Abimael Guzmán y Vladimiro Montesinos: ¡Democracia, enemiga mía!

Carlos Basombrío Iglesias

Con la caída del régimen autoritario se cierra en el Perú el ciclo histórico que empezó con la violencia de Sendero Luminoso a comienzos de los 80. En el texto que sigue se reflexiona sobre cómo la frágil democracia peruana sucumbió a la acción combinada de quienes querían "destruir al Estado burgués" y quienes decían "defender los valores occidentales".

Desde 1980, cuando la violencia apareció en el horizonte político peruano, se produjo un gran debate acerca de cuál era el camino para lidiar mejor con el fenómeno. Simplificando la figura, se puede decir que de un lado estuvieron los sectores militaristas, es decir, los que pensaban que lo que había que hacer era radicalizar el uso de la contraviolencia estatal y acabar con el problema "a cualquier costo". Entre ellos se ubicaron muchos militares, pero también prominentes líderes políticos y de opinión.

En el otro lado aparecían quienes reclamaban una "estrategia integral"; entre ellos, los organismos de defensa de los derechos humanos, sectores importantes de la Iglesia y del periodismo, algunos congresistas y muchos militares en retiro. No planteaban un diálogo con los insurgentes, pues ello era inviable dado el fanatismo ideológico de Sendero Luminoso, por su crueldad extrema y por su negativa de plano a cualquier posibilidad de ese tipo. De ahí que por solución política se entendiera más bien una combinación de medidas políticas, sociales, económicas –y también militares– que aislaran a los senderistas impidiéndoles desarrollarse entre nuevos sectores empobrecidos de la población. Esto haría más fácil su represión, y garantizaría el respeto de la población civil, la ley y los derechos humanos.

La disputa de alternativas tiene manifestaciones muy tempranas durante el gobierno de Fernando Belaunde. En los dos primeros años de Sendero Luminoso su capacidad de actuación fue bastante limitada, centrada en ataques todavía pocas veces cruentos a dependencias del Estado y casi exclusivamente en las zonas rurales de algunas provincias de Ayacucho. La respuesta policial fue en su inicio razonablemente eficaz y básicamente respetuosa de los derechos básicos de la población.

Pero desde Lima se reclamaba "mano dura", es decir, que se reprimiera a ciegas y a cualquier costo. Algunos sectores del gobierno buscaron incluso establecer una vinculación entre la izquierda legal (firmemente establecida en el "sistema", con representación parlamentaria y municipal) y la acción de Sendero Luminoso. El propio Alfonso Barrantes sufrió breve detención. Acción Popular –su partido– presionó por la renuncia de José María de la Jara, el primer ministro del Interior del gobierno de Belaunde, quien se negaba a entrar en esa lógica.

La reacción de los "duros" fue alentada por la provocación senderista que, con actos de creciente crueldad y audacia, quiso empezar a asegurarse de que su profecía de una revolución en medio de "ríos de sangre" se terminaría cumpliendo. En respuesta, en 1981 el gobierno aprueba la primera de una larguísima lista de decretos de urgencia (el 046) destinados a endurecer la sanción legal a los responsables de actos de violencia.

En diciembre de 1982 se da un nuevo y definitivo giro hacia la lógica militar, cuando se encarga a las Fuerzas Armadas tomar control de la región y hacer frente directamente al senderismo en Ayacucho. El resultado fue el opuesto al buscado y, más bien, marca el inicio de lo que se conoció como la "guerra sucia", que llevó el conflicto a niveles impensados. En los dos años iniciales de la presencia de las Fuerzas Armadas en Ayacucho, y sólo en Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo, se producen 5645 muertes, es decir, el 46% de todas las que se producirían en Ayacucho en los 14 años de violencia y el 20,5% de las que se produjeron en todo el Perú a lo largo del enfrentamiento armado.

