Justicia y democracia: ¿Aprendimos la lección?
Después de muchos años podemos hacer un balance “en positivo” del sistema judicial. Todavía falta muchíiiiisimo por hacer, pero el escenario es en definitiva otro: no más expresiones “que vaya al Poder Judicial” o “que lo investigue el Ministerio Público” como sinónimos de impunidad, y no más jueces Percy Escobar ni fiscales Salvatierra (esperemos) y -después de mucho tiempo- personas honestas en puestos claves (JNE, Consejos Transitorios, Fiscalía de la Nación). No nos equivocamos desde esta revista al sostener durante todos estos años que independencia judicial y autoritarismo eran como agua y aceite y que la reforma judicial no era sino un pretexto para el control político. A continuación, un balance de los logros y lo que debe hacerse en lo inmediato. (David Lovatón)
El pantanoso comienzo en la Mesa de la OEA
Al inicio de la crisis política las negociaciones en la Mesa de Diálogo de la OEA fueron exasperantes y tortuosas, pues los representantes del fujimorismo habían recibido la orden de Fujimori-Montesinos de pelear hasta el final cada aspecto, cada palabra, cada coma de las propuestas, con el propósito de dilatar y entorpecer las negociaciones (y frustrarlas, si les era posible). Sólo al acelerarse la descomposición del régimen el diálogo se tornó más ágil y comenzó a rendir sus frutos. Ello revela cuán estrechamente ligados estaban los destinos del sistema judicial y del régimen fujimorista: a menos dictadura, más "reinstitucionalización democrática".
Un balance en positivo
Todos los acuerdos que finalmente se adoptaron en la Mesa de Diálogo de la OEA referidos al sistema de justicia fueron aprobados y convertidos en ley por el Congreso de la República:
1. Se derogó la ley que "homologaba" (léase "igualaba") a los magistrados provisionales con los titulares y que permitió a la dictadura controlar la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, el Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora sólo los jueces y fiscales titulares podrán elegir y ser elegidos para ocupar un cargo en dichas instancias.
2. Se ha restituido la facultad de destitución de jueces y fiscales al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que le había sido recortada y que en su momento originó la renuncia en pleno de sus integrantes. Nuevamente el CNM puede investigar y destituir a fiscales y vocales supremos sin "filtros" previos.
3. Se ha dado un paso importante para comenzar a resolver la provisionalidad de la magistratura al "flexibilizarse" el requisito de la capacitación previa de los aspirantes a jueces y fiscales a cargo de la Academia de la Magistratura (AMAG): se ha contemplado la realización de un curso excepcional de sólo 60 días (antes era de un año), aprobado el cual el aspirante estará apto para ser evaluado por el CNM. Una situación de provisionalidad tan excepcional amerita una salida también excepcional.
4. Se desactivaron las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público, y –por decisión de la Corte Suprema– las tan cuestionadas salas y juzgados transitorios y especializados de tráfico de drogas y delitos tributarios y aduaneros.
5. Se han creado Consejos Transitorios que gobernarán al Poder Judicial y al Ministerio Público durante 90 días y que están conformados por magistrados titulares y juristas de reconocido prestigio moral, profesional y académico. Estos Consejos tendrán como principal tarea la de "normalizar" la vida institucional del Poder Judicial y del Ministerio Público y preparar el camino para su gobierno autónomo.
La Colán tenía que irse
A diferencia del Poder Judicial, donde la reforma vino acompañada de mejoras administrativas y tuvo a varios protagonistas, en el Ministerio Público sirvió exclusivamente para mantener en el cargo a Blanca Nélida Colán, por lo que el sometimiento político en esta institución tuvo nombre propio. Así las cosas, recuperar la confianza en el Ministerio Público pasaba necesariamente por la salida de doña Blanca Nélida, no sólo del cargo de Fiscal de la Nación sino también del Ministerio Público, y así ha sido finalmente. Luego del vergonzoso vídeo que confirmó lo que todo el mundo sabía, toca investigarla y, en su momento, sancionarla ejemplarmente por los delitos que habría cometido.
