Guatemala:
Las guerras de hoy y de ayer

Wilfredo Ardito Vega

¿Por qué muchos guatemaltecos sostienen que la situación del país se ha deteriorado después de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla? El autor, que residió dos años en la región q’eqchi’ como integrante de la Misión de Naciones Unidas (MINUGUA), nos ofrece este análisis

Cuando el pasado 5 de mayo la hermana Ann Ford fue asesinada en la Ciudad de Guatemala, el gobierno del presidente Alfonso Portillo se apresuró en señalar que los responsables eran delincuentes comunes. No era una información muy tranquilizante: desde 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, al 2000, se han reportado en Guatemala 16 475 muertes por hechos violentos. En el primer semestre de este año, el promedio diario ha sido nueve homicidios. A mediados de julio, cuando yo acababa de volver al país, una turba de 2000 campesinos irrumpió en una aldea, extrajo de sus casas a ocho pobladores y les dio muerte acusándolos de asaltantes. Todos, linchadores y linchados, eran indígenas q’eqchi’, otrora famosos por pacíficos. Hoy, entre los indígenas se producen al menos cinco linchamientos al mes.

¿A qué se debe tanta violencia de posguerra? Los analistas consideran como un problema estructural que no ha podido resolverse el fenómeno de la impunidad: la situación de las 200 000 muertes y 50 000 desapariciones, en su mayor parte obra del Ejército, es un ejemplo de ello. Es más: el general Efraín Ríos Montt, quien dispuso los genocidios más crueles, es ahora presidente del Congreso en su calidad de líder del FRG, el partido al que también pertenece el presidente Portillo.

En segundo lugar, los acuerdos no enfrentaron problemas como la exclusión social y la desigual distribución de la riqueza. Con un ingreso per cápita bastante supe-rior al de Honduras o Nicaragua, Guatemala está a la zaga en los indicadores sociales, desde el analfabetismo a la desnutrición. Algunos observadores plantean que lo único sorprendente es que la criminalidad no sea más extendida, dadas las condiciones sociales: mientras las familias acaudaladas coleccionan helicópteros o motos acuáticas, entre los q’eqchi’ la esperanza de vida es de 41 años. En las haciendas, sólo el terrateniente autoriza el ingreso del fiscal o la Policía. Si hace quemar una casa o una escuela, la gente ni se molesta en denunciarlo. Este sistema semifeudal ha emergido intacto del conflicto armado, y la mayoría de guatemaltecos está convencida de que es un régimen intocable.

El fenómeno de los linchamientos

A mediados de los años noventa el Ejército controlaba casi todas las zonas rurales, nombrando comisionados en cada aldea, quienes mantenían el orden mediante el temor y enviaban los problemas más complejos a la base militar. Con la firma de la paz, los militares se replegaron a sus cuarteles sin que las instituciones civiles hayan podido consolidarse. Hay más policías, jueces y fiscales que hace cuatro años, pero en la mayor parte del país el Estado brilla por su ausencia y la población se encuentra inerme frente a la delincuencia. Tampoco pueden hacer mucho las formas tradicionales de organización indígena, que son muy débiles: muchos líderes fueron asesinados por los militares, y los que sobrevivieron son ancianos en cuyos tiempos no se producían estos delitos, por lo que no saben cómo enfrentarlos.

A esto se une el alto número de armas de fuego en circulación y ciertas concepciones culturales: el derecho a portar armas alcanza nivel constitucional e inclusive hay avisos que lo recomiendan como un buen regalo para el Día del Padre. Personalmente, me quita el apetito ver a un comensal de otra mesa con un gran revólver en la cintura, pero mucha gente cree que, antes de acudir al Estado ineficiente, un hombre debe saber defender sus intereses. Portillo mismo aprovechó esta mentalidad en la campaña presidencial, recordando que en su juventud había matado a dos personas en defensa propia. Otros testimonios señalan que fue un crimen premeditado, pero eso no fue tomado en cuenta por los votantes.

A pesar de las divisiones sociales y étnicas, hay en Guatemala un amplio consenso en que para eliminar la delincuencia se debe eliminar a los delincuentes. Los organismos de derechos humanos no sólo deben trabajar con el Estado, sino con una sociedad profundamente represiva: el único país de América Latina que aplica la pena de muerte. Décadas de desensibilización han hecho pensar que el delincuente (o el supuesto delincuente) carece de derechos y el Estado no debería siquiera destinar dinero para su manutención. "A nosotros nos capacitan para que no golpeemos a los detenidos", me dijeron los instructores de la Policía, "pero la gente se molesta cuando no lo hacemos."

