Sendero en el Alto Huallaga:

La otra herencia de Fujimori

Isaías Rojas

A partir de algunos hechos ocurridos en áreas localizadas del Alto Huallaga, se ha levantado de nuevo la discusión sobre un presunto rebrote de Sendero Luminoso. ¿Cuánto de cierto hay en esto y qué retos se plantean frente al tema en la  transición?

 

Alrededor de la medianoche del pasado 1 de marzo, en la avenida Principal del caserío Ramal de Aspuzana de la provincia de Tocache, San Martín, un grupo de ocho presuntos senderistas comandados por una mujer asesinó a balazos a los pobladores Juan Edilberto Acuña Ortega y Humberto Salazar Rose. Sobre sus cuerpos los atacantes dejaron un cartel que decía: "Así mueren los soplones enemigos y cuchillos de nuestro pueblo, fieles servidores de las FF.AA. y PNP, en señal de que no descansaremos hasta aniquilar a todos los miserables traidores y soplones arrepentidos".

Este fue el inicio de una cadena de asesinatos que presuntos senderistas cometieron a lo largo del mes de marzo último. El sábado 3 asesinaron en su casa y delante de sus hijos al poblador Nicolás Atalaya Tapullima, en el caserío Pavayacu, provincia de Leoncio Prado. Atalaya era presidente del Comité de Desarrollo de Pavayacu y se encontraba haciendo gestiones para la instalación de una escuela en el caserío. Una semana después, el 11 de marzo, asesinaron a Édgar Valentín Malpartida en el caserío de Consuelo y a los pobladores Jacob Huamán Cecilio y Jovana Cabrera Poma en el caserío Puerto Ángel. El 15 de marzo dieron muerte a seis pobladores, tres en el caserío de Pacae y tres en el caserío Sintulli. Otros dos pobladores más fueron asesinados en el caserío de Huamuco el 25 de marzo.

En total fueron catorce los asesinatos cometidos, y en todos los casos las víctimas fueron acusadas de "soplones y arrepentidos". Así, Sendero Luminoso parecía haber vuelto a la carga poniendo en su mira a quienes supuestamente habían formado parte de sus filas y los habían traicionado. El pasado de temor volvía para los pobladores de esa parte del Alto Huallaga donde Sendero Luminoso mantenía aún algún nivel de presencia.

Los rumores empezaron a circular y algunos comenzaron a hablar de rebrote levantando ideas que iban desde lo inverosímil hasta lo irresponsable. Se decía que los senderistas eran ahora más numerosos y que estaban mejor armados; unos afirmaban que las FARC estaban detrás de ellos, otros que en realidad eran sicarios del narcotráfico que se habían puesto a su servicio, y los más irresponsables hablaban de que la gente acusada de terrorismo que había salido de prisión se había reintegrado a las filas del terrorismo. (Si sabían quiénes eran los que se habían reintegrado, ¿por qué no los detuvieron?)

La televisión no tardó en llegar a la zona para hablar del "rebrote de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga", dejando escapar la idea, involuntariamente por supuesto, de que con el retorno de la democracia había vuelto también el terrorismo.

Un análisis más atento muestra, sin embargo, una perspectiva diferente. Lo primero que hay que señalar es que la presencia de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga es una pesada herencia que el fujimorismo deja a la democracia. Fujimori derrotó a Sendero Luminoso, pero no logró erradicarlo completamente. Los hechos de violencia en la zona no son nuevos. Sólo para señalar lo más reciente: en 1998 realizaron 157 atentados, y en 1999, 48. El año pasado, cuando Fujimori se mantenía aún en el poder, se produjeron 39 acciones terroristas, una buena parte de las cuales era justamente el asesinato de lo que ellos llaman "soplones y colaboradores de las Fuerzas Armadas". En ese período asesinaron a once civiles y dos policías.

Segundo, la zona de presencia es un área localizada del Alto Huallaga. Los asesinatos tuvieron lugar en un área que se ubica entre Tingo María, en el departamento de Huánuco, y el sur de la provincia de Tocache, en San Martín, y que tiene como eje la localidad de Aucayacu. La difícil geografía de esta parte del país es aprovechada por los restos de la organización terrorista para asesinar impunemente a pobladores indefensos.

Tercero, el que en el presente año hayan concentrado la realización de sus acciones terroristas en el mes de marzo ha respondido a su lógica de boicotear las elecciones. Los asesinatos iban también acompañados de llamados a no votar. El año pasado, las acciones de Sendero Luminoso también se concentraron en el mes de abril, previo al proceso electoral. Sólo que entonces no se le dio importancia, porque el país se encontraba en la tensión de hacer frente al fraude electoral. En cierto sentido, era previsible algún tipo de actividad de Sendero contra el presente proceso electoral.

Cuarto, el que muestren hoy más fuerza responde más a la apariencia que a la realidad. Fuentes de la región sostienen que son básicamente los mismos, pero que su capacidad de acción se ve facilitada, además de la geografía, por el débil tejido social e institucional. En la zona ha sido difícil el desarrollo de las organizaciones de defensa civil, cosa que sí ha ocurrido en otras partes, y ello facilita que cualquier grupo armado minúsculo pueda operar impunemente asesinando civiles inermes y da la sensación de un poderío que en realidad no tienen. La gran mayoría de las víctimas son civiles.

A la luz de estos elementos, sería difícil hablar de un rebrote; más bien tendríamos que referirnos a un problema que no fue cabalmente resuelto. Sin embargo, más allá de esa discusión, el hecho concreto es que los restos de Sendero Luminoso siguen presentes en algunas zonas causando inseguridad entre los pobladores. La verdadera discusión es cómo hace la democracia para acabar completamente con el terrorismo en tales zonas.

Con cargo a un mayor desarrollo, señalemos algunos elementos.

Primero, ubicar el problema en su verdadera y real magnitud. Estamos frente a una organización derrotada política, militar y socialmente, cuyos restos se aprovechan de la fragilidad institucional y la difícil geografía para mantenerse. En modo alguno amenaza al Estado y a la democracia, pero sí es un factor de inseguridad para la población que está en las zonas donde aún tienen presencia.

Segundo, erradicar la política de manipulación del tema en la que se especializó el fujimorismo. Cada vez que sus intereses políticos lo requerían, Fujimori podía levantar o bajar el tema. Sostener que habían liquidado al terrorismo o insinuar que si ellos no permanecían en el poder Sendero y el MRTA podían volver. En el pasado proceso electoral, el fujimorismo quiso explotar esta idea para su provecho político.

Tercero, no descuidar el tema de la seguridad. En ese sentido, ya se han dado algunos pasos como enviar un contingente militar de refuerzo proveniente de Iquitos a la zona del Alto Huallaga. Siempre hemos creído que una actuación de las instituciones de seguridad en el marco del estricto respeto a la ley y los derechos humanos es absolutamente legítima para resolver los problemas de seguridad. La historia ha enseñado que cuando las Fuerzas Armadas han estado de lado de la gente, la batalla está ganada.

Cuarto, habida cuenta de que existe una correspondencia entre las zonas donde hay presencia del narcotráfico con zonas donde hay violencia política, se impone una revisión de las políticas de erradicación de la coca y sustitución de cultivos, de manera que sean eficaces para ofrecer alternativas viables a la población y que no sean un factor de tensión social como lo han venido siendo hasta ahora. Precisamente, el gobierno de transición ha empezado una serie de reuniones con los cocaleros para discutir las mejores vías para hacer frente a la difícil situación creada por el fracaso de las políticas de sustitución durante el fujimorismo. Para recordar una vieja idea recogida del cajón del desuso: se trata de secar el agua al pez.