Por una Comisión de la Verdad a-hora

¿Cuáles son los argumentos del movimiento de derechos humanos para plantear una Comisión de la Verdad ahora, y cómo se responde a quienes se oponen abiertamente o por debajo de la mesa?
Qué mejor que la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Sofía Macher, y los directores de Aprodeh, Francisco Soberón, de Comisedh, Pablo Rojas, y de IDL, Carlos Basombrío, para responder.

 

¿Por qué una Comisión de la Verdad? Algunos dicen que ésta no es una demanda nacional sino una iniciativa que viene sólo de determinados sectores como los organismos de derechos humanos, o se piensa que es una demanda de sectores afectados por la violencia, pero que son una minoría. ¿Así es?

Francisco Soberón: Quizá no hay una demanda bajo la forma de una movilización activa, que exija la Comisión de la Verdad, pero creo que sí hay una reacción positiva al planteamiento en amplios sectores de la opinión pública nacional.

Tal vez por el hecho de haber estado apabullados por una serie de campañas psicosociales, hay poca iniciativa en la sociedad para efectuar una movilización permanente en relación con el tema, pero creo que existe predisposición para aceptar la idea de la Comisión y a sentirla como importante.

Sofía Macher: Yo creo que el nombre "Comisión de la Verdad" es un concepto que podemos manejar los iniciados en materia de derechos humanos y algún sector instruido, pero no tiene por qué ser de manejo de todos los sectores que fueron afectados por la guerra interna.

Hay que hacer una precisión importante: la gente no va salir a las calles a gritar "¡Quiero la Comisión de la Verdad!". La gente va a gritar otras cosas: "¡Quiero justicia! ¡Quiero información! ¡Me desaparecieron a mi pariente!", etcétera. ¿Se acuerdan de la encuesta que mandamos hacer a nivel nacional? Ahí hay un dato importantísimo. Cuando tú le preguntas a la gente si quiere la verdad, 83% te dice que sí. Cuando le preguntas si respalda o si tiene conocimiento de la propuesta de la Comisión de la Verdad, sólo 17% responde que sí. Yo creo que tenemos que aclarar cuál es el concepto de la Comisión de la Verdad que se puede estar manejando en el nivel popular.

Durante la guerra interna, la opinión pública no protestaba por las constantes violaciones de derechos humanos sino que más bien las toleraba y hasta estaba de acuerdo; era una minoría la que lo hacía. ¿Por qué ahora de pronto el país va a querer verdad y justicia?

Carlos Basombrío: Es que la situación ha cambiado, punto medular. La crisis final del fujimorismo y el descubrimiento de que muchos vivimos un gran engaño a lo largo de todos estos años han hecho que la percepción de la gente sobre lo que ocurrió haya cambiado. Hoy día mucha más gente quiere mirar qué pasó; identificar a los culpables y sancionarlos.

Otro elemento que hay que tomar en cuenta es que, a diferencia de Chile y Argentina, en el Perú las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y de las acciones subversivas no pertenecen al sector "ciudadano" de este país sino a un sector tradicionalmente excluido. Esto puede explicar por qué no son ellos quienes están liderando la iniciativa, pues aunque tienen presencia en algunos sectores y existen acciones de algunos familiares de las víctimas, en cierta manera es verdad que se está hablando de otros. Creo que sería una distorsión de la realidad señalar que ellos están liderando este proceso. Pero ese proceso debe ayudar justamente a darles voz a esas personas que no la han tenido.

Macher: Ahora, la gente que ha participado de manera más activa en el proceso reciente, tanto en la denuncia del fraude como durante la transición hacia el nuevo gobierno, tiene en agenda la Comisión de la Verdad. Sí creo que hay una demanda en las calles, de los ciudadanos; por lo menos, los que están activos.

Soberón: Y ahí hay que destacar a los núcleos juveniles, que han sido los nuevos actores desde 1998. Ha resurgido un movimiento juvenil desestructurado, disperso, pero diverso a la vez, con distintas formas de manifestación, y creo que en ellos la bandera de la lucha contra la impunidad está presente de manera espontánea. Yo creo que el tema tiene atracción en determinados núcleos que podemos llamar "de vanguardia", que están por delante de la conciencia y del sentido común de la gente, pero creo que también hay un entronque creciente entre ambos sectores.

