Defensa Legal
La defensa legal de casos individuales, pero a la vez paradigmáticos de una situación general, para llamar la atención de un problema que tendría solución si hubiera voluntad política, sensibilidad, diagnóstico correcto y vías de solución, sigue siendo una de las líneas de acción fundamentales de IDL. Veamos algunos casos tipo que patrocinamos.
Testigos de fábrica (Perú 2000) para falsificación masiva de firmas
Los últimos días de febrero salió
a la luz la denuncia por falsificación masiva de firmas que tenía por
finalidad lograr la inscripción del Movimiento Independiente Perú 2000 –uno de
los grupos integrantes de la alianza Perú 2000– ante la ONPE para participar en
los comicios generales de este año. Entre los involucrados aparecían dirigentes
del fujimorismo, miembros de la ONPE y el RENIEC, así como diversos regidores.
A los pocos días, quienes
proporcionaron información veraz, oportuna y significativa para el
esclarecimiento de los hechos fueron denunciados ante el Poder Judicial,
mientras los verdaderos autores quedaron librados de responsabilidad.
IDL asumió la defensa de estas
personas, y planteó desde el principio que debían ser consideradas como
testigos; cuestionó el curso de las indagaciones, encaminado al archivo de la
investigación y a la impunidad de los autores; solicitó el levantamiento de la
reserva de la averiguación fiscal; y exigió la verificación de fundamentales
diligencias, como el reconocimiento de la lista de adherentes y su difusión
pública.
Actuado el reconocimiento, se
demostró ante el Poder Judicial la falsificación masiva de firmas. Los testigos
fueron apartados del proceso. Lamentablemente, la sala de delitos tributarios,
manejada por el vocal Rodríguez Medrano, expidió una resolución declarando que
si bien los hechos imputados habían sido demostrados, ellos no constituían
delito. La causa deberá ser reabierta.
Inocentes
en prisión
Hemos continuado la línea de
defensa de personas inocentes en prisión acusadas injustamente de terrorismo.
Varios de nuestros casos han recibido la absolución del Poder Judicial y otros
han sido indultados por recomendación de la Comisión Ad-Hoc. Actualmente
patrocinamos alrededor de 70 casos, y hay un número en evaluación, tomando en
cuenta que las detenciones de inocentes
continúan.
Aparte de la defensa legal
individual, este año hemos intentado hacer un trabajo que beneficie a un
conjunto de detenidos, para lo que hemos escogido el pabellón "A" de
Chorrillos, el "6B", "cocina" y "panadería" de
Castro Castro, porque en ellos están los que la ley misma define como de mínima
peligrosidad. Si son de mínima peligrosidad, pues a sacarle las consecuencias
prácticas.
Requisitoriados:
si ellos no pueden acceder a la justicia, la justicia va a ellos. Experiencia
ejemplar
En setiembre de este año se
realizaron cuatro procesos a decenas de campesinos pobres que provenían de las
comunidades de Santa Rosa de Peccoy, Oscollo, Oscollopampa, Tanquihua,
Cachillaurecc (Apurímac) y Ninabamba (Ayacucho). Ellos se encontraban requisitoriados
desde hacía 16 años por su presunta participación en hechos de naturaleza
terrorista.
Con el fin de sanear la situación
jurídica de los comuneros, evitar su desplazamiento hasta la ciudad del Cusco y
su detención durante el juicio oral, se coordinó con la Sala Superior Penal
especializada en delito de terrorismo, que preside el doctor Marcos Ibazeta, la
programación de la audiencia en la ciudad de Talavera de la Reyna (Apurímac).
El proceso se desarrolló en las instalaciones del Concejo Distrital, al tiempo
que los campesinos permanecieron en libertad y en el local de la ONG ProAnde.
Los magistrados constataron que se
trataba de campesinos que fueron secuestrados por los terroristas, sometidos a
largas y nocturnas caminatas por lugares inaccesibles, encerrados en chozas
durante el día, golpeados cuando trataron de escapar y forzados a servir de
guías o cargadores de los productos que los terroristas saqueaban.
La defensa alegó que los
campesinos actuaron con "miedo insuperable" y de la forma como lo
haría una persona común y corriente, por lo que no les alcanzaba
responsabilidad. La sala antiterrorista acogió el planteamiento y los absolvió.
