Lo que queda de Sendero Luminoso y los desafíos que nos quedan
¿Cuál es la presencia y capacidad de acción de Sendero Luminoso actualmente? ¿Rebrote o lo que siempre quedó de SL? Del lado nuestro: ¿qué se puede y debe hacer y qué no y hasta se debe evitar de todas maneras? Presentamos un completo análisis de las zonas en las que SL sigue actuando y, luego, una reflexion sobre los errores que hay que evitar, de acuerdo con la experiencia vivida.
Actuación y presencia de Sendero Luminoso en el río Ene
Luis Pariona
Los trágicos sucesos del pasado 7 de agosto en una encañada del río Tsomaveni en la agreste selva de Satipo, han tenido la virtud de evidenciar una vez más la presencia senderista en algunas zonas del interior del país, actualizar la preocupación por su accionar y hacernos coincidir en la necesidad de acabar definitivamente con los remanentes de SL.
Lo mismo ocurrió en otras ocasiones en que SL provocó víctimas como en octubre de 1999, cuando emboscó un helicóptero militar, pero luego todo pasaba fácilmente al olvido. Ojalá que esta vez no ocurra lo mismo.
Por lo pronto, cosa no usual durante la década fujimontesinista, aunque con imprecisiones y cierta contradicción inicial, el nuevo gobierno ha tenido el acierto de encarar los hechos e informar sobre los sucesos; enfatizar que no se trata de un rebrote y que más bien su presencia fue silenciada sistemáticamente durante la dictadura; anunciar acciones enérgicas para acabar con estos remanentes y, sobre todo, escuchar las quejas y demandas de la propia población afectada.
Sin embargo, este cambio de actitudes no es suficiente para acabar con SL y resolver los daños que sigue causando, para erradicar los diversos factores que han posibilitado su persistencia. Las buenas intenciones y los anuncios genéricos no suponen necesariamente una adecuada comprensión del fenómeno ni se constituyen de hecho en efectiva voluntad política para acabar con la sedición.
No hay rebrote, pero...
Efectivamente, tal como se ha esforzado en señalar el ministro del Interior, los sucesos del 7 de agosto no son la expresión de un rebrote senderista en la selva central, pero tampoco se trata de un hecho aislado. La selva central ha sido el escenario principal de la acción senderista de los últimos tiempos.
Aquí están los hechos: en agosto de 1997 secuestra a 29 trabajadores de la empresa petrolera francesa ELF que realizaba labores de prospección y exige a cambio de su liberación un extenso pedido de materiales que es atendido con sorprendente celeridad. Allí estuvo refugiado Óscar Ramírez Durand, alias "Feliciano", poco antes de su captura en julio de 1999.
En esta zona, el 2 de octubre del mismo año fue emboscado el helicóptero del Ejército en el que fueron abatidos cinco oficiales del Servicio de Inteligencia y 11 soldados que "negociaban" la rendición de los senderistas al mando de "José" y "Alipio", jefes máximos de SL desde la captura de "Feliciano". Duro revés que desató el más grande operativo de las Fuerzas Armadas en la selva hasta hoy conocido para acabar con SL y se prolongó hasta diciembre de ese año sin éxito alguno, a pesar de todos los elementos movilizados.
Todo el 2000 y en lo que va del presente año, han seguido haciendo proselitismo y abasteciéndose, provocando daños y víctimas entre la población y los ronderos, así como llevando a cabo eventuales ataques contra las Fuerzas Armadas.
Pero, cuántos son y cuál es su capacidad de fuego
Fuentes bastante confiables señalan que los servicios de inteligencia de la Policía y el Ejército tienen valiosa información reciente que la combinación del seguimiento especializado, la interceptación radial, la colaboración de arrepentidos y un poco de suerte les han posibilitado obtener y constatar con acciones como la fallida incursión en el bastión senderista Valle Nuevo en el río Tsomaveni.
Hasta antes de la captura de "Feliciano", SL tenía tres comités regionales: el Comité Regional Huallaga, el Comité Regional Centro (Río Ene y Pangoa) y el Comité Regional Principal (Ayacucho); pero tras la caída de este líder, SL reorganizó sus fuerzas y el CRA se plegó al CRC que pasó a ser el CRP, que dejó su estructura orgánica tradicional que dependía de un mando político y un mando militar como jefes principales para en adelante depender de un mando político y tres comisarios que hacen de primer, segundo y tercer mandos militares.