Si hubiera que escoger un argumento para persuadir a la opinión pública de que es mejor para todo el país que se procese la verdad, ¿cuál elegirían?

Pablo Rojas: Yo diría que el más elemental es la necesidad de aprender del pasado. Si uno no revisa el pasado y no aprende de él, lo más probable es que repita los errores. Después de todo este proceso de violencia política y quebrantamiento del Estado de Derecho, viene un momento de transición y hay una necesidad de mirar hacia atrás, de revisar lo que hemos hecho. También es un momento de refundación, pero para ello tenemos que ver en qué nos equivocamos.

Hay quienes dicen que existe el peligro de que al mirar hacia atrás, lejos de procesar las heridas, éstas se abran más. Hay personas que alertan sobre la posibilidad de que a través de la Comisión se abra más la brecha entre, por ejemplo, civiles y militares. ¿Cómo responde a esto Pablo?

Rojas: Creo que no. Creo que es difícil, que es doloroso para algunas instituciones, pero finalmente éstas van a salir muy beneficiadas de este ejercicio, particularmente aquellas que están vinculadas a la seguridad pública, las fuerzas del orden. Después de este ejercicio se van a ver depuradas de todos los elementos que estuvieron comprometidos con violaciones de los derechos humanos y que de alguna manera han minado la relación entre la sociedad y sus instituciones. Creo que después ellas van a poder establecer una relación más saludable con la sociedad.

Soberón: Yo agregaría que es necesaria la recuperación de la memoria histórica, ver lo que pasó efectiva y verdaderamente, porque tenemos que enfrentar casi dos décadas de una historia oficial que se ha introducido en el sentido común de los peruanos, una historia oficial que da cuenta unilateralmente de lo que ha pasado en el país, que privilegia la responsabilidad de unos –los grupos subversivos– y minimiza la de otros –los actores de las fuerzas de seguridad pública–. Es una historia que dice que solamente hubo algunos excesos de parte de las fuerzas de seguridad y que el patrón sistemático de violaciones de los derechos humanos estaba en el campo de los grupos subversivos. Y ésa es una verdad a medias.

Entonces, el recuperar la memoria y saber qué fue efectivamente lo que pasó es lo único que podría permitir algunos mecanismos de justicia. Soy consciente de que no podremos exigir justicia para cada uno de los 4022 casos de detenidos-desaparecidos, pero sí debemos apuntar a niveles de justicia al máximo posible.

Hay una frase que dice que no se puede voltear la página de un libro si antes no la hemos leído. Creo que eso es lo que debemos hacer si queremos encauzar una nueva estructuración de instituciones del Estado que ahora están cuestionadas.

Basombrío: Yo diría que sí se puede voltear la página sin leerla antes. El riesgo es que no entiendas nada de lo que viene después, y eso es lo que creo que puede ocurrir en el país. Yo no veo como una cosa ya ganada que en el Perú vaya a haber un verdadero proceso de reconciliación. Creo que hay enormes riesgos de que eso no se dé.

Hay un argumento sumamente importante que ha sido mencionado por Pablo y por Pancho, vinculado a la justicia, a la reparación, y para mí es un argumento suficiente. Pero para sectores de este país que no tienen esto tan presente, habría que agregar un elemento: no está tan claro que en el Perú no puedan reproducirse circunstancias como las que generaron el horror que vivimos. El Perú es hoy día, si cabe, más excluyente, más injusto, más frívolo, más explosivo de lo que fue hace veinte años.

También apelo a la encuesta que Sofía mencionó. Cuando se le pregunta a la gente si los grupos subversivos violaron la vida de las personas, 90% responde que sí. "¿Usted cree que hicieron daño al país?": 90% de respuestas afirmativas. "¿Usted cree que la causa por la que lucharon fue justa?": casi 40% dice que sí. Casi 40% de los peruanos, habiendo todavía un temor a la represión, declara eso. A la pregunta sobre si la paz está consolidada en el Perú, casi 50% de la gente dice que no.

