La irrupción espectacular de la corrupción (y de la anticorrupción) en la escena pública

Ernesto de la Jara B.

De pronto el tema de la corrupción irrumpió en nuestra escena pública con la virulencia de toda novedad y hasta moda. El número de veces que las palabras corrupción o anticorrupción aparecen en los medios de comunicación, en discursos públicos y privados, en documentos de todo tipo, en pancartas y promesas electorales, debe haber generado un pico estadístico más alto que el Everest.

Esta reciente y espectacular aparición no se debe obviamente a que antes no había corrupción, que de hecho la ha habido, y mucha. Pero lo que ocurre es que nunca antes hemos podido ver con nuestros propios ojos a un régimen político tejiendo una telaraña de corrupción más grande, voraz y eficaz que la de la araña-reina en la película Aracnofobia.

Todo perfectamente registrado. Montesinos podrá ser el corrupto más grande de nuestra historia, pero le debemos haber hecho la mejor radiografía de la corrupción en el país y el habernos ayudado con la prueba imposible de negar.

Su vocación de figuretti, su omnipotencia y su afición por filmar lo clandestino en el momento mismo en que el ser humano decide vender su alma al diablo, le costaron caro; y no sólo por los cientos de millones que está perdiendo, y que ojalá el país pueda recuperar, sino también porque nos ha permitido sacar a la luz lo que sucedía en el sótano y encontrar el hilo de la madeja, que ojalá sigamos jalando caiga quien caiga.

ideele, revista siempre atenta a los temas de fondo, no podía estar al margen de esta ola anticorrupción y entra también a la cancha a aportar información, análisis y propuestas. Por eso este especial.

Las tres entrevistas que presentamos (con José Ugaz, Santiago Pedraglio y Anel Townsend) responden a las tres vías por las que se está destapando y persiguiendo la corrupción: la vía jurisdiccional (administración de justicia), la del poder Ejecutivo o Gobierno (INA) y la del Congreso. ¿Cuál es el terreno y la especificidad de cada vía? ¿Cómo no repetir, cómo no cruzarse y, menos, pelearse; cómo compenetrarse y potenciarse entre sí? ¿Qué se ha avanzado en cada ámbito, qué se puede esperar y cuáles son los obstáculos?

Somos de los que creemos que en todo debemos inventar y recorrer nuestro propio camino, con creatividad y audacia, pero no está mal hurgar siempre en otras experiencias para no partir de cero y aprovechar el "guerra avisada no mata gente". Por eso hemos recurrido a Perfecto Andrés Ibáñez, de España, y Livio Pepino, de Italia, dos académicos y magistrados de muchísimo prestigio tanto en sus países como internacionalmente, que, aparte de recordarnos cómo han sido los casos que ellos conocen, pueden ser ejemplos o paradigmas para los magistrados y funcionarios peruanos.

El artículo de la casa intenta analizar qué se puede extraer del esquema de trabajo en derechos humanos (un esquema actualmente con cierta legitimidad y que ha demostrado eficacia) para el trabajo anticorrupción.

José Ugaz:

"Una corrupción altamente organizada y profesional"

Desde la Procuraduría, ¿cómo sintetizarías lo que ha sucedido en el país en términos de corrupción?

Yo creo que estamos en el tránsito de una situación de corrupción extendida –que ha existido siempre en el Perú– hacia un esquema de corrupción altamente organizada. Y la diferencia es cualitativa, aunque en este caso tiene también connotaciones cuantitativas. Con Montesinos la corrupción se profesionaliza.

¿Y quién era el "capo": Fujimori, Montesinos, o ambos?

El líder visible ante el resto de los integrantes y eventuales aliados era Vladimiro Montesinos. Pero Montesinos compartía algunos de los beneficios y algunas de las actividades ilícitas con Fujimori, como parece haber sido el tema del Grupo Colina. Quizá no se haya tratado precisamente de coordinación, pero en todo caso sí le rendía cuentas o lo mantenía informado de qué estaba ocurriendo con el Grupo Colina. Pero la organización, como aparato, definitivamente estaba comandada por Montesinos. Él era el que mantenía el contacto permanente con la gente y el que transmitía las decisiones.

¿Y los otros eran conscientes de que estaban participando de esta organización, de que el objetivo era delinquir? ¿O la cúpula de la organización los utilizaba como piezas?

Depende de los niveles. Una característica típica de Montesinos es que actuaba compartimentalizadamente: había una especie de compartimientos estancos, salvo en el núcleo superior, donde él tenía algunos ejecutores o una especie de lugartenientes. Hacia abajo lo que había era básicamente elementos de conexión con los distintos estamentos en los que actuaba. Y todos, de una manera u otra, compartían el sentido de pertenencia a través del "Doc".

Públicamente has mencionado a Joy Way como un personaje importantísimo en esta organización. ¿Cuál ha sido su función?

Joy Way era un elemento íntimamente vinculado a Montesinos, lo que queda corroborado con las sumas de dinero que se le han encontrado y con el descubrimiento de que que había cometido delitos tributarios contra el Estado. No debemos olvidar que ha sido ministro y presidente del Congreso. Pero más allá de eso, lo que se tiene documentado es que Joy Way era el nexo de Montesinos, el que le llevaba personas que al "Doc" le interesaba contactar. Además, era el coordinador de Montesinos en el Legislativo y en algunos sectores del Ejecutivo.

¿Estos millones de dólares vienen fundamentalmente de fuera, o también hay plata de adentro, de las empresas públicas?

Hay dos patrones de movimiento de dinero. Uno de adentro hacia fuera, es decir, dinero que salía del Perú y que terminaba o en lavado de activos o en depósitos en paraísos financieros. Se trata de adquisiciones de certificados al portador que eran entregados en custodia y que luego se depositaban en bancos del extranjero, en cuentas abiertas a nombre de bancos nacionales, y ahí se cobraba el dinero y se dirigía o hacia un paraíso o hacia la adquisición de bienes.

Y el otro patrón tiene que ver más bien con dineros vinculados fundamentalmente a adquisiciones y que se originaban por depósitos realizados en el extranjero; es decir, salía dinero del Estado peruano para las adquisiciones, el proveedor recibía el pago, transmitía ese pago a su representante y éste distribuía las comisiones ilegales en depósitos que se hacían en cuentas en el extranjero. El caso más claro es el de Suiza y los pagos que vinieron por la adquisición de los aviones del año 96.

Según tus cálculos, ¿qué parte de este dinero se va a poder recuperar?

Si sumamos los bienes incautados y lo que está congelado, más lo que se ha detectado, yo diría que estamos cerca de los 200 millones de dólares, una cifra nada despreciable. Seguramente hay mucho más dinero afuera. Hay que tener en cuenta que han transcurrido sólo seis meses de investigaciones, y estos esquemas de seguimiento de dinero normalmente son complejos y toman mucho tiempo.

Dada la notoriedad mundial del caso Montesinos, los bancos en el extranjero también empiezan a buscar si hay relación con Montesinos o con gente vinculada a él, porque están obligados en la mayoría de los casos a hacer los denominados reportes de actividades sospechosas que son, además, algunas de las fuentes por las que nosotros hemos tomado conocimiento de la existencia de dinero en plazas del extranjero.

¿Qué cosa es lo que te ha permitido avanzar hasta donde has avanzado: el marco legal, la voluntad política?

Yo diría que hay una conjunción de varios elementos. En primer lugar, la voluntad política. Sin una voluntad política como la que ha exhibido este gobierno de transición para darle un margen absoluto de autonomía a las investigaciones y dotarnos de los recursos para eso, esto no hubiera podido llegar muy lejos.

En segundo lugar, creo que un gran aporte ha sido el diseño legal finalmente aprobado por el Congreso de la República a propuesta nuestra, en virtud del cual se creó un sistema especial anticorrupción y se promulgó la ley de beneficios y la ley de medidas cautelares, pilares del esquema de trabajo en las investigaciones.

