Cumbres: ¿con los pies
en la tierra?

Aún no existe consenso en la Declaración que más de treinta jefes de Estado suscribirán en menos de un mes, y hay definiciones urgentes que llevan mucho tiempo esperando.

Hans Landolt

El escenario ha sido preparado para la tercera semana de abril, en Quebec. Pero desde mucho antes la atención está puesta en la Declaración que se deberá aprobar en la Cumbre de las Américas.

La reunión preparatoria de comienzos de marzo no pudo lograr un consenso sobre la Declaración y todo indica que, aunque esta vez el proceso se ha visto enriquecido por múltiples contribuciones hechas por organizaciones no gubernamentales –que deberían tomarse en cuenta–, aún se requiere de voces que ayuden a crear la voluntad política que les falta a muchos gobiernos de la región.

El respeto de las obligaciones

Un aspecto que requiere de mayor voluntad política es el de la adopción de mecanismos que permitan a la comunidad hemisférica reaccionar eficazmente cuando se ponga en cuestión la vigencia del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. La propuesta de una "Carta Democrática Interamericana" que promueve el gobierno peruano resulta crucial para avanzar y concretar las discusiones que el proceso había iniciado en ese sentido.

En este aspecto no se está inventando la pólvora. Mecanismos así ya existen. La democracia es un objetivo reconocido en la Carta de la OEA y desde comienzos de los noventa (con la Resolución 1080, el Compromiso de Santiago y el Protocolo de Washington), se han establecido diversos procedimientos para su protección (pudiendo llegar hasta la suspensión de un Estado miembro, sin que por ello cesen las obligaciones de éste con la organización ni las gestiones de los otros para restaurar la democracia). El Grupo de Río también ha hecho de la democracia un requisito para su pertenencia y la ha declarado fundamento indispensable para el proceso de integración. El Mercosur y, más recientemente, la Comunidad Andina, tienen acuerdos explícitos en ese mismo sentido, haciendo de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho condiciones esenciales para la cooperación (incluyendo préstamos de instituciones financieras) y la pertenencia a ellos. Esta lista, que no es exhaustiva, cuenta con diversos ejemplos en que tal determinación se ha llevado a la práctica.

Mecanismos así, además, no son prerrogativa de nuestra región. Existen en otras regiones exigencias democráticas y de observancia de estándares internacionales en el respeto de los derechos humanos, cuyo incumplimiento incluye sanciones diplomáticas, políticas o económicas. En diversos regímenes internacionales hay mecanismos de supervisión y rendición de cuentas (informes y recomendaciones de diversos órganos ante las instancias pertinentes o la obligación de los estados de presentar informes periódicos, por ejemplo); de control-sanción o de solución de controversias de cumplimiento coercitivo por los estados.

Sin embargo, todos sabemos que en la región esos compromisos muchas veces no han pasado de estar pintados en la pared, y no faltan ejemplos de flagrante fracaso en honrarlos. La pregunta ahora es si existe voluntad para cambiar o interés de que prevalezca la ambigüedad en la conducta de la comunidad hemisférica.

Por provenir del Perú, la propuesta de adoptar una "Carta Democrática Interamericana" no deja de tener una connotación crítica del comportamiento de la OEA ante la crisis que se desarrolló en nuestro país desde 1992. La legitimidad que ha ganado el actual gobierno de transición –como forma de gobierno cuya posibilidad no quiso considerarse como tema de la Mesa de Diálogo– invita a que se deje de lado la vaguedad de los compromisos, se reconozca la necesidad de rendir cuentas sobre temas que son cruciales para las colectividades nacionales y la cooperación regional, y se definan procedimientos y mecanismos eficaces para hacer respetar las obligaciones contraídas.

Las características que podría tener la adopción de una "cláusula dorada" y las medidas complementarias que se acuerden con el propósito de hacer eficaz la defensa del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos son, por supuesto, múltiples. Y mientras más amplias y más severas, más controversiales.

Cuando se ajusta el bolsillo

El proceso de las cumbres también discute una propuesta para que sus declaraciones no sean líricas, y se ha planteado el concepto de una "agenda integrada". Es decir, que su agenda se articule con las de organismos intergubernamentales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto tampoco es novedoso. Internacionalmente se están creando diversos mecanismos de promoción, de verificación y de presión-sanción en materia de institucionalidad democrática. Desde comienzos de los noventa se han introducido cláusulas sobre derechos humanos en acuerdos comerciales y de cooperación, y a lo largo de la década distintas instituciones intergubernamentales como el PNUD, el FMI, la OMC, el Banco Mundial o el BID han incorporado (en mayor o menor medida) estos temas en sus agendas. Decir ahora en estas organizaciones que sólo las consideraciones económicas son relevantes, es cada vez menos aceptable.

Sin embargo, lo que parece estar en cuestión para la región es la voluntad política de vincular claramente la agenda de tales organismos a la vigencia de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Lo que seguramente a muchos les eriza los pelos es que la puesta en marcha de mecanismos hemisféricos de supervisión y control amarre el incumplimiento de los compromisos asumidos por los estados en materia de democracia y derechos humanos a repercusiones económicas multilaterales.