Pero el resultado no fue la derrota de Sendero. Por el contrario: logrando romper el cerco impuesto y ayudado por el resentimiento generado, Sendero se empezó a extender por el país como un cáncer incontrolable. Así, a mediados de los años 80 había dejado de ser un movimiento circunscrito a pocas provincias rurales de Ayacucho, se había extendido con fuerza por Huancavelica y Apurímac, intentaba entrar en Puno y el sur de Cajamarca y desarrollaba acciones en Lima.

En 1985 se inició el gobierno de Alan García con una visión crítica de lo que estaba ocurriendo. En su discurso inaugural García resumió su visión de lo que había que hacer con la frase: "No combatiremos la barbarie con la barbarie". De hecho, hubo algunos esfuerzos iniciales en ese sentido: destituyó a los jefes militares responsables de las matanzas de Accomarca y Pucayacu y constituyó una Comisión de Paz con el encargo de diseñar políticas alternativas en esta materia.

Empero, este tipo de políticas durarían poco y en junio de 1986 se produjo la masacre de los penales, que ocasionó la muerte de más de 200 presos, muchos de ellos después de haberse rendido. A partir de entonces termina todo intento de una política alternativa y se acentúa la lógica puesta en práctica por el gobierno anterior. La masacre de Cayara, la aparición de grupos paramilitares, la generalización de los "enfrentamientos sin heridos" y las desapariciones forzadas son diferentes expresiones de lo que decimos. Como en el gobierno anterior, el resultado fue el mismo: Sendero Luminoso no sólo no fue derrotado sino que extendió su radio y capacidad de acción.

Pero a lo largo de esos años se dieron también muchos esfuerzos por llamar la atención sobre lo errado y costoso de esas políticas y sobre la necesidad de otras alternativas. Mencionemos aquí a la Comisión Especial sobre las Causas de la Violencia y Alternativas para la Pacificación Nacional del Senado, que, presidida por el senador Enrique Bernales, jugó un papel muy destacado en el estudio del problema y en la elaboración y difusión de propuestas alternativas; la Comisión del Congreso que investigó los sucesos de los penales, que presidió el senador Rolando Ames, y que en su informe fue más allá del encargo inmediato, aportando elementos importantes en la misma línea; y la Comisión Investigadora de los Grupos Paramilitares, que, presidida por el diputado Manuel Piqueras, explicó en su informe las consecuencias negativas de la impunidad.

Sin embargo, al concluir la década de los 90 el Perú era ya un país al borde del colapso, atrapado por una crisis económica inmanejable y una sensación generalizada de desgobierno. A ello se sumaba el impacto de una violencia política que parecía incontrolable. Ya hacia 1989 Sendero Luminoso lograba actuar a escala nacional. Había consolidado su presencia en el Alto y Medio Huallaga, donde, por su vinculación con el narcotráfico, se hacía de una insospechada fuente de recursos económicos. Además, consolidado en sus lugares originarios –Ayacucho, Huancavelica y parte de Apurímac–, lograba impactar significativamente en Junín, departamento estratégico para cualquier intento militar y económico de cercar la capital. También Cajamarca, Ancash y Puno, las provincias circundantes a Lima, y la propia capital de la república, eran ya escenarios importantes de la guerra interna.

En 1989 se rompe la barrera de los 3000 muertos al año, la gran mayoría población civil indefensa. El impacto económico de la violencia era también muy grande, y la mencionada Comisión Especial del Senado calculó las pérdidas en 3200 millones de dólares para 1989.

Al asumir la presidencia Alberto Fujimori en 1990, la situación ya era crítica, pero no hubo grandes anuncios de cambio de rumbo y más bien se fue consolidando una relación muy estrecha del nuevo gobernante con las Fuerzas Armadas y su convencimiento de que, dándoseles el apoyo adecuado, ellas ofrecerían las ideas y los métodos para acabar con la subversión armada.