En tercer lugar, otro elemento muy importante ha sido la sensibilidad de la ciudadanía respecto al tema. La opinión pública ha puesto un ojo fiscalizador adicional a los que una investigación normal debería tener. Eso acelera, profundiza e intensifica la voluntad política e imprime una dinámica adicional en los actores jurídicos, en los operadores del sistema.

Los obstáculos, los vientos en contra. ¿Cuáles son los principales?

Bueno, al respecto también existe una conjunción de varias circunstancias. Primero, creo que hay un problema cultural serio: no se ha terminado de asumir que ésta no es una investigación de una estafa cualquiera, ni de un robo, ni de un asalto a un banco. Estamos lidiando con un fenómeno sin precedentes históricos y que, por lo tanto, requiere de una dosis de imaginación, de esfuerzo, de flexibilidad para su enfrentamiento que a veces la burocracia no entiende.

Segundo, persisten algunas voces –ciertamente aisladas, diría yo– que tienen algún predicamento en la prensa y en otros medios de comunicación y que han intentando desde el principio deslegitimar la investigación, y cada cierto tiempo sacan afirmaciones falsas, acusando a uno u otro de estar vinculado por alguna razón, o de no tener la capacidad moral para enfrentar un trabajo de esta naturaleza.

Además, un Estado como éste, carente de recursos, impone una serie de limitaciones. Deberíamos, por ejemplo, tener representación legal en muchos más países, y no la podemos tener porque no hay los fondos para eso. O deberíamos poder contratar a una empresa de seguimiento de dinero, una de estas multinacionales expertas en estos trabajos, pero sus honorarios simplemente están fuera del alcance del Estado peruano.

¿Cómo ves tú que haya tantas instancias dedicadas al tema de la lucha contra la corrupción? Están el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría, el Congreso, la Comisión Anticorrupción creada por el Ministerio de Justicia...

Yo creo que en términos generales esto es positivo. Lamentablemente, así como no hemos estado preparados para enfrentar el fenómeno desde esquemas tradicionales, creo que tampoco ha habido claridad respecto de que esto no es una competencia por tener mayor rating o mayor aceptación en la opinión pública, sino que se trata de conjugar esfuerzos para obtener un mejor resultado.

Desde aquí hemos hecho múltiples esfuerzos para reunir a los distintos actores: jueces, fiscales, Comisión Waisman y la propia Fiscalía. Lo hemos logrado en varias oportunidades, y cuando eso ha ocurrido los resultados han sido muy buenos.

Con respecto a la ley de colaboración, ¿tu impresión es que la mayoría ve inmediatamente de qué manera puede beneficiarse y está dispuesta a colaborar? ¿Se ha cumplido la regla de que la legislación premial es el talón de Aquiles del delito?

Esa ley ha sido un acierto. En este momento tenemos 20 negociaciones, varias de ellas con personas muy pero muy cercanas a Montesinos. O sea, gente que ha estado en el día a día, en la parte operativa, en los negocios más significativos. Hemos visto a un Venero viniendo de los Estados Unidos y hablando sin parar, involucrando a cantidad de personas, identificando dineros...

Cuando se han percatado de que había un equipo de jueces, fiscales y otros funcionarios y autoridades dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias y que, por otro lado, Montesinos y Fujimori simplemente abandonaron el país, entonces se han visto obligados a correr a los brazos de la ley y pedir ser acogidos.

¿Y algún sector o persona que fue tentado, que pudo beneficiarse y que simplemente salió limpio del asunto?

Bueno, estos héroes existen en varios estamentos. En el nivel judicial hay algunos ejemplos significativos. Precisamente el fiscal Cubas, que hoy día es materia de este infeliz suceso ya conocido públicamente generado en la Fiscalía, es un fiscal que ha enfrentado con entereza esa estructura mafiosa, como lo hizo también la fiscal Magallanes. El presidente de la Corte Superior y el grupo de jueces por la democracia, asimismo, son un ejemplo de cómo desde uno de los estamentos más comprometidos con el montesinismo y el fujimorismo se hizo resistencia, a pesar de que estaban en una organización vertical. Hay también algunos militares que fueron sancionados, destituidos, removidos porque no se avinieron a obedecer las órdenes de Montesinos. Y así ha ocurrido en otros estamentos.

Toquemos madera, pero siempre que se combate la corrupción estas organizaciones usan la plata para lanzar amenazas, perpetrar atentados, asustar. ¿Les ha ocurrido?

No, hasta la fecha no ha habido ninguna amenaza que nosotros consideremos particularmente grave o que motivara algún tipo de alarma especial. Salvo una cantidad de llamadas a la línea gratuita que pusimos para recibir información sobre la organización y los delitos de Montesinos, que eran básicamente llamadas insultantes, pasadas y ese tipo de cosas, no ha habido mayores incidentes.

Perfil del sentado en el banquillo de los acusados

A partir de este contacto con gente que ha formado parte del poder económico y político y que ha caído en desgracia, ¿cuál es tu impresión acerca de qué los llevó a pasar ese límite tan peligroso? ¿Están arrepentidos, asustados, deprimidos?

Yo creo que se trata de una combinación de codicia con ambición de poder. Ésa es la fórmula básica que ha llevado a toda esta gente a terminar involucrándose en este esquema. Por supuesto, todo esto alentado por un soporte psicológico del delincuente que apuesta a que nunca va a ser descubierto, que la impunidad es la regla, que el crimen sí paga.

Pero, en el fondo, esta estructura montada por Montesinos adolecía de una fragilidad impresionante. Aquí no ha habido una omertà mafiosa al estilo italiano, la famosa ley del silencio. Aquí la gente empezó a hablar rápidamente y a delatarse unos a otros y a sentirse traicionados unos por otros. De hecho, el jefe hizo abandono del resto de su gente, y eso ha creado mucho malestar entre ellos.

Yo creo que lo que hay en algunos sectores –sobre todo los menos comprometidos y que fueron involucrados a través de un sistema de pagos– es una sensación de pesadumbre, de arrepentimiento. Algunos, la gran mayoría, trata de justificar esto diciendo que no había otra alternativa. Justificación que, en nuestra opinión, no tiene ningún valor.

Y hay, finalmente, los del núcleo duro, que se manejan entre el cinismo y la absoluta indiferencia. Ésos son los más peligrosos: los que niegan que sea su voz, los que sostienen que los vídeos han sido trucados y no son ellos los que aparecen ahí, y hasta los que han dicho con toda desfachatez que no van a hablar y que no van a decir nada hasta que no venga el nuevo gobierno, porque es con él con quien van a negociar.

Santiago Pedraglio:

"Ante el desborde de la corrupción, un mecanismo excepcional"

¿Cuáles han sido las razones del Ejecutivo para crear una Comisión Anticorrupción, la Iniciativa nacional Anticorrupción (INA), si ya existen otras instancias encargadas de la fiscalización como el Congreso, el Poder Judicial o la Contraloría?

Creo que las razones son dos. Primero, se ha vivido una corrupción excepcional, y este "desborde de corrupción" induce a tomar algunas decisiones excepcionales. Segundo, este organismo no le quita una sola atribución a los que tú has mencionado. Se trata de que un grupo de ciudadanos independientes pueda, en tres o cuatro meses, elaborar un diagnóstico y sugerir propuestas de políticas públicas anticorrupción.

Es decir, un diagnóstico para políticas públicas.

Sí. Es un diagnóstico de la dimensión de la corrupción, porque el Poder Judicial va a hacer su propio diagnóstico, el Congreso el suyo y la Contraloría también; pero de lo que se trata justamente es de hacer un diagnóstico que sea lo más integral posible, y para eso requieres crear una instancia especial, ad hoc.

¿Y cuál es –dicho muy brevemente– el plan y qué se ha avanzado?

Tenemos ya productos parciales en un diagnóstico general de la corrupción. Se puede hablar de hasta tres tipos de corrupción: una corrupción más individual, que existe en casi todas partes del mundo, una institucional y una sistémica.

En el Perú, es desde el Estado que se induce y se organiza la gran corrupción; se trata de una estructura sistémica en que el Estado es el eje de la corrupción.