Desde entonces el CRH y el CRP han tenido dificultades de comunicación y prácticamente actúan cada uno por su cuenta. El CRP opera con dos comités zonales, cada uno de los cuales tiene una fuerza principal de seguridad de 20 hombres y una fuerza logística de producción con un número variable de hombres; dos comités subzonales con 25 a 30 hombres, cada uno de los cuales tiene a su vez dos pelotones.
El CZ1 tiene su base en la zona de Pata Mirador y opera de la margen derecha del río Anapati hasta la sierra de Huancayo y Concepción, Vizcatán, el norte de Huanta y el río Apurímac; este comité está bajo el mando de "José" (Víctor Quispe Palomino). El CZ2 al parecer tiene su base por las inmediaciones del río Shimiriato y opera de la margen izquierda del río Anapati hasta las cercanías de San Martín de Pangoa y mantiene una zona de producción en la margen derecha del río Ene; este comité está bajo el mando de "Alipio" (presumiblemente Leonardo Huamán Zúñiga).
Se estima que el CZ1 tiene alrededor de 125 hombres y el CZ2 150 hombres, pero esto es variable porque SL constantemente está desplazándose, reestructurándose y cambiando responsabilidades y seudónimos. La masa cautiva prisionera en ambos comités bordea las 200 personas principalmente nativas.
¿Podrá el gobierno acabar con los rezagos de SL en la selva central?
La respuesta no es sencilla. No hay que olvidar que estos contingentes senderistas actúan en esta zona desde mediados de los años ochenta y, desde mediados de 1994, cuando cesaron las acciones de pacificación, prácticamente se mueven con absoluta libertad, pudiendo así ganarle en iniciativa al Ejército. En todo este período, el único golpe que SL ha sufrido es la captura de "Feliciano" y un grupo de sus seguidores.
En cambio, en este mismo período el Ejército se ha limitado a instalar destacamentos en algunos lugares de la zona y soportar los ataques de las huestes senderistas. La capacidad de combate e iniciativa desarrollada se fue perdiendo a consecuencia de la politización impuesta por el fujimorismo, la corrupción de algunos jefes militares, los recortes presupuestales y la ausencia de una efectiva voluntad política para erradicar a SL.
Las fuerzas especiales del Ejército tampoco han logrado obtener éxitos frente a SL en la selva de Satipo. La primera vez que intervinieron, en agosto de 1997, para dar con los que secuestraron a los trabajadores de la ELF, tuvieron que cargar con nueve muertos y 18 mutilados, y no lograron dar con ningún senderista. La segunda vez que ingresaron a esta zona fue durante el cerco a "Feliciano", pero sólo estuvieron acuartelados a la espera de intervenir, cosa que recién hicieron cuando éste ya estaba por los alrededores de Huancayo. La tercera vez fue en octubre de 1999 tras la emboscada al helicóptero del SIN, pero dos meses después el cerco se levantó sin resultado alguno.
Pero SL además ha logrado resolver sus problemas de abastecimiento a través de sus propias bases de producción y estableciendo nuevos canales de financiamiento que le ha permitido, al menos en la selva de Satipo, proclamar su "distanciamiento" de la imagen de una tácita alianza con el narcotráfico que antes tenía. Asimismo, desde fines de 1999 ha empezado a priorizar el trabajo político sobre el militar proclamando en sus incursiones que ha aprendido de los "errores" del pasado, instando a la población a seguir trabajando ya que ellos cuidarán de su seguridad y de que no los engañen.
Con todo, a SL no le va del todo bien. Ni la población nativa ni la colona creen ya en su nuevo discurso. Es más: en estos años SL no ha podido incrementar el número de sus seguidores; todo lo contrario, ha sufrido pérdidas y deserciones. Por ello, debemos tener presente que la persistencia de los rezagos del senderismo no es un problema exclusivamente militar o policial. Es sobre todo un problema político y social en el cual lo militar y policial tienen su lugar. Y es un problema que debería empezar con la ejecución de un programa de reparación social a las poblaciones locales que durante todos estos años han venido enfrentando solos a SL. Es cierto que SL ya no constituye peligro real para el Estado y el país en general; empero, ello no puede hacernos ignorar el terrible drama que los pobladores de las zonas donde actúa siguen padeciendo. Finalmente, en la lucha contra los rezagos de SL la sociedad civil no sólo no tiene por qué abdicar de sus derechos y espacios, sino que está obligada a liderarlos.
