Un brindis
por la libertad, pero hay una agenda pendiente
El Gobierno de Transición democrática de Valentín
Paniagua y Diego García Sayán no llegó a concluir con toda la agenda pendiente
respecto de los errores e injusticias cometidos en el marco de la legislación
antiterrorista Fujimori-Montesinos, pero sí se avanzó un buen trecho, lo que
hay que reconocer y celebrar. Ahora le toca a la transición democrática de
Alejandro Toledo y Fernando Olivera continuar con la agenda.
Cifras que revelan la inequívoca voluntad política de
Valentín Paniagua y Diego García Sayán de solucionar el problema de los
inocentes en prisión y de los arrepentidos. Doble mérito al haberlo hecho a
pesar de lo recargado de la agenda, del tiempo corto, de las campañas en contra
de los rezagos del fujimorismo y cuando los réditos políticos por el tema ya no
eran muchos.
Reconocimiento
que corresponde hacer extensivo a Javier Ciurlizza, quien en representación del
ministro de Justicia presidió la Comisión de Indulto que funcionó entre enero y
julio de este año, y a Wilfredo Pedraza, integrante de la misma Comisión en
representación de la Defensoría del Pueblo. Ambos se jugaron por la Comisión y
por los casos, y ello permitió fluidez, rigurosidad profesional y que no cunda
el pánico. Colaboraron también de manera decisiva Iván Bazán en su calidad de
secretario ejecutivo de la Comisión y el equipo de abogados de la Secretaría
Técnica bajo la coordinación de Amado Enco.
Hubert
Lanssiers continuó siendo Hubert Lanssiers: garantía para todos, motor
incansable, símbolo del valor moral de la causa.
El
movimiento de derechos humanos siguió haciendo –adentro y afuera de la
Comisión– lo que ha venido haciendo desde hace años: presentar y defender los
casos que conoce directamente.
En esta repartición de medallas, que es justo hacer con el
mismo énfasis que cuando se critica, por suerte ya podemos incluir al nuevo
gobierno, pues Fernando Olivera, en su primer mes como ministro de Justicia, se
ha preocupado de nombrar a los nuevos integrantes de la Comisión de Indulto y
Conmutación de Penas del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, lo que revela voluntad política a favor, ya que si no podría haber
postergado dicho nombramiento para después o para nunca.
¿Qué harán
con los 42 casos para indulto y los 24 para conmutaciones que ya fueron
aprobados por unanimidad por la anterior Comisión pero que no alcanzaron a
tener la firma presidencial? Lo que corresponde, obviamente, es darles luz
verde para que el presidente Toledo los firme cuanto antes, sobre todo tomando
en cuenta que en la actual Comisión se mantienen dos de los miembros de la
anterior y Diego García Sayán comparte gabinete con Olivera.
De ahí a
la agenda pendiente: inocentes que quedan; arrepentidos; sobrepenalizados y
desvinculados, etcétera.
Arrepentidos y el
derecho de información
Han
circulado cartas de distintos grupos de arrepentidos criticando la labor de la
Comisión de Indulto y Conmutación de Penas que funcionó durante la gestión de
Paniagua y García Sayán, alegando que la Comisión no se acordó de ellos. La
mira la ponen sobre todo en uno de los integrantes de dicha Comisión (Ernesto
de la Jara), quien según ellos no simpatizaría con la causa de los
arrepentidos.
Bienvenidas
las críticas, y estamos de acuerdo –y propiciamos– que quien crea que está
injustamente preso, luche día y noche por su libertad. Pero nos parece que los
arrepentidos equivocaron el foco, pues la Comisión que critican ha hecho
bastante por ellos: en seis meses, 71 arrepentidos se han beneficiado con
conmutaciones de penas por recomendación de la Comisión, y 24 casos más están
pendientes para la firma presidencial. El hecho de que las resoluciones sobre
conmutaciones sean reservadas, puede ser la razón de este tipo de
desinformación.