En mayo de 1991 Sendero Luminoso reivindicaba por su parte haber salido de la defensiva estratégica y encontrarse en pleno momento del "equilibrio estratégico". Si bien exageraban notoriamente su fuerza, era cierto que si no al estratégico, habíamos entrado al menos al equilibrio catastrófico. Es decir, Sendero Luminoso se había convertido ya en una fuerza política y militar lo suficientemente grande para poner en riesgo nuestra viabilidad como país.

En 1990 y 1991 los "duros" siguieron aplicando los métodos de la década precedente. Continuaron las ejecuciones extrajudiciales (el caso más notorio y recordado es el asesinato de 16 personas asistentes a una pollada en Barrios Altos), así como las desapariciones forzadas, que se pueden ejemplificar en la del estudiante Ernesto Castillo Páez o con las de Huancapi, este último caso extremadamente revelador de la doble agresión que enfrentaron los peruanos que querían preservar la democracia.

La localidad de Huancapi, ubicada en la convulsionada provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho, era uno de aquellos lugares apartados donde ser candidato a las elecciones se convertía en un acto de coraje cívico y de abierto desafío al terror senderista. Pues allí cinco profesores decidieron formar una lista para las elecciones complementarias municipales de 1991. El 19 de abril, cuando regresaban a sus casas luego de inscribir formalmente sus candidaturas, una patrulla militar los detuvo y los condujo a la base militar. Nunca más se supo de ellos.

Pese a que la balanza se inclinaba cada vez más en contra de la democracia y el respeto de los derechos humanos, hubo algunas batallas más antes del colapso. Cabe mencionar al respecto la experiencia del Consejo por la Paz, previsto para involucrar a los más diversos sectores de la sociedad civil en la elaboración de un Plan Nacional de Pacificación y que generó una expectativa muy importante. Así, al momento de su instalación en octubre de 1991, su capacidad de convocatoria resultó amplísima, y fue unánime la idea de que la única instancia en el país con legitimidad suficiente para presidir el Consejo y darle fuerza luego a sus acuerdos era la Iglesia católica, en la persona del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Augusto Dammert, quien por lo demás había presidido las sesiones preparatorias. Pero los obispos peruanos decidieron abstenerse "porque el Consejo por su propia naturaleza deberá tomar decisiones de carácter político y operativo, ajenas a nuestra misión específica de pastores". El Consejo murió para todo fin práctico antes de haber nacido; y aunque la institución formalmente supervive, nunca pudo influir en las decisiones del Ejecutivo en la materia.

La última batalla entre los promotores de una solución "militarista" y los partidarios de una estrategia integral tuvo lugar poco después, a raíz del pedido de facultades extraordinarias al Congreso para legislar en materia de pacificación y la aprobación de un paquete de decretos legislativos con ese propósito en noviembre de 1991. "Los decretos de noviembre", como se les llegó a conocer, fortalecían una respuesta exclusivamente militar al problema de la violencia, y las atribuciones del Poder Judicial eran limitadas; se le daba un poder muy grande y no sujeto a fiscalización al Sistema de Inteligencia Nacional, convirtiéndolo en un brazo político del régimen. La reacción de las fuerzas políticas en el Congreso fue de rechazo, razón por la cual diversas fuerzas políticas conciertan para plantear alternativas diferentes.

Pero la suerte estaba echada. Montesinos y Fujimori habían decidido ya el golpe de Estado del 5 de abril. No más discusiones sobre énfasis diferentes en la estrategia de pacificación. El "debate estaba zanjado", y a partir de entonces se pusieron en práctica las más drásticas de las medidas que siempre reclamaron como necesarias los sectores más duros y militaristas del país para acabar con la subversión; entre ellas estaba incluida, por cierto, el propio fin del régimen democrático y de su capacidad de fiscalización sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y los aparatos de Inteligencia.