Luis Pariona es periodista.
Sendero Luminoso es un movimiento focalizado en las zonas de narcotráfico
Víctor Belleza
En estas últimas semanas, el tema del posible rebrote de SL en el valle de los ríos Apurímac y Ene ha capturado la opinión pública. Los hechos ocurridos en esta zona, ubicada entre los departamentos de Ayacucho, Junín y Cusco, parecieran ir en dicha dirección. Sin embargo, tendríamos que analizar con cierto detenimiento si se trata de un rebrote subversivo o sólo de una intensificación de la actividad terrorista.
Las acciones subversivas en el Apurímac
Sendero Luminoso siempre ha estado latente en el valle. Después de la captura de Guzmán, las acciones subversivas se limitaban a los períodos electorales, pero en los últimos tres años la presencia de SL en las zonas denominadas de "frontera" se ha incrementado, intensificándose en lo que va del presente año.
Desde inicios del año SL ha ingresado en 18 comunidades del Valle del Apurímac en los distritos de Lochegua (ocho comunidades), Sivia (seis comunidades) y Pichari (cuatro comunidades nativas). Las acciones senderistas se han caracterizado por ser "pacíficas". Su discurso de "defensa de los derechos del pueblo" lo ha centrado en la "defensa de la hoja de la coca". En sus incursiones, SL hace un llamado a la Defensa Civil a no enfrentarse con ellos, recogen sus municiones, compran alimentos y ropas (en ocasiones pagan con dólares), señalan focalizar su lucha contra los militares y la Policía, mas no así contra la población, y en un par de ocasiones han jugado un partido de fulbito con la comunidad y ajedrez con los niños.
Las acciones de resonancia en el valle son pocas. En la comunidad nativa Shiruntuari, Pichari, el 9 de marzo, día de la incursión, los asháninkas capturan a dos subversivos y los entregan a la Base Militar Pichari. En la comunidad nativa de Catón-Anexo Shiato, SL quema el local de una Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios el 20 de enero. En Tutubaru, Sivia, SL toma la comunidad el día 29 de mayo por un período de tres horas, detiene vehículos, hace pintas alusivas a las elecciones y declara paro armado para los días 2, 3 y 4 de junio. En Sol Naciente, Llochegua, el 6 de junio victima a un miembro de la comunidad implicado en el asalto y robo a un grupo de personas vinculadas al narcotráfico.
De las 18 incursiones, la mayor parte ha ocurrido en Llochegua (ocho), seguida de Sivia (seis) y finalmente Pichari (cuatro). El mayor número de incursiones ocurre en mayo entre los distritos de Sivia (dos) y Llochegua (ocho). Sin embargo, las incursiones que tienen más repercusiones son las producidas en Sivia, en las comunidades de Tutumbaru y Matucana Baja, por tratarse de comunidades con más de 500 habitantes cada una y estar ubicadas en plena carretera de acceso al Valle del Apurímac y al distrito de Sivia respectivamente.
SL es un movimiento focalizado en las zonas de narcotráfico. Su columna en el valle varía de 150 a 200 miembros, de los cuales 30% está conformado por niños y niñas, mayormente de origen asháninka; y otro 50% lo conforman jóvenes militantes, poco ideologizados, entre los 18 y 25 años, muchos de ellos captados o forzados a participar de las acciones subversivas cuando eran aún menores de edad. Sólo 20% de la columna está conformada por militantes senderistas, quienes ejercen el control sobre el resto de la columna. Según referencias locales, SL estaría compuesto por no más de 500 miembros en todo el Valle del Apurímac y Ene, con las características indicadas.
