Comisión de la Verdad:
Imprescindible, impostergable
Carlos Basombrío Iglesias
Es difícil competir por la atención de la opinión pública en medio de tanto vídeo, tanta corrupción y tanta inmoralidad, pero el pasado a exorcizar no se agota en ellos. Así, en estos días entra a la agenda nacional el gran tema de la violencia política y los derechos humanos. Para ello está prevista una Comisión de la Verdad, asunto sobre el cual se reflexiona en las líneas que siguen.
En el Perú la impunidad y el ocultamiento de crímenes de derechos humanos, primero en la lucha contra la subversión interna desatada en 1980 por Sendero Luminoso y luego en el gobierno autoritario que se inicia el 5 de abril de 1992, han tenido niveles casi absolutos. A ello se suma que los responsables de la violencia política que asoló nuestra patria no han sido señalados, independientemente de la sanción individual por sus crímenes, por la responsabilidad histórica de sus actos.
En esa medida, establecer una Comisión de la Verdad sobre lo ocurrido en el Perú entre 1980 y el 2000 es imprescindible e impostergable si queremos construir una democracia sobre bases sólidas.
Dado que no seremos los primeros en tener esta Comisión, vale la pena destacar algunas de sus características en América Latina:
– Han sido específicamente dirigidas a discutir violaciones de los derechos humanos en períodos de dictadura o guerra interna.
– Se ha evitado mezclar ese proceso con sanciones en temas de corrupción.
– Se ha buscado establecer las causas históricas y estructurales que explicaron los problemas de violencia y violaciones de los derechos humanos.
– Se ha buscado establecer las responsabilidades institucionales específicas, entre otros, de las Fuerza Armadas y el Poder Judicial, pero también de instituciones no estatales y de la sociedad en su conjunto.
– Han comprendido, cuando ha sido relevante para la situación del país en cuestión, las responsabilidades de los grupos armados.
– Han incluido siempre recomendaciones a futuro para evitar que situaciones como éstas se repitan
– El tratamiento de las responsabilidades individuales ha sido desigual, dadas las grandes resistencias de los militares y de las autoridades civiles involucradas.
Contra lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en el Perú, hoy hay una serie de factores políticos coyunturales que favorecen en general un tratamiento más adecuado e integral al fenómeno de la impunidad y el establecimiento de una Comisión de la Verdad.
Mencionemos cuatro:
1. En el Perú nos hemos movido rápidamente del escenario de una transición pactada (hasta bloqueada), es decir, de unas Fuerzas Armadas con legitimidad y fuerza para imponer condiciones altísimas a cambio de transición a, pocas semanas después, el colapso del régimen en el marco del peor descrédito por corrupción y abuso del poder de la historia del país. Un país indignado reclama conocer lo que pasó y favorece casi unánimemente la búsqueda de la verdad y la justicia.
2. El colapso total del fujimorismo hace que no haya un legado político futuro que defender. Las fuerzas políticas que lo sustentaban y que defenderán el pasado están divididas, enfrentadas entre sí, débiles, desacreditadas y a la defensiva.
3. La participación de las Fuerzas Armadas no fue institucional. Si bien involucró a la mayoría de sus mandos, la institución puede tomar cierta distancia de lo ocurrido. Es más: los mandos militares involucrados directamente en el proyecto están ya fuera de sus instituciones y más bien tratando de sobrellevar la avalancha de acusaciones.
4. Al haber paralelamente un proceso de corrupción a gran escala que compromete en lo esencial a las mismas personas que están involucradas en los crímenes de derechos humanos, la posibilidad de una sanción efectiva aumenta significativamente.
Pero también hay dificultades y tensiones. Mencionemos dos que son muy importantes en esta etapa:
1. El problema de las violaciones de los derechos humanos y las responsabilidades frente a lo ocurrido en el país no se limitaron al gobierno de Alberto Fujimori. Tienen que ver, también, con los de Fernando Belaunde y Alan García. Es duro decirlo y difícil de procesar anímicamente en estos tiempos, pero no se puede olvidar que en esos gobiernos las violaciones de los derechos humanos fueron más graves y sistemáticas, incluso, que en el fujimorismo.
2. La ola de indignación popular por los niveles de corrupción a los que llegó el régimen está eclipsando el problema de las responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos. Si bien en muchos casos se trata de las mismas personas, y por tanto la sanción es, como se ha dicho, más probable, la necesaria pedagogía política pasa por reflexionar específicamente sobre el problema de los derechos humanos. De no ocurrir, un asunto diferente, y tan importante o más que el de la corrupción, puede perderse casi del todo.
