Nuestro voto en las nuevas elecciones

Existen exigencias que hacer al próximo gobierno desde una perspectiva democrática y de derechos humanos; son muy distintas que las de la vez pasada, pero igualmente importantes de plantear y de fiscalizar  su cumplimiento, gane quien gane.

 

En las elecciones pasadas tomamos partido abiertamente y hasta con estridencia contra Fujimori, y lo hicimos convencidos de que era una tarea estrictamente de derechos humanos: su postulación era auténticamente inconstitucional, el megafraude fue anunciado y cumplido y llevábamos diez años de un régimen el colmo de antidemocrático y de antiderechos humanos.

Esta vez es muy distinto, pues no hay postulación inconstitucional, las elecciones son libres y justas y todos los candidatos juran y perjuran que respetarán escrupulosamente todo lo que hay que respetar. La perspectiva de derechos humanos, entonces, no obliga, no permite, tomar partido cerradamente por alguien o contra alguien; pueden haber simpatías o antipatías, virtudes y defectos de los candidatos y hasta cuestiones puntuales de principio (ver "Sobre Lourdes Flores y Alejandro Toledo en la página 65), pero no es ya un asunto de estándares, de cuestión de estado.

Sin embargo, sigue habiendo reflexiones que hacer desde una perspectiva de derechos, desde una cultura democrática, en tono de gane quien gane.

No hace mucho Keiko Sofía declaró que terminar las especialísimas refacciones que estaba dirigiendo personalmente en la residencia de Palacio de Gobierno le tomaría varios años más. Fujimori mismo siempre declaraba que nunca se había puesto a pensar qué haría después de ser Presidente. Indicadores cotidianos de que Fujimori, Montesinos y su entorno estaban segurísimos de que les quedaba para rato en el poder. Los vladivídeos lo confirman, cuando los vemos ajustando el engranaje de control y corrupción para el tercer período, percibido como un hecho consumado, y, como "a quien madruga Dios lo ayuda", estaban pensando ya en el 2005, con "Boloñas" incluido.

Pero no fue así. Las nuevas elecciones aparecieron en el horizonte y poco a poco fueron ganando fuerza hasta que se impusieron; primer punto que queremos resaltar: cuando el o la que gane se esté poniendo la banda presidencial el próximo 28 de julio, debe recordar cómo fue que llegamos a la orilla. Si hay nuevas elecciones no es porque cayeran naturalmente, gratuitamente, producto del cumplimiento de un cronograma inexorable; no: las hay porque luchamos por ellas contra un régimen que sabía que permanecer en el poder era para él cuestión de vida o muerte y que, por lo tanto, estaba dispuesto a cualquier cosa, como de hecho lo demostró (persecución y destrucción de opositores, fraude, compra de medios de comunicación, etcétera).

Es cierto que durante mucho tiempo gran parte del país permitió y hasta apoyó a Fujimori y Montesinos, pero en el tramo final la gran mayoría se dio cuenta, se sublevó y empujó hasta que cayeron y huyeron. Desde las movilizaciones por la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional hasta cuando la gente en las calles impidió que Fujimori anunciara su triunfo en primera vuelta o cuando acudió a la Marcha de los Cuatro Suyos. Mujeres, jóvenes, derechos humanos, frentes regionales, prensa independiente, oposición, empresarios despojados o descontentos, iniciativas ciudadanas y –aunque parcialmente y se trate de otra cosa– comunidad internacional.

Fue una lucha y una victoria compartidas, como país, como colectividad, de todos, nuestras. Y de ahí que el próximo gobierno tenga una factura que pagar en el buen sentido, una deuda que honrar, lo que podríamos sintetizar en dos puntos: 1) continuar y consolidar la transición democrática, y 2) plantear una agenda nacional.

De Transición democrática I a la Transición democrática II

Después de la caída y huida de Fujimori y Montesinos, se inició una transición democrática, fundamentalmente con dos encargos: garantizar la realización de elecciones justas y libres, e iniciar el desmontaje y ajuste de cuentas con el anterior régimen. Respecto a lo primero, es tal el contraste con las elecciones anteriores, las del fraude, que todos  los  sectores –incluidas las diferentes misiones de observación electoral– coinciden en que en este punto vamos al check. La nueva ONPE con Fernando Tuesta y su equipo es la mejor señal de ello.

Respecto a lo segundo, es también objetivo que el proceso ha comenzado; se puede discutir si conviene que sea más o menos rápido (por ejemplo, nosotros creemos que la depuración en sectores claves como las Fuerzas Armadas y la administración de justicia debería ser más extensa y ya), pero la dirección de ruptura con el pasado está clara.

Ahora, a la vez estamos muy lejos de haber concluido la transición democrática. Siempre hubo quienes dijeron que la verdadera transición democrática comenzaría con el próximo gobierno; no es exactamente así, porque la transición democrática desde el fin del anterior régimen a las nuevas elecciones ha sido también fundamental, pero rescatamos la idea de que es al próximo gobierno al que le toca garantizar definitivamente esta transición.

El 28 de julio iniciaríamos una transición democrática II que debe abarcar y combinar un conjunto de niveles muy concretos.

En primer lugar, tiene que continuar a fondo con el "no al borrón y cuenta nueva"; sería peligrosísimo que después de haberse destapado un fenómeno generalizado de corrupción (gobierno, Congreso, Poder Judicial, sistema electoral, Tribunal Constitucional, medios de comunicación, políticos, incluidos los de la oposición, militares, empresarios, artistas, etcétera), quede la sensación de impunidad. El mensaje sería que lo ilícito en el Perú está permitido y protegido por más grave que sea.