La intensificación de las acciones subversivas no debe tomarse necesariamente como un rebrote. SL no ha evolucionado políticamente, estratégicamente se ha dedicado a realizar trabajo "político", pasando en su discurso de la "defensa de los derechos del pueblo" a la "defensa de la hoja de la coca"; ni militarmente: sus problemas para captar nuevos adherentes queda demostrada por el alto porcentaje de niños y niñas en su columna, posiblemente criados en el seno de SL.
Violencia y narcotráfico: Un escenario complicado
El tema de la violencia en el valle está relacionado, además, con el del narcotráfico. Para la población del valle el principal problema no es la presencia de SL, sino la anunciada erradicación de los cultivos de coca por el gobierno, los cuales constituyen su principal medio de supervivencia. Mientras SL se ofrece voluntariamente a defender la hoja de la coca, el gobierno da voces de querer erradicarla. Este escenario se complica porque en un contexto de prolongada recesión y escasez de empleo se escuchan voces que señalan disposición de defender la coca, de ser posible, hasta con la vida.
Los productores cocaleros, aun cuando puedan "coincidir en intereses" con lo pregonado por SL, buscan diferenciarse de ellos al explorar vías democráticas como la negociación con el gobierno para una autoerradicación gradual. Por otro lado, en sectores jóvenes, que son empleados directa o indirectamente por las actividades vinculadas a la coca, se nota una percepción diferente de los discursos senderistas de "defender la hoja de la coca". Para muchos jóvenes esto puede ser entendido como la defensa de sus oportunidades de lograr algún ingreso o posibilidad en la vida, aun cuando ello sea ilegal.
¿Es posible una salida militar?
En una coyuntura de consolidación de la pacificación y reconstrucción democrática, es difícil pensar en salidas militares al problema de los remanentes subversivos. La vuelta a los estados de emergencia en el valle es planteada por algunos líderes antiguos de la Defensa Civil; sin embargo, los miembros de las bases la rechazan. Las bases de la Defensa Civil aceptan la instalación de bases militares en las denominadas "zonas de frontera", mas no estarían dispuestas a volver a los estados de emergencia porque esto significaría un recorte de sus derechos y de sus libertades.
Además, una salida militar mediante la declaratoria de emergencia en todo el valle podría complicar dos escenarios importantes, como el trabajo de la Comisión de la Verdad y la erradicación de la coca. Los aparentes desacuerdos respecto a la objetividad del trabajo de la Comisión de la Verdad por parte de algunos líderes de la Defensa Civil estarían relacionados con posibles involucramientos en temas de violaciones flagrantes de los derechos humanos. Los rechazos a la erradicación forzada y no gradual generan actitudes que van hasta asumir la resistencia armada, de ser necesario. Un escenario de estado de emergencia en el valle puede crear condiciones para que la erradicación vaya acompañada de violaciones de los derechos humanos, así como de una "eventual ayuda subversiva" en la defensa de la hoja de la coca, situación que podría complicar más aún al valle.
La alternativa política
Si bien la salida militar al problema subversivo es complicada, más complicada puede parecer una salida política. Hemos señalado que para la población del VRAE el principal problema no es SL, sino la erradicación de la coca. Por ello, una salida política al problema de la actividad creciente de la subversión en el valle tiene que incorporar el tema de la erradicación de la coca. La negociación del gobierno con los productores cocaleros del valle para una autoerradicación gradual, acompañada de programas de compensación social e inversión económica y productiva, sería la mejor salida a este tema. Abrir espacios a las soluciones negociadas y democráticas, antes que las violentas e ilegales, resulta necesario para recuperar la confianza de los productores cocaleros y contribuir con la pacificación y el fortalecimiento de la democracia en el valle.
Por otro lado, una salida política debería considerar la situación actual de la subversión. Se debería re-entender a este "nuevo SL" para aplicar medidas que no sean las mismas que se aplicaron en las décadas de los ochenta y noventa. En tal sentido, sugiero una propuesta política con los siguientes componentes: (1) Suspender los programas de erradicación forzada de la coca planeados para el valle; (2) Que la Mesa de Diálogo con los Productores de la Zona de Influencia de la Coca pueda recoger de manera directa la particularidad del Valle del Río Apurímac y Ene, toda vez que es el único valle cocalero organizado en Defensa Civil y con tenencia de armas; (3) Mantener la presencia de bases militares en las denominadas "zonas de frontera" con la finalidad de proteger a la población y mantener la seguridad de las comunidades en dichos sectores; (4) Declarar un llamado a la deposición de las armas a las bases senderistas a nivel nacional; (5) Promover la entrega de los militantes de SL, asegurando juicios justos; (6) Diseñar un programa de rehabilitación para los niños y las niñas involucrados forzosamente en las columnas senderistas; y, (7) Diseñar un programa de reinserción civil para jóvenes militantes de SL no involucrados en violaciones flagrantes de derechos humanos.