Creo que sería una miopía histórica no cerrar bien este capítulo. No para escribir un libro bonito, sino para sacar las consecuencias verdaderas, y no estoy tan seguro de que la elite dirigente lo tenga así de claro.

Macher: Sobre el sufrimiento, sobre la herida que puede abrir un proceso como éste, yo creo que es inevitable. Los psicólogos lo explican bien, por lo menos desde la perspectiva de las víctimas: por más que tengan callado el sufrimiento, está ahí y la herida no está cerrada. Esto va a doler, por supuesto que va a doler. Pero yo creo que es equivocada la visión de que abrir una herida –pasar por el proceso doloroso de recordar las violaciones de derechos humanos– va a conducir a la exacerbación y a la división entre peruanos, como lo están planteando algunos medios de comunicación.

¿Por qué ahora la Comisión de la Verdad? Hay una posición –la del movimiento de derechos humanos– que dice que la Comisión tiene que darse ahora, en esta transición democrática, que no se debe esperar al próximo gobierno. Pero hay otros que dicen: "¿Por qué tiene que ser ahora, si la transición democrática debe conducir solamente a las elecciones? Mejor esperar a un nuevo gobierno, a que estén más definidas las cosas". ¿Por qué este gobierno, que es transitorio, va a tomar una decisión sobre un proceso de mayor aliento?

Rojas: En primer lugar, porque la necesidad de conocer, la necesidad de saber, no tiene por qué esperar más, si hay condiciones para que eso se dé. No hay razón alguna para hacer esperar el dolor de la señora Angélica Mendoza, el dolor de los familiares, el dolor de todas estas víctimas.

En segundo lugar, creo que este gobierno tiene características muy especiales, puesto que es un gobierno de transición de muy corta duración y de una voluntad democrática reconocida. Creo que este gobierno se compromete con la iniciativa porque es una obligación internacional del Estado el hacer una Comisión de la Verdad. Esto no está explícitamente señalado en los tratados, pero es ya ampliamente reconocido que el Estado tiene que hacer frente a la impunidad. Es una obligación internacional. Y creo también que es una obligación moral que se ha expresado, por ejemplo, en la participación activa y pronta de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas.

Soberón: Hay también una cuestión de oportunidad. Generalmente, los gobiernos de transición emergen con mucho respaldo, y el gobierno de transición del presidente Paniagua cuenta con una legitimidad y un respaldo que los gobiernos elegidos formalmente tienen sólo en momentos muy iniciales. Ése también es un factor que se debe tomar en cuenta. Puede ser que la implementación de la Comisión trascienda al gobierno que se instaure después del 28 de julio, pero creo que es fundamental que un gobierno como el actual, que ha tomado la iniciativa de promover esta Comisión, tenga influencia en su constitución y en su implementación, no en la culminación de su trabajo pero sí en el impulso.

También hay un factor internacional. Creo que los pronunciamientos de los sistemas de protección de derechos humanos contra las leyes de amnistía y todos los mecanismos de impunidad alientan este esfuerzo. En el exterior están viendo con aprobación los pasos que da este gobierno para encarar estos problemas. La globalización de la justicia, el principio de justicia universal, la posibilidad de procesar en terceros países a responsables de crímenes graves, han llevado a reforzar los sistemas judiciales nacionales. Toda esa información que circula en este mundo globalizado también constituye un factor que nos alienta, que nos impulsa a luchar por conseguir una justicia complementaria a la verdad.

Rojas: Yo resaltaría la importancia de la encuesta nacional que ha hecho la Coordinadora, en la cual la inmensa mayoría de los peruanos señala inequívocamente la necesidad de una Comisión de la Verdad ahora. Yo diría, retomando lo que dijo Carlos, que la Comisión de la Verdad debe darse ahora y no después, porque los momentos de reflexión tienen un tiempo en las sociedades. No se puede estar tres años mirando al pasado. A veces son pocos meses, a veces son semanas, y si uno no coge esas semanas y no decide las medidas oportunas, las perdió. Se pierde la posibilidad para siempre, nunca más, ya no habrá Comisión de la Verdad. Ése es un riesgo.