Y también hemos avanzado y estamos avanzando en lo que son diagnósticos, por ejemplo en relación con contrataciones y adquisiciones del Estado, formas de corrupción en los municipios... Asimismo, vamos a comenzar a trabajar el asunto del narcotráfico: cómo ha impactado el narcotráfico en la corrupción desatada en en el país en los últimos años, así como el papel que ha tenido la Policía.

Estamos trabajando sobre la base de un esquema que tiene cuatro grandes áreas: institucionalización, ética pública, transparencia y rendición de cuentas y vigilancia ciudadana.

Pero esta Comisión funcionará sólo hasta el cambio de gobierno. ¿No hubiese sido una buena idea formar una Comisión de plazo indefinido como, por ejemplo, se piensa hacer en el caso de la Comisión de la Verdad, para que se pueda marcar el rumbo con el siguiente gobierno?

Sí. El encargo de la Comisión es hasta el 20 de julio. Es una creación del gobierno de transición y por lo tanto termina con el fin de éste. Si la comparamos con la Comisión de la Verdad, debemos concluir que son dos cosas diferentes, porque la Comisión de la Verdad va a hacer un balance de 20 ó 21 años y va a moverse en el campo de la búsqueda de la verdad, y seguramente después, o paralelamente, de la reconciliación. Mientras que en el tema de la corrupción, creo que el nuevo gobierno va a tener que tomar medidas de corto plazo.

Por supuesto, el asunto de la corrupción es un asunto de mediano y largo plazo, pero el nuevo gobierno debe tomar medidas inmediatas; por ejemplo, si decide o no otorgar a alguna de las instancias que ya existen –la Fiscalía, la Contraloría– el liderazgo de un proceso de lucha contra la corrupción.

Hay ahora en todo el mundo un discurso de persecución de la corrupción. ¿Cómo vinculamos ese discurso mundial con la situación del Perú? ¿Es normal el grado de corrupción que hay en el Perú?

Efectivamente, hay un movimiento mundial de lucha contra la corrupción, pero los éxitos logrados hasta ahora son escasos. Todo aquel que hable de éxito en la lucha anticorrupción tiene que conseguir logros de mediano y largo plazo. Por eso es necesario que cambie la norma, el reflejo, el hábito de la gente y de las instituciones.

Segundo, es evidente que una de las fuentes de corrupción es todo el dinero negro, el lavado de dinero. Y como éste es un problema internacional, la única forma de combatirlo es con medidas y acciones de carácter internacional.

Tercero, en el caso peruano los niveles de corrupción son excepcionales, porque, como dije al comienzo, acá no estamos hablando solamente de una corrupción institucional, sino de una corrupción enquistada en el propio Estado y que actúa desde él.

Y, cuarto, yo no creo que haya posibilidades de éxito si no se reúnen hasta tres características. La primera, voluntad política de quien asuma el gobierno el 28 de julio. La segunda, una activísima participación ciudadana. Y cuando digo activa participación ciudadana me refiero a que tiene que haber intereses ciudadanos de lucha contra la corrupción, organizaciones de la sociedad civil que se compren el pleito (ONG, colegios profesionales, gremios empresariales, por citar sólo algunos sectores). La lucha anticorrupción es un movimiento nacional. Finalmente, el tercer aspecto es que tiene que haber un Estado de derecho que funcione aunque sea mínimamente, que haya organizaciones del Estado que cumplan su papel, y si no lo hacen, capacidad para exigirles y presionar para que lo hagan.

Pero en nuestro caso, una vez creadas las condiciones desde ese Estado corrupto, todos los sectores del país cayeron: empresarios, militares, policías, Poder Judicial, periodistas, medios de comunicación. Por eso, ¿no tendría que haber una especie de paso previo de reconocimiento de lo ocurrido, una especie de autocrítica?

Me parece que lo mejor sería que hubiese un paso previo y que se produjese esta especie de sinceramiento, pero no sé si eso va a ocurrir, porque basta haber escuchado a todos los que están comprometidos para ver cuán poco sinceros han sido. No es precisamente autocríticas lo que hemos escuchado a lo largo de estos meses.

Por eso es indispensable construir un movimiento político, social y cultural muy complejo, que tiene que ver además con la propia viabilidad del Estado peruano y de la sociedad. Se requiere una sociedad que organice intereses. Y no se trata sólo de un asunto de moral abstracta, sino de comprensión viva de reglas.

Otra cosa interesante de esta Comisión es que incorpora a diferentes sectores: empresarios, artistas... ¿Cómo es posible ese funcionamiento con sectores tan diferentes en términos de historia y de trayectoria?

Es complicado, porque, como tú bien dices, cada uno tiene experiencias muy diferentes; muchos, además, se han conocido allí. Pero a pesar de todas esas complicaciones y dificultades, yo he encontrado una gran voluntad de trabajo y una dedicación a este esfuerzo mayor de la que había pensado.

Se han dividido en cuatro subcomisiones que se reúnen una vez a la semana, todas las semanas, para analizar estos cuatro puntos: vigilancia ciudadana, institucionalidad, rendición de cuentas y transparencia y ética pública. Cada subcomisión se reúne con gente de la Contraloría, de la SUNAT, etcétera, etcétera. Y la Secretaría Técnica, nosotros, los alimentamos de documentos, de los trabajos de consultoría que se están haciendo.

Si bien no es una representación orgánica, en el sentido de que tú no eliges al representante de los empresarios porque previamente ha sido elegido en el sector, también es un poco la idea de que cada uno jale a su sector en esa lucha. ¿Puede eso funcionar?

Poco a poco, creo yo. Por ejemplo, el decano del Colegio de Ingenieros, ingeniero Blanco, está muy comprometido. Y es el caso de varios más. La actriz Mónica Sánchez está muy activa en todo el sector de la sociedad civil. Por eso, creo que es muy posible ir sugiriendo, convocando. Y, además, hay interés de mucha gente por participar.

Claro que en unos sectores ocurre con mayor facilidad que en otros. Y entre los empresarios también, porque a mediano plazo no es posible hablar de una lucha seria contra la corrupción si, por ejemplo, no hay una gran coalición con los empresarios, porque ellos son los grandes vendedores y compradores del Estado, que es el principal comprador de este país.

¿Pero no será que estamos escogiendo el empresario, el militar, el policía más afines a estos temas pero totalmente desligados de sus instituciones? ¿No hay ese peligro?

Sí, siempre hay ese peligro. Pero tienes que poner a gente que pueda comprarse este pleito e identificarse. Lo importante es que éste es un asunto integral que finalmente va a tener dos grandes elementos: la voluntad política del gobierno que se instale el 28 de julio próximo y que se constituyan intereses de la sociedad.

He escuchado decir ‘¿por qué poner en el tema anticorrupción a la Iglesia?’. Es como cuando en el tema de la pacificación ponemos a los militares.

Es que si hacemos un repaso, después de esta enorme crisis institucional, la Iglesia es una de las que ha quedado en mejor pie. Además, me parece que esta es una comisión transitoria.

Sobre Mónica Sánchez, una amiga feminista me dijo la vez pasada: ‘es como si a la Comisión de la Verdad llamaran a Cristian Meier’. Bueno, yo le dije que Cristian Meier no había estado lavando la bandera...

Para comenzar, Mónica Sánchez es una muy buena actriz; y, segundo, es una persona que se compró el pleito en momentos duros, difíciles. De lo que se trata justamente es de dar señales de que en esta lucha podemos estar todos.

También hay el interés de convocar a gente que uno considera que es valiosa, pero que no está ni estuvo participando. Es el caso, gratamente sorprendente para mí, del psicoanalista Álvaro Rey de Castro...

Álvaro es una persona que efectivamente no ha estado participando, pero me parece un excelente profesional y tenía y tiene la mejor voluntad de participar y de aportar. Creo que no se trata tampoco de convocar siempre a los mismos.

Pensando en el futuro inmediato, ¿de qué depende que continúe la lucha contra la corrupción?