El llamado a la deposición de las armas, entrega de los militantes en acción y el diseño de programas de rehabilitación y reinserción en la vida civil puede darse en tanto dure el trabajo de la Comisión de la Verdad. La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica podrían jugar un papel importante en esta estrategia de transitar por la vía legal y democrática hacia la consolidación de la paz y la reconciliación en el país. Igualmente, la misma Comisión de la Verdad podría jugar un papel decisivo en esta coyuntura, sin distraerse de los objetivos para los cuales fue creada. Considero necesario explorar salidas que no signifiquen más muertes ni violaciones de los derechos humanos, sino que contribuyan a la consolidación de la paz, el fortalecimiento de la democracia, la reconciliación nacional y la construcción de esperanza en un nuevo país.
Víctor Belleza es ingeniero agrónomo, coordinador de la oficina Visión Mundial de Ayacucho.
Los juegos de la guerra
Ricardo Soberón
El debate entre los que presentan los hechos ocurridos en Somavireni (Satipo) como un rebrote de la subversión y aquellos que desde el gobierno del presidente Toledo sugieren que se trata de la misma situación focalizada que viene ocurriendo desde hace tres a cuatro años, no hace sino expresar intereses y percepciones diferentes. Aunque en otro contexto, me hace recordar el tremendo error cometido en 1982 por el entonces presidente Belaunde, cuando tildó a los senderistas de abigeos. La gran virtud de una política eficaz de seguridad y orden interno radica en no dejarse llevar ni por la subestimación ni por la exageración. Ciertamente, durante el Operativo Tormenta se han producido lamentables pérdidas de cuatro policías, pero aun así, debemos tener cuidado en filtrar los hechos reales de las meras virtualidades.
Persisten sectores al interior de las Fuerzas Armadas (¿rezagos montesinistas?) a los que les interesa presentar los hechos como un reflejo de la permanente amenaza de SL. Por tanto, requieren justificar ante la opinión pública nacional su permanencia en las zonas que anteriormente se encontraban en emergencia. Durante la época anterior, los destinos en dichas zonas eran bien recibidos, con mayor razón cuando éstos confluían en zonas en las que el narcotráfico actuaba. En este juego peligroso de levantar muertos, participan algunos medios de comunicación de raíz montesinista. Este episodio demuestra que las instituciones castrenses y policiales deberán acostumbrarse progresivamente a tener dos ministros civiles, quienes toman las decisiones en el campo de la seguridad y el orden interno. El reacomodo no es fácil y los obstáculos pueden ser diversos: granadas, atentados, asonadas, motines, etcétera.
Vale la pena recordar, por un momento, en qué situación encuentra este "rebrote" a las Fuerzas Armadas y PNP peruanas. Ellas se encuentran en franco proceso de cambios institucionales frente a los hechos ocurridos en la última década, lo cual es bueno. Sufren las consecuencias de severos recortes presupuestales, del mayor control civil (ministerios y Contraloría) y de una disminución de los reclutas debido al sistema de servicio militar voluntario. En la práctica, en el futuro cada una de ellas deberá justificar su tamaño, presupuestos y misiones.
No se debe olvidar el uso que Fujimori le dio al tema de la lucha antisubversiva: primero, acreditarse capturas importantes como parte de los operativos psicosociales y de su calendario político. Luego, manejar las rendiciones y los Acuerdos de Paz con los que se encontraban al interior del sistema penitenciario, hasta que ocurrió el affaire del general EP Fournier en 1999, en la misma zona selvática. Incluso en los últimos meses de Fujimori, se dio un proceso de repliegue de las bases antisubversivas que continuó durante el gobierno de transición, dejando mayor campo de acción a esas columnas asentadas en verdaderos "santuarios". Esas malas prácticas pueden ser difíciles de desterrar dentro de estructuras jerárquicas.