Otro riesgo es que las fuerzas o las personas que podrían verse afectadas con esta Comisión y que ahora están dispersas, se recompongan, y de alguna manera, en diversos escenarios, planteen una serie de obstáculos al proceso.

Ustedes apuntan a que se cree la Comisión de la Verdad ahora, pero a la vez tienen temor a que surja algo inesperado que frene este proceso. ¿Por qué?

Macher: La cosa es que se reciben mensajes absolutamente contradictorios. Si tú vas a las reuniones con los ministros, a este grupo de trabajo de la Comisión de la Verdad, ves un consenso maravilloso; nadie duda de que la Comisión debe estar funcionando en una semana o dos. Pero sales y empiezas a recibir otro tipo de mensajes. A raíz de lo que está pasando con las exhumaciones de cadáveres, algunos medios de comunicación importantes están negando la oportunidad de tener una Comisión de la Verdad. Yo creo que empieza a salir también un grupo de militares que se sienten absolutamente ofendidos por el hecho de que se haga una investigación de este tipo. Creo que tenemos que ir escarbando un poco y averiguar dónde está el miedo. ¿Son los militares que hace algunos años eran los jefes de las zonas militares, que ahora están en otra posición? Porque yo sí siento que hay un temor en este gobierno.

Basombrío: Hay que distinguir el avance de la propuesta técnica de las presiones políticas, que, muy al estilo peruano, corren por debajo de la mesa y no se formalizan. No se dice lo que realmente se piensa porque, como señala Sofía, la Comisión de la Verdad hoy día es políticamente correcta. ¿Y cuál es el efecto político de lo del MRTA? Al margen de su justicia, eso es lo que ha creado una cierta dificultad en esta coyuntura. Algunos se han dado cuenta de que el asunto viene complicado.

Pero yo no creo bajo ningún punto de vista que la pelea por la Comisión de la Verdad esté realmente en peligro, que esté perdida. Al revés: creo que la tenemos en la puerta del horno. Mi única duda es que, como dice Pablo, si no ganamos ahora corremos el riesgo de que aquellos sectores que están dispersos o confundidos recobren iniciativa y digan "No, señores, mejor dejémoslo ahí".

Soberón: También hay que tener en cuenta el riesgo de que salga una Comisión de la Verdad de filo recortado...

¿Qué requisitos son indispensables para que eso no suceda?

Soberón: En el decreto supremo emitido por el gobierno ya está aceptado el tipo de violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que va a ver la Comisión. El ámbito de competencia está claro, y está claro también que se va a abarcar al conjunto de los actores que hubo en la etapa de violencia política.

Rojas: Hay que señalar también como objetivos de esta Comisión la individualización de los responsables, y es necesario subrayar un agregado que se hizo en la última reunión del grupo de trabajo, que me parece notable y que diferenciaría a esta Comisión de la mayor parte de comisiones de la verdad que han funcionado en otros países: la tarea de proponer una suerte de mecanismo que controle, que fiscalice el cumplimiento de las recomendaciones. Esto no tiene precedentes hasta ahora, y me parece una lectura interesante de la experiencia internacional.

¿Cómo lograr un equilibrio entre los dos extremos posibles: que la Comisión de la Verdad sea una cosa absolutamente simbólica y finalmente se convierta en una puerta a la impunidad y, en el otro polo, el otro temor de que esto inicie una cacería de brujas?

Soberón: Hay cuestiones que se van a tener que encarar de todas maneras penalmente, pero otras pueden ser administrativamente. Remover, por ejemplo, gente que pueda seguir teniendo un nivel de responsabilidad, impedir el acceso a la acción política o a la función pública a personas que estuvieron involucradas en violaciones de los derechos humanos. No todo tiene que ser penal necesariamente.

Quizá las responsabilidades de autoría intelectual sean más significativas, más relevantes que la determinación de responsabilidades operativas. No digo que no hay que desentrañarlas, pero quizá las primeras tengan más importancia para la ciudadanía, para contribuir a que no se repita este tipo de situaciones.