Insisto en que hay dos cosas cuya construcción resulta indispensable: voluntad política de quienes gobiernan y voluntad ciudadana. Y en el caso de la voluntad ciudadana, fomentar que las instituciones que existan u otras por crear desarrollen intereses de lucha anticorrupción.

En los últimos 20 años ha habido dos grandes experiencias: una es la lucha por los derechos humanos y otra el esfuerzo de Transparencia. Y creo que ambos son ejemplos de cómo puede construirse el movimiento ciudadano en el país, con la participación de diferentes sectores.

Los obstáculos

La otra vez una persona vinculada al INA me decía: ‘nosotros vamos a hacer una cosa muy diferente de lo que hacen ustedes (los defensores de derechos humanos), porque nosotros no queremos pisar callos, no queremos confrontación de ningún tipo’. Le dije que si iba a trabajar el tema de la corrupción debe partir del supuesto de que hay una especie de confrontación generalizada, y entonces en algún momento iba a tener que pisar callos...

Sí, de hecho; eso es inevitable. Yo creo que va a ser en la parte de lineamientos y propuestas. Porque si se van a sugerir o proponer modificaciones en diferentes áreas, probablemente a alguno le moleste.

Quienes están liderando ahora la lucha anticorrupción son la Procuraduría, un sector de la Fiscalía y también de los jueces anticorrupción. Pero después del 28 de julio esa lucha tiene que tomar un nuevo camino, adoptar una perspectiva de mediano plazo. Es decir, ya no solamente pensar en el esfuerzo inmediato de luchar contra la mafia de Montesinos, sino en cómo darle un oxígeno y un aire de mediano plazo. No se trata sólo de derrotar definitivamente a esta mafia, sino de impedir que esto se reconstituya en el futuro y de reducir los niveles de corrupción en el país.

¿Cómo es el asunto del acceso a la información?

Con toda franqueza, el acceso a la información está fluyendo. Esta convocatoria no es igual a la de un juez o un fiscal: es una convocatoria para escuchar sus opiniones, porque no se puede hacer nada de esto sin escuchar opiniones.

Anel Townsend:

"Por una oficina anticorrupción elegida por el Congreso"

¿Cuál es el espacio de trabajo del Congreso en el tema de la persecución de la corrupción? ¿Qué define la especificidad del trabajo del Congreso en este tema?

Lo primero es recuperar al Congreso para el combate a la corrupción, abandonado por la mayoría de Fujimori-Montesinos. El primer gran paso ha sido la creación de esta comisión investigadora que debe terminar sus funciones el 12 de junio, pero que en realidad no va a concluir, porque la investigación abarca desde narcotráfico hasta la corrupción de funcionarios, pasando por sobrevaluación y tráfico de armas y el desvío de presupuestos secretos hacia fines delictivos.

A diferencia del Ministerio Público y la Procuraduría, nosotros podemos hacer denuncias penales, acusaciones constitucionales, trasladar los casos al Ministerio Público y al Poder Judicial.

¿La Comisión de ustedes en el Congreso va a concluir en un gran informe, tipo el que tendrá que hacer la Comisión de la Verdad, pero en el ámbito de la corrupción, en el que se establecerá la verdad de lo que pasó y las responsabilidades?

La Comisión Waisman ya ha preparado dos informes. Uno preliminar, de diciembre, que concluyó en denuncias y acusaciones constitucionales y en el establecimiento de responsabilidades políticas y constitucionales de los primeros ministros que permitían la usurpación del poder por Montesinos. El segundo informe es de febrero y en él avanzamos bastante respecto del tema de las armas. Finalmente, el informe que presentemos en junio tiene que incluir todas las áreas que hemos cubierto, aunque no hayamos completado la investigación. Así, por ejemplo, en el caso del narcotráfico voy a plantear ante la Comisión que recomendemos la creación de una comisión permanente sobre narcotráfico infiltrado en el Estado y sobre leyes preventivas.

¿Te refieres a una Comisión Anticorrupción permanente?

A una oficina, sí

Pero eso supone que no continúe la creada por el Ministerio de Justicia...

Lo que ocurre es que este proyecto de ley está en la orden del día de la Comisión de Justicia, así como muchos otros proyectos anticorrupción presentados antes de la creación de la Comisión por el Ministerio de Justicia. Mi propuesta es que se apruebe una ley que instale una oficina nacional anticorrupción, cuyo responsable sea elegido por dos tercios de los congresistas, como en el caso, por ejemplo, del Defensor del Pueblo, que rinda cuentas al Congreso y que tenga, a la vez, una dirección de investigaciones que pueda recibir denuncias sobre todas las instancias del Estado, incluidas las empresas que tienen participación mixta, y otra dirección de prevención que promueva que el Estado contribuya a que las conductas de los funcionarios públicos se ajusten a la ley y no caigan en la corrupción.

¿Cómo así este Congreso, que supuestamente fue producto de un fraude, puede tomarle cuentas por corrupción al régimen?

Es que después de la publicación del vídeo Kouri-Montesinos el Congreso se vio obligado a entrar en el corset del Estado de derecho, que es el corset constitucional. Se han visto obligados, por presión de la opinión pública, a aprobar una serie de derogatorias que nunca hubieran aprobado, o sea la desactivación del SIN, la recuperación de las facultades del Consejo de la Magistratura, la instalación de esta comisión investigadora. Sin embargo, todavía es un terreno minado. A pesar de todos los bemoles políticos, se ha avanzado enormemente en una serie de casos: Villanueva Ruesta y el medio millón de dólares fue producto de nuestra investigación; los millones de Malca; la situación de los testaferros como Venero; las circunstancias referidas a los aviones, entre otros casos.

¿Y la acusación que hay del otro lado según la cual ustedes están manipulando los vídeos? ¿Cuál es el criterio para ver un vídeo o no verlo?

Nunca se ha llegado a aclarar el orden que puso el Poder Judicial, que es el que tiene los vídeos, porque las maletas guardan un orden correlativo, pero los vídeos no. Las fechas están mezcladas y así llegan al Congreso. Entonces, lo que sí hemos cuidado nosotros es que la Comisión mantenga su posición favorable a la publicidad, con excepción de aquellos que tengan que ver con la vida privada de quienes aparecen en ellos.

¿Se nota todavía un vínculo de los que quedan del anterior oficialismo con Montesinos, con Fujimori?

Con Fujimori, absolutamente. Ahora ellos se quieren escudar diciendo "no soy fujimontesinista, soy fujimorista". No se puede ser una cosa y no la otra, porque Montesinos gobernaba con Fujimori. Por ejemplo, se está investigando el hecho de que Fujimori ofrecía la reducción de presupuestos ministeriales para de ahí sacar dinero para la bolsa de compra de las líneas periodísticas de los canales.

¿Y amenazas de Montesinos?

Cuando el SIN estaba en plena actividad –aunque no niego que pueda haber secuelas de esa institución– ya teníamos ese seguimiento, esa interceptación telefónica. A raíz de la instalación de la Comisión, cada miembro ha debido enfrentarlas, pero se ha pedido la seguridad del caso.

¿Cómo perciben ustedes, como congresistas que están persiguiendo la corrupción, el papel de la televisión?

Bueno, la televisión fue la principal arma de la dictadura en el tema de corrupción y derechos humanos. Ellos han corrompido el sistema porque han llevado a su famosa salita a todos, con la honrosa excepción de un canal de cable, porque el otro era de Montesinos, ¿no?

Pero ahora, ¿colaboran los medios con ustedes?

Actualmente los medios están dando una cobertura amplia a la investigación. Pero a la vez están dando una cobertura amplia a los acusados, lo que yo no voy a criticar porque nosotros hemos reclamado un debido proceso hasta para el peor delincuente, para el peor terrorista.

Tú dices que la calle ha sido el respaldo para que sigan en esta lucha contra la corrupción. Entonces, ¿cómo te explicas que la gente de pronto le pase tan fácil a Alan García el tema de la corrupción?

