Política antidrogas:
De la corrupción y el fracaso...
a la debilidad y la desidiaRicardo Soberón Garrido
Una alarmante posición sobre lo que está ocurriendo en materia antidrogas.
En los últimos meses, el Perú, y particularmente los agricultores del Alto Huallaga, Monzón y Aguaytía, han sido testigos de las profundas contradicciones de las estrategias nacionales e internacionales que pretenden terminar con el narcotráfico con un enfoque simplista de reducción de la oferta de cultivos a través de la erradicación manual, química o incluso biológica. Ni la gravedad de las acciones de la gavilla criminal de Montesinos y Fujimori, ni tampoco las buenas intenciones de la actual administración para entregar el poder a un gobierno democrático el 28 de julio de este año, han hecho que el gabinete del doctor Pérez de Cuéllar haga las cosas que corresponden en relación con los cambios institucionales adecuados vinculados a las políticas de drogas: orden público, salud pública, desarrollo rural y seguridad. Han prevalecido la presión y la injerencia.
El nuevo comportamiento del narcotráfico en el Perú y los sueños virtuales
En el período que va de 1989 a 1995 la erradicación forzosa de cocales fue un concepto ausente de las políticas de los ministerios de Defensa y del Interior de Fujimori, so pretexto de la lucha contra la subversión. Anteriores experiencias en el país y en el mundo habían demostrado su fracaso y el peligro de crear la base social para el crecimiento de movimientos irregulares. Pero esta posición cambió sustancialmente en 1996 luego de la reelección fujimorista y ante la necesidad de mostrar resultados en el campo de la interdicción y así asegurar la continuidad de la asistencia bilateral de los Estados Unidos (AID, NAS)1 por no menos de US$ 100 millones anuales. Precisamente, el reinicio de la erradicación fue la condición que le permitió a Montesinos mantener incólumes sus negocios ilícitos procedentes de la entrega de "licencias" a narcos nacionales y extranjeros, con el silencio cómplice de la CIA, la DEA y el Departamento de Estado.
Entre 1992 y 1996, en vísperas de la derrota militar definitiva de SL y el MRTA en el Huallaga y de producirse cambios fundamentales en el comportamiento del narcotráfico en los Andes amazónicos, la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antidrogas facilitó diversos grados de corrupción castrense que han sido objeto de diversas denuncias, informes y procesos judiciales... pero la mayoría de ellos han quedado impunes. Mientras hubo coca, dinero ilegal y militares sin principios, el negocio de la corrupción asociado a la salida de droga se extendió en el campo: los generales Bellido y Hermoza son los exponentes más visibles de estas acusaciones.
En abril de 1996 se produjo la crisis de los precios de la coca y la PBC en el Perú y el consiguiente alejamiento de los cultivos de coca al Putumayo (Colombia). En ese mes se creó CONTRADROGAS como la nueva instancia multisectorial dependiente de la cooperación norteamericana e interlocutora frente a la cooperación internacional. Asimismo, las Fuerzas Armadas se retiraron del monopolio de la lucha antidrogas y la Policía Nacional del Perú regresó al campo de la interdicción, aunque sin estar sujeta al control civil. Finalmente, a instancias de los Estados Unidos se reinició la erradicación forzosa en la selva alta a través de programas anuales del Ministerio del Interior.
Entre 1996 y 1999 se vivió el modelo de "éxitos virtuales" tan necesario en Lima como en Washington... mientras Montesinos se levantaba el país en vilo. El gobierno convocó hasta dos Mesas de Donantes en 1998 y 1999 para captar algunos fondos de la cooperación. La detención de aquellas "firmas" que eran disfuncionales al programa de pagos montesinista se constituyó en el logro en la lucha antidrogas. También en este período se produjo la reconversión del narcotráfico en el Perú: adquirió un tamaño más pequeño a costa de miles de productores pobres, más eficiencia en la vinculación de la chacra a la calle donde se vende la cocaína y mayor valor agregado al producir clorhidrato de cocaína en ingentes cantidades, la mayor parte del cual llegaba a Lima.