El golpe del 5 de abril puso punto final a un nuevo esfuerzo democrático en el Perú. La insurgencia de Sendero Luminoso fue un desafío demasiado grande para nuestra débil institucionalidad y raquíticas tradiciones democráticas. Es cierto que a lo largo de esos años muchos recordaron que la existencia de la democracia y el saber preservarla era nuestra mejor vacuna para que la epidemia no se extendiera. Pero ello no fue entendido por muchos (curiosamente, casi siempre las propias autoridades democráticamente elegidas), quienes vieron desde muy temprano en ella un obstáculo para el desarrollo de la acción contrasubversiva.

En el Perú se produjo de ese modo una terrible perversión de la historia: tanto Sendero Luminoso como sectores de la sociedad y del Estado que le hacían frente empezaron a ver, simultáneamente, a la democracia como un obstáculo a remover.

Así Sendero Luminoso se planteó desde un primer momento –no por nada su primera acción militar coincidió con las elecciones y consistió en quemar las ánforas del apartado pueblito de Chuschi, en Ayacucho– la necesidad de acabar con las instituciones del "Estado burgués". Eso se manifestó entre otras acciones en el sistemático asesinato de autoridades locales elegidas y en los intentos cada vez más ambiciosos de boicotear los procesos electorales, vía intimidación y asesinato de electores y candidatos, "paros armados", etcétera.

Paradójicamente, desde muy temprano hubo voces en las Fuerzas Armadas, en los partidos políticos y en la prensa (todos entusiastas de la lógica de la guerra a la que venimos aludiendo) que señalaban que la única forma de acabar con Sendero Luminoso era poner entre paréntesis –temporalmente, se decía– la democracia en el país. Casi nunca, por lo menos en público, se reclamaba un golpe de Estado militar, pero sí el darle a los militares prerrogativas que la Constitución y la ley no permitían a la vez que dejar de lado las garantías para los derechos básicos de los ciudadanos.

Lo que se terminó dando en la práctica fue una situación compleja en la cual a nivel nacional las formas democráticas se mantuvieron esencialmente intactas (libertad de prensa, de asociación, de reunión, etcétera), pero en las zonas de conflicto agudo la lógica era absolutamente diferente, no existiendo garantías democráticas para la población, teniendo como única autoridad real a las Fuerzas Armadas, vía los Comandos Político Militares y, como "marco legal", la declaratoria de la zona en emergencia, prevista en la Constitución para situaciones excepcionales y de corta duración, pero convertidas en permanentes desde 1982 en adelante.

Esta tensión entre la coexistencia práctica de dos tipos de regímenes políticos, uno democrático y constitucional en la capital y en las zonas no demasiado afectadas por la violencia y otro bajo control de las Fuerzas Armadas y donde la ley y la Constitución eran una referencia muy distante, se mantuvo por todos esos años y trajo consecuencias muy negativas.

Por un lado, fue un factor de descrédito de los gobiernos democráticamente elegidos y de la democracia en sí misma. Cada vez que Sendero Luminoso crecía, como consecuencia de la lógica militarista imperante, se desacreditaba la democracia y encontraba más acogida el pedido de manos libres para actuar. Pero simultáneamente, y para otros, la democracia se desprestigiaba por la razón opuesta, a saber, por ser incapaz de sancionar a quienes argumentando la necesidad de acabar con la violencia violaban la ley y los derechos ciudadanos y, con ello, aceleraban el proceso que creían combatir.

Hay innumerables casos que ilustran la forma en que la respuesta a la violencia pervirtió las posibilidades para la democracia en el Perú. Tomemos como ejemplo el del subteniente Telmo Hurtado quien, al mando de una patrulla, mandó matar a sangre fría a 69 campesinos, incluyendo mujeres y niños, en la localidad de Accomarca en 1985, en un hecho excepcionalmente cruel, pero en ningún caso único. El caso fue ampliamente documentado por la prensa de entonces y Hurtado decidió salir al frente y explicar que él había actuado así para ayudar a terminar con Sendero Luminoso y "en defensa de los políticos y la democracia". Cuando se le preguntó cómo podía justificarse el asesinato de niños, precisó que ellos cuando crecieran serían senderistas y podrían ser los que luego ataquen y maten a su hombres.

