Derechos humanos y democracia en el Perú

Misión cumplida,
a comenzar de nuevo

Isaías Rojas

El 2000 ha sido un año positivo para los derechos humanos y la democracia no sólo por la caída del autoritarismo de Fujimori, causante mayor de su grave deterioro, sino porque una serie de temas urgentes han empezado a ser resueltos por el nuevo gobierno constitucional. Queda, sin embargo, un largo camino por recorrer para que finalmente se diga que en el Perú hay un pleno respeto por la democracia y los derechos humanos.

"Misión cumplida" debe haber sido la primera idea que se cruzó por la mente de más de un integrante del movimiento de derechos humanos en el Perú, cuando aquel histórico sábado 16 de setiembre el entonces presidente Alberto Fujimori, incapaz de remontar la grave crisis causada por la difusión del vídeo Montesinos-Kouri, anunció ante el país y la comunidad internacional la convocatoria a nuevas elecciones "en el más breve plazo posible".

Y no era sólo que Fujimori estuviera declarando su derrota en toda la línea en su intención de quedarse ilegítimamente en el poder, luego de haber producido el más escandaloso fraude electoral de la historia política reciente, sino que se estaba presenciando la caída de un régimen que en sus 10 años de duración había sido un enemigo declarado de los derechos humanos y la democracia.

Durante todo ese tiempo, la lucha por los derechos humanos en el Perú había afincado su tienda en el terreno de la lucha contra el régimen autoritario. En la última etapa, esa lucha había tenido su escenario central en el tema electoral para hacer frente al fraude e impedir la consolidación de un nuevo e ilegítimo tercer mandato de Fujimori.

Había, pues, razones de sobra para saborear esa "misión cumplida" con la misma sensación de alivio, alegría y libertad que deben experimentar los demócratas del mundo cuando presencian el ocaso y caída de las dictaduras y autoritarismos de cualquier tipo y signo. En el Perú, el movimiento de derechos humanos había contribuido a la caída del autoritarismo.

¿En qué consistió tal contribución? ¿Por qué el movimiento de derechos humanos tuvo que meterse de lleno en el tema electoral? ¿Cómo llevó a cabo su papel y qué impacto tuvo? ¿Cómo queda la situación de los derechos humanos y cuáles son las tareas pendientes?

"Elegir y ser elegidos, un derecho fundamental arrebatado"

Que el movimiento de derechos humanos se metiera de lleno en el tema electoral no era casual ni arbitrario, sino una consecuencia directa de su mandato. Elegir y ser elegidos libremente en elecciones justas y transparentes forma parte del núcleo fundamental de los derechos humanos, como lo señala el artículo 21 de la Declaración Universal. Había pues una cuestión de principios. Pero además estaba en juego la posibilidad de una mejora sustancial de la situación global de los derechos humanos en el Perú.

En efecto, hacia fines de 1999 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el exponente público del movimiento, decía que el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Perú no estaba ya asociado tanto a la violencia política cuanto a la crisis democrática originada por la instauración de un régimen político autoritario y que dicha situación se había agravado debido a la búsqueda por imponer un anticonstitucional tercer mandato de Fujimori.

Así, a los viejos problemas de precariedad democrática y ruptura del Estado de Derecho, sobredimensionamiento político de las Fuerzas Armadas y los servicios de Inteligencia, persecución de opositores, libertad de prensa mellada, etcétera, se habían sumado otros como el retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, el agravamiento de los problemas de la libertad de prensa, la paralización en la solución de los problemas pendientes de la violencia política, campañas de desprestigio contra los derechos humanos, entre otros. Más aún: ya estaban en curso las serias irregularidades que viciarían completamente el proceso electoral como el hostigamiento a los opositores, el uso de recursos públicos, la participación de las Fuerzas Armadas, la manipulación de los medios de comunicación, etcétera.

Antes de ese momento, la estrategia del movimiento de derechos humanos para hacer frente a esos problemas era colocar en el debate electoral una plataforma básica de 44 puntos sobre derechos humanos e institucionalidad democrática con la que los candidatos pudieran comprometerse en caso de que llegaran al gobierno.

Pero ante la confirmación de la candidatura de Fujimori, la estrategia tuvo que cambiar. ¿Qué debate electoral sobre propuestas y programas podía ser posible cuando lo que estaba en cuestión era la propia legitimidad del proceso electoral viciada desde el saque por una candidatura ilegítima y agravada por una campaña fraudulenta? Más todavía: la sola posibilidad de otros cinco años más de Fujimori, ¿no representaba en sí misma una amenaza para los derechos humanos y la democracia en el Perú?

