Fuerzas Armadas:
Los desafíos de la próxima etapa
Nunca antes, quizá ni siquiera luego de la Guerra del
Pacífico, nuestras Fuerzas Armadas han quedado tan afectadas institucionalmente
y cuestionadas ante la opinión pública. A continuación, con dos artículos de
casa y los siempre valiosos y bienvenidos aportes de Enrique Bernales,
abordamos distintos aspectos del tema militar, pensando en cómo extraer de esta
crisis lecciones útiles y positivas para definir su futuro papel en un Perú que
aspira a consolidar la democracia.
De la crisis a la agenda para el cambio
Carlos Basombrío Iglesias
Las Fuerzas
Armadas no han sido la única institución manipulada y corrompida por la
dictadura de Fujimori y Montesinos. Mucho queda pendiente por saber respecto a
lo que ocurrió, por ejemplo, en el Poder Judicial, el Ministerio Público, el
Congreso y en la mayoría de los ministerios del Ejecutivo. Hay también
responsabilidades colectivas no asumidas aún, que atañen a los partidos
políticos, a los empresarios, a los medios de comunicación, etcétera. Pero no
queda duda de que entre los militares los daños causados han sido más
devastadores y más difíciles de absorber.
Tratando de entender lo que pasó
con las Fuerzas Armadas en esta década, no es difícil imaginar los resortes que
llevaron a que se comprometieran con el proyecto autoritario del 5 de abril.
Los militares en el Perú no tienen una tradición democrática muy sólida; para
ellos la prioridad es la seguridad nacional y la respuesta a las situaciones
que la amenazan. A comienzos de los noventa, ellos estaban convencidos de que
ésta estaba amenazada por una organización subversiva que crecía incontrolada,
ante lo que ellos percibían (no sin cierta razón) como la profunda
irresponsabilidad de la clase política civil. Aquí tenemos una percepción
radicalmente diferente de las mejores formas de enfrentar una subversión
interna, y pensamos que una democracia fuerte es la mejor aliada –y no un
obstáculo– en su combate. (No por nada ninguna democracia de a verdad en el
mundo ha sido derrocada por un movimiento subversivo, y lo contrario ha
ocurrido con decenas de gobiernos militares o autoritarios civiles.)
Pero el que quisieran sacrificar
la democracia en nombre de la seguridad estaba dentro de lo previsible, dada su
historia y visión de la realidad. Más todavía si el recurso al golpe era
alentado por políticos civiles y reclamado por un sector amplio de la opinión
pública.
No así lo otro. ¿Qué explica el
que tantos oficiales se hayan comprometido en actividades ilegales a gran
escala? No estamos hablando aquí de un pícaro que se apropió de algunas
vituallas o favoreció a una empresa amiga en una licitación. No: estamos ante
una operación de corrupción a gran escala que involucró a gran parte de los
mandos militares y que comprometió cientos de millones de dólares en
actividades ilegales. Acciones tan cuestionables como comprar armas en mal
estado para obtener jugosas comisiones en épocas de conflicto externo o
vincularse estrechamente al narcotráfico internacional. Es terrible decirlo,
pero se puede concluir de los hechos que se van conociendo que en algún
momento, hacia el final del fujimorismo, la cúpula militar dejó de actuar como
institución y lo hizo como mafia.
Y aquí llega el capítulo más difícil de entender y de justificar: ¿qué llevó a
las Fuerzas Armadas a someterse y luego asociarse con un individuo expulsado de
sus filas por traición a la patria? ¿Qué los sedujo de un oscuro abogado de
narcotraficantes prohibido de entrar en sus cuarteles por indeseable? La excusa
usual de los personajes del fujimorismo es el "yo no sabía en lo que me
metía". Bueno, en este caso se sabía plenamente. Falta mucho análisis,
información y quizá una especie de psicoanálisis colectivo militar para
entender ese proceso, indudablemente único en nuestra historia y quizá en la
del mundo.