La restitución del TC
La restitución –por parte del nuevo Congreso presidido por Valentín Paniagua– de los tres magistrados arbitrariamente destituidos por la antigua mayoría parlamentaria fujimorista fue un acto de justicia que todos han aplaudido; el Perú vuelve a tener así un auténtico Tribunal Constitucional. Queda pendiente la modificación de algunos aspectos de su ley orgánica que la dictadura introdujo con el ánimo de limitar su papel fiscalizador del poder, como es la necesidad de seis votos (de siete) para declarar la inconstitucionalidad de las leyes o la imposibilidad de revisar la constitucionalidad de leyes anteriores a su instalación en 1995 (pues se dispuso un plazo muy breve).
Lo que falta hacer en lo inmediato
1. Ni caza de brujas ni impunidad
Como ha dicho Javier de Belaúnde (ideele N° 130), la reforma fue el caballo de Troya con el que la dictadura metió a sus soldados al Poder Judicial y al Ministerio Público, "y lo que hay que hacer en una situación excepcional como ésta es idear un mecanismo con sustento democrático... que revise la presencia de todos estos soldados que bajaron del caballo de Troya".
Pues bien: los Consejos Transitorios creados por ley y previamente acordados en la Mesa de la OEA como parte del proceso de "reinstitucionalización democrática" tienen como una de sus tareas principales "limpiar" el Poder Judicial y el Ministerio Público de jueces y fiscales que fueron instrumentos de persecución política y de encubrimiento de los abusos del poder y de la corrupción. A los suplentes bastará con mandarlos a su casa, a los provisionales con regresarlos a su puesto de origen, y respecto de todos ellos –incluyendo a algunos titulares– pedir al CNM su destitución o no ratificación adjuntado las pruebas pertinentes. No se trata de desatar una cacería de brujas, pero tampoco de alentar la impunidad ni la política del "borrón y cuenta nueva". Para comenzar a recuperar la confianza ciudadana en el Poder Judicial y el Ministerio Público es necesario que aquellos magistrados que se convirtieron en alfiles y peones de Fujimori-Montesinos sean expulsados del sistema de justicia.
2. Falta que Hermoza y Castañeda salgan del CNM
Insistimos en que los consejeros Carlos Hermoza y Eugenio Castañeda fueron –hasta hace muy poco– "hombres de confianza" de la dictadura, al punto que uno fue ministro y embajador de Fujimori y el otro personero de una de las agrupaciones políticas fujimoristas y puesto por la Colán. Por tal motivo, lo que corresponde es su reemplazo por personas "de reconocido prestigio moral, profesional y académico" (parafraseando la ley). Tomemos en cuenta que en los próximos meses el CNM:
·Nombrará a 1018 jueces y 952 fiscales titulares nuevos.
·Ratificará a todos los jueces y fiscales actualmente en ejercicio.
·Destituiría a magistrados seriamente cuestionados.
En gran medida, el futuro rostro de la justicia en el Perú está en manos del CNM –pues éste decidirá qué jueces y qué fiscales ingresan, se quedan o se van del Poder Judicial y del Ministerio Público– y, por tal motivo, es in-dis-pen-sa-ble que este órgano esté formado por personas fuera de toda sospecha, con una trayectoria democrática intachable y que gocen de la aprobación de todos los sectores. Y ni Hermoza ni Castañeda cumplen ese perfil.
3. La justicia no sólo interesa a jueces y fiscales
Cuando se discutía la creación de los Consejos Transitorios, jueces y fiscales expresaron su rechazo a lo que ellos consideraban "una nueva injerencia". Ello ha puesto sobre el tapete el debate sobre los órganos de gobierno del Poder Judicial y del Ministerio Público: o se conforman exclusivamente con magistrados o con magistrados y representantes de otros sectores.
Al respecto, consideramos que debería partirse de un principio: la justicia no sólo interesa a jueces y fiscales sino también a todos los actores del engranaje judicial: facultades de derecho, colegios profesionales, organismos de derechos humanos, CNM, AMAG y sistemas penitenciario y policial. Así, si bien jueces y fiscales deberían conservar una participación mayoritaria en dichos órganos de gobierno, también deberían contar con representantes de los sectores mencionados. No se trataría de "una injerencia más", sino de la expresión del interés de la sociedad en la justicia; experiencias comparadas aconsejan que procesos de auténtica reforma judicial no se hacen a espaldas de los magistrados pero tampoco exclusivamente con ellos.