En el gobierno de Alan García también se vivió la impunidad; un caso emblemático en derechos humanos fue el de los penales. Pero no solamente está el hecho en sí, sino también cómo se persiguió a la gente para que después no hablase de lo que había pasado. Si vamos a Cayara, cómo eliminaron testigos y cómo hay un fiscal que es prácticamente un sobreviviente de la búsqueda de impunidad.

Están además los temas del Seguro Social, el de los dólares MUC, el del tren eléctrico, el tema más general del manejo del Estado... Yo creo, como ciudadana, que el Perú no merece que esto ocurra.

Hace poco eras la congresista nueva, ahora eres la más votada. Dos preguntas sobre eso: uno, ¿cómo afecta eso la autoestima cuando uno se mira al espejo en las mañanas?; y, dos: si tuvieras que resumir tu fórmula, ¿qué crees que la gente ha valorado más en ti?

Bueno, yo creo que uno pasa a estimar a quienes lo apoyan. Es un reto, la verdad. Una responsabilidad de esa naturaleza yo la tomo más bien con respeto, es decir, uno siente satisfacción del reconocimiento, pero también sientes satisfacción de que hayamos sido un equipo que ha trabajo junto para luchar contra la corrupción, por los derechos humanos.

¿Y ya sabes cuál va a ser el eje de tu actividad en el próximo período?

Si eres la persona más votada, tienes una enorme responsabilidad en un Congreso en el que no hay mayoría. Entonces, yo he preparado un plan de propuestas parlamentarias que quiero sacar adelante, como la imprescriptibilidad de los delitos, revocatorias, renovación por tercios, oficina anticorrupción, contraloría general, que el contralor sea elegido por dos tercios, política fiscalizadora.

Pero también política de representación ciudadana, que se cree una mesa de diálogo sobre el empleo donde participen la OIT, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo; donde haya un foro parlamentario económico en el que participen los colegios profesionales; donde exista una comisión de seguimiento de los gastos de inteligencia; donde los derechos de la gente puedan ser tocados en audiencias públicas.

Concertar en ese Parlamento va a ser la tarea más dura, pero también la más interesante.

Una pregunta pesada: alguna gente dice por qué tanto cambio de organización política.

Cuando yo decido unirme al grupo de Alejandro Toledo considero que había dos peligros para el país: uno, que la candidatura unitaria fracasó el 99 y eso le hizo mucho daño al país; creo que hasta nos hubiésemos ahorrado el segundo fraude, porque hubiera sido muy fuerte tener una candidatura unitaria.

Segundo: si Alejandro Toledo es el que ha llevado adelante el liderazgo que agrupó a todos en esta lucha, ¿por qué no podemos hacer como los chilenos que juntaron socialistas y democratacristianos?

Creo que la gente, con su voto, me ha transmitido el siguiente mensaje: "te hemos dado la primera votación porque tu trabajo te ha llevado ahí, pero no estás ahí para hacer lo que quieras, sino que nosotros vamos a vigilar que lleves adelante tu propio mensaje: transparencia, fiscalización, derechos humanos, cumplimiento del deber".

Ahora tengo el reto de lograr que gobernemos en concertación con otros grupos. Siempre hay que tener un fiel de la balanza, y nosotros debemos hacer del Congreso un Congreso de esa naturaleza.

Estamos totalmente de acuerdo respecto de las debilidades y los graves problemas de una candidatura como la de Alan García, pero Toledo tiene también debilidades, también es un candidato vulnerable. ¿Cuál sería tu mensaje a la gente que no soporta a Alan García pero que teme a Toledo? ¿De qué manera nos quitarías los miedos, por decirlo de alguna manera?

Yo creo que muchos miedos han sido sembrados por Montesinos y luego por Alan García, porque ya a Toledo lo único que le falta, como dije una vez, es que le digan que nació en Suecia o en Alemania. Pero si hacemos una comparación entre qué candidato ha sido blanco de más guerra sucia, sale ganando Toledo por varios puntos. Sin embargo, él mismo ha dicho algo muy importante: que él no es una alternativa de una persona, que no es una persona que considere que tiene las soluciones en la mano. Toledo está dirigiendo, liderando, un equipo donde hay gente que siempre se ha jugado por el país. Y es gente que ha salido de la sociedad civil, especialistas en sus temas.

Somos personas que no nos vamos a contentar con ganar las elecciones y con que Toledo llegue a la presidencia. Toledo tiene que reorganizar una serie de cosas en el Estado y cargar con un peso que ya más o menos ha cargado el gobierno transitorio: limpiar el país, recuperar confianza.

El ambiente de "visualización" de los vídeos

¿Y cómo es esto que se ha dado en llamar la "visualización" de los vladivídeos quizá al lado de quienes pueden aparecer en ellos por haber participado de estos actos de corrupción? Puede ser el caso de Joy Way, ¿no? ¿En algún momento les da vergüenza, se arrepienten, se sienten mal?

No sé si da pena o risa, pero Martha Chávez ha pedido en un pleno que retiren la palabra "fujimontesinista". Creo que todavía no tienen –no sé si alguna vez la tendrán– la capacidad de la contrición y del arrepentimiento. Por lo menos el señor Joy Way sigue mintiendo, y se indigna cuando uno le pregunta si tiene un vínculo con el narcotráfico.

¿Y crees tú que se trataba de una organización creada con premeditación y que todos participaban conscientemente de este proyecto corrupto?

Bueno, yo lo que creo es que hay niveles; por ejemplo, los que tienen cuentas, los que poseen bienes cuya compra resulta difícil de explicar. Pero hay una responsabilidad constitucional por haber planificado la destrucción del Estado de derecho, por la utilización del Poder Judicial y el Ministerio Público como entes de persecución política.

Todo eso lo planificaban en el SIN y luego iban al pleno y decían que ellos estaban defendiendo una nueva teoría del Estado de derecho. Entonces, obviamente que eran conscientes.

Pero los que hasta ahora no tienen cuentas (o por lo menos aún no se las han descubierto), ¿qué dicen de las de Joy Way, de las de Hermoza Ríos?

Algunos señalan que ellos estaban en otro tema, que no sabían y que les parece muy mal. ¡Pero cómo vas a estar en otro tema, si estás votando siempre!

Poder Judicial y consolidación de la democracia

Perfecto Andrés Ibáñez

No es un axioma, pero tiene todo el valor de una máxima de experiencia muy acreditada: no existen soluciones judiciales para las crisis políticas. Ahora bien: es igualmente cierto que hay muchas situaciones de esta clase de las que un país no puede recuperarse eficazmente –en términos de consolidación institucional y afianzamiento de los valores democráticos– si el Poder Judicial no juega, desde el principio, todo (y sólo) el papel que le corresponde.

En esta formulación, la idea alude exclusivamente al cometido de la jurisdicción pero incluye, in nuce, todo un diseño de Estado, el propio del conocido como constitucional de derecho, hoy acogido en infinidad de textos fundamentales, por más que siempre con limitaciones relevantes en su grado de realización práctica.

El esquema básico a que responde el modelo es muy simple. A estas alturas de la historia, cabe afirmar con pleno fundamento que la democracia política –por lo demás, verdadero punto firme de no retorno– ha demostrado la incapacidad cierta de garantizar, mediante la sola dinámica de sus instituciones (Parlamento y Gobierno), una razonable media de calidad constitucional de sus propias prácticas. El poder político, como el poder económico, en su siempre estrecha unidad/distinción, tienen bien acreditada la inveterada tendencia a escapar de la constricción de las reglas, a sustraerse de la acción de los controles formal-preventivos. Juego éste, no limpio, en el que se han alcanzado elevadas cotas de éxito, en todas partes.

Al mismo tiempo, es también una constante que en los momentos de crecimiento democrático que siguen a la superación de experiencias totalitarias, los actores del cambio se muestran siempre especialmente sensibles a la necesidad de recuperar e inscribir profundamente, en la cultura política que se alumbra, el sentido y el respeto de la legalidad, que, al fin, es el producto más decantado de la soberanía popular. (Aunque tampoco falten voces
–nunca desinteresadas– que postulen una generosa vacatio de aquélla en aras de la reconciliación y el afianzamiento de la concordia social.)