Otro tema al cual hay que referirse en esta relación entre violencia y democracia es que ésta contribuyó al descrédito de los partidos políticos y de las organizaciones sociales ante la población. Los partidos políticos, y pese a los innumerables mártires que todos y cada uno pueden exhibir, no pudieron darle la pelea política al senderismo y abandonaron tempranamente ese esfuerzo en la mayoría de las zonas rurales. A las organizaciones sociales Sendero Luminoso las doblegó por la fuerza con un sacrificio muy grande de vidas humanas. La población de las zonas en conflicto terminaría así muchas veces limitada solamente a dos opciones: o Sendero Luminoso o la lógica de las Fuerzas Armadas.

Otra consecuencia importante de tantos años de violencia, combinada con la crisis de legitimidad de los partidos políticos, es que se acentúa el descrédito ya no sólo de los políticos, sino de la acción política como forma de solución de problemas, crece la pasividad y la población se torna más receptiva a quienes aseguran poder resolver los problemas solos y sin pedir la participación de nadie.

Así, el golpe del 5 de abril de 1992 encontraría uno de sus argumentos principales y la explicación del indudable apoyo recibido de los peruanos, en la oferta de controlar la violencia. Y sólo dos años después Sendero Luminoso estaba ya estratégicamente derrotado y clamando por un "acuerdo de paz". ¿Cabe por tanto establecer una relación de causalidad entre las medidas adoptadas a raíz del 5 de abril y los resultados obtenidos? En otras palabras, ¿los "militaristas" tenían razón y la democracia había sido todos esos años el obstáculo para acabar con la subversión?

Se podría discutir hasta la eternidad sobre el punto. Acá en ideele hemos pensado siempre que no. Por el contrario, para nosotros la fecha clave para entender este cambio dramático, sorpresivo y positivo en la historia del Perú no es el 5 de abril, día del autogolpe, sino el 12 de septiembre de 1992, día de la captura de Abimael Guzmán, momento desde el cual súbitamente el balance de la guerra se altera y Sendero Luminoso queda en la "orfandad". Momento a partir del cual se potencian un conjunto de procesos –la organización campesina contra Sendero, el más importante– que terminan por llevarlos a su derrota estratégica.

Pero independientemente de esta discusión, se puede sostener que no es posible entender lo que el país vivió entre 1992 y el 2000 sin dar cuenta del proceso político que entre 1980 y 1992 llevó al fracaso de la democracia en el Perú para hacer frente a nuestros problemas nacionales. Sólo entendiendo lo que ocurrió en esos años es que se puede comprender el surgimiento y posterior consolidación de lo que se conoció como el "fujimorismo".

El punto de partida del fujimorismo, como estilo de gobierno, fue el de reivindicar que la eficiencia para resolver problemas era contradictoria con la lógica de funcionamiento de la democracia "tradicional". La democracia, entendida como búsqueda de alianzas y consensos, juego de partidos políticos, respeto de las minorías y de las garantías individuales, contrapeso de las instituciones y fiscalización ciudadana, fue condenada explícitamente por Fujimori en el discurso y en la práctica. Así, la democracia, tal cual es universalmente entendida, fue denostada en el Perú de los años 90 como la barrera fundamental que había impedido en el pasado resolver problemas nacionales.

La eficacia, que fue a su vez descrita como la "verdadera democracia", implicaba un vínculo directo con la población en busca de su apoyo o, más bien, de su asentimiento pasivo, pero sobre la base de "actuar primero y explicar después". Los resultados debían ser el parámetro a partir del cual medir la validez del proyecto.