La
crisis militar de abril y sus lecciones
Cada vez hay más evidencias de lo
parecido de las mentes de Vladimiro Montesinos y Abimael Guzmán (¿tendrán algún
día celdas vecinas para que continúen sus famosos diálogos?). Lo decimos, en
este caso, porque ambos querían sujeción absoluta y documentada. Coincidían en
que cualquier disidencia mínima, cualquier pensamiento independiente, agrietaba
la "organización". Este es el origen del bochornoso documento en que
centenares de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se
comprometieron a defender el 5 de abril, apoyar al régimen de Fujimori y
garantizar cualquier amenaza potencial a su impunidad futura. Se entiende ahora
por qué en las postrimerías del gobierno de Fujimori, el entonces presidente
del Consejo de Ministros, Alberto Bustamante, exigiera como condición para
avanzar en cualquier otro punto de la transición, que se elevaran a rango
constitucional las leyes de amnistía y que se ampliara la protección a delitos
comunes.
El lado positivo de esta historia
es que la existencia del acta y, sobre todo, su conocimiento por la opinión
pública, han llevado a las Fuerzas Armadas a un proceso inicial de reflexión
sobre su responsabilidad histórica y a expresar al país su convencimiento de
los errores cometidos; incluyendo en su mensaje un apoyo explícito a una
Comisión de la Verdad que profundice sobre lo que el país ha experimentado en
estas décadas. Quizá hubiera sido mejor omitir los párrafos que buscaban encontrar
justificaciones a lo injustificable y hacer más explícito el pedido de perdón
ante el país; pero a favor de las Fuerzas Armadas, en todo caso, está el hecho
de que es hasta ahora la única institución que ha tomado la difícil decisión de
hacerlo.
Cabe una mención especial al
manejo de la crisis por el presidente Valentín Paniagua. Él ha demostrado que
la prudencia y los buenos modales no están reñidos con la firmeza. Hizo bien
Paniagua en cambiar a los mandos militares que firmaron el Acta; más que por
haberla firmado (quedan cientos, en mandos claves, que también lo hicieron),
por habérselo ocultado. Cabe resaltar también que en el mismo discurso Paniagua
asume por primera vez públicamente el compromiso de su gobierno de crear la
Comisión de la Verdad, promesa que estamos seguros no defraudará.
Desafíos
inmediatos
Ha sido superada la crisis, pero
de ninguna manera eso resuelve el tema militar en la transición. Hay dos tipos
de desafíos a este respecto: aquellos inmediatos y que se puede decir corresponden
todavía al gobierno de Paniagua, y otros de un poco mayor aliento que, sin ser
ajenos a este gobierno, tienen más que ver con el que se inicie el próximo 28
de julio.
Sobre los primeros cabe mencionar
tres:
1. Culminar el proceso de depuración de personajes y prácticas
montesinistas en las diferentes instituciones militares. Y no lo decimos
sólo nosotros. El general de división Tafur, el comandante general saliente del
Ejército, en su discurso de despedida, advirtió explícitamente que ese proceso
no había aún concluido. Ahora que ya se hizo lo más difícil en la limpieza
institucional, no habría justificación alguna para no terminar de barrer los
rincones que faltan.
2. Ratificar y consolidar el compromiso con la Comisión de la Verdad y la
lucha contra la impunidad. Es muy cierto que se ha hecho expresa la
invitación militar a que ésta se forme; pero no lo es menos que en el fondo
preferirían que no se constituya. Hay que reconocer que el proceso de verdad
sobre el pasado y las responsabilidades individuales e institucionales de las
Fuerzas Armadas (y no sólo de ellas, por supuesto) es doloroso y difícil; pero
ayudará, a la larga, a construir una institución que se cimiente sobre bases
verdaderamente sólidas.
3. Modificar la justicia militar. Está hipertrofiada. Ha servido
para garantizar la impunidad a responsables de violaciones de los derechos
humanos y autores de diferentes delitos comunes. Ha sido una espada de Damocles
contra militares convencidos de la lucha por la democracia. Ha extendido sus atribuciones
a juzgar civiles acusados por terrorismo, debilitando innecesariamente la
eficacia de la sanción y seguridad jurídica de los procesos. No hay misterios
en lo que hay que hacer. El asunto está, si cabe, sobreestudiado. Cambiar la
justicia militar es sólo un asunto de voluntad política firme; y este gobierno
de transición tiene todas las herramientas y el apoyo para hacerlo.