Ahora bien: cuando situaciones de transición de este género se abordan con la clase de racionalidad práctica que impone una seria política de reconstrucción del tejido institucional y de rehabilitación de la cultura cívica, la salida real, por más difícil que sea, sólo es una. Y pasa por crear constitución material, por rearticular a la sociedad, desde ya mismo, en torno de valores sólidos que sólo pueden ser antagónicos de los que inspiraron el estado de cosas frente al que se reacciona. Por eso, cada acto es importante, fundacional, para la tarea de dar sustento a un futuro alternativo, que o se construye desde el inicio o, probablemente, no se construirá nunca.

En momentos de esa índole hay siempre algo de paradójico: no se puede hacer todo lo que sería necesario, y menos de una vez; pero tampoco existen atajos. Dicho en términos machadianos, no sólo es caminar, bien o mal, lo que hace falta, "capear el temporal"; hay que hacer camino, crear con cada paso el espacio necesario para dar el siguiente en la dirección trazada, y así sucesivamente.

En tal esfuerzo, el Poder Judicial tiene un papel importante, incluso central, de necesario cumplimiento para que la política pueda hacer el propio, ahora y en lo sucesivo, dentro de la legalidad. Pero no puede perderse de vista que el Poder Judicial, en esa tarea, no sólo ha de hacer (hacia fuera, en la relación con otros sujetos y otras instancias); también ha de hacerse y, obviamente, no de cualquier manera.

Así, no cabe duda de que los jueces deben dar inmediata respuesta a la corrupción desde el Código Penal. Y que esto constituye una necesidad imperiosa e inaplazable. Pero tal circunstancia no puede servir de coartada para legitimar una política judicial de emergencia, en tanto se den las circunstancias que hagan posible el regreso a una jurisdicción de y para la normalidad.

En un proceso de transición de la dictadura a la democracia como el que está en curso en el Perú, por poner un ejemplo tomado de experiencias semejantes, no sería bastante con que, una vez depurados políticamente los jueces indignos, los nuevos, los "buenos", se subrogasen simplemente en su, es decir, en parecido papel, en idénticos modos de operar; ni siquiera con el argumento de que esta vez son verdaderos culpables los que se sientan en el banquillo.

La experiencia histórica enseña que las magistraturas liberales (supuestamente independientes y meros órganos del derecho) se acomodaron como el guante a la mano, con escasos ajustes de detalle a poderes en curso de involución autoritaria. Pues bien: ésta es una lección que indica que el replanteamiento en la materia debe ser profundo y orientado reflexivamente a poner en pie una administración de justicia que no sea fácilmente reversible. No sólo por las actitudes de sus integrantes, sino por razón de su estatuto y de su cultura. No es de continuidad sino de ruptura de lo que se trata.

La apuesta, es claro, ha de ser estructural y de fondo. Es obvio que, como todas las tareas de dimensiones históricas, la de crear y consolidar una magistratura y una jurisdicción a la medida del dictado constitucional y del que se desprende de los grandes textos internacionales en la materia, sólo puede ser gradual. Pero en el desarrollo de esa gradualidad hay exigencias sine qua non y una jerarquía en los tramos. También, cosas que de ninguna manera deben hacerse. Ni siquiera por motivos de excepción y de urgencia. Por la ya antes invocada machadiana razón de que cada paso prefigura la vía por la que hayan de darse los siguientes y, con ello, la misma calidad de éstos.

Todo estereotipo judicial es hijo de una cultura y de un diseño organizativo. El juez que ha demostrado ser tan útil y dócilmente instrumental a tantas dictaduras, es de perfil formal-positivista en lo cultural y de progenie napoleónica en lo orgánico. Supuesto jurista aséptico y neutral (diríase que de "bata blanca" más que de toga), pero uncido al poder político por una férrea cadena de mando y por su misma predisposición genética al conformismo, hecha de vocación "carrerista" y de insensibilidad a las demandas sociales en clave de derechos. En el marco de estas coordenadas, que son las propias de nuestros estados liberales, incluidas sus más burdas degradaciones autoritarias, la independencia judicial –tan invocada– fue un simple recurso propagandístico e ideológico, nunca un valor efectivamente normativo.

Pues bien: el camino real de una jurisdicción a la altura del Estado constitucional de derecho pasa necesariamente por la deconstrucción de ese (anti)modelo. Por el desmantelamiento práctico de sus constantes culturales y organizativas. Dicho así, la propuesta puede parecer sumamente abstracta, pero no lo es.

Se trata de desarrollar una estrategia orientada a que las garantías judiciales tengan en la organización y en la práctica el papel central que les corresponde como presupuesto de una justicia de calidad. De esa estrategia forman parte, ineludiblemente, medidas legislativas, pero también, y de forma muy significativa, un serio esfuerzo de profesionalidad de parte de la propia magistratura, y otro equivalente de los medios de comunicación orientado a difundir el sentido profundo y profundamente democrático de los valores de la jurisdicción, para que éstos estimulen la necesaria demanda social en la materia y para que la opinión pueda juzgar adecuadamente a sus jueces.

Concretando más la propuesta en sus líneas maestras, y teniendo a la vista lo que se sabe de las situaciones de transición, en lo que atañe a la justicia (con el riesgo que implica opinar desde fuera) creo que se impone, en lo más inmediato:

– Adoptar todas las decisiones relativas a los jueces (remociones, medidas disciplinarias, designaciones) con rigor legal y de forma no arbitraria.

– Evitar peligrosas caídas en un justicialismo de emergencia, supuestamente ejemplarizante, que reproduciría el recusable paradigma negativo de la justicia política, por más que pudiera generar fáciles adhesiones masivas.

Desde ahora, y con una perspectiva de futuro:

– Eliminar toda posibilidad de incidencia del poder político en la magistratura como tal y en cada juez en particular.

– Dotar al Poder Judicial de un órgano de gobierno con equilibrada representación de juristas de prestigio de designación parlamentaria y de jueces designados por sufragio proporcional por y entre los mismos jueces. De este modo la Corte Suprema tendrá sólo funciones estrictamente jurisdiccionales, que es lo propio de un verdadero tribunal.

– Dar a la organización judicial una configuración básicamente horizontal, de manera que ningún poder administrativo interno pueda condicionar las actuaciones judiciales concretas. En el ámbito de la jurisdicción, hay muy poco que gobernar. El estatuto del juez tiene que estar constitucional y legalmente reglado y bien definido; dentro de ese marco, el juego de los poderes discrecionales es, necesariamente, muy limitado, en esencial reducido a la adopción de algunas decisiones singulares, que tendrían que ser siempre motivadas.

– Establecer un marco de garantías orgánicas que asegure la predeterminación legal del juez y haga imposibles las interferencias en la composición de los tribunales, que sólo deberá responder a criterios objetivos y previsibles.

– Dotar a las garantías procesales de un adecuado tratamiento constitucional y legal, de manera que hayan de impregnar eficazmente las prácticas jurisdiccionales, so pena de nulidad.

– Diseñar con rigor el régimen disciplinario de los jueces. Rigor en la previsión de los ilícitos, que han de estar bien tipificados y sólo dirigidos a sancionar los comportamientos profesionales inadecuados. Y rigor en las garantías procedimentales. Se trata de evitar que la disciplina pueda servir –en contra de lo que ha sido usual– como instrumento de control ideológico, en vez de operar de forma exclusiva para reprimir los comportamientos procesales inadecuados que se produzcan en perjuicio del justiciable.

