Que los inocentes hagan sitio a los culpables

Señal de que los tiempos cambian para bien es que el gobierno democrático de Valentín Paniagua escogió como uno de sus primeros gestos simbólicos liberar inocentes en prisión. Con buen criterio, el ministro de Justicia, Diego García Sayán, decidió que "al toque" los que ya estaban recomendados por la Comisión Ad-Hoc, y ha ofrecido que será una prioridad de su gestión que no quede ni un solo inocente en la cárcel. Estamos seguros de que así será.

Hay entre 200 y 250 casos de inocentes en prisión identificados plenamente por la Iglesia Católica (CEAS), por la Iglesia Evangélica (Paz y Esperanza), por el padre Lanssiers y por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (APRODEH, CEAPAZ, FEDEPAZ, COMISEDH, IDL, etcétera).

Doscientos o doscientos cincuenta casos por los que estas instituciones meten las manos al fuego. ¿No es este un argumento contundente? ¿Por qué la palabra de otro u otros va a tener más peso que la de estas instituciones? ¿Qué interés podrían tener éstas en hacer pasar gato por liebre? Todas, además, han puesto su "cuota" por la democratización del país, por lo que atender la agenda de dichas instituciones es acto de justicia con ellas mismas.

Razones para libertad ya

– Han sido juzgados por una legislación aprobada en el contexto del autogolpe del 5 de abril, cuestionada por la Comisión y Corte Interamericanas, la ONU y por una serie de comisiones de juristas, nacionales e internacionales. Saquémosle la consecuencia práctica: así como se han cumplido los fallos y recomendaciones frente a Ivcher, Delgado Parker, Tribunal Constitucional, también deben cumplirse en relación con estos casos.

– Fueron juzgados por ese Poder Judicial y ese fuero militar que ahora todo el mundo reconoce que estaban controlados políticamente y que resolvían en función de consignas.

– Juzgados y condenados por jueces sin rostro, civiles y militares, generalmente sin defensa y luego de una etapa prejudicial en la que el SIN de Montesinos tenía un peso decisivo.

– Juzgados y condenados a partir de supuestas pruebas arrancadas con torturas (más de 70% de detenidos han declarado que fueron torturados).

– Aun en el hipotético y negado caso de que las acusaciones fueran ciertas, son mínimas (si sabía o no qué contenía el paquete guardado o si se hizo por amistad o por complicidad; si el alojamiento que se dio fue por simpatías o debido a engaños o amenazas). De acuerdo con una legislación civilizada, nada de eso sería delito y la persona no debería haber siquiera pisado la cárcel.

– En un país en el que desde el poder se han cometido los peores delitos, con total impunidad, no se puede dejar en la cárcel a personas generalmente muy humildes, contra las cuales hay una duda mínima, frente a un hecho mínimo.

– Se trata de personas que ya están presas entre 5 y 10 años, lo que significa, por un lado, que se les conoce y se sabe perfectamente que no ofrecen ningún peligro, y, por otro lado, que, bajo cualquier supuesto, ya han tenido un castigo, y severísimo (años de prisión a los que se debe agregar la tortura que por lo general padecieron).

– Está demostrado que en el ámbito de las acusaciones por terrorismo se han cometido muchísimos errores; prueba de ello es que el mismísimo Fujimori, después de consultar con su asesor, indultó casi a 500 inocentes. ¿Por qué estos casos no van a ser también más errores, tomándose en cuenta que se trata del mismo tipo de gente, la misma legislación, los mismos operadores jurídicos, los mismos criterios?

– En todos los indultos y absoluciones concedidos en los últimos años no se ha cometido ni un solo error. Se dijo que eran inocentes, y lo eran. Y los casos que quedan son muy parecidos a los que salen.

– Felizmente, SL y el MRTA se han reducido a pequeñísimas bandas errantes en la selva, lo que hace que el peligro que pudiera haber en corregir errores se reduzca a cero.

– El indulto es ahora la única vía para que estas personas recuperen su libertad, ya que, de acuerdo con la legislación de Fujimori-Montesinos, para ellas no existe ningún tipo de beneficios penitenciarios.

Los inocentes en prisión son también parte de las víctimas de Fujimori-Montesinos; hasta se podría decir que fueron los que llevaron la peor parte. La democracia, entonces, tiene también una deuda con ellos.

El camino para liberar a los inocentes aún en prisión no es, indudablemente, la Comisión de Indulto creada por el último ministro de Justicia del régimen (no tiene autoridad moral, en un año no hizo nada y el cambio es hasta simbólico), sino la convocatoria a los sectores comprometidos con la causa de los inocentes en prisión para consensuar una vía más expeditiva, porque se trata de un acto de justicia impostergable.

Penal Castro Castro

Pabellón "6B" y "cocina" y "panadería"

Son los pabellones de Castro Castro equivalentes al "A" de Chorrillos de Mujeres: "mínima peligrosidad". Si no sacamos fotos de ellos no es por perspectiva de género, sino porque no tenemos. Algunos casos que esperan justicia.

Félix García: profesor acusado de haber prestado un local (él alega que, como ocurrió con tantos empresarios, fue por miedo, bajo amenaza). Está condenado a ¡cadena perpetua! y lleva más de ocho años en prisión.

Alexánder Palacios: periodista que tuvo un altercado con un guardaespalda que resultó de la unidad antiterrorista. Fue absuelto ¡dos veces! por el fuero común, pero en un tercer juicio por lo mismo, fue condenado a 20 años. Lleva siete.

Adrián Sánchez: ¡10 años! en prisión. Está demostrado que ningún vínculo con el terrorismo, pero que –como antes consumía drogas– "planificó" hacerse pasar por emerretista para sacarle plata a un comerciante. Tiene una condena de 15 años.