Definiciones
de fondo
Nunca en el Perú se ha trabajado
de a verdad y a fondo sobre el papel que deben cumplir las Fuerzas Amadas en
una sociedad democrática. Simplificando la realidad, se podría decir que
usualmente la actitud de los gobernantes civiles ha sido la de dejar a los
militares ocuparse solos de "sus" asuntos, a cambio de que no les
hagan un golpe de Estado. Ésta no puede ser la actitud del próximo gobierno.
Hay condiciones muy propicias (que podrían no repetirse por décadas) para
cambiar esa relación y construir una moderna, eficiente y democrática.
Para avanzar en ese camino, hay un
conjunto de temas de fondo e interrelacionados entre sí que hay que abordar. A
continuación los presentamos esquemáticamente:
1. Discutir su misión en una democracia. Esto pasa en primer lugar
por descartar cualquier posibilidad de que sean vistos o se sientan como
árbitros de los procesos políticos; como los que definen en última instancia
qué es lo conveniente para el país. Conseguir eso es un proceso largo y
complejo que va más allá de las salvaguardas legales, las que por cierto ya
existían el 5 de abril, pero que no fueron un disuasivo suficiente (lo que no
quita restablecerlas ahora). Y este cambio de mentalidad, hay que recordarlo
hasta la saciedad, no sólo depende de las Fuerzas Armadas –y muchas veces ni
siquiera principalmente de ellas–, sino también de la clase política civil.
Con esa definición previa, si bien
queda absolutamente claro que su misión fundamental es la de defender al país
de posibles amenazas externas, hay una discusión que dar sobre su papel necesariamente
subsidiario o limitado a circunstancias excepcionales en apoyo al desarrollo y
campañas cívicas, atención de emergencias, control del orden interno (frente a
la delincuencia común o el terrorismo), protección de la ecología y el medio
ambiente, etcétera.
2.
Adecuación del gasto militar a las posibilidades del país. La
historia mundial de las guerras indica que muchas veces, más que en las armas y
los ejércitos, la capacidad de un país para defenderse radica en su fortaleza
económica y en las condiciones de vida de sus pueblos. Así, en un país tan
pobre como el nuestro la prioridad en las asignaciones presupuestales no puede
establecerse a partir de definir cuánto se necesita para la defensa y el orden
interno y, a partir de allí, pensar en los sectores sociales. Debe ser
exactamente al revés. Por supuesto, eso no puede hacerse de manera
irresponsable y abrupta; se trata de un proceso progresivo y que tiene un
altísimo componente de política exterior, dado que se deben buscar acuerdos
regionales de reducción concertada del gasto militar.
3.
Política de defensa para el siglo XXI. Siendo su misión esencial la
defensa del país en caso de guerra exterior y conscientes de la importancia de
reducir el peso del gasto militar en un país tan pobre como el Perú, hay que
definir claramente los escenarios y prioridades de la política de defensa en
los nuevos tiempos. Las más importantes hipótesis de conflicto que existían
hasta hace una década han desaparecido o se han visto reducidas
significativamente con los acuerdos de paz con Chile y Ecuador. ¿Hay nuevas
amenazas a la seguridad nacional? ¿Cómo se las define y se les hace frente? ¿Es
el tipo de Fuerzas Armadas que hoy tenemos el adecuado para la política de
defensa en el siglo XXI? Todas estas son definiciones de fondo y le corresponde
al país entero hacerlas y no sólo a las Fuerzas Armadas. En ese sentido, urge
también una modificación del Sistema de Defensa Nacional, uno de los más
atrasados de toda la región en lo que a participación civil se refiere.
4. Mecanismos
institucionales eficaces de fiscalización y control. La
subordinación de las Fuerzas Armadas no puede limitarse a que el Presidente sea
el Jefe Supremo y que los mandos se subordinen a sus decisiones personales. Esa
subordinación, de carácter subjetivo y llevada a niveles grotescos por el
factor Montesinos, explica parte de lo ocurrido en los noventa. Se debe pasar a
la subordinación objetiva; es decir, no a personas o gobiernos, sino al Estado
democrático, sus instituciones y sus leyes. En ese empeño hay múltiples campos
por trabajar; entre otros, la modificación de la ley de situación militar, el
manejo y fiscalización del presupuesto, el papel del Congreso y la particular
atención que se debe prestar a las funciones del Servicio de Inteligencia Nacional.