En este proceso hay un desafío adicional que consiste en impedir que el destape de tanta podredumbre pueda llevar a actitudes como la de un escepticismo generalizado, al "todos somos corruptos", "siempre ha sido y será así", al desprestigio de las instituciones mismas, a la antipolítica en general, en el sentido de Degregori en su último libro. Desafío que evidentemente no pasa por dejar de destapar sino que exige liderazgo, acompañamiento, pedagogía de parte de las autoridades y de algunos sectores de la sociedad con capacidad de incidencia; algo que se puede estar haciendo pero de lo que se requiere más, mucho más.

Continuar con la transición democrática exige también seguir con el desmontaje: son diez años de Fujimori y Montesinos por todas partes y en todos los ámbitos (incluido el cultural). Se ha avanzado pero falta muchísimo, y es también peligroso dejar latente lo que queda.

La (re)construcción de la institucionalidad democrática es también fundamental en la ruptura con el pasado y en el tránsito a la democracia. Es el momento para una especie de refundación del país en términos de la independencia de poderes e instituciones del Estado, en administración de justicia, relaciones civiles y militares, recursos del Estado y programa de asistencia social, etcétera. Todos hemos sufrido tanto la intervención, control, corrupción y perversión en estos ámbitos, que es el momento de poner orden mirando el corto y largo plazo.

Hay quienes, en nombre de la estabilidad, de la preservación de la misma transición democrática, plantean no hacer más olas, para evitar despertar iras o malas reacciones de los afectados, de los denominados poderes reales (militares y empresarios para comenzar). Nos hacen acordar a quienes sostenían que debíamos aguantar todo, incluido asilo de Montesinos y permanencia de Fuji hasta el 28, con tal de conjurar el golpe. Al revés: la estabilidad y la transición se preservan sin actuar a la defensiva, sin miedo, tomando las medidas que hay que tomar, amparados en la consistencia de éstas y en la legitimidad y credibilidad de quien las toma. Siempre hemos creído que el síndrome de la gelatina no ayuda sino perjudica a un sistema democrático.

Hay un tercer nivel que debe abarcar la transición democrática que le toca al próximo gobierno, gane quien gane, y que debemos exigir con mucha firmeza, porque de él depende el futuro –la calidad– de la democracia en el país: la necesidad de (re)abrir y garantizar espacios democráticos.

Así como sería inadmisible que en términos de institucionalidad del Estado el próximo gobierno intente algún tipo de control o de repartición de cuotas de poder, en la sociedad es fundamental que se respeten y hasta se promuevan condiciones que permitan –por llamarlo de alguna manera– "el enriquecimiento del juego democrático realmente existente".

Nos referimos a condiciones para: surgimiento de nuevos partidos y líderes políticos (cambios en el sistema político, marco normativo adecuado, discurso pro partido); para el surgimiento de nuevos espacios de actuación nacionales, regionales y locales (descentralización); para la fiscalización desde la sociedad civil (reconocimiento de su rol, acceso a la información, libertad de prensa); para que prime una cultura ciudadana (pedagogía a favor de una mentalidad de derechos, responsabilidades, participación), etcétera.

Dicho de manera directa: una transición democrática auténtica exige crear y garantizar nuevos espacios para la política, para hacer política. Y decimos que de esto depende el futuro y la calidad de la democracia en el Perú porque sólo así podrá abrirse y diversificarse el limitado y a todas luces insuficiente abanico de alternativas políticas existentes hoy en el país. Y por lo mismo, hay que estar muy atentos a que las fuerzas políticas que controlarán el poder en el próximo período no se sientan tentadas de restringir o controlar estos espacios o resortes en beneficio propio, como una manera de preservar un cierto monopolio en la política.

Oportunidad para una agenda nacional

El que las elecciones y el próximo gobierno hayan emergido de un proceso común, en el que confluyeran y ganaran muy distintos sectores, constituye también una oportunidad privilegiada para la agenda común, para el acuerdo nacional, para la convocatoria plural, para la concertación democrática.

Es un momento muy especial para romper la lógica del gobierno sólo en función de determinados intereses excluyentes, o para terminar con la lógica de oficialismo versus oposición.

Hay condiciones –lo cual no quiere decir que tenga que darse: depende de una voluntad política y social– para un gobierno con objetivos y metas nacionales, que busque la unidad en torno a determinados acuerdos básicos y elementales en beneficio del conjunto del país, que incluya y no excluya.

En contra de esa posibilidad están, obviamente, los grupos que visiblemente apoyan a uno u otro candidato, o a varios al mismo tiempo, con el único objetivo de pasar después la factura (esta vez en ese sentido negativo), pues anteponen como siempre determinados intereses sin ningún tipo de consideración de la existencia de otros o de intereses nacionales.

Hay condiciones para una agenda nacional que –como decíamos en la edición anterior– es en realidad la suma o cruce de distintas agendas: desde asumir los pendientes de los años de la guerra interna (Comisión de la Verdad) hasta los históricos (pobreza, desigualdad, discriminación), pasando por –para volver al tema inicial– los generados en los años de Fujimori y Montesinos. Agendas con especificidades pero al mismo tiempo con puntos comunes, con vasos comunicantes, que hay que priorizar.

Es en esta dirección (garantizar una auténtica transición democrática y la construcción de una agenda nacional) que vemos las exigencias a plantear desde una perspectiva de derechos humanos, de democracia. Es en esta dirección que la transición democrática deberá hacer rápidamente méritos, con el fin de evitar la decepción que suele caracterizar a los procesos de transición en general, después de generar grandes expectativas; lo hemos visto en otras experiencias, evitémoslo en la nuestra. (Ernesto de la Jara Basombrío)