La Mesa de Diálogo con los productores: trampa de la dictadura
El año 2000 empezó con malos augurios para los productores de la selva alta. El vínculo entre la aparición del misterioso hongo fusarium oxysporum en el valle del Monzón y las acciones realizadas mediante convenio de 1994 entre la Universidad de la Selva (Tingo María) y el Departamento de Investigación Agrícola de los Estados Unidos, supuestamente para buscar medios biológicos de control de plagas, no se han evidenciado, pero se sospecha que hay gato encerrado. Máxime cuando se sabe que esa misma instancia intentó hacerlo en Colombia, con la participación de organismos del gobierno. A pesar de negar formalmente la fumigación, el 24 de marzo el gobierno de Fujimori publicó el decreto supremo 004-2000-AG que "prohíbe el uso de plaguicidas químicos de uso agrícola, sustancias afines, productos y agentes biológicos en plantaciones de coca" (sic). En el campo, las acciones forzosas acompañadas de abusos cometidos por el personal del CORAH2 se hicieron más frecuentes, a pesar de ser ilegales, ineficientes, inconstitucionales e inhumanas.
Solamente la necesidad coyuntural del régimen de Fujimori de evitarse problemas con la población durante la campaña y así garantizar el fraude electoral, hicieron que se redujeran temporalmente las acciones del CORAH, la DINOES y la DINANDRO, bajo la mirada del Ministerio del Interior y el Narcotics Affairs Section de la Embajada de los Estados Unidos. Pero la erradicación se reanudó en el mes de agosto del 2000, y con ella las movilizaciones y protestas campesinas, las comisiones a Lima, críticos artículos periodísticos y conferencias de prensa para denunciar la ilegalidad e ineficacia de los llamados "coreanos" (por CORAH). Finalmente, la movilización de los campesinos de Aucayacu y el paro regional en Tingo María lograron llamar la atención de las autoridades del fujimorismo (Dianderas e Ibsen del Castillo), cómodamente sentadas en Lima. Por su parte, la presencia de la Defensoría del Pueblo y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos terminaron por convencer al régimen de adoptar el diálogo para no generar otra bomba de tiempo, y así, en noviembre del 2000, se instauró la Mesa de Concertación y Diálogo.
Sin embargo, al final del fujimorismo el desarrollo de tales acciones fue una mecida más. Con un cachete, el ministro Aguinaga y el entonces secretario ejecutivo de CONTRADROGAS, Ibsen del Castillo, mostraban disposición a conversar con los campesinos; con el otro, el CORAH erradicaba forzosamente en Aguaytía. La Mesa se instaló en Tingo María y se formaron tres comisiones sobre erradicación, mientras se seguía erradicando, sobre desarrollo alternativo cuando se seguía gastando el dinero con un claro objetivo asistencial, y la tercera comisión sobre comercialización legal de la coca, cuando persiste el inconstitucional monopolio de ENACO.
El fin del fujimontesinismo y los cambios institucionales
Ahora se conoce cada vez mejor cómo el montesinismo se hizo de la mayor fortuna ilegal gracias a su posición en el poder político, a través de los tráficos de drogas, armas, influencias y dineros. Para ello utilizó al Estado y sus instituciones principales: no hubo comisiones parlamentarias ni posibilidad de fiscalización alguna.
Por ello, es en el caso del tráfico ilícito de drogas donde se hace más evidente la patraña: una PNP controlada por militares adeptos, un Poder Judicial especial y corrupto para los casos de TID, y entre 1992 y 1996, la corrupción generalizada en el Huallaga. La pregunta que surge es: ¿hasta qué punto la voluntad política del nuevo gobierno y la promesa de lavar la cara al país de parte de jueces, ministros y parlamentarios honestos es suficiente para arrancar la costra montesinista en el campo del control de drogas? Es en ese sector donde se concentran la corrupción y las ganancias ilícitas.
Sorprendentemente, y a pesar de los esfuerzos por extirpar el cáncer de la corrupción, uno de los últimos rezagos de la criminalidad aupada en el poder en ser sometida a cambios es la de CONTRADROGAS, creada en 1996. Este es un directorio multisectorial compuesto por cinco ministros bajo la presidencia del ministro de Salud, designado por el propio Presidente de la República. Tiene un secretario ejecutivo que la dirige, pero, curiosamente, en esa entidad no participan ni Educación ni Relaciones Exteriores ni Justicia. Nadie se ha preguntado por qué se la deja sin política exterior (autonomía y no injerencia), sin manejo judicial, ni trabajo coordinado en el campo de la prevención. Divide y reinarás, dice el refrán.