5.
Modernizar la doctrina y la formación en las escuelas. Mucho de
la visión de las Fuerzas Armadas sobre seguridad nacional ha devenido obsoleto
rápidamente, dados los dramáticos cambios mundiales ocurridos en los últimos 15
años. Hay que repensar los conceptos fundamentales (la doctrina de la seguridad
nacional, por ejemplo, está hoy totalmente cuestionada). Así también, hay que
repensar lo que se enseña en las escuelas militares y la forma en que se hace.
En general, para la formación de los futuros oficiales hay que evitar la
tradicional separación de castas civiles y militares; por ejemplo, hay que
propiciar que mucho de la formación militar pase por las universidades y a la
vez incorporar ampliamente a la inteligencia civil en la formación de las escuelas
castrenses.
Lo anterior ha sido sólo un esbozo de algunos de los
importantes temas para la agenda de cambio en relación con las Fuerzas Armadas;
antes que respuestas, hemos pretendido plantear algunos temas de debate. Sobre
cada uno de ellos se puede profundizar y discutir ampliamente, propósito al que
esta revista –y el IDL en su conjunto– tratarán de contribuir sistemáticamente
en los próximos meses. Lo haremos en el convencimiento de que el tema militar
es un asunto que le corresponde también a la sociedad civil. Y no sólo por el
lado de la crítica y la fiscalización, sino también por el de la propuesta y
las alternativas en positivo.
Hacia un cambio de mentalidad
Enrique Bernales Ballesteros
Los
militares han ocupado un papel central en la historia republicana del Perú.
Unas veces como garantes de la soberanía territorial, otras como actores
políticos. En los albores de la República alimentaron la anarquía; en su
transcurso, tomaron el poder recurrentemente.
Durante el siglo XIX predominó el caudillismo
fraccionalista de los militares que se hacían del gobierno (aliados a los
sectores más poderosos) para preservar el orden o para imponer otro que lo
mantuviera en el poder.
Sin embargo, un nuevo pensamiento
fue germinando durante el siglo XX al interior de las Fuerzas Armadas conforme
se fueron profesionalizando. El primer golpe
institucional se daría apenas en 1962, cuando las Fuerzas Armadas
derrocaron al presidente Manuel Prado. El motivo que se adujo fue el supuesto
fraude para favorecer al APRA. Julio Cotler sostiene que las Fuerzas Armadas
decidieron impedir que se perpetuara el Estado oligárquico, representado por la
alianza que se venía gestando entre el APRA y la Unión Nacional Odriísta en el
Parlamento recién electo. Cierto o no, ya se percibía un compromiso de las
Fuerzas Armadas con el desarrollo social y económico.
Dos de los más importantes
modernizadores del Ejército fueron los generales José del Carmen Marín y
Marcial Romero Pardo, los primeros directores del Centro de Altos Estudios
Militares (CAEM). Ellos introdujeron una visión dinámica e integradora de la
función militar, asociándola tanto a la defensa como al desarrollo. Si bien
esta doctrina tendía a modernizar la institución militar, no escapará al juicio
que también les dio posibilidades de opinar en asuntos materia de decisiones
políticas.
La nueva doctrina militar provenía
principalmente del general alemán Von Ludendorff, quien proponía la
concentración absoluta del poder militar y político en un General en Jefe y la
subordinación de la política estatal a las exigencias militares. De ese modo la
guerra no sólo debía operar en el frente militar, sino que debía comprender
también la lucha política, económica y social.
Esta doctrina fue moldeando la
mentalidad militar desde el CAEM. El Ejército se vio en la necesidad de
estudiar exhaustivamente la realidad social y de participar en la política
general del Estado. El problema es que, de acuerdo con estos principios, cuando
los gobiernos civiles no se muestran capaces de aplicar esas opciones, aparece
como natural el hacerse del poder para ponerlas en práctica. Por eso la
participación de los militares como actores políticos se perfiló, sobre todo, a
partir de la segunda mitad del siglo XX en un sentido preponderantemente institucionalista.