En el marco de estos juegos bélicos, persisten sectores sociales que se benefician del mantenimiento de un estado de militarización latente, incluso dentro de la sociedad civil. Es el caso de algunos sectores al interior de los Comités de Autodefensa (CAD) que se reflejan en sus pedidos para mantener las armas, reinstaurar el estado de emergencia, su organización cuasi militar, la necesidad de vigilar, el denominativo de "comandos", entre otros. Es cierto que con estas asonadas, es necesario mantener temporalmente el sistema de seguridad interna representado por la red de estas valiosas organizaciones de la comunidad, pero ésta no es una situación que puede persistir indefinidamente. Los CAD no van a reemplazar a la Policía, ni a los jueces, ni a las autoridades políticas en sus comunidades. Apoyarlas, sí; sustituirlas es muy difícil.
Sobre la convivencia de SL con el narcotráfico, ésta es una situación que nunca fue asertivamente afrontada desde el Estado. Es cierto que en los años ochenta y en los noventa, dineros del narcotráfico fueron a parar a las arcas de los Comités Regionales de SL respectivos, como ocurrió por ejemplo en el caso del impuesto que pagaban los "narcos" por cada embarque en zonas controladas por ellos. Pero no del mismo modo que sucede en Colombia, con el impuesto que pagan los hacendados de la coca a las FARC por tener grandes cultivos de coca (Putumayo, Caquetá). Lo cierto es que la experiencia en el mundo indica que ninguno de los actores políticos que se involucran en escenarios de narcotráfico logran evitar su influencia económica. Los "señores de la guerra" buscan el control territorial, pero también el dinero fácil. La selva central, como otros lugares de la selva alta peruana, es un espacio territorial extremadamente complejo y conflictivo. La convergencia de traficantes, senderistas, delincuentes, y del otro lado madereros, migrantes, nativos, policías y Ejército determinan un tablero muy volátil.
Pero calificar a SL y el narcotráfico en el Perú como un solo fenómeno –y peor aún, producir políticas generales para ambos– constituye un gran error por parte del Estado. Ni se elimina el tráfico ilegal, ni se reducen las causas que provocan la subversión. Más acertado pudiera ser identificar la causa común de la persistencia de estos remanentes de SL, precisamente en dichos valles: el descontento social frente a la pobreza y la represión. La situación es tan difusa, que no podemos identificar un solo movimiento, sino más bien diversas facciones pequeñas en función al Acuerdo de Paz y su futuro.
¿En qué situación real podemos encontrar a lo que queda de Sendero Rojo? A decir de las autoridades, tenemos tres espacios con presencia senderista, claramente determinados, cada columna de un tamaño aproximado a los 120 hombres: (i) Alto Huallaga (Monzón, Aucayacu, Aguaytía), (ii) Vizcatán (Ayacucho), y (iii) la orilla izquierda del Ene (Junín, Pasco). Curiosamente, se trata de zonas cocaleras en las que el problema pasa por la debilidad de los esquemas de desarrollo rural y las frecuentes disputas con la población campesina. Además, debemos considerar que se trata de escenarios en los que pobreza, marginación, exclusión y represión se conjugan para configurar en SL un nuevo actor: políticamente débil, militarmente focalizado en áreas geográficamente muy difíciles de ser combatidas. Como me decía un mayor del Ejército: "20 policías en la selva valen por 8; 20 soldados valen por 14 y 5 subversivos valen por 15...". Además, debemos considerar tres nuevos elementos característicos de estos remanentes: capacidad de acción reducida a operaciones militares muy puntuales pero efectivas en términos de opinión pública; con capacidad de entrar en negociaciones con firmas de traficantes locales que se intentan reagrupar luego del fin del monopolio de Montesinos en el narcotráfico. Luego, este nuevo actor cambia de discurso ideológico por un discurso más pragmático: apoyo a organizaciones y autoridades existentes, menos dogmático, más encubierto. Finalmente, lo que quiero decir es que estamos frente a una nueva situación en la que se requiere actuar con prontitud, firmeza y coherencia entre todos los sectores estatales y no estatales.
Ricardo Soberón es abogado, analista en asuntos de seguridad.