Primeros pasos de la política Bush para América
Latina
y el Perú
Coletta Youngers
Salieron los demócratas de la Casa Blanca y entraron
los republicanos. ¿Qué va a cambiar en la política norteamericana hacia la
región?
Una vez más,
Washington está reescribiendo la historia para su propio beneficio. En una
intervención ante el Congreso de los Estados Unidos, el embajador ante la
Organización de Estados Americanos –nombrado durante la administración
Clinton–, Luis Lauredo, proclamaba: "El éxito de la OEA en el Perú marca
un momento decisivo en su historia. Hoy en día, un país que tenía graves
problemas está de nuevo dentro del marco democrático, gracias en no poca medida
a la rápida y adecuada respuesta de la OEA y el gobierno de los Estados
Unidos". El embajador Lauredo parece haber olvidado que la OEA no estuvo a
la altura de su misión de promover la democracia en la región, aceptando un
simplemente inaceptable quid-pro-quo:
no cuestionar la legitimidad del tercer período de Fujimori, a cambio de que el
gobierno peruano demostrara voluntad de aceptar una misión de la OEA que
promoviera el diálogo; una misión que finalmente devino importante, pero sólo
debido a los rápidos cambios que tenían lugar en el Perú mismo.
Dicho de otro modo, Fujimori ganó
la batalla en el frente internacional, pero la perdió en el frente interno.
Mientras lograba apaciguar a los gobiernos vecinos y a Washington, fracasaba en
medir el sentimiento popular de rechazo en el país y la falta de legitimidad
que acompañaban a un tercer período obtenido inconstitucionalmente y a través
del fraude. Es claro pues que son el pueblo peruano y el conjunto de actores de
la oposición democrática en el Perú quienes merecen el crédito por la
transición democrática que tiene lugar hoy día en ese país.
No está del todo claro todavía
cómo la nueva administración de Bush va a vincularse con esta transición y, en
general, cómo van a ser las nuevas relaciones entre los Estados Unidos y el
Perú. De hecho, América Latina sigue siendo una prioridad relativamente baja en
la política exterior, y funcionarios claves que van a trabajar sobre la región
todavía no han sido confirmados. Los propuestos para estos puestos claves son
gente en su mayoría extremadamente conservadora, lo que plantea grandes
preocupaciones entre los grupos progresistas en los Estados Unidos. Pero, a la
vez, quizá estén más dispuestos a revelar por lo menos parte de la historia de
la relación entre los Estados Unidos y Vladimiro Montesinos.
La
política latinoamericana de la administración de Bush
América Latina virtualmente no fue
mencionada en los varios debates presidenciales previos a las controversiales
elecciones de noviembre pasado. Sin embargo, y a lo largo de toda su campaña,
el presidente Bush mostró un especial interés en América Latina, el que surge
de sus años como gobernador de un estado fronterizo con México; Bush, incluso,
se animaba a lanzar frases en un español rudimentario. Más todavía: cuando
asumió la presidencia dejó en claro que México tendría una nueva y especial
relación con su administración. De hecho, su primera excursión internacional
fue para visitar al presidente Vicente Fox en su rancho ganadero. Bush ha
comentado con la prensa norteamericana que le pedirá a Fox su orientación sobre
asuntos latinoamericanos, dándole así un nivel de influencia sin precedentes a
un país cuya aproximación hacia el hemisferio ha estado a menudo en conflicto
con la norteamericana.
Más allá de la afinidad personal
de Bush con América Latina, los intereses de la política de su administración
en la región pueden ser resumidos en dos palabras: libre comercio. Como se
desprende claramente de su intervención en la reciente Cumbre de las Américas
en Quebec, Bush ha asumido de todo corazón la agenda de libre comercio de su
padre y está comprometido a que se establezca el área de libre comercio de las
Américas en la fecha prevista, el 2005, si es que no antes. No es coincidencia
que su principal asesor para asuntos latinoamericanos durante la campaña,
Robert Zoellick, no haya sido nombrado a un puesto para trabajar sobre la
región, sino como representante comercial de los Estados Unidos y que, por
tanto, será el principal negociador en los acuerdos comerciales.
Aparte del tema de libre comercio,
hay pocas razones para pensar que América Latina vaya a tener una alta
prioridad en la agenda de la administración de Bush o que iniciativas
innovadoras en otros asuntos estén en camino. Los dos temas más urgentes a
nivel regional que hereda la administración de Bush son el compromiso militar
norteamericano en Colombia y, de manera más general, la guerra contra las
drogas. En ambos casos, prometedoras afirmaciones iniciales que cuestionaban la
actual política han cedido lugar a la inercia. De haber estado ahora de
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Powell hubiera
probablemente argumentado en contra de un compromiso militar norteamericano en
Colombia. El conflicto colombiano no reúne los criterios expresados en su
famosa "Doctrina Powell" para un compromiso militar en el exterior.