El problema para el movimiento de derechos humanos era pues no sólo actuar frente a la violación de derechos políticos fundamentales que se estaba produciendo, sino actuar también frente a la posible continuidad de un régimen que iba a dejar sin resolver los graves problemas de derechos humanos originados durante su ejercicio del poder y que además iba a generar otros de magnitud impredecible. En consecuencia, la decisión fue entrar de lleno en el tema electoral, dejar en un segundo plano la plataforma básica e iniciar una vigorosa campaña para denunciar el fraude electoral y evitar que prospere y se consolide un nuevo mandato de Fujimori.

La fase electoral

Durante la fase electoral, el movimiento de derechos humanos formó parte del conjunto de esfuerzos que desde la sociedad civil presionaban por la realización de elecciones libres y justas. Lo primero que hizo fue jugar en pared con otras instituciones, respaldando el trabajo realizado por observadores nacionales como Transparencia e internacionales como la Misión del Centro Carter-NDI. Incluso, algunas instituciones de la Coordinadora propiciaron la llegada de misiones como la de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Electoral Reform International Service (ERIS). Por su credibilidad, el movimiento de derechos humanos se constituyó en un interlocutor válido para todas estas misiones. Particularmente importante fue la relación establecida con la Misión de Observación Electoral de la OEA, presidida por el canciller guatemalteco Eduardo Stein.

Segundo, el movimiento de derechos humanos expresó una postura claramente crítica de la forma como se desarrollaba el proceso electoral. Desde la primera vuelta sostenía que dada la ausencia de condiciones para que sean justas y libres, las elecciones estaban ya "irremediablemente viciadas" y que, en consecuencia, se había arrebatado a los peruanos un derecho humano fundamental. Y en la segunda vuelta, después de una elección en la que las condiciones electorales no habían sido cambiadas en absoluto y que se habían realizado con candidato único y sin observadores, declaró la ilegitimidad de las elecciones y el reclamo de nuevos comicios con nuevas condiciones.

Tercero, propició la movilización ciudadana en la defensa de sus legítimos derechos. La votación popular en primera vuelta había expresado claramente que había que ir a una segunda vuelta, pero el régimen pretendió imponer a Fujimori vía la manipulación de los resultados a través de la ONPE. No había otra forma de detener el fraude que con la movilización ciudadana. Posteriormente se sumó a las protestas por la realización de la segunda vuelta y, finalmente, acompañó la Marcha de los Cuatro Suyos.

Cuarto, mantuvo una activa relación con la comunidad internacional (mecanismos supranacionales de protección de los derechos humanos, gobiernos, organismos internacionales, etcétera) para dar a conocer la situación política imperante en el Perú y su impacto en la situación de los derechos humanos.

Si bien después de la segunda vuelta el régimen parecía haber sacado adelante sus planes de quedarse en el poder por un tercer mandato, el hecho concreto es que la legitimidad de su proceso electoral había quedado seriamente cuestionada, al punto que empezó a ser discutida en un nuevo escenario: el de la OEA. El movimiento de derechos humanos había contribuido a minar dicha legitimidad.

La fase OEA

Terminada la fase electoral, el frente de batalla se trasladó fuera del país. En otro artículo de esta revista se analiza más en detalle cuál fue el papel de la comunidad internacional en el proceso electoral. Para nuestros efectos, baste decir que el solo hecho de que las elecciones peruanas fueran discutidas primero en el Consejo Permanente de la OEA y luego en la Asamblea General, nada menos que la más alta instancia del organismo regional, era ya un abierto cuestionamiento de su legitimidad.

De Windsor emergió una Misión de Alto Nivel que elaboró una agenda de democratización e instaló una mesa de diálogo conformada por la oposición, el gobierno y la sociedad civil. En la medida en que no había otro espacio en el que se pudieran concertar acuerdos políticos y que en la agenda democratizadora se encontraban algunos de los 44 puntos de la plataforma básica de derechos humanos, la Coordinadora aceptó participar para promover los cambios que pudieran conducir a la realización de nuevas elecciones.

En esta fase, el movimiento de derechos humanos emergió como un actor importante habida cuenta de que las misiones de observación electoral habían dado por concluido su trabajo. Su papel se fue haciendo cada vez más visible, asumiendo una posición de liderazgo desde la sociedad civil en la demanda de nuevas elecciones con nuevas condiciones.