La calidad de la política legislativa en materia de justicia y la corrección en la adopción de las pautas de "administración de la jurisdicción" (Pizzorusso) son fundamentales y previas. Pero hay otro ámbito de exigencia que no puede descuidarse y que atañe directamente a los jueces. Éstos, por tradición, gobernados políticamente desde el Ejecutivo –aunque fuera mediante la longa manu de altas cortes esencialmente instrumentales–, se han proyectado sobre la ciudadanía como un poder separado y ajeno. Entre ellos y el poder político ha funcionado, en general, un oscuro do ut des: tú me sirves acríticamente y yo te brindo protección, esto es, impunidad hacia fuera. Pues bien: es una vieja tendencia
–inscrita en el código genético– de las magistraturas de estirpe napoleónica, muy difícil, por ello, de extirpar, pero que debe ser radicalmente removida. La tarea –contando con las precisas reformas institucionales– es asimismo cuestión de transformación cultural y ésta le corresponde, en primera persona, como autocrítica, a los jueces. La crítica interna, la ruptura de la complicidad corporativa con actuaciones profesionales indignas, es esencial para que la institución adquiera credibilidad y se abra a la crítica externa, tan necesaria. Cuando "los trapos sucios" son públicos, es en público donde deben "lavarse".

La independencia judicial es un valor complejo y difícil, que precisa, desde luego, de un adecuado soporte institucional pero también de un consenso social que sólo se genera y alimenta con prácticas judiciales rigurosas. Y es un valor necesario, pues la tutela eficaz de los derechos fundamentales –que son condición de democracia– sólo puede ser ejercida con eficacia desde la legalidad y por operadores independientes. En efecto, se trata de una garantía que, con la mayor frecuencia, ha de darse frente a poderes formales o fácticos. Por eso mismo, su prestación resulta comprometida, ya que nunca es bien aceptada por las instancias de poder. Así, ha de hacerse creíble a la ciudadanía, algo que sólo se consigue dotándola de presencia en actuaciones judiciales cargadas de profesionalidad y de razón.

Perfecto Andrés Ibáñez es magistrado del Tribunal Supremo de España.

Operación "Manos limpias"
en Italia

Livio Pepino

La palabra tangente se refiere a la "comisión" otorgada para ganar una licitación o aprobar un estudio de impacto ambiental. En 1992, un grupo de magistrados de Milán encabezados por Antonio Di Pietro conformó el grupo "Manos Limpias", que se dedicó a realizar investigaciones sobre la corrupción y mostró que la sociedad italiana se había convertido en una Tangentopoli.

"Manos Limpias" y "Tangentopoli" son términos que han dado la vuelta al mundo para indicar la específica experiencia institucional italiana de los años 90: el intento de la sociedad de librarse de la corrupción, esencialmente por vía judicial.

Este período tiene una fecha concreta de inicio, el 17 de febrero de 1992, cuando el presidente socialista de un organismo de asistencia de Milán, Guido Chiesa, fue arrestado con "las manos en la masa" por un caso de corrupción relativamente modesto de 7 millones de liras. No era en realidad la primera vez que ocurría un hecho de esta naturaleza, pero, por una serie de circunstancias (desde la debilidad del sistema político hasta el incremento de la independencia y profesionalismo del Poder Judicial), este arresto desencadenó la más extensa intervención judicial sobre el sistema político que se recuerde en la historia italiana.

Inicialmente, en Milán y luego en toda Italia se multiplicaron las investigaciones judiciales y los procesos cuyos resultados fueron el arresto de destacados políticos, el proceso abierto a los secretarios de los todos los partidos y la fuga de Italia del ex primer ministro y secretario del Partido Socialista, Benito Craxi, que murió en el exilio antes de responder a las acusaciones en su contra.

Una idea de la extensión cuantitativa de la corrupción puede obtenerse del hecho de que en la casa del director general de Sanidad, el señor Poggiolini, se han encontrado joyas y valores por 100 000 millones de liras y que en el proceso respecto a dos colosos industriales, la empresa Montedison y ENI (Instituto Nacional de Hidrocarburos), se ha comprobado que se proporcionó un soborno (tangente) de 300 000 millones.

Los efectos políticos han sido dramáticos: en la más breve legislatura italiana de los últimos años (de abril de 1992 a marzo de 1994) se ha investigado a alrededor de 1500 personas, incluyendo unos 80 parlamentarios, tres ex primeros ministros, varios ex ministros o ministros en ejercicio (cinco de los cuales se vieron obligados a renunciar), además de numerosos alcaldes y asesores. Finalmente, estos procesos judiciales consiguieron la desaparición del partido más grande del país, la Democracia Cristiana, así como del Partido Socialista.

Todo este proceso tuvo, en los primeros años, el respaldo táctico de la clase política emergente, a la cual la intervención judicial le permitía poner fin a un sistema de gobierno que anteriormente parecía irremovible. Lejos de ser consideradas como acciones solamente judiciales, Manos Limpias y los procesos paralelos fueron vividos y respaldados como una manifestación de lucha política, con la magistratura actuando en respaldo del sector político emergente.

En este contexto quedó consolidado un criterio de utilidad como fundamental para valorar una intervención judicial, y el criterio para valorar el profesionalismo y la seriedad de las investigaciones se basó no en el método seguido, sino en la dirección.

Sin embargo, la novedad de este proceso no era tanto que se revelase la corrupción política (desde hace tiempo objeto de denuncias y análisis), o el importante papel del Poder Judicial. El aspecto que marcó la diferencia fundamental de este proceso fue el nivel de los sujetos contra quienes se dirigieron las investigaciones y, de la misma forma, que la ciudadanía pudo comprender el carácter generalizado de la corrupción, presente en todos los sectores de la administración pública (central y local) y compartido frecuentemente por las fuerzas de la oposición y de los órganos de control. Así, la corrupción había adquirido características sistemáticas y codificadas y se había extendido a la economía pública y privada, tanto como a la política. La corrupción no sólo era fuente de enriquecimientos o financiamientos ilícitos de proporciones inimaginables, sino que también implicaba el condicionamiento y alteración de las reglas económicas y del juego democrático.

Este carácter masivo de la corrupción puso entonces sobre el tapete la pregunta todavía vigente: ¿constituye la corrupción un hecho marginal, aunque extendido, en las democracias occidentales, o se ha convertido en un elemento estructural? En otras palabras, ¿estamos ante una corrupción en el sistema o del sistema?

Que los políticos dejen esta pregunta sin respuesta ha determinado no el fin del proceso de Manos Limpias, pero sí que esté quedando inconcluso. Las investigaciones y procesos han tocado muy pronto a los nuevos líderes (en parte personas recicladas provenientes del antiguo régimen), y esto ha transformado el respaldo político inicial en oposición. Por eso, uno de los mayores patrocinadores de las primeras investigaciones no ha vacilado en criticar los altos costos de pagar a los jueces, y Berlusconi, fundador de Forza Italia, el partido sucesor de la Democracia Cristiana y vencedor de las recientes elecciones, ha lanzado ataques durísimos contra los magistrados.

Por eso surge un proyecto para "enfriar" la acción de los fiscales y, en general, para "normalizar" a los magistrados. El proyecto todavía está en esta condición, pero sus argumentos asumen que se está en un nuevo contexto, según manifiesta el propio Berlusconi. Oficialmente se da a entender que la vieja clase política corrupta ha sido derrotada, que las elecciones han legitimado a un sector dirigente no comprometido con los políticos anteriores y que, por lo tanto, es tiempo de que la magistratura regrese a sus esferas. Estas palabras se difunden a través de la televisión¹, de sus protagonistas y sus métodos. De esta manera, estos medios no sólo expresan su oposición a un proceso concreto contra Berlusconi, sino que inclusive rechazan que sea posible someter a proceso a un estadista del prestigio internacional de Berlusconi, el nuevo líder político emergente.

Sin embargo, los encuentros y desencuentros entre la justicia y el sistema político ocurridos en Italia, aunque particulares debido a su extensión, no son un caso aislado. El control judicial sobre las instancias gubernativas ha crecido en muchos países industrializados, al punto de inducir a Le Monde, a mitad de los años 90, a comenzar un editorial con la sugerente expresión: "Un fantasma gira por Europa: el gobierno de los jueces". Por lo demás, las experiencias de España y Francia son bastante conocidas. En Japón, la mitad de los últimos primeros ministros ha tenido problemas judiciales, y en los Estados Unidos los verdaderos adversarios del ex presidente Clinton no eran tanto los republicanos cuanto los escándalos judiciales. Esto significa que el control de la legalidad sobre los "poderes fuertes" es un fenómeno destinado a permanecer abierto en el tiempo y que no va a terminar simplemente pretendiendo reducirlo a una polémica sobre la sabiduría o el protagonismo de los magistrados. Es por lo tanto útil intentar buscar en la experiencia italiana algunos puntos que puedan tener carácter general para otros países.