El modelo funcionó en el Perú bastante bien por más de un lustro. Así, Fujimori pudo pronto acumular una serie de logros importantes que consolidaron su proyecto y neutralizaron en gran medida a los sectores críticos. Entre los más destacados, la derrota de la insurgencia armada; el orden y estabilidad de las variables macroeconómicas y capacidad de atraer capital extranjero para una economía desfalleciente; el incremento sustantivo de la capacidad de recaudación tributaria y una obra pública importante; la capacidad de resolver crisis de envergadura, como la provocada por la toma de la embajada de Japón; la habilidad para "venderse" a los Estados Unidos como un buen aliado en la lucha antidrogas y, por último, la capacidad de solucionar históricos problemas limítrofes con Ecuador y Chile. Sin duda, un récord importantísimo para un país acostumbrado al fracaso y la frustración.

Por eso muchos en el país vieron al fujimorismo como un mal inevitable, pero que creían pasajero. Por años se habló del lado brillante y del lado oscuro del régimen. Se insistió mucho en la tesis de que una vez superadas las situaciones excepcionales que los obligaron a tomar medidas de emergencia, el gobierno iría reabsorbiendo paulatinamente su lado inaceptable y se produciría una nueva etapa que conduciría, por acción del propio régimen, a una reinstitucionalización del país.

Ya sabemos que eso era imposible y que ocurrió todo lo contrario, que el proyecto político autoritario se fue consolidando y que el poder de Vladimiro Montesinos y la cúpula militar creció a la par de niveles de corrupción nunca antes vistos en la historia peruana. Sin fiscalización efectiva, sin instituciones, con los medios de comunicación bajo control –en pocas palabras, en ausencia de democracia–, el Estado peruano terminó por convertirse en un estado fuera de la ley, en poco más que una mafia enriqueciéndose con negocios ilícitos.

Luego del shock que ha significado descubrir el costo político, económico y moral de haber abdicado de la democracia, hay hoy en curso en el Perú un proceso que la revalora y que busca controlar los abusos del poder. Abimael Guzmán y Alan García, con sus destrozos, hicieron pensar a los peruanos que la democracia no servía para nada y que se necesitaba un dictador para solucionar nuestros problemas. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, con su saqueo, nos hicieron comprender la profundidad de nuestro error; que lo que creíamos solución, no era sino otra perversa manifestación del mismo problema.

Algo está cambiando –y para bien– luego de que Fujimori huyera al Japón. Pero no nos engañemos: la democracia en el Perú tiene todavía un arraigo muy superficial. Si antes fue la lucha contra la violencia política, mañana podrían ser otras urgencias –el combate a la delincuencia, por mencionar sólo una– las que la pongan en cuestión. Gravísimo error, si los peruanos pensamos que de lo que se trata es de regresar a la situación anterior al 5 de abril, como lamentablemente parece creer parte de nuestra clase política. Los retos son mucho mayores y trascienden a la salida de los militares que se enriquecieron o a la devolución de los canales arrebatados a sus propietarios, todas medidas necesarias pero que empalidecen al costado de lo verdaderamente esencial.

No nos descuidemos, o caeremos fácilmente de nuevo en una democracia mediocre, ineficiente y por ende frágil y en riesgo permanente. La tarea de reconstrucción de las instituciones y de creación de una cultura cívica democrática tomará décadas y estará sujeta a los mayores riesgos. No siempre contará entre sus entusiastas a todos los que estuvieron contra Fujimori, algunos de los cuales pueden terminar repitiendo los mismos errores de antes. Pero seamos optimistas: hay también muchas razones para pensar que esta vez las lecciones del pasado han servido de algo.

Este artículo recoge, resume y actualiza ideas desarrolladas antes por el autor en varios trabajos académicos, entre ellos: "La paz en el Perú, una tarea inconclusa (Breve ensayo de interpretación de dos concepciones en pugna)", "Temas para la agenda pendiente de la paz en el Perú" y "El colapso del fujimorismo en el Perú".