Gino Costa:

“Humanizar las cárceles, preservando el orden y
la seguridad”

Gino Costa, ex Defensor Adjunto para los Derechos Humanos, ha asumido la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El desafío es inmenso. Si las cárceles han sido siempre un sector dificilísimo, ahora están además en el centro de la atención pública por la pesada herencia del fujimorismo en el sector y la manipulación política de los problemas que hoy emergen.

A un mes de iniciadas sus funciones, ¿cuál es el primer balance del sector?

He encontrado una situación muy difícil y muy delicada en los penales. Hay una enorme inquietud derivada de largos años de gobierno autoritario durante los cuales hubo mucha desidia e indiferencia frente a las malas condiciones de vida de la población penal. Como en el resto de la sociedad, las demandas reprimidas están aflorando en el actual contexto de democracia y libertad. No siempre es fácil atenderlas de inmediato. En algunos penales, además, heredamos un principio de autoridad muy resquebrajado.

¿Cuáles son los temas más álgidos?

La sobrepoblación. Existen más de 27 000 internos en penales que sólo deberían albergar a 20 000. De estos penales, sólo 25% se encuentra en buen estado y 50% en uno bastante malo. Los nuevos penales que se han construido han sido insuficientes para dar cuenta del incremento poblacional. Esto, y los escasos recursos que se destinan al INPE, han llevado a que los servicios de tratamiento (educación, salud, trabajo y recreación) sean hoy, como siempre en nuestra historia, claramente insuficientes.

¿Cuáles son las causas de estos problemas?

El actual hacinamiento se deriva de la política criminal de los últimos años, que se tradujo en un endurecimiento de las penas y en la eliminación de los beneficios penitenciarios para una gama muy amplia de delitos. Además, no se han reglamentado las penas alternativas a la privativa de libertad que contempla el Código de Ejecución Penal, cosa en la que el Ministerio de Justicia está trabajando ahora. A ello hay que agregar que los jueces ordenan con facilidad excesiva la detención de los inculpados, lo que explica que alrededor de 60% de la población penal esté constituida por personas que aún no han sido condenadas. El sistema normativo vigente y la práctica judicial están hoy en la base de los problemas de sobrepoblación penal que enfrentamos.

¿Por dónde empezar a hacer frente a estos problemas?

Además de buscar las vías legislativas correspondientes y de comprometer al Poder Judicial en la solución de estos problemas, es necesario que la administración penitenciaria mejore las condiciones de vida en los penales, administrando escrupulosamente los pocos recursos de que disponemos. Además, estamos desarrollando una política de diálogo con las autoridades de los penales y los internos, lo que nos permite establecer un inventario de lo que hay que hacer para mejorar las condiciones de vida en estos establecimientos. El diálogo es para nosotros un instrumento fundamental de trabajo y una forma efectiva para devolverle a la autoridad el respeto del que debe gozar. Los internos en general sienten que la administración penitenciaria no es sensible a sus necesidades; estamos tratando de cambiar esta actitud, demostrando que sí lo somos. El papel que en esto cumple el trabajador penitenciario es fundamental, pues constituye el principal elemento que permite la rehabilitación del interno.

¿Qué tipo de necesidades aparecen con más nitidez?

Hay exigencias de una mejor alimentación, de un mejor trato a las visitas de internas e internos y de un mejor servicio de salud. Para la alimentación de cada interno se cuenta con 2,50 soles al día. Curiosamente, hay penales donde estos recursos son suficientes; en otros no. Esto porque parece haber corrupción en el manejo y la distribución de los alimentos. Allí donde los internos y las internas observan más de cerca la compra y la distribución de los alimentos, la comida es mejor.

También estamos trabajando para eliminar cualquier tipo de abuso contra los familiares durante las visitas, sin descuidar las necesarias medidas de seguridad para que éstos no introduzcan objetos prohibidos. En cuanto a la salud, hemos hecho gastos importantes en medicamentos, estamos estableciendo un sistema de control más adecuado sobre su uso y hemos pagado nuestras deudas con el Ministerio de Salud para que se atienda a los internos que son evacuados. En relación con los pedidos de la población penal para que el Poder Judicial actúe con mayor rapidez, estamos tendiendo puentes entre ambos.

¿Algún otro problema por resaltar?

Sí: en general, muy pocos reclusos trabajan y estudian. Nosotros creemos que buena parte de la solución a los problemas que enfrenta el sistema penitenciario pasa por promover las actividades laborales dentro de los penales. Ahí creemos que la empresa privada podría jugar un papel muy importante; hay experiencias como la de Costa Rica donde ésta desarrolla sus actividades productivas dentro de los penales con gran beneficio tanto para el inversionista como para los internos y la administración penitenciaria. En este momento hay una delegación del Ministerio de Justicia conociendo esta experiencia en Costa Rica.

Una crítica frecuente es que el diálogo y los beneficios para los internos pueden poner en riesgo la seguridad en los penales...

