Defender los derechos humanos desde la Procuraduría

Ronald Gamarra, defensor de derechos humanos desde hace muchos años como parte –esencial– del equipo de IDL, fue nombrado Procurador Adjunto para derechos humanos. Opina desde el cargo sobre algunos de los últimos acontecimientos.

 

¿Cómo así llegas a ser Procurador Público Adjunto para el caso Montesinos?

Bueno, soy y seré un defensor de derechos humanos. Mi apuesta es por el ser humano, a pesar de todo. Fui convocado por el doctor José Ugaz para hacerme cargo de los casos de violaciones de los derechos humanos perpetrados por Vladimiro Montesinos. Evidentemente, mi paso por la Procuraduría es transitorio. Algunos meses y punto. Ahora, más que eventual abogado del Estado, continúo sintiéndome representante de las víctimas. Aunque resulte paradójico, los intereses de la Procuraduría Pública son los intereses de las víctimas.

Cuando sienta que ello no es así, consideraré que "ha terminado otro capítulo en mi vida" y, tras reasumir mi condición de abogado de algunos de los afectados, seguiré conociendo de los casos contra Montesinos y el Grupo Colina.

¿Cuál es la posición de la Procuraduría respecto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos?

Aun antes de ser nombrado para el cargo, la Procuraduría había sostenido que debía investigarse la matanza de Barrios Altos y que las leyes de autoamnistía no eran oponibles al caso.

El fallo de la Corte es verdaderamente histórico. Es la primera vez que, en una sentencia de fondo, el tribunal supranacional se pronuncia sobre el tema de la invalidez de las autoamnistías. Por cierto, sus alcances trascienden al caso Barrios Altos y son aplicables a todas las violaciones de derechos humanos ocurridas en el Perú entre 1980 y 1995. En América, es un precedente jurídico de primera importancia.

¿La sentencia puede ser revisada u objetada por los tribunales nacionales?

En absoluto. Los fallos de la Corte Interamericana son inapelables e irrevisables en sede interna. Además, son de ejecución inmediata.

¿Qué va a pasar ahora con el caso Barrios Altos?

La Corte Suprema tendrá que ejecutar la sentencia y, en consecuencia, disponer que se reabra el proceso penal contra los miembros del Grupo Colina, autores de la matanza. El proceso es el 93-95 y se tramita ante el 16 juzgado penal. Cabe recordar que sobre los imputados pesa una orden de detención que tendrá que verificarse a la brevedad.

En todo caso, con la información acumulada en los últimos años, la Procuraduría pedirá al Ministerio Público que amplíe su denuncia con el fin de comprender a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Fernando Rodríguez Zabalbeascoa y a los integrantes del Grupo Colina aún no procesados, como responsables de la comisión del delito de homicidio calificado.

Pero Vladimiro Montesinos ha dicho que fue exculpado de responsabilidad en un proceso seguido en la justicia militar…

La Procuraduría sostiene que ninguna decisión que sobre el caso Barrios Altos pudiera haber adoptado la justicia militar es válidamente invocable para impedir al Poder Judicial la continuación del juzgamiento de los integrantes del Grupo Colina; ni tampoco puede ser un obstáculo procesal para la am­pliación de la denuncia contra el ex asesor presidencial por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado.

De existir un pronunciamiento de la justicia militar sobre el caso Barrios Altos, éste debe ser considerado un fraude, una burda simulación. Un abuso y desviación de poder que no se beneficia con el instituto de la cosa juzgada.

¿Cómo evitar que mientras no se reactive el proceso los miembros del Grupo Colina fuguen del país?

La Procuraduría especializada ha realizado las coordinaciones pertinentes con el Ministerio Público para asegurar la presencia de los denunciados en el país. Confío en que en los próximos días tendremos noticias al respecto.

Por lo demás, la Procuraduría respalda las peticiones que sobre este extremo ha formulado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a la doctora Alba López, encargada de la investigación fiscal preliminar.

¿Cómo sostiene la Procuraduría la responsabilidad de Alberto Fujimori en la matanza de Barrios Altos?

Como Procurador repito lo que he sostenido como abogado de las víctimas: la responsabilidad penal por los crímenes contra la humanidad perpetrados durante la década pasada, entre ellos la matanza de Barrios Altos, alcanza al ex presidente. Alberto Fujimori, desde su posición de primer mandatario, pero en el desarrollo de una actividad ajena a la función pública, creó un aparato de poder organizado y diseñó y ejecutó un plan sistemático de crímenes contra los derechos humanos. Ello, en concierto con Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Julio Salazar Monroe.

Pasando a otro tema: ¿en qué estado se encuentra la investigación de los hechos acaecidos en la residencia del embajador del Japón?

Luego de las exhumaciones los cadáveres de catorce emerretistas han sido remitidos a la morgue, donde se le practican las necropsias de ley y algunos otros exámenes, con el propósito de establecer la identificación de los restos y determinar la posible causa de la muerte.

La Procuraduría es de la opinión de que ninguna ejecución extrajudicial es justificable. Toda alegación al respecto debe ser investigada por el Ministerio Público. Ante un crimen de tal naturaleza, no preguntamos ni distinguimos ideologías o credos políticos. Tampoco realizamos "análisis de sangre" a los asesinados antes de intervenir en las averiguaciones.

Por supuesto, la Procuraduría condena los actos y métodos terroristas del MRTA.