Accidentes
en la carretera: ¿Accidente? El que la hace la paga
En marzo del año que termina un
vehículo de la empresa de transportes Expreso Wari S.A. que cubría la ruta
Lima-Andahuaylas se precipitó a una pendiente de 500 metros de profundidad, a
la altura del distrito de Ocros (Ayacucho), ocasionando la muerte de 31
pasajeros y lesiones graves a otros.
En este caso, como en otros
cientos de accidentes de tránsito que se producen en el ámbito del servicio
interprovincial de pasajeros, la empresa se negó a cumplir con su obligación de
indemnizar a las víctimas por los daños y perjuicios causados. Ante ello, IDL
intervino para que Expreso Wari abone a los herederos de los fallecidos y a los
lesionados la póliza de seguros que contempla la ley, cubra los gastos
derivados del accidente y pague la indemnización correspondiente. Nuestras
gestiones, sin embargo, no fueron atendidas por los representantes de la
compañía de transporte.
Ante el incumplimiento de la
empresa, se ha interpuesto una demanda de indemnización por daños y perjuicios
en su contra, y solicitado el pago de una importante suma de dinero a favor de
los afectados.
Lo que pretendemos es construir
casos paradigmáticos que permitan mostrar y plantear soluciones en torno a la
(i)responsabilidad de determinadas empresas privadas y la pasividad,
negligencia y dolo del Estado.
Diez
detenidos por ejecución extrajudicial en San Martín de Porres
En marzo de este año, efectivos
policiales de la División de Servicios Especiales de la Zona Norte detuvieron a
Alejandro Trujillo Llontop en la cuadra 14 de la avenida Malecón Rímac,
distrito de San Martín de Porres (Lima), y lo condujeron en un vehículo
portatropas con destino desconocido.
Enterados del hecho por la familia
y luego de ubicar a algunos testigos, se acudió al Ministerio Público del cono
norte de Lima y a diversos medios de comunicación social a denunciar la
desaparición. Luego de la transmisión de un informe que sobre el caso elaboró
el programa Panorama, las
autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad San Luis Gonzaga de
Ica informaron que los restos de Alejandro Trujillo Llontop se encontraban en
esa casa de estudios, pues el cuerpo les había sido donado por la Morgue
Central del Callao por tratarse de un fallecido NN (no identificado).
Luego de la investigación fiscal
se ha llegado a establecer que los autores de este execrable crimen fueron los
efectivos policiales que lo detuvieron. En vista de ello, el Ministerio Público
ha cumplido con formalizar la denuncia ante el Poder Judicial. Posteriormente,
el juez de la causa ha ordenado la detención de los 10 efectivos policiales que
intervinieron a Trujillo Llontop y su internamiento en el Penal de Lurigancho.
Tauccamarca:
Cuando se produce y distribuye un plaguicida eficaz para matar... niños
En octubre de 1999, niños de la
comunidad campesina de Tauccamarca, distrito de Cay Cay, Paucartambo (Cusco),
sufrieron de envenenamiento por ingestión de un plaguicida llamado Paratión y
comúnmente conocido como Folidol. La indicada sustancia fue mezclada con el
suplemento alimenticio –leche– distribuido por FONCODES para el desayuno
escolar de los menores, lo que causó la muerte de 24 de ellos en medio de los
más atroces dolores. Otros 22 niños sobrevivieron, pero pueden presentar serios
daños en el sistema nervioso.
En un hecho sin precedentes, la
investigación policial concluyó que los únicos responsables de la muerte de los
24 menores eran el profesor Villena Núñez, su esposa Kelma Tapia Vásquez y
Benedicta Allpaca Huanca, campesina que se encargaba de preparar el desayuno
escolar.
Ante una investigación que
consideramos insuficiente, IDL solicitó a la Dirección General de Salud
Ambiental que nos entregase copia del informe técnico que realizó dicha
dependencia sobre los productos lácteos cuya muestra fue recogida en la
localidad de Tauccamarca e indicase el nombre del plaguicida que causó el
trágico hecho y de la empresa que lo comercializa en el Perú. Dada su negativa,
interpusimos una acción de hábeas data que se encuentra en trámite.