De una suerte de caudillismo
militar subordinante de los mandos para obtener el poder político, las Fuerzas
Armadas pasaron a ser una especie de organización político-militar dispuesta a
ejercer el papel de organizador de la sociedad. La ingeniería social se hizo
monopolio de los militares. De ahí la proliferación de planes, como el Inca, el Túpac Amaru, el Verde o
el que, con variantes de este último, pusieron en práctica
Fujimori-Hermoza-Montesinos, distinto en el enfoque ideológico de las reformas
que las Fuerzas Armadas debían poner en práctica, pero rigurosamente semejantes
todos en el control autoritario de las Fuerzas Armadas sobre el conjunto de la
sociedad peruana.
El teniente coronel Manuel Morla,
que llegó a ser comandante general del Ejército en la década de los cincuenta,
publicó en 1933 un folleto titulado "La función social del Ejército",
texto de lectura obligada en la preparación de oficiales. Decía que el Perú es
un país atrasado y semicivilizado, complejo y heterogéneo, y que es el Ejército
"el llamado a unificarlo y civilizarlo".
Una vocación civilizadora y
redentora completó el esquema mental de la alta oficialidad de las Fuerzas
Armadas, especialmente en el Ejército. Los caudillos militares ya no existían,
sino sólo un cuerpo apto para tomar el poder o para tutelarlo desde la sombra,
cuando la democracia resultase ingobernable.
En 1968 se consideró que el
gobierno reformista de Fernando Belaunde había fracasado en el intento de
cambiar las estructuras sociales. Una vieja tradición de protagonismo
"necesario" se hizo patente cuando el general Juan Velasco Alvarado
arremetió contra el Estado oligárquico para liquidarlo.
Tanto en los 12 años de los
gobiernos militares de Velasco y Morales Bermúdez, como, luego, en la función
de "partido político" del fujimorismo, las Fuerzas Armadas se han
corporativizado. Es decir, el cuerpo ha asumido unitariamente una nueva
función. Los militares ya no tendrán intervenciones individuales intermitentes.
Ahora pretenderán justificar su presencia en la escena política por ser una
institución nacional con una "misión" que los errores o ineficiencias
de los civiles no pueden poner en riesgo. De este modo queda planteada una
dinámica reformista para modificar efectivamente las condiciones económicas y
sociales del país.
La corporativización llevará a las
Fuerzas Armadas a considerar al sistema de partidos y a la democracia sin
tutela como el origen de todos los males. Debe quedar claro, no obstante, que
esta "misión" apareció con más nitidez bajo el período militar del 68
al 80. La asociación de las Fuerzas Armadas con Fujimori y Montesinos las
comprometió en oscuros hechos, a cargo de altos mandos militares, relativos a
violación de derechos humanos, vínculos con el narcotráfico, enriquecimientos
ilícitos y corrupción en general.
En efecto, a comienzos de los
noventa altos mandos de las Fuerzas Armadas adhirieron políticamente al
gobierno de Fujimori, constituyendo así un régimen cívico-militar. Ellos fueron
sujetados por un oscuro asesor que se encaramó en la cúspide del poder y
organizó la más escandalosa red de corrupción vista en el Perú. A Vladimiro
Montesinos le bastó someter al Presidente de la República para maniobrar sobre
las instituciones militares, condicionando los ascensos, tramando redes de
cooptación y aplicando el chantaje como método de persuasión.
El
papel de los militares en la democracia
Las Fuerzas Armadas no deben
formar parte, por esencia, del escenario político. Cuando esto sucede, la
fuerza militar es utilizada para definir relaciones de poder y no para cumplir
su verdadero papel conforme a la Constitución: garantizar la independencia, la
soberanía y la integridad de la república.
Sin embargo, el artículo 171 de la
Constitución define como finalidades complementarias la participación en el
desarrollo económico y social del país. Esto debe interpretarse como la
colaboración que prestan las instituciones militares a tareas comunales, desde
la construcción de infraestructura hasta la capacitación de la población en
lugares alejados. Estas competencias están subordinadas al poder constitucional
y se entienden como un auxilio material a las emergencias civiles. Si se parte
de ese concepto, las Fuerzas Armadas no tienen una función política.