A partir de la experiencia de otros países y la situación actual del nuestro, proponemos algunas consideraciones para el proceso que se inicia:
1. Hacer un proceso abierto y de cara al país en todas sus etapas. Hacerlo porque es un derecho de todos participar y conocer de algo tan importante para la vida nacional; también porque evita los acuerdos de impunidad bajo la mesa y, finalmente, porque es un ejercicio de pedagogía política de primera importancia. Los peruanos debemos participar en la discusión de la forma, alcances y límites que queremos tenga este proceso. La voz de las víctimas, de un lado y del otro, debe ser escuchada y tomada en cuenta.
2. Intentar separar el tratamiento del problema de la corrupción del de las violaciones de los derechos humanos como dos procesos distintos, buscando que el país reflexione sobre la naturaleza específica del problema de las violaciones masivas de los derechos humanos como un problema que trasciende al fujimorismo y que está asociado a los años de violencia terrorista y guerra interna.
3. Sacar lo más posible el tema de la investigación de la verdad de la lucha política inmediata y de las correlaciones de fuerzas. Evitar que el proceso de búsqueda de la verdad esté condicionado por una transacción de las fuerzas políticas en el Congreso y colocarlo más bien en el terreno de la ética y la sociedad civil. Un elemento clave con relación a ese tema va a ser la composición de la Comisión.
4. Tratar de que el proceso de la verdad avance también, con los límites legales que una instancia de este tipo tiene en la delimitación de responsabilidades institucionales e incluso individuales.
5. Profundizar el cuestionamiento a la validez de las leyes de amnistía como mecanismo que evite la impunidad contra los responsables de los crímenes cometidos antes de junio de 1995. La "cuña" contra la impunidad de las leyes de amnistía parece venir más claramente por el tema de los desaparecidos. De acuerdo con la doctrina imperante, el delito de desaparición forzada es de carácter continuado o permanente, es decir, que se sigue cometiendo mientras el cuerpo de la víctima no aparezca. Por ello, en el caso de las personas que siguen desaparecidas, el delito se sigue cometiendo en este mismo instante y, en consecuencia, la protección de la ley de amnistía no cubre a sus responsables.
6. Complementar la labor al interior del país con el uso de la jurisdicción internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio nacional. A ese nivel, el conjunto de demandas planteadas ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos juegan un papel importante, pero también la persecución por terceros estados a responsables de crímenes contra la humanidad. El caso del mayor Ricardo Anderson Kohatsu, un oficial del Ejército responsable de las torturas infligidas a Leonor La Rosa presentado por el Estado peruano como testigo ante la Comisión Interamericana y que estuvo a punto de ser detenido por las autoridades norteamericanas, da cuenta de en cuán concreta se puede convertir esta opción (véase diálogo Montesinos-Mantilla en la página 91).
7. No poner por delante el perdón como algo dado de antemano. No hay razón alguna para oponerse principistamente a que al final del proceso de verdad, y en función de la reconciliación nacional, diversos grados de perdón sean concedidos a los responsables de estos crímenes, pero ese no puede ser el punto de partida, ni siquiera uno obligado de llegada; deberá depender de la naturaleza de los crímenes cometidos, del arrepentimiento sincero de los responsables, de la decisión de los afectados directos y del deseo de los ciudadanos.
8. Promover una reflexión autocrítica de las instituciones que fueron responsables de los crímenes o que permitieron su posterior impunidad. En especial de las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial.
9. Poner un plazo temporal definido. Siendo un tema fundamental, el Perú no puede pasarse muchos años atrapado en este proceso. Si bien se requiere hacerlo eficientemente y a profundidad, se necesita también llevarlo a cabo en un plazo relativamente breve (entre uno y dos años), luego de lo cual se puede voltear la página definitivamente y trabajar sólo sobre el futuro.
10. Repensar el concepto de reconciliación: a diferencia de otros países de América Latina donde la reconciliación pasa en mucho por procesar y superar lo que pasó entre quienes estuvieron de un lado u otro del conflicto, aquí la situación es muy particular. Para esquematizarlo es difícil imaginar que la reconciliación que buscan y quieren los peruanos sea con los Vladimiro Montesinos o con los Abimael Guzmán. Se trata más bien de procesar una reflexión colectiva sobre nuestras debilidades como nación que permitieron, toleraron y hasta alentaron que fenómenos monstruosos como esos puedan haberse desarrollado entre nosotros. La reconciliación, así entendida, pasa más bien por la conciencia de lo que pasó y de por qué pasó, y para construir el firme compromiso de cambiar aquellos aspectos de nuestra realidad que lo hicieron posible.
¿El precio a pagar?