En las últimas décadas –y particularmente después de la Guerra Fría–, el uso de sanciones que trascienden la mera presión diplomática se ha hecho cada vez más frecuente, y para justificarlas muchas veces se ha expuesto como argumento la búsqueda de la paz y la protección de los derechos humanos. Entre las sanciones que se aplican, unilateral o multilateralmente, destacan las sanciones económicas (orientadas a limitar la actividad económica), en una variedad de formas tal que abarca incluso la condicionalidad positiva (modalidad que ata la concesión de préstamos o los acuerdos de cooperación, comerciales o arancelarios al respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho).

En mayor o menor medida, todas estas iniciativas forman parte de la revisión a la que desde hace una década se somete el concepto de soberanía nacional, surgido hace aproximadamente cuatro siglos con la Paz de Augsburg y el Tratado de Westphalia. La internacionalización de determinados principios y valores democráticos y el requerimiento de reglas claras para una economía globalizada hacen crecientemente intolerable la quiebra del Estado de derecho y los crímenes contra la humanidad.

Es cierto que el tema de las sanciones económicas no deja de ser sensible, además, por su eventual impacto de carácter humanitario (frente a lo que hoy en día se levantan alternativas con blancos "individualizados"), pero en última instancia la interrogante sigue planteada sobre la voluntad política para definir la modalidad con la que la región transitará estos caminos. En ese sentido, lo relevante sería que se reconozca que los objetivos de un desarrollo sostenible son inalcanzables sin el respeto de los derechos humanos, que éstos deben cumplir un papel en las políticas y prácticas económicas así como en los acuerdos comerciales y de inversión, y que es el derecho internacional de los derechos humanos el que debe primar sobre cualquier otro.

Los actores económicos ante el escrutinio público

Lo mencionado líneas arriba configura una tendencia a la que también tienen que prestar atención las empresas, los empresarios privados. La relevancia de los derechos humanos para los negocios es cada vez menos un tema marginal y cada vez más importante para inversionistas y consumidores.

Hoy día, en la medida en que crece la influencia de los actores económicos en las decisiones políticas, hay mayores y también nuevas expectativas sobre las funciones y las responsabilidades de las empresas. No es exagerado decir que la promoción de los derechos humanos, la democracia y el respeto del Estado de derecho constituyen una nueva fuente de legitimidad de la actividad empresarial.

Aunque en la región son todavía una clara minoría, no deja de ser significativo el número de empresas que aceptan que sin derechos humanos prevalece la inestabilidad y sin Estado de derecho la arbitrariedad; que son conscientes del impacto negativo que esto tiene para los negocios y que reconocen su responsabilidad frente a tales temas. Existe, además, una tendencia a autorregularse desarrollando códigos de conducta y adoptando declaraciones de principios con reconocimiento de los derechos humanos.

Es cierto que estos códigos suelen ser altamente selectivos respecto a los derechos que incluyen, suscitan debate sobre si los estándares que establecen son muy bajos o muy altos, y si son suficientes o se requiere de normas internacionales que sirvan de referente para las regulaciones propias y nacionales. Pero al menos ya han puesto sobre la mesa el compromiso de los negocios con los derechos humanos. Y, lo que es más importante, están construyendo un puente entre la economía y la política. Un puente transparente, sujeto a escrutinio público y que responde a estándares reconocidos y aceptados internacionalmente. El siguiente paso es usar su influencia para reformar leyes opresivas o modificar prácticas gubernamentales autoritarias ... o contribuir a generar la voluntad política que hace falta en el proceso de las cumbres para comprometerse en forma decidida, de manera integrada y eficazmente, con la protección de la democracia y los derechos humanos.

La deplorable experiencia peruana de empresarios negociando bajo la mesa, socavando el Estado de derecho, sin consideración por los derechos humanos, y sacrificando la democracia, es, más o menos, la otra cara de la medalla. Y es esa cara escondida en las sombras a la que el proceso de las cumbres le podría prender un reflector que pusiera en evidencia sus carencias si finalmente adoptara un compromiso que despejara dudas sobre la importancia que tiene para la integración regional todo lo que estos empresarios han negado.

Si el proceso de las cumbres quiere poner los pies sobre la tierra, no debe haber lugar para la ambigüedad. Cuando se vacila o falta voluntad política para comprometerse con la democracia y la vigencia del Estado de derecho, se sacrifican los derechos humanos. Los derechos humanos, integrales e indivisibles: los derechos civiles y políticos, sí; pero también los derechos económicos, sociales y culturales. La ambigüedad tendrá efectos nocivos para la democracia, pero tanto o más para el desarrollo sostenible.

Las eternas vacilaciones de un liderazgo continental que no merece ese calificativo le cuestan a millones de latinoamericanos atraso y miseria. Sin duda, se requiere que muchas voces se dejen oír para que la voluntad política de los gobiernos no vacile. Y bien harían los empresarios en sumar su voz al clamor regional.