y siniestro. En buen castellano, que la carnecita venía con hueso o no venía. Ocurrió exactamente lo contrario: alzaron con el lomo y nos dejaron el pellejo.

Queremos así reivindicar lo que fue una posición intransigente de esta revista (y de muchos otros) contra el fujimorismo. La verdadera disyuntiva no era pues entre los idealistas radicales que insistían en que nada cambiaría mientras esta gente siguiera en el poder y los más moderados y sensatos que se remitían a la política de lo posible o se resignaban a los hechos consumados. No era nuestro radicalismo fruto de un “ultrismo” político, sino simplemente la consecuencia de una mejor lectura de la realidad.

El país está pagando hoy (literalmente hablando) una factura muy alta.

Ojalá que la lección haya sido aprendida, de una vez y para siempre.

Nada puede justificar una dictadura

(Editorial de la revista ideele N° 37, mayo de 1992, que en lo esencial pudiera haber sido escrito en diciembre del 2000)

El 5 de abril, el presidente Fujimori disolvió el Congreso y dispuso la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Garantías Constitucionales, alegando ineficiencia y labor obstruccionista contra el Gobierno, y anunció el inicio de un denominado "Gobierno de Reconstrucción Nacional". Militares y policías ocuparon locales públicos, tomaron y censuraron los medios de comunicación, y detuvieron a importantes líderes políticos, gremiales y periodistas.

El presidente Fujimori se apartó así de la democracia y el Estado de Derecho. Pateó el tablero, como muchos han dicho. Y por ello, nuestra posición es de total e inequívoca condena, sumándonos a quienes exigen la inmediata restauración de la institucionalidad democrática.

Creemos que los gobiernos no tienen derecho a suspender las instituciones esenciales de un sistema democrático cada vez que consideren que su vigencia es incoherente con sus objetivos: ni aun cuando dichas instituciones se hayan ganado el rechazo mayoritario de la población por deficiencias y vicios exhibidos durante años. Instaurar el principio contrario –la justificación de la ruptura del orden constitucional en determinadas circunstancias– haría de la democracia un sistema de gobierno absolutamente inestable, frente al que podría defenderse, por una u otra razón, todo golpe de Estado.

Creemos, además, que la concentración de todo el poder en el Presidente de la República, al margen de la Constitución y sobre la base del respaldo de las Fuerzas Armadas, constituye un régimen dictatorial que lo único que hace es empeorar la ya gravísima situación del país. Internacionalmente, como se ha visto desde el primer momento, el golpe ha significado un retroceso en el proceso de reinserción del país en la comunidad financiera internacional que, de continuar, determinará inexorablemente el fracaso del programa económico.

Por otro lado, los males contra los que se pretende justificar el golpe, como la corrupción, no son del dominio exclusivo del Parlamento, Poder Judicial u otras instituciones suspendidas, sino que atraviesan toda la institucionalidad del país, incluido el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y Policiales. Acusaciones y casos recientes lo confirman y hasta han involucrado al entorno familiar del propio Fujimori. Por ello, el monopolio del poder, sin contrapesos y mecanismos de fiscalización, lejos de ser la solución, favorecerá la agudización de los mismos males; más aún si, en el grupo que hoy detenta el poder, existen oscuros colaboradores, entre ellos el ex capitán Vladimiro Montesinos, contra quienes hay gravísimas denuncias.

Asimismo, de consolidarse el gobierno de facto, el autoritarismo del ingeniero Fujimori, expresado desde el comienzo de su gestión en su negativa rotunda a negociar con los otros poderes del Estado y en su apego a los militares, no tendrá límites, y será fuente de excesos y arbitrariedades. Medidas iniciales, como la ampliación de las penas para quienes el gobierno de facto considere que usurpan funciones públicas, anuncian el endurecimiento de la dictadura.

En el ámbito de la violencia política, las consecuencias del golpe son también muy graves. El inicio de una dictadura cívico-militar no sólo estaba en el cronograma de Sendero Luminoso, como uno de los elementos que confirmarían una situación de "equilibrio estratégico", sino que le permite alegar a su favor el hecho de estar enfrentando a un régimen también ilegal. A su vez, de prosperar el golpe, significará la militarización total de la estrategia antisubversiva, tal y como estaba diseñada en los decretos legislativos de noviembre, y el alejamiento por tanto de un proceso de pacificación basado en la legitimidad y en el respaldo y la participación de la sociedad.

Ese tipo de opción ha sido determinante para el crecimiento de la subversión durante 12 años, y hoy, aplicada hasta sus últimas consecuencias, puede colaborar en su objetivo de polarizar el país; contexto en el que obviamente los derechos humanos, que nunca han estado entre las preocupaciones de Fujimori, se deteriorarán aún más.

Oponerse al golpe es para nosotros, pues, una cuestión de principios, que coincide con nuestro total convencimiento de que a partir del 5 de abril el futuro del país se ha oscurecido mucho más.