Así, los objetivos políticos de Washington en Colombia están poco definidos,
los intereses nacionales en juego no están claros y no hay una estrategia de
salida. Sin embargo, la administración de Bush ha indicado su voluntad de
continuar en el mismo camino que su predecesor, ya que en el presupuesto para
el año fiscal del 2002 ha pedido 180 millones de dólares para programas del
Pentágono en ese país y 400 millones para asistencia directa a Colombia; la
mayor parte de ella en la forma de ayuda militar y policial.
En su audiencia de confirmación
ante el Congreso, el secretario de Defensa Ronald Rumsfeld sostuvo: "yo
soy alguien que cree que el problema de las drogas es antes que cualquier otra
cosa un problema de demanda". Sin embargo, hasta ahora la administración
de Bush no ha dado ningún indicio de que vaya a reorientar la básicamente
fracasada política de control internacional sobre las drogas. En cambio, ha
solicitado cientos de millones de dólares para asistencia económica para
programas antinarcóticos en los Andes, incluyendo al Perú, país que sin duda
continuará recibiendo la presión de los Estados Unidos para continuar su
impopular programa de erradicación de la coca y otras iniciativas
norteamericanas.
El
equipo de política exterior
De hecho, los principales
funcionarios de la administración de Bush para asuntos exteriores y políticas
de defensa tienen poca o ninguna experiencia en relación con América Latina.
Esto incluye al vicepresidente Cheney, la asesora de Seguridad Nacional Condoleeza
Rice, el secretario de Defensa Rumsfeld y el secretario de Estado Colin Powell.
Durante las audiencias de confirmación, el secretario de Defensa Rumsfeld
cometió un particularmente embarazoso error, cuando expresó su sorpresa de que
los Estados Unidos hayan construido una base militar en Manta, Ecuador, y
cuando virtualmente admitió su falta de conocimiento sobre Colombia, el país
clave militarmente para los Estados Unidos en la región. Más todavía: todas
estas personas vienen de la escuela de la guerra fría y comparten una
mentalidad que más bien refleja cómo era el mundo hace una década. Dado que la
política de los Estados Unidos hacia América Latina estaba entonces
caracterizada por su intervencionismo y apoyo a fuerzas abusivas de seguridad
en su combate al "comunismo", hay ciertamente razones de preocupación
con relación a cómo la administración de Bush responderá los desafíos que, sin
duda, van a tener en América Latina.
El equipo que va a trabajar sobre
América Latina en la administración apenas está cobrando forma. El primer
nombramiento clave ha sido el del embajador John Maisto para el cargo de
director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional, lo que
fue visto como un indicador de que la administración de Bush iba a permitir que
la política exterior esté a cargo de diplomáticos de carrera y, por tanto,
mantener una política pragmática y moderada. Maisto ha servido como embajador
en Nicaragua y Venezuela y ha sido el segundo en la Embajada de los Estados
Unidos ante la OEA, entre otras altas posiciones.
Sin embargo, otras nominaciones
recientes indican una tendencia totalmente diferente. A inicios de marzo, la
administración propuso al embajador John Negroponte para ser el representante
de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Negroponte fue embajador en
Honduras durante la época de la guerra de los nicaragüenses. En esa época los
Estados Unidos entrenaron y financiaron una unidad especial del Ejército
hondureño, el Batallón 316, que fue responsable de muchos casos de tortura y
asesinatos de opositores al gobierno.
En abril la administración nominó
a Otto Reich, un cubano americano, para que sea el secretario de Estado Adjunto
para Asuntos Hemisféricos. Como director de la controversial Oficina de
Diplomacia Pública del Departamento de Estado bajo la administración de Reagan,
estuvo directamente involucrado en la guerra de los "contras",
reportando sobre sus acciones al teniente coronel Oliver North. Más adelante el
Congreso de los Estados Unidos tomó la inusual iniciativa de cerrar esta
oficina, luego de que las investigaciones revelaran que estuvo involucrada en
actividades encubiertas prohibidas en los Estados Unidos, tales como propaganda
encubierta para generar apoyo público y cobertura de los medios de comunicación
que fueran favorables a los "contras". Más recientemente, Reich ha
sido un activo lobbista,
promoviendo la línea dura en asuntos de política cubana.