En una democracia, estas
instituciones operan al margen del debate político. Su incursión sólo puede
justificarse frente a la ruptura del orden constitucional, en favor del sistema
democrático. Pero se debe tener mucho cuidado. Los militares muchas veces han
sustentado su participación en la política con el argumento de que lo hacen
para "asegurar" el cumplimiento del texto constitucional. Así lo hizo
en 1962 el general Ricardo Pérez Godoy cuando encabezó un golpe de Estado. En
1968, el general Juan Velasco se refería, como una de las justificaciones de su
levantamiento, "al uso incontrolado de inconstitucionales facultades
concedidas al Ejecutivo". En 1992, Alberto Fujimori, con el apoyo de los
militares, disuelve el Congreso e interviene los poderes e instituciones
públicas, en defensa de una "verdadera democracia" que jamás alcanzó
a definir.
De ahí que la subordinación
constitucional de las instituciones armadas les impide deliberar. En ese
sentido se manifiesta el artículo 169 del texto constitucional. Su sujeción se
atiene a la ejecución de sus deberes constitucionales. Por concepción, están
impedidas de tomar partido por un gobierno o agrupación política. De hacerlo,
estarían asumiendo funciones políticas que no les corresponden. La tutela forma
parte de una orientación doctrinaria desfasada en una sociedad democrática
moderna.
El tratamiento constitucional de las Fuerzas Armadas
no se agota en lo jurídico. Hay que actuar sobre los condicionamientos
históricos, estructurales y culturales de las instituciones militares. El más
efectivo control sólo puede partir de la redefinición de las funciones
militares en una democracia, retomando las lecciones del pasado y estableciendo
como prioridad el respeto de la voluntad popular, el Estado de derecho y los derechos
fundamentales de los ciudadanos, desde la formación que se imparte en las
academias militares.
Enrique Bernales Ballesteros es director de la
Comisión Andina de Juristas.
El control de los aparatos
de inteligencia
Carlos Rivera Paz
Después de una
década de ejercicio absoluto del poder, el SIN terminó siendo un aparato para
el chantaje, la coacción y la acción criminal. Su característica principal y la
de los otros aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas fue, no cabe duda,
la inexistencia de mecanismos de control sobre sus actividades y sus
integrantes.
En noviembre de 1991 el entonces
gobierno democrático de Fujimori promulgó el Decreto Legislativo 746, Ley del
Sistema de Inteligencia Nacional. En ella se regulaba las funciones y atribuciones
del Servicio de Inteligencia Nacional. Muy pronto el Congreso derogó dicha
norma por contener disposiciones inconstitucionales.
Luego de producido el golpe de
Estado del 5 de abril de 1992, el nuevo gobierno de Fujimori promulgó el
Decreto Ley 25635, la nueva Ley del Sistema de Inteligencia Nacional. Esta
norma no era otra que el decreto que en diciembre de 1991 el Congreso había
derogado. La norma no sólo otorgaba atribuciones al SIN sobre la inteligencia
en los campos político y militar (en los que no le corresponde actuar), sino
que además le permitía desarrollar "inteligencia operativa frente a los
diversos factores de perturbación que afectan la seguridad", así como la
aprobación de los planes anuales de actividades de los demás órganos de inteligencia.
Además, su presupuesto tenía la clasificación de secreto. Es decir, el poder
total.
A partir de ese momento el SIN
mantuvo un notorio proceso de aumento no sólo de sus atribuciones legales, sino
de su poder político y de su capacidad operativa para cumplir con sus objetivos
(políticos y económicos). Podríamos detallar una impresionante cantidad de
hechos cometidos por este aparato en los que existen evidencias de la
participación de sus integrantes. Frente a estos hechos, ningún tipo de control
funcionó. Muy por el contrario, las instancias políticas y judiciales,
incluyendo, claro está, al Ministerio Público, desarrollaron todas las acciones
necesarias para garantizar la impunidad de los hechos.
