La bronca de Tambogrande
El de Tambogrande no sólo es el caso de un pueblo que
lucha en defensa de sus intereses y de un medio ambiente sano frente a la
actividad de grandes compañías mineras que los pobladores perciben como una
amenaza para sus derechos, sino también la confrontación entre agricultura y
minería como ejes de desarrollo para muchas regiones del país.
La madrugada del 27 de febrero el
aire de protesta que desde hacía rato inundaba el valle de San Lorenzo, en Piura,
parecía haberse hecho más denso. Ese día empezaba el paro regional de 48 horas
convocado por el Frente de Defensa de Tambogrande para pedir el retiro de la
compañía minera canadiense Manhattan, que había iniciado prospecciones mineras
en la zona desde hacía dos años, al amparo de los decretos supremos 014 y 016
emitidos durante el gobierno de Fujimori. Cinco yacimientos fueron detectados y
uno de ellos se encontraba exactamente debajo de la capital distrital, lo que
iba a suponer reubicar a los pobladores del distrito. Los otros cuatro se
distribuían a lo largo del valle.
En el campo, los agricultores
habían bloqueado las carreteras desde muy temprano, mientras que en la ciudad
grupos de pobladores, fundamentalmente de asentamientos populares, se congregaban
para iniciar su protesta. Pero, a diferencia del campo, donde la movilización
era pacífica, en Tambogrande los ánimos se fueron caldeando.
Un grupo de pobladores de los más
beligerantes se dirigió hacia el campamento minero y empezó a enfrentarse a los
300 policías que cuidaban sus instalaciones. Los manifestantes pretendían
ingresar a toda costa en el campamento. No lo lograron a lo largo del día,
aunque en un momento llegaron a destruir algunas casas modelo que la empresa
ofrecía a los pobladores que aceptaran ser reubicados. Llegada la noche, el
grupo incendió las puertas de la compañía Britton, contratista de la Manhattan
encargada de las perforaciones en la zona, y ante un nuevo fracaso en sus
intentos de ingresar en el campamento se dirigió hacia la Plaza de Armas, donde
incendió dos oficinas de la compañía minera.
Al día siguiente, finalmente
lograron su objetivo. Hacia el mediodía, la Policía se retiró del campamento
porque se le agotó el material de defensa. Los manifestantes ingresaron
incendiando lo que encontraron a su paso. Varios vehículos, equipo y mobiliario
en general fueron destruidos. Poco después atacaron el campamento de la Britton
y quemaron algunas máquinas de perforación. El saldo: quince pobladores y
veinticinco policías heridos, a lo que se suman daños materiales de
consideración por más de 600 000 dólares.
Enterados de los hechos, los
obispos de Piura y Chulucanas, monseñores Óscar Cantuarias y Daniel Turley
respectivamente, convocaron de inmediato a una conferencia de prensa en la que
conjuntamente con el alcalde de Tambogrande, Alfredo Rengifo, llamaron a la
tranquilidad a los pobladores y pidieron que la empresa minera se retirase de
la zona. Mientras tanto, en Tambogrande se realizaba el mitin más grande de la
historia de esa zona, convocado con antelación por la dirigencia. Más de 6000
pobladores del área urbana y rural participaron de la reunión en forma pacífica
y acogieron el llamado de los obispos. La calma había vuelto.
¿Cómo explicar el inusitado
despliegue de violencia? Hubo quienes quisieron ver en los hechos la mano de
supuestos subversivos que atacaban la empresa privada. Otros sostenían que se
habían infiltrado provocadores que buscaban desatar desmanes para desacreditar
la protesta ciudadana y favorecer así a la empresa. Sea como fuere, el hecho
concreto es que nadie quería la violencia y todos la condenaron enseguida.
Condenar la violencia no
implicaba, sin embargo, dejar de lado los problemas de fondo, y ellos tenían
que ver con la defensa de los intereses de más de 80 000 pobladores del valle
de San Lorenzo. De hecho, no era la primera vez que la población se movilizaba
contra empresas mineras que querían establecerse en la zona, ni Manhattan era
el primer blanco de la protesta ciudadana. Diez años atrás habían expulsado a
la compañía minera BGM, y antes de que los últimos hechos tuvieran lugar, los
pobladores habían manifestado ya su malestar por la presencia de la compañía
canadiense.
Para los tambograndinos, el
problema tiene que ver con el hecho de que la actividad minera en modo alguno
puede reemplazar a la agricultura como actividad económica fundamental y motor
del desarrollo de la región. Y las razones que aducen son de peso.