Nosotros creemos que el adecuado trato a los internos y sus familiares y el respeto de sus derechos debe ir de la mano con el respeto del principio de autoridad y las necesarias medidas de seguridad. Nuestra primera responsabilidad es que quienes han sido aislados temporalmente de la sociedad permanezcan en tal estado durante el tiempo que dispongan los jueces, y que mientras ello ocurra, los presos vivan en un marco de disciplina establecido por la autoridad penitenciaria. Pero no debemos olvidar que el fin último de la prisión es rehabilitar al interno para su posterior reinserción en la sociedad, y ello exige, para comenzar, que se le trate con dignidad.

En ese contexto, ¿qué es lo que se entiende por flexibilización?

El régimen de vida para los internos condenados por los delitos más graves, entre ellos el de terrorismo, fue muy duro durante los últimos años y fuente de muchas críticas –nacionales e internacionales– a la política penitenciaria. Este régimen, que afectaba a no más de 20% de la población penal, fue modificado en enero de este año, antes de que yo asumiera el cargo. La dureza del régimen se traducía en larguísimas horas de encierro en las celdas y escasas horas de patio y en visitas muy poco frecuentes a través de locutorios. Hoy el encierro se da sólo durante las noches y las visitas son directas y frecuentes.

¿Esta flexibilización amenaza la seguridad?

Creo que es posible mantener el principio de autoridad y la seguridad en las prisiones con un régimen de vida de estas características. Por si no lo fuera, se acaba de aprobar una disposición (DS 006-2001-JUS) que nos faculta a incrementar las horas de encierro y limitar o suspender las visitas en caso de que se cometan actos de indisciplina. Esto significa que los internos de máxima seguridad
–que han cometido delitos gravísimos, no podemos olvidarlo– podrán beneficiarse de un régimen más benigno siempre y cuando respeten a la autoridad y acaten la disciplina impuesta por ella.

A propósito de eso, ¿qué pasa en Yanamayo?

El problema que tenemos hoy día en Yanamayo no se deriva de la aplicación de la nueva normativa legal, como se ha querido hacer creer. El desorden actual es el resultado de un motín que ocurrió en febrero del año pasado y que llevó a la destrucción de rejas, candados y otros mecanismos de seguridad dentro de los pabellones. Esto no significa que los reclusos estén a punto de escaparse, ni mucho menos. En Yanamayo hay más guardias de seguridad, entre policías y soldados, que internos. Allí no se aplica ningún régimen de vida, porque la infraestructura que lo hace posible colapsó. Esto ocurrió hace catorce meses, durante el gobierno anterior; las autoridades de entonces no sólo ocultaron los hechos sino que no hicieron nada significativo para revertir la situación. El actual ministro de Justicia tuvo el coraje de decirle al país cuál era la situación y cómo vamos a superarla. En breve, trasladaremos a la población penal de Yanamayo a otros penales para poder iniciar las obras de infraestructura que le devuelvan sus características de prisión de máxima seguridad.

¿Y en Castro Castro?

En Castro Castro ocurre una situación similar, aunque la infraestructura no quedó tan dañada luego del motín que tuvo lugar en diciembre del año pasado. Allí lo que haremos es evacuar a toda la población de un pabellón, aproximadamente 150 personas, al nuevo penal que estamos inaugurando en Huaral. Esto hará posible iniciar las obras de reacondicionamiento que nos permitan devolverle condiciones adecuadas de seguridad, así como mejorar los servicios de agua, desagüe, luz y cocina. Estas obras, al igual que las que haremos en Yanamayo, deben estar concluidas en tres meses, es decir, antes del 28 de julio. Ello devolverá mucho orden y disciplina al sistema y traerá tranquilidad a la ciudadanía, que comprensiblemente se muestra preocupada por estos hechos.

Casi se les van toditos por el túnel...

Sí, felizmente la Policía actuó a tiempo. De inmediato se han dispuesto las sanciones disciplinarias, y estamos investigando cómo se pudo avanzar tanto en la construcción del túnel sin que se percataran de ello las autoridades policiales que están a cargo de la seguridad externa e interna de ese penal.

Otro penal polémico es el de Challapalca. Ha sido cuestionado por la altura en que se encuentra y la afirmación de muchos expertos de que la vida humana allí no es posible.

Estamos estudiando qué hacer con el Penal de Challapalca. A favor de su clausura están las razones que usted ha dado; efectivamente, se encuentra a casi 5000 metros de altura y no es posible tener allí a internos por un plazo mayor de seis meses sin afectar su salud. Es además un penal muy caro y de difícil acceso, no sólo para los familiares sino también para la autoridad.

Una pregunta inevitable: entonces ¿por qué no cerrarlo?

Con los actuales problemas, su clausura resultaría inoportuna e inconveniente. En todo caso, hemos reducido significativamente su población a 68 internos, es decir, a una cuarta parte de su capacidad instalada. Respetaremos además el principio de que los internos no deberían permanecer en ese penal por períodos muy prolongados.

Otro tema de actualidad penitenciaria es el de las denuncias sobre traslados de peligrosos terroristas al Penal de San Jorge...