No volvamos a meter las manos en la justicia
Los partidos políticos opositores –junto a otras instituciones– han tenido durante la dictadura y en la Mesa de Diálogo de la OEA un papel muy importante en la "reinstitucionalización" del sistema de justicia. Los partidos han reclamado todos estos años independencia y dignidad para el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, y eso es precisamente lo que hay que reclamarles para el futuro: que no vuelvan a meter las manos en la justicia.
Si bien es verdad que el vergonzoso control que Montesinos llegó a ejercer sobre la justicia no tiene parangón en nuestra historia republicana, ello no debe hacer olvidar las vedadas injerencias en las que también incurrieron gobiernos anteriores; antiguos magistrados relatan, por ejemplo, que durante el gobierno de Alan García algunos vocales –muy correctos personal y profesionalmente– al momento de votar seguían, sin embargo, las consignas "del partido" y votaban "en bloque".
De ahí la importancia de que este proceso de "reinstitucionalización" no esté exclusivamente en manos de los partidos políticos, pues –independientemente de sus buenas intenciones– es grande la tentación de pretender "copar" la justicia. La mejor forma de conjurar este peligro es la participación en este proceso, por un lado, de jueces y fiscales probos –nucleados en asociaciones como la de "Jueces por la Justicia y la Democracia"– y, por otro lado, de las instituciones de la sociedad civil (Iglesia, Defensoría del Pueblo, colegios profesionales, universidades, empresarios, sindicatos, ONG) que han mostrado una creciente preocupación por contar con tribunales independientes.
Pero, a su vez, estas reformas no pueden hacerse de espaldas a la clase política, por lo que sería altamente conveniente que todos los partidos tuvieran gestos como, por ejemplo, suscribir un "Pacto por la Justicia" en virtud del cual se comprometan a que los gobiernos venideros respetarán la independencia de la justicia; de pronto ello podría ser el comienzo de una nueva –y más digna– historia judicial.
La otra reforma judicial pendiente
En este debate sobre la justicia no se ha tocado el tema de los tribunales militares. Entendemos que es un problema mucho más espinoso y que está estrechamente vinculado a la relación entre el poder civil y el militar; sin embargo, no olvidemos que los tribunales militares también administran justicia y que, por tanto, también deben ser incluidos dentro de las reformas encaminadas a ajustar la justicia a los derechos constitucionales y a los principios del Estado de derecho.
Hace algún tiempo la Defensoría del Pueblo presentó un informe al respecto y nosotros dijimos que “habrá que esperar otro escenario en el que los militares acepten, al menos, ‘dudas y murmuraciones’ en esta materia” (ideele N° 107). Creemos que ese momento ha llegado.
El Poder Judicial para mi generación
Corría el año 1988 cuando comencé a practicar. Entonces tenía 22 años y, a diferencia de muchos compañeros de estudio, mi maestro de prácticas creía que se podían ganar los juicios sin corromper a jueces ni secretarios. Y así ocurrió (aunque con esfuerzo).
Esa satisfacción personal me hacía soportar los desagradables recorridos por las sucias y oscuras oficinas de los secretarios civiles en el centro de Lima. Los juzgados laborales estaban un poco mejor... pero no mucho. Había de todo: buenos, malos y pésimos secretarios(as) y jueces(zas); pero siempre hubo
–felizmente– unos cuantos que miraban a los ojos cuando hablaban y hasta eran amables.Así de precario (y corrupto también) era el Poder Judicial cuando se inició la reforma. Fueron años en los que no resultó nada fácil resistirse a la tentación de jugosas consultorías con las que el régimen tejía lealtades y complicidades. Por esa época comencé a viajar por todo el Perú y conocí a presidentes de cortes, vocales y jueces, y tuve así la otra mirada, la de los magistrados contándome sus problemas y percepciones. Por eso, cuando me enteré de que Fujimori renunciaba, de inmediato se me vinieron a la mente 12 años de contacto con la justicia y de tanta arbitrariedad de la que fui testigo. Pero también sentí –después de muchos años– alivio y esperanza; lo peor había llegado a su fin, y creo que los peruanos tenemos una buena oportunidad para fundar una justicia responsable e independiente. Ojalá –esta vez sí– hayamos aprendido la lección. (D.L.)