Por ello, para comprender lo que ha ocurrido es necesario responder a una pregunta de fondo: ¿por qué es a inicios de los 90 que explota el escándalo de nuestra Tangentopoli? Existen varias razones: el aumento de la corrupción a niveles intolerables para el sistema económico, la mayor eficiencia de algunos aparatos, las caídas del sistema político.

Sin embargo, hay también razones importantes en el Poder Judicial que se encuentran relacionadas con lo anterior. En primer lugar, se produce una ruptura con la identificación (consciente o inconsciente) de buena parte de los magistrados con el sistema político corrupto. Esta identificación había producido omisiones, entrampamientos, sustracción de competencias y muchos artificios legales con la finalidad de no perturbar a quienes conservaban el poder. Este fenómeno, por el cual los magistrados se identifican con los sectores políticos, está presente en muchos otros países y con frecuencia es olvidado.

Ahora bien: en Italia no desapareció de manera causal, sino debido a un conflicto arduo y todavía abierto en el Poder Judicial entre quienes, con una actitud burocrática, han aceptado (por decir lo menos) el statu quo, y quienes han mantenido abierta la perspectiva de la independencia real de los magistrados y de la igualdad de los ciudadanos frente a la ley. Es esta la experiencia histórica que está detrás de las investigaciones de Manos Limpias y no, como burdamente sostenían los investigados, la presunta filiación política de los magistrados "anticorrupción".

Todo esto, sin embargo, no habría sido posible de no existir un sistema que permitiera la real independencia de jueces y fiscales, para el cual, en el caso italiano, es decisiva la existencia de un ordenamiento judicial basado en tres condiciones:

a) El gobierno del Poder Judicial está confiado a un Consejo Superior cuyos integrantes son elegidos por los propios magistrados, con sistema proporcional y sin la posibilidad de intervenciones desde el Ejecutivo.

b) La independencia interna de los jueces en el propio Poder Judicial está garantizada por la ausencia de poderes jerárquicos en él y la ausencia de una carrera burocrática (el incremento económico de los magistrados deriva solamente de la edad).

c) El Ministerio Público se encuentra dentro del Poder Judicial, con las garantías implícitas de autonomía.

Los procesos de Manos Limpias han hecho evidente, en particular, el valor y la potencialidad de la independencia del Ministerio Público y de la obligatoriedad de la acción penal, confirmando cuán útiles son éstas para la democracia.

Estamos ante condiciones indispensables para un control efectivo y difuso respecto a la legalidad del ejercicio del poder. Sin embargo, estas condiciones no bastan si no existe una adecuada preparación profesional de los magistrados. Los procesos sobre corrupción son difíciles y están plagados de obstáculos: exigen investigaciones patrimoniales complejas, nociones de carácter administrativo y financiero, colaboración internacional para seguir flujos de dinero, etcétera. Demandan, también, capacidad para rechazar las posibles tentaciones y el agotamiento, así como un riguroso respeto por las reglas procesales. Por lo tanto, no pueden improvisarse.

Por otro lado, también debe señalarse que al desarrollarse las investigaciones y generar confianza en la población, surge una especie de círculo virtuoso, determinando fenómenos que, a su vez, alimentan y multiplican nuevas investigaciones. El consenso social de ese producto ha favorecido un enfrentamiento entre, por un lado, la cultura de la omertಠfrente a una colaboración inédita con los magistrados encargados de las investigaciones. Por esto se han multiplicado las denuncias, los testimonios, las confesiones, más como consecuencia de la caída de un sistema de poder y valores que de las presiones legales.

Este punto muestra la importancia de la relación entre los magistrados y la opinión pública. Es verdad que las decisiones judiciales no son oficialmente medibles según la complacencia pública que generan, pero también la actividad judicial se encuentra especialmente afectada si su ejercicio no goza del consenso social; en otras palabras, si se carece de la confianza de la colectividad en sus jueces. Por un lado, puede verse como negativo un excesivo protagonismo de los magistrados en las páginas de los periódicos, pero la cultura de la reserva ha sido tradicionalmente expresión de una magistratura encerrada en un aislamiento autorreferencial y corporativo, desconfiada respecto a la sociedad civil. Una magistratura ligada a una concepción abstracta y formalista de la imparcialidad y que entiende a ésta no tanto como que el juez pueda distanciarse de los intereses en juego sino como indiferencia frente a los valores de la propia sociedad.

No es manteniendo este modelo de separación que se puede enfrentar la brecha de incomprensión y desconfianza que con frecuencia separa a los magistrados de la sociedad. Para superar esta situación es necesaria, por el contrario, una relación intensa con ésta, un diálogo franco y directo con la opinión pública, una presencia visible en la escena política y cultural.

Una última consideración: la intervención judicial no puede sustituir la intervención política. Y, sin embargo, este riesgo existe y se ha corrido en Italia, al menos entre quienes han sostenido la existencia de una revolución por la vía judicial. En esta posición se sostiene que, siendo la corrupción y la ilegalidad las causas de la degradación de la política y de la crisis del sistema, es necesario afirmar la legalidad como condición previa para retomar una auténtica vía democrática. La intervención judicial no se realiza contra la política, sino que constituye una forma de hacerla más sana. La lucha por la legalidad y el respaldo a las investigaciones que buscan realizarla son un elemento suficiente para un proyecto político de renovación. La legalidad tiene un valor político directo: es el verdadero poder de los que no tienen poder. En esta argumentación no sólo existe la afirmación (con la que podemos coincidir) de que la legalidad es más importante que la política, sino que promover la legalidad termina sustituyendo a la actividad política, considerándose que la jurisdicción penal es un instrumento efectivo para la edificación de una "sociedad justa".

No es así. El Poder Judicial no está en grado de resolver de manera estable las patologías del sistema. La intervención judicial puede o debe reconocer y enfrentar injusticias e ilegalidades, pero el motor y la garantía de que se "viva con justicia" está en acciones y decisiones externas a los tribunales. La legalidad sin política se reduce, en el mejor de los casos, a conservar lo existente. Más allá de este límite, no existe posibilidad de suplir judicialmente, y este mismo ejercicio cotidiano de la jurisdicción, con sus dificultades y contradicciones, conduce a reafirmar la necesidad de la política.

Livio Pepino es magistrado italiano.

1 Berlusconi tiene prácticamente el monopolio de la televisión privada en Italia (nota del traductor).

2 Es éste el valor por el cual se considera un acto de deslealtad denunciar las acciones ilegales que otra persona ha realizado, así sea un desconocido o un crimen muy grave. La mafia, la camorra y la dranghetta han subsistido mucho tiempo en Italia, basándose en la omertà.

A la anticorrupción, desde los derechos humanos

Hay una serie de reflexiones que se pueden hacer desde la experiencia de derechos humanos en torno al trabajo anticorrupción que se ha iniciado en el país.

Si hay un ámbito de trabajo que ha funcionado más o menos bien en el país, en términos de eficacia y de una cierta legitimidad, es el de derechos humanos. Si hay un sector de la sociedad civil peruana con una cierta identidad y presencia es el movimiento de derechos humanos. Parece mentira poder decirlo, pero, le duela a quien le duela, puesto que ha habido vientos y hasta huracanes en contra, el trabajo de derechos humanos ha podido sobrevivir y cumplir una función en los distintos escenarios por los que nuestro sufrido país ha pasado en los últimos 20 años: violencia política, Fujimori-Montesinos, lucha contra la dictadura y, ahora, transición democrática.

Por eso creemos que a estas alturas estamos ya ante un esquema de trabajo "exportable" en términos temáticos. Derechos humanos tiene una plantilla de trabajo que se puede pasar a otros temas, como por ejemplo el de la anticorrupción, obviamente con las adecuaciones que todo trasvase exige.