La
desactivación del SIN
Frente al inmenso cuestionamiento
político y legal existente sobre el régimen fujimorista, hacia finales de
agosto del 2000 lanzaron una maniobra: la creación de la llamada Central
Nacional de Inteligencia (CNI). Los representantes del gobierno argumentaron
que se trataba del inicio de un proceso de reorganización del aparato de
inteligencia, pero era demasiado evidente que lo que se pretendía era mantener
el SIN bajo otra denominación legal. La propuesta legislativa mantenía intacta
no sólo la estructura sino también las atribuciones y el poder del SIN. El
vídeo Kouri-Montesinos puso fin a esta maniobra. Días después el propio
Fujimori promulgó la Ley 27351, en la que se disponía la desactivación del
Servicio de Inteligencia Nacional.
Si bien en dicha norma se
derogaron las disposiciones legales que regulaban el SIN, lo cierto es que en
el Decreto de Urgencia 018-2001 de febrero de este año, se dispone que el SIN
continúe cumpliendo la función de inteligencia en los frentes interno y
externo, recomendada por la Comisión Desactivadora.
Hoy, frente a esta situación y en
medio de un escenario que exige una redefinición del rol y posición de los
organismos de seguridad en un régimen democrático, resulta importante destacar
los aspectos centrales de una propuesta de reforma de los aparatos de
inteligencia.
Hacia
una inteligencia democrática
Los regímenes democráticos
necesitan de organismos de inteligencia. Claro que la premisa fundamental
determina que sus funciones se encuentren señaladas en la ley y que éstas se
cumplan bajo el marco del respeto de los derechos de las personas y los
principios que inspiran la democracia y que se encuentre sometido a diversos
mecanismos e instancias de control. Las tareas de obtención de información y
producción de inteligencia constituyen funciones esenciales para la conducción,
coordinación y control de las actividades de la seguridad interior y exterior
del Estado. Pero los organismos de inteligencia no pueden ser concebidos o
diseñados como aparatos de espionaje y represión política o como aparatos al
servicio del gobierno de turno.
Las características sobre las
cuales un aparato de inteligencia debe funcionar en un Estado de derecho deben
ser los siguientes:
a) Integralidad: la inteligencia es global e integral. b) Permanencia: tanto en
su propuesta como en su funcionamiento, independientemente de las amenazas o
conflictos. c) Unidad y concepción de dirección: resulta necesario que se
centralice en una autoridad para proporcionar visión de conjunto. d)
Descentralización en la ejecución: se busca optimar el uso de los recursos
disponibles para producir la inteligencia requerida. e) Dinámica y flexible: la
estructura de inteligencia tiene que adaptarse a la estructura del Estado y
adecuarse a los cambios temporales.
A partir de estas pautas
fundamentales, la constitución de un organismo exige la previa definición de
algunos aspectos fundamentales: 1) Se debe establecer la dependencia política y
orgánica del organismo de inteligencia de la Presidencia del Consejo de
Ministros. 2) Las atribuciones del organismo de inteligencia deben estar
señaladas de manera clara y precisa en la ley, limitando los campos de
actividad y eliminando la realización de inteligencia operativa. 3) La jefatura
del organismo de inteligencia debe ser ocupada por un civil. 4) Sobre el
personal, es necesario que exista una limitación a la cantidad y procedencia de
los integrantes para evitar que se termine absorbiendo a oficiales de otras
instituciones. 5) Se debe considerar la existencia de diversos mecanismos de
control. Planteamos los siguientes:
– El control parlamentario: Una
comisión especializada, en la que se encuentren representados equitativamente
los diversos sectores políticos del Congreso, debe desarrollar permanente
fiscalización sobre planes, doctrina, acciones y presupuesto.
– El control presupuestal: Si bien
el Congreso puede fiscalizar este campo, corresponde directamente a la
Contraloría General desarrollar los procesos de fiscalización del presupuesto
asignado.
– El control judicial: No debe existir
ningún impedimento legal, administrativo o político para que los integrantes de
los aparatos de inteligencia sean investigados por el Ministerio Público y el
Poder Judicial.
Junto a ellos debe necesariamente considerarse el
control que están ejerciendo las instituciones de la sociedad civil y los
medios de comunicación. Sólo si éstos existen podemos construir aparatos de
inteligencia realmente democráticos.
Carlos Rivera es miembro del Área Penal del IDL.