Macher: Para mí hay dos caminos. Uno es el judicial, el que siguen las víctimas o los familiares de las víctimas, y que tienen todo el derecho de seguir transitando. Por ejemplo, todo lo que está pasando ahora con las exhumaciones de los cadáveres de la embajada. Pero hay otro camino que involucra al conjunto de la sociedad. El generar un proceso de refundación, de recuperar valores, de recuperar la historia y aclarar cómo queremos ser los peruanos en adelante es mucho más rico para el conjunto de la sociedad, sin desdeñar el camino anterior.

Basombrío: Sería equivocado de nuestra parte vender la idea de que se trata de un proceso sin complicaciones. No es así; de hecho va a ser un proceso conflictivo, doloroso, que en determinados momentos será visto por la opinión pública como un elemento que pone en riesgo otras cosas. No va a ser fácil.

¿Dónde encontrar el equilibrio? Creo que con nuestro horizonte puesto en verdad, justicia y reconciliación, somos actores políticos responsables que buscamos un proceso maduro. Como Pancho dijo, estamos conscientes de los límites, porque probablemente no se pueda saber la verdad de los 4022 casos de detenciones-desapariciones. Creo que los organismos de derechos humanos vamos a tener una responsabilidad muy grande para liderar, organizar, moderar o aumentar la presión social y política sobre estos temas y tratar de darle el curso que estamos mencionando.

Pero otro elemento que también hay que tomar en cuenta es quiénes integran la Comisión de la Verdad, lo que va a ser decisivo. Si logramos que la Comisión de la Verdad esté integrada por personas con la capacidad para darse cuenta de la importancia de la verdad y la justicia y, a la vez, no sean irres­ponsables, vamos a crear condiciones muy favorables.

Macher: Yo pondría tres elementos que me parecen centrales para que una Comisión de la Verdad sea exitosa. El primero es que no se circunscriba, que no se corte, que no se limite la investigación. Que la investigación cubra el conjunto de violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la guerra interna que vivió el país. El segundo elemento es la necesidad de conocer toda la verdad, no sólo una parte. Y el tercer elemento que me parece crucial para que éste sea un proceso que realmente conduzca a una reconciliación, a un paso adelante en la historia del país, es el consenso.

Soberón: Hay otro aspecto fundamental para medir el impacto y el éxito de la Comisión. Somos conscientes de que la Comisión de la Verdad no va a poder encarar el tema de reparación del daño, pero podrá sugerir al Estado peruano que elabore un plan de reparación para las víctimas. Éste es un tema que también hemos planteado desde la Coordinadora. Y así como ésta, hay un montón de recomendaciones de política que la Comisión podría presentar.

 

Proyecto de Comisión de la Verdad 

Representantes de los ministerios de Defensa, Interior, Justicia y de la Mujer, de la Conferencia Episcopal, de la Iglesia Católica, del Concilio Evangélico, de la Defensoría del Pueblo y de la CNDDHH, como parte de la labor cumplida por el grupo preparatorio de la Comisión de la Verdad creado por iniciativa del Ministerio de Justicia, llegaron por consenso a este proyecto de resolución suprema a través del que se crearía la Comisión de la Verdad. Su aprobación final depende del Presidente y de su Consejo de Ministros.

 

Creación y objetivos

Artículo 1: Créase la Comisión de la Verdad encargada de esclarecer las graves violaciones de derechos humanos producidas en el Perú desde mayo de 1980 hasta el 31 de diciembre del 2000, derivadas tanto de la acción estatal como de las acciones imputables a los grupos subversivos. La Comisión de la Verdad deberá contribuir a sentar las bases para la reconciliación nacional.

Graves violaciones de los derechos humanos

Artículo 2: La Comisión enfocará su trabajo sobre los siguientes hechos: Desapariciones forzadas / Secuestros cometidos por grupos subversivos / Asesinatos / Torturas y otras lesiones graves / Violaciones de los derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del país como consecuencia del conflicto armado interno / Otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas.