Tanto Negroponte como Reich hacen
frente a una fuerte oposición en el Capitolio y a difíciles procedimientos de
confirmación. Ambos, sin embargo, probablemente reciban la confirmación del
Senado, dado el fuerte apoyo a su favor del copresidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado, Jesse Helmes.
La nominación de Reich ha sido
ampliamente interpretada en Washington como una forma de agradecer a la
conservadora comunidad cubano-americana, la que fue al final clave en Florida
para asegurar a Bush la presidencia. El hecho de que el secretario de Estado
Powell esté dispuesto a permitir que cargos claves de la administración en
relación con América Latina sean utilizados para este propósito político envía
peligrosas señales. Indica, en primer lugar, que la región tiene una
importancia muy baja en su lista de prioridades y, en segundo lugar, que está
dispuesto a que los sectores más duros y conservadores tengan una influencia
significativa sobre las políticas hemisféricas.
Dada la historia personal de
Reich, su nominación puede ser correctamente interpretada como un retroceso en
los esfuerzos para promover soluciones multilaterales a problemas comunes. En
ningún otro caso esto es más claro que en el de Cuba. Con la nominación de
Reich se está indicando que no habrá una flexibilización de la política de los
Estados Unidos hacia Cuba, a pesar de la extendida oposición regional a la
obsoleta aproximación de los Estados Unidos hacia ese país. Más todavía, su
confirmación podría traer serias y problemáticas consecuencias en relación con
la política de los Estados Unidos para Colombia.
La
política de los Estados Unidos hacia el Perú y la debacle de Montesinos
Las consecuencias de las políticas
de los Estados Unidos hacia el Perú podrían ser, sin embargo, bastante
diferentes. Como se ha indicado, Reich es cercano al senador Jesse Helmes, un
abierto crítico de las políticas de la administración de Clinton hacia el Perú.
Otros actores conservadores claves, críticos de la relación de la
administración de Clinton con Vladimiro Montesinos, tienen una influencia
importante sobre Reich y ya están pidiendo que se hagan cambios, incluyendo
cambios de personal y una investigación sobre las relaciones entre Montesinos y
el gobierno de los Estados Unidos en los últimos años. También abogan por un
fortalecimiento de la colaboración en la captura de Montesinos y la
desclasificación de documentos que pudieran facilitar la persecución y arrojar
luces sobre la naturaleza de sus vínculos con Washington. Dicho de otro modo,
Reich podría estar más dispuesto a revelar los misterios que rodean a la
historia de la actuación reciente de los Estados Unidos, de lo que hubiera sido
el caso con una diplomacia norteamericana más tradicional.
Poco a poco se está ya filtrando
información sobre la naturaleza de la relación de los Estados Unidos con
Montesinos. Sabemos que esta relación se mantuvo y creció por un período de
cerca de tres décadas. Documentos del Departamento de Estado recientemente
obtenidos por la ONG norteamericana Archivo Nacional de Seguridad, ofrecen
evidencias de que ya en 1977, cuando Montesinos fue detenido, los Estados
Unidos lo consideraban un valioso contacto y que la relación databa de cuatro o
cinco años atrás. Sabemos también que los vínculos de los Estados Unidos con
Montesinos continuaron por lo menos hasta que el régimen de Fujimori colapsó.
De acuerdo con el embajador de los Estados Unidos en el Perú, John Hamilton, la
Central de Inteligencia Americana mantuvo una "relación de enlace
oficial" con Montesinos hasta el pasado setiembre, señalando también que
estaban trabajando "no para ellos, sino con ellos". No fue sino hasta
el sorpresivo anuncio de Fujimori llamando a nuevas elecciones que todas las
comunicaciones con Montesinos cesaron.
En otras palabras, los Estados Unidos continuaron
trabajando con Montesinos mucho después de que se conocieron serias y creíbles
acusaciones sobre sus vínculos con violaciones de los derechos humanos y con el
tráfico de drogas; también meses después de que su rol en la manipulación
electoral del fraude del 2000 fuera pública e, incluso, después de que fuera
revelado el posible vínculo de Montesinos con el tráfico de armas a las FARC de
Colombia a cambio de drogas. Si bien ha habido poco debate público en
Washington sobre esta debacle de la política norteamericana, miembros claves
del Congreso y grupos que influyen en la política norteamericana van a
continuar promoviendo que la administración de Bush investigue y ofrezca
información que reconstruya los aspectos siniestros de la política de los
Estados Unidos hacia el Perú en los noventa.
Coletta Youngers es directora del
Progama Andino, WOLA.