Quienes han sido trasladados son internos de Castro Castro que entre 1992 y 1994 se acogieron a la Ley de Arrepentimiento, se desvincularon de las organizaciones terroristas y brindaron a la Policía información importante para desarticular estas organizaciones. Desde entonces han avanzado mucho en su rehabilitación a través del trabajo, gracias a la labor de gente como el padre Hubert Lanssiers. Tuvieron que ser trasladados porque las condiciones en Castro Castro se volvieron muy inseguras para ellos luego del motín de fines del año pasado. He estado personalmente en San Jorge, he hablado con estos internos y los presos comunes que comparten el pabellón con ellos y no he recibido ninguna queja. Su traslado es en todo caso temporal; estamos siguiendo la situación muy de cerca y al primer indicio de que podría haber un problema tomaremos las medidas del caso.

Otro tema delicado es el de la Base Naval del Callao, donde están las llamadas cárceles tumba...

Hemos señalado que no hay razón para que civiles estén encerrados en una prisión militar, cualquiera que hayan sido los delitos cometidos por ellos. Empero, mientras no contemos con las condiciones de seguridad que permitan trasladar a los internos que se encuentran en la Base a otro centro de reclusión, la Base tendrá que seguir funcionando. Por eso primero debemos resolver los problemas de Castro Castro y Yanamayo. La Base no está bajo jurisdicción del INPE, pero sí estamos informados de que allí también se ha flexibilizado el régimen de vida, lo que es sin duda positivo.

¿Cómo es el INPE por dentro?

Con 4800 trabajadores, es una gran empresa pública muy ineficiente y con niveles de corrupción que todavía habría que determinar pero que parecerían ser significativos; es una institución pobre pero que dilapida sus recursos, derrocha dinero y desaprovecha las oportunidades que se le brindan. Hace tres años, por ejemplo, el INPE recibió una donación del gobierno japonés por 8 250 000 dólares para mejorar la infraestructura penitenciaria y establecer talleres de trabajo en los penales del país. En tres años no se hizo nada con estos recursos, salvo viajes, consultorías y estudios de factibilidad que son hoy de muy poca utilidad. Además, el trabajador penitenciario, el capital más importante de la institución, ha sido descuidado. Es preciso restituirle su dignidad y capacitarlo adecuadamente para que esté a la altura de los retos que tenemos por delante. Hay pues mucho por hacer para transformar el INPE en una empresa pública moderna y eficiente.

Mucha gente se pregunta qué hace Gino Costa en el INPE; qué hace una persona que viene de un medio diferente, metido en una institución de la que, hasta donde llega el recuerdo histórico, nadie ha salido bien parado.

Me gustan los desafíos. Como Defensor Adjunto para los Derechos Humanos y como secretario ejecutivo de la Comisión Ad-Hoc de Indultos había visitado muchos penales y me quedaba la sensación de que las cárceles eran el mundo del absurdo. Por eso, cuando Diego García Sayán me ofreció la presidencia del INPE pensé que sería muy fácil, con un poco de sentido común y buena voluntad, contribuir a mejorar la vida de los internos y las internas, considerando la manera absurda como se había manejado esta institución en el pasado.

También me alentó el desafío de sentar las bases para la transformación de una institución tan desacreditada como el INPE, viniendo de una experiencia como la de la Defensoría, donde había tenido la oportunidad de participar para crear una institución allí donde ésta no existía. Ahora se me da la oportunidad de demostrar que también es posible transformar instituciones que han perdido toda la confianza ciudadana.

Alternativas para la despenalización

Frente a la sobrepoblación, una respuesta es construir más penales, pero yo creo que la mejor respuesta sería comenzar por reducir la población penitenciaria haciendo más corta la estancia a través de la reducción de penas y la introducción de beneficios penitenciarios.

Por otro lado, en el Perú las prisiones no sólo están sobrepobladas sino que lo están de procesados. Expertos en temas penitenciarios sostienen que un ratio normal es de 20% para procesados y 80% para condenados; acá tenemos 70% de procesados. Una parte muy importante de esa población penitenciaria debería estar en libertad, y debería estar siendo procesada por el Poder Judicial en libertad. Hay una tendencia de los jueces a ordenar la detención en todos los casos. Sólo ahora que personajes importantes están enfrentando el problema, comenzamos a descubrir que en la legislación hay múltiples figuras como el arresto domiciliario. Esto puede darse siempre y cuando no se trate de un delito muy grave, no vaya a fugarse, esté dispuesto a colaborar con la justicia y no haya riesgo para la seguridad de la población.

En ese terreno hay mucho por hacer. La otra alternativa, que entiendo está siendo trabajada por una comisión que en este momento está preparando un reglamento al Código de Ejecución Penal, es la de encontrar penas alternativas a la de la privación de la libertad, a través de trabajo para la comunidad. En fin, hay una serie de mecanismos que podrían aplicarse para impedir que gente que robó una gallina pase diez meses o un año en prisión, y de eso hay muchísimo.