IDL considera que la investigación
ha sido deficiente porque no se ha comprendido a los verdaderos responsables,
quienes pertenecen a determinadas entidades del Estado encargadas del programa
alimenticio, así como a las empresas productoras y comercializadoras de la
sustancia química cuyo expendio se encuentra restringido.
Inicialmente los familiares de las
víctimas no querían hacer nada, porque las autoridades les habían ofrecido el
oro y el moro, pero ahora que se dan cuenta de que sólo han sido promesas para
impedir que exijan los que les corresponde por derecho, están dispuestos a
iniciar las acciones que corresponden, asesorados por diversas instituciones,
entre ellas IDL.
Caso
Hayduk: el coraje de dos testigos
En marzo de 1993, Fernando Ruiz
Díaz y Jorge Tiznado Cabello, representantes de la agencia de aduanas Perú
Mundo, denunciaron la existencia de droga en el cargamento de harina de pescado
que la empresa Hayduk estaba enviando a Colombia. Desde un primer momento,
tanto Ruiz como Tiznado colaboraron con la policía antidrogas en el
esclarecimiento de los hechos y fueron considerados como testigos fundamentales
en el proceso judicial seguido por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Siete años después, y como evidencia de la manipulación política de la
administración de justicia, se abrió proceso judicial contra ambas personas y
se ordenó su detención e internamiento en un centro penitenciario.
Ante estos hechos, acudimos al
juzgado antidrogas para exponer la verdadera situación jurídica de Ruiz y de
Tiznado, esto es, su calidad de testigos. Asimismo, pedimos la intervención de
la Defensoría del Pueblo, que reclamó a las autoridades jurisdiccionales el
respeto del debido proceso y de la integridad física de ambas personas.
Posteriormente logramos convertir
el caso en un tema de interés público, al punto que ha sido presentado en los
diversos medios de comunicación televisivos, escritos y radiales.
El desarrollo de todas estas
acciones generó un importante nivel de presencia pública del caso y evidenció
que Ruiz Díaz y Tiznado Cabello habían sido procesados y encarcelados
injustamente como consecuencia de una decisión política que pretendía con ello
encubrir a los verdaderos responsables del delito. Finalmente, el Juzgado
Antidrogas revocó el mandato de detención y dispuso la libertad de ambos.
Este es uno de los casos,
denunciado ahora por Rodríguez Medrano, en el que Fujimori beneficia con la
gracia presidencial a dos procesadas por narcotráfico, lo que está prohibido
expresamente por ley.
Un
caso de tortura en la Corte Suprema
En setiembre de 1998, Lucas Huamán
Cruz y su sobrino Zózimo Lunasco Taype, luego de ser citados a la comisaría de
San Francisco (Ayacucho) para esclarecer una denuncia hecha en su contra por un
supuesto robo de dinero, fueron objeto de apremios ilegales infligidos por el
suboficial de la Policía Augusto Gutiérrez Rivero, quien pretendía que se
autoinculparan de la comisión del delito.
A raíz de los malos tratos, Lucas
Huamán falleció. Según el protocolo de necropsia, la causa de la muerte fue un shock hipovolémico por la ruptura del
hígado. Presentaba, además, un edema generalizado en el tórax y en la cavidad
abdominal, entre otras lesiones.
En el proceso que se le siguió al
referido suboficial por la comisión del delito de tortura, la Sala Penal de la
Corte de Ayacucho lo absolvió con fecha 5 de octubre de 1999. Por ello, IDL
formuló el correspondiente alegato ante el fiscal supremo y solicitó se
pronuncie por la nulidad de la sentencia absolutoria. En setiembre de este año
la Sala Penal de la Corte Suprema emitió su fallo declarando nula la sentencia
y ordenando un nuevo juicio contra el policía Gutiérrez Rivero.
Casos
vinculados al fraude-2000
Desde periodistas detenidos,
denunciados, amenazados, hasta detenidos y agredidos en la Marcha de los Cuatro
Suyos, pasando por acciones legales para la protección de personas que denunciaron
irregularidades (Chachapoyas).
Podríamos mencionar muchos más,
pero para muestra unos cuantos botones. Terminaríamos diciendo que esta
atención y seguimiento de casos paradigmáticos tiene una cobertura nacional que
incluye la coordinación y el trabajo conjunto con otras veinte instituciones,
unos quince abogados, promotores y periodistas.