El trabajo de la Comisión de la Verdad abarcará tanto los hechos imputables a agentes del Estado, a las personas que actuaron bajo su consentimiento, aquiescencia o complicidad, así como los imputables a los grupos subversivos.

Objetivos

Artículo 3: Dicha Comisión tendrá como objetivos:

Esclarecer las graves violaciones de los derechos humanos contribuyendo a establecer el paradero y situación de las víctimas de tales hechos / Analizar el contexto que posibilitó tales violaciones, así como las políticas, métodos de actuación y patrones de conducta que las propiciaron / Establecer responsabilidades individuales e institucionales sobre estos hechos violatorios, a efectos de contribuir a la realización de la justicia / Elaborar propuestas de reparación integral y de dignificación a las víctimas de las graves violaciones de los derechos fundamentales y sus familiares / Recomendar garantías de prevención, así como reformas institucionales legales y educativas para evitar que en el futuro se repitan / Establecer mecanismos de supervisión del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Miembros de la Comisión

Artículo 4: La Comisión de la Verdad estará conformada por siete personas de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad peruana. Deberán estar identificados con la defensa de la democracia en el país.

El Presidente de la República por Resolución Suprema con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, designará a los miembros de la Comisión.

Seguridades a miembros de la Comisión

Artículo 5: Dada la naturaleza excepcional de sus funciones, los miembros de la Comisión de la Verdad gozarán de toda la protección y seguridad por parte del Poder Ejecutivo para el cumplimiento de sus funciones.

El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público; así como el Consejo Supremo de Justicia Militar, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional o cualquier otra institución, funcionario o servidor público prestarán apoyo y colaboración a la Comisión para el cumplimiento de sus funciones.

El incumplimiento del deber de cooperación con la Comisión se pondrá en conocimiento del titular del sector para las acciones legales a que hubiere lugar.

Atribuciones

Artículo 6: La Comisión de la Verdad gozará de las siguientes atribuciones para el cumplimiento de su función: Entrevistar y recopilar de cualquier persona, autoridad, funcionario o servidor público toda la información que considere pertinente / Requerir la cooperación de los funcionarios y servidores públicos para acceder a la documentación o cualquier otra información del Estado / Practicar visitas, inspecciones o cualquier otra diligencia que considere pertinente. Para tal efecto la Comisión podrá requerir el apoyo de peritos y expertos para llevar adelante sus labores / Desarrollar las diligencias que estime conveniente en forma reservada pudiendo guardar reserva de la identidad de quienes le proporcionen información importante o participen en las investigaciones. La Comisión tiene la potestad de mantener la confidencialidad de los testimonios que recibe, incluso frente al requerimiento de cualquier autoridad / Adoptar las medidas de seguridad adecuadas para las personas que a criterio de la Comisión se encuentren en situación de amenaza para su vida o su integridad personal / La Comisión de la Verdad establecerá canales de comunicación y mecanismos de participación adecuados para la población, especialmente de aquella que fue afectada por la violencia / Definir su reglamento de organización y funcionamiento interno para el cumplimiento de los objetivos y fines de la presente norma.

Plazo de trabajo y presentación del informe

Artículo 7: La Comisión de la Verdad iniciará su funcionamiento desde su instalación y tendrá un plazo de vigencia de quince meses. Este plazo podrá ser prorrogado por cinco meses más.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad se presentará al Presidente de la República y titulares de otros poderes e instituciones del Estado. Será publicado y puesto en conocimiento de la opinión pública. El Poder Ejecutivo difundirá los resultados de la Comisión atendiendo a las recomendaciones que al efecto formule la Comisión de la Verdad.

Disposiciones finales

Secretaría Ejecutiva

Primera: La Comisión de la Verdad establecerá [contará con] una Secretaría Ejecutiva como órgano de apoyo necesario [como órgano técnico administrativo] para el cumplimiento de los objetivos de su mandato.

Financiamiento

Segunda: Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir el presupuesto que sea presentado por la Comisión de la Verdad para el desempeño de sus funciones. Además, la Comisión podrá celebrar acuerdos o convenios con organismos nacionales o internacionales de cooperación con la finalidad de obtener recursos financieros adicionales.