Llama la atención que en el ámbito de las competencias de CONTRADROGAS, y a pesar de la participación del ministro del Interior, el tema de la interdicción no caiga bajo su ámbito de control y fiscalización, lo que quiere decir que las acciones no están sometidas a control civil. Lo mismo ocurre con los bienes incautados (OFECOD) y la erradicación de cultivos (CORAH), dependientes del Ministerio del Interior. Lastimosamente, se trata de una instancia financiada por AID y sujeta a las presiones e intereses de la política estadounidense.
Casi tres meses en democracia y no se ha movido ninguna ficha importante en el sector. Ello se explica por la enorme presión política de los Estados Unidos y por ser el núcleo que sustenta las relaciones bilaterales con el Perú, influidas por una visión unilateral de la lucha contra las drogas y para mantener el papel disuasivo del Perú en la aplicación del Plan Colombia.
Asimismo, al final de la era Clinton parece prevalecer la opinión de ciertos halcones imperialistas (doctrina Powell) sobre la de los halcones aislacionistas. La reciente visita al Perú del general Peter Pace, jefe del Comando Sur, tuvo como principal objetivo señalar que la apuesta de Washington era por mantener las cosas como estaban: dejar a los oficiales de la PNP preparados por la DEA y la CIA desde 1991 a cargo de la lucha contra las drogas. En esos tres meses de sano cabildeo, se elaboraron ayudas memorias, se estuvo dos veces en Palacio de Gobierno, se mantuvieron entrevistas con ministros y asesores, se redactaron proyectos de resoluciones. Es decir, se pusieron todos los elementos de juicio que aconsejaban una sana barrida de personas ligadas a la corrupción, la redefinición de instituciones clave y el levantamiento de una Estrategia de Control de Drogas 2001-2006, más sana y sólida, para dejársela a la próxima administración.
No obstante, poco o nada se hizo. Realizar una evaluación de 10 años del anterior gobierno en materia de drogas no es difícil: ha sido un engaño, un fracaso que ha servido, por un lado, para mantener la red de corrupción por la que Montesinos otorgaba "licencias de funcionamiento" a los narcos3, mientras que del lado americano se sustentaban los éxitos en la disminución boliviana y peruana (de paso que en Colombia se reproducía la coca).
Sólo un ejemplo de la enorme contradicción: el artículo 296 del Código Penal descarta el consumo de drogas como parte integrante del delito de TID. Sin embargo, los resultados en materia de detenciones entre 1995 y el 2000 son alucinantes: el incremento de detenciones por actos de consumo no penalizado por la ley está siempre en aumento.
Las elecciones y la política de los Estados Unidos
En este contexto, es lamentable que en el desarrollo de la actual campaña electoral en el Perú los candidatos no incorporen este tema que tiene directa relación con la Amazonia, la salud pública, la política exterior y el desarrollo rural. Pero además, involucra directamente a no menos de 250 000 familias campesinas, 12 000 familias de los presos por TID, 100 000 consumidores, la mayoría potenciales votantes que quisieran escuchar algo de los candidatos, más allá de la corrupción y los vídeos.
La única forma como sale al debate es a partir de una percepción tradicional y genérica de lucha antidrogas. La pelea que dieron sectores progresistas y democráticos para revisar lo hecho y proponerle al país una política sana de administración del problema, encalló con la férrea presión externa. Más grave aún es que mientras se producían cambios sustantivos en otros sectores de la administración pública, en CONTRADROGAS las cosas parecían normales: se seguían asumiendo compromisos internacionales y se seguían cometiendo errores de diseño en el desarrollo rural, como en las mejores épocas del fujimorismo. En el camino aparecieron diversos candidatos, técnicos, políticos democráticos y otros con antecedentes políticos. Al final predominaron los candidatos de la Embajada, con la ayuda de cierta ONG de prevención y rehabilitación, y salió elegido el señor Raúl Salinas. Esta corta pero dramática historia demuestra cuán autónomos e independientes somos en el Perú para definir nuestras políticas públicas.
Ricardo Soberón Garrido es abogado, representante en el Perú de Acción Andina, asesor de las asociaciones de productores de la Selva Alta y miembro de la Mesa sobre Repatriación de Capitales Ilícitos y Ética Social.
1 Agencia Internacional para el Desarrollo y el Narcotics Affairs Section.
2 Proyecto Especial de Reducción de Cultivos en el Huallaga, dependiente de la OFECOD del Ministerio del Interior.
3 Caso de "Los Camellos", "Los Chinchanos".