En la medida en que la agenda de democratización había excluido el tema de las elecciones, la Mesa de Diálogo sirvió como un escenario para poner a prueba la supuesta voluntad democratizadora del régimen, que incluso había creado una "Comisión Democratizadora" con el objeto de hacer creer que estaba comprometido con la reinstitucionalización democrática. Los resultados, obviamente, eran escasos, porque tal voluntad no era real.

Con el cambio de la situación política producido por la difusión del vídeo Kouri-Montesinos se desbloqueó el camino para algunos acuerdos como la finalización de las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público y la restitución de facultades del Consejo Nacional de la Magistratura.

Pero quizá el momento más significativo fue el retiro de la Coordinadora de la Mesa de Diálogo como protesta por las gestiones que el secretario general de la OEA había hecho para que Panamá diera asilo a Vladimiro Montesinos. El movimiento de derechos humanos había realizado un conjunto de acciones para llevar ante los tribunales al ex asesor por sus delitos contra los derechos humanos. Sólo volvió a la Mesa de Diálogo una vez que el canciller Lloyd Axworthy, el otro integrante de la Misión de Alto Nivel, tomara distancia de las gestiones que había hecho Gaviria.

Pero a esas alturas, la dinámica política ya había cambiado. El centro de decisiones y negociación se había mudado al Congreso, donde el desafuero de Martha Hildebrandt como presidenta del Parlamento preanunció lo que después sería la renuncia de Fujimori y luego la caída final del fujimorismo.

"Misión cumplida..."

El 2000 arroja un balance sumamente positivo para la situación de los derechos humanos y la democracia en el Perú. Primero, porque la sola caída del régimen autoritario de Fujimori significa la desactivación de uno de los mayores factores de deterioro en tales temas. En sus más de 10 años de vigencia, el fujimorismo había destruido la institucionalidad democrática y desarrollado una política abiertamente violatoria de los derechos humanos no sólo a propósito de la lucha antisubversiva, sino incluso cuando la violencia política había dejado de ser un problema para el país. Su continuidad iba a significar no sólo la profundización de la crisis democrática, sino la consolidación y perpetuación de una situación crítica de los derechos humanos.

En segundo lugar, porque el ascenso de un gobierno constitucional en manos de sectores democráticos y el cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso han permitido acelerar la solución de los más urgentes problemas en derechos humanos, algunos de los que ya habían sido desbloqueados en la Mesa de Diálogo de la OEA.

En tercer lugar, porque se ha retomado el camino de solución al problema de los inocentes otorgando indulto a varios de los 69 casos que habían sido recomendados por la Comisión Ad-Hoc y que el ex presidente Fujimori no había querido indultar. Se esperaba que otros indultos más se produjeran en los próximos días hasta terminar de resolver el problema.

En cuarto lugar, porque se ha producido la ratificación del gobierno peruano del Estatuto de la Corte Penal Internacional y se ha anunciado ya el retorno del Perú a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, porque el gobierno había decretado la formación de una comisión integrada por sectores gubernamentales, de la sociedad civil y de la Iglesia católica para establecer los criterios con los que entraría a funcionar la Comisión de la Verdad que establezca lo que realmente ocurrió durante la etapa de la violencia política.

Ciertamente, todos estos cambios no han dependido sólo de la acción del movimiento de derechos humanos, pero es evidente que este movimiento encarnó las demandas democráticas y de derechos humanos e hizo campaña sistemática a favor de ellos. Y el que hayan empezado a ser resueltos tiene un indudable sabor a "misión cumplida".

"... a comenzar de nuevo"

Los avances que se están produciendo son apenas el inicio de una más vasta tarea de (re)construcción de la democracia y condiciones para la vigencia plena de los derechos humanos en el Perú. La caída del fujimorismo representa el cierre de todo un ciclo histórico marcado por la violencia política iniciada en 1980 por Sendero Luminoso (véase artículo sobre el tema en esta edición). Y los problemas a enfrentar de ahora en adelante tienen esa textura de tarea histórica.

Se trata de iniciar una larga marcha, cuyo inicio es verdad que nos corresponde como país, gobierno y generación, pero cuyo desarrollo es responsabilidad también de los que vienen. Para no mencionar aquí una gran agenda de los temas pendientes en democracia y derechos humanos, simplemente digamos que de lo que se trata en última instancia es de entender qué pasó entre nosotros en estas dos décadas de violencia, autoritarismo y corrupción y cómo fuimos capaces de aceptar todo eso y hasta, en ocasiones, de aplaudir por lo que ocurría. Más importante aún, se trata de pensar cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder nunca más entre nosotros. La misión, pues, acaba de empezar de nuevo.