En primer lugar, señalan, no hay
racionalidad macroeconómica que justifique cambiar la agricultura por la
minería. El valle de San Lorenzo es una de las colonizaciones más grandes y
exitosas del desierto peruano. Con sus tierras fertilizadas por el más extenso
y complejo sistema de canalización y riego controlado del país, alimentado por
las represas de Poechos y San Lorenzo, se trata de una de las regiones
agrícolas más prósperas de la costa. La gran mayoría de su producción está
dirigida a la exportación. Se calcula que en más de treinta años el Estado
peruano ha invertido alrededor de 500 millones de dólares en infraestructura,
mientras que la de los pobladores sobrepasa los 300 millones de dólares.
Anualmente, la producción llega a alrededor de los 150 millones de dólares, con
posibilidades de duplicarse con un adecuado tratamiento. En diez años el PBI
agrícola sería cinco veces mayor que el PBI minero regional.
El proyecto minero de la Manhattan
tiene un techo de inversión de 300 millones de dólares en todo el tiempo de su
vigencia; es decir, apenas la tercera parte de todo lo que se ha invertido
hasta ahora en la región.
En segundo lugar, tampoco hay
racionalidad microeconómica. La agricultura ha generado trabajo estable, al
punto que Tambogrande es una de las zonas del país con más baja tasa de
desempleo efectiva (apenas 6%). La actividad minera generaría 600 puestos de
trabajo directo y alrededor de cuatro puestos indirectos por cada directo. O
sea, no más de 3000 empleos. Ni término de comparación, menos aún si se toma en
cuenta que el trabajo generado por la minería es altamente especializado y
pocos en la región estarían calificados para realizarlo. La mesa de agricultura
de la Coordinadora Institucional de Piura ha sostenido enfáticamente que sólo
esta actividad es capaz de generar empleo productivo y una alternativa para la
lucha contra la pobreza y el desarrollo de la región.
En tercer lugar, no hay ninguna
racionalidad ecológica. La empresa ha presentado estudios de impacto ambiental
que no sólo no han convencido a los pobladores, sino que han ahondado sus
temores. El ecosistema del valle es sumamente frágil y no hay forma de probar
que los tóxicos derivados de la actividad minera no afecten el conjunto del
valle ni que las aguas usadas por el agro no queden contaminadas. Los
tambograndinos han visto cómo la actividad minera en el Perú ha destruido la
agricultura, y las condiciones planteadas por Manhattan no garantizaban que
ello no ocurriera también esta vez.
En cuarto lugar, no hay ninguna
racionalidad social. Uno de los yacimientos se encuentra debajo de la zona
urbana de Tambogrande. La empresa ha planteado reubicar a los pobladores,
ofreciéndoles casas en otras zonas. Se ha dicho que sólo se reubicaría a 40% de
la población y que el resto se quedaría en sus lugares. Sin embargo, nada ha
sido dicho sobre la posibilidad de que el tajo crezca y engulla toda la zona
urbana. Como ocurre con Cerro de Pasco, la mina se comería a la ciudad.
Ninguno de estos temas de fondo ha
sido respondido adecuadamente por la Manhattan y, en vez de ello, según los
pobladores, la empresa ha desarrollado una política de confrontación tratando
de vincular la protesta ciudadana con la subversión. Hay quienes sostienen que
en realidad la compañía minera es consciente de que no puede operar en la
región y que necesita recuperar la inversión hecha hasta ahora, por lo que
estaría buscando que el Estado peruano la indemnice con el argumento de que no
hay condiciones de seguridad para realizar su trabajo.
Los sectores sociales más
significativos de Piura, con los obispos de Chulucanas y Piura y los alcaldes
de la región, han apoyado sin reservas las demandas de Tambogrande y pedido el
retiro de la compañía. Más aún: han sostenido que el proyecto minero es
inviable socialmente y que la agricultura es la única actividad que garantiza
el desarrollo de la región. Por su parte, los pobladores del valle han empezado
a recoger firmas para solicitar formalmente el retiro de la compañía minera.
La calma parece haber vuelto a
Tambogrande, pero es evidente que mientras no se resuelvan los temas de fondo
ella será sólo temporal. Mientras tanto, los tambograndinos vienen mostrando
que la lucha en defensa de sus intereses es perfectamente compatible con los
del país. (Isaías Rojas Pérez)