– ¿Nunca hizo una canción a La Cantuta ni a la serie de crímenes que cometió el gobierno que usted defendió?
– No se las hice porque creía que era un acto aislado de cuatro comandantes borrachos.
– ¿Y lo de Barrios Altos también?
– Más aún. En ese momento no me parecía lógico que un tipo que dirigía la Inteligencia del Estado, un día mandara a cuatro ebrios a matar niños...
– En esa época, al igual que muchos peruanos, Carolina (su esposa) y yo considerábamos a Montesinos un tipo que se sacrificaba por el país. Y si se hablaba de La Cantuta, de Barrios Altos y de cierto control del Poder Judicial, a muchos de nosotros, desgraciadamente, nos parecía tolerable. Que me perdonen las víctimas, pero desde el punto de vista macropolítico nos parecía que era un precio a pagar.
(De la entrevista del cantante y animador de TV Raúl Romero, quien pidió a Montesinos 1 500 000 dólares para hacer conciertos de propaganda a favor del régimen. Caretas, 8 de febrero del 2001.)
¿Barrera infranqueable?
La Ley 26479 de junio de 1995 establece en su artículo:
1°: "Concédase amnistía general al personal militar, policial o civil, cualquiera que fuere su situación militar o policial o funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares, en los fueros común o privativo militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de la promulgación de la presente ley".
Mirar hacia los dos lados
Los crímenes de los grupos armados insurgentes fueron tan importantes en términos cualitativos y cuantitativos como los que se pueden atribuir al Estado. Asesinatos selectivos, secuestros, masacres de comunidades enteras, torturas, remate de heridos, cometidos por los grupos armados, han sido frecuente y ampliamente documentados en el Perú. Si bien es difícil cuantificar, es probable que sean incluso más los crímenes de responsabilidad de Sendero Luminoso y del MRTA que los cometidos por el Estado. Y no estamos sólo frente a un asunto de grado, sino de definición misma del problema. Sendero Luminoso repudiaba expresamente la idea de "derechos humanos" y actuaba en consecuencia. Aun cuando los grupos armados han sido sancionados a través de la detención y condena de la mayoría de sus miembros, queda pendiente que se establezcan sus responsabilidades ante la historia. En cualquier caso, el hecho de que en el Perú los crímenes no hayan sido "de un solo lado" plantea un escenario diferente del de otras experiencias y que se debe tomar muy en cuenta para afrontar el problema del pasado.
"No debemos conceder ni un minuto"
Pasajes del diálogo entre el principal responsable de los crímenes de derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, y el principal responsable de las violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de Alan García, Agustín Mantilla.
Montesinos: ... eso sí, hacer una fuerza en todo lo que sea tratar de hacer programa de revisión contra la Fuerza Armada.
Mantilla: No, no.
Montesinos: En tratar leyes de amnistía.
Mantilla: No, no. Hasta eso me perjudica a mí personalmente, porque yo también estoy amnistiado por la ley.
Montesinos: Por eso, no debemos conceder ni un minuto.
Mantilla: Ni un milímetro más allá, ni un milímetro menos.
Montesinos: Porque ahora están planteando ya la revisión de las leyes de amnistía, las comisiones de la verdad; cómo es posible que nos vengan a prohibir las cosas, eso genera inestabilidad.
Mantilla: Pero, claro, todo el mundo ese gesto.
Montesinos: Ahora, por ejemplo, fíjese estas cosas, lo que le ha pasado a este mayor cuando iba a viajar allá, qué culpa tiene el muchacho, felizmente que lo hemos recuperado rápido porque si no desmoraliza a la gente.
Mantilla: Y de dónde ha partido eso.
Montesinos: Eso ha partido de la Sofía Macher de estos organismos de derechos humanos.
Mantilla: Pero ha estado atenta.
Montesinos: Y, bueno, porque él llegó allá a testificar...
(...)
Montesinos: ... nosotros tenemos que cuidarnos. Y, por supuesto, la otra cosa que es fundamental sobre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comunidad de inteligencia. No le vamos a pedir que vengan acá.
Mantilla: No, pues.
Montesinos: Ni venganzas, y en eso cuento con usted.
Mantilla: Yo jamás hablo en contra, jamás.
Montesinos: No, nunca.
Mantilla: Ahí inclusive para resolver la situación dije: sí, yo escuchaba teléfonos, porque con eso ayudaba a atenuar.
Montesinos: Así es.
Mantilla: Así que en eso no hay un paso atrás.
Montesinos: Muy bien, don Agustín, le traigo el asunto.
(El "asunto" se refiere a los 30 000 dólares para la campaña del APRA que Montesinos le entrega en efectivo.)