Aunque los autores de los linchamientos suelen ser indígenas, también es frecuente que en las zonas de ladinos, como se autodenominan los demás guatemaltecos, se resuelvan conflictos eliminando al adversario. La diferencia es que los indígenas creen estar enfrentando un problema colectivo –sea la delincuencia, sean los abusos de una autoridad–, muchas veces incitados por los antiguos comisionados. Lo más grave es que algunos dirigentes indígenas están legitimando los linchamientos, indicando que las instituciones estatales no se preocupan por garantizar las necesidades de justicia y seguridad de la población. Un misionero australiano compara la frustración acumulada por los indígenas con una olla a presión. Sólo se pueden explicar algunas muertes absurdas.

A fines de julio, unos q’eqchi’es hallaron a un hombre durmiendo en un descampado y supusieron que era un delincuente. Como no sabían castellano, no comprendieron que era un hondureño en camino hacia Estados Unidos. Felizmente, la Policía consiguió salvarlo del linchamiento. Hace un año causó horror que, en Todos los Santos, un grupo de indígenas quemara vivo a un turista japonés por fotografiar unos niños. No es raro que la víctima de la confusión sea guatemalteca. "Pareciera que prima la voz del que tiene menor coeficiente intelectual", me dijo el director de una ONG.

"Se la cobran no con el que la debe, sino con el que la puede pagar", me explicó un psicólogo de la Procuraduría de Derechos Humanos. La población considera que el posible mediador suele estar en connivencia con la otra parte. Los indígenas desconfían particularmente si quien pretende mediar es ladino o una autoridad. Hace años mis colegas de MINUGUA eran golpeados, sus oficinas atacadas y sus vehículos incendiados cuando la población protestaba por un terrateniente abusivo, delincuentes fugados o brutalidad policial. Hace unos meses, tres policías fueron asesinados porque un alcalde había prohibido la tala de árboles. Otras veces, organizar un linchamiento se ha vuelto una forma de eliminar a un adversario y eludir la responsabilidad individual. Así, en mayo asesinaron a un juez de la región q’eqchi’, y a los pocos días, en un aparente accidente de carretera, falleció el párroco, que había negado el uso del megáfono de la iglesia a quienes convocaban al linchamiento.

La prensa, en manos de los grupos de poder económico, juega con fuego (y esto, en Guatemala, es literal): magnifica los hechos de violencia y deslegitima al Estado, justificando el uso de la fuerza. Jamás se condena claramente los linchamientos, explicándolos como fruto del descontento popular. De esta forma se refuerza la creencia de que es una alternativa necesaria. El hecho de que los linchamientos sigan impunes contribuye a que la población perciba que son tolerados cuando se producen entre indígenas. De hecho, el único proceso más o menos rápido ha sido el del desafortunado japonés (sin condena todavía).

El Ministerio Público y la Policía enfrentan trabas legales: los domicilios sólo pueden allanarse de 6 a.m. a 6 p.m. La Policía tiene apenas seis horas para pasar a un detenido al juez. "La Policía está inerme frente a una banda de secuestradores con armas de guerra y tampoco puede arrestar a un carterista si no lo encuentra con el dinero en la mano", señala una experta en seguridad.

Sin embargo, pocos proponen reformar estas normas, pues de un gobierno de Portillo y Ríos Montt se puede esperar cualquier abuso. Cuando en mayo se produjo una fuga masiva de presos, el gobierno declaró el estado de alarma y suspendió las garantías para todos los guatemaltecos. El gobierno está envuelto en cotidianos escándalos de corrupción y realiza diversas maniobras para controlar el Ministerio Público, el Tribunal Electoral y la Corte de Constitucionalidad. ¿No resulta esto familiar a los peruanos?

Es verdad, pero la diferencia es que Portillo no controla la prensa y se ha enfrentado a los grupos de poder económico, al plantear un incremento del IVA, equivalente a nuestro IGV, del 10 al 12%. La escasa presión tributaria lleva a que diversos países estén replanteando si es justo seguir apoyando a un país en el que existen tan altos niveles de ingreso.

Los empresarios han optado por vestirse de luto en una céntrica plaza, como si fueran Madres de la Plaza de Mayo, y, lejos de ser criticados por el movimiento popular, han logrado convocar una serie de paros nacionales en los que los indígenas incendian locales públicos y los maestros obligan a los escolares a caminar kilómetros en desfiles de protesta.

Entre tanto, los organismos de derechos humanos siguen recibiendo amenazas. De ahí las dudas frente a la versión oficial sobre el asesinato de la hermana Ford, especialmente porque ella participó activamente en el proyecto con víctimas de violencia que dirigía el también asesinado monseñor Gerardi. El fiscal que investigó este crimen optó por abandonar el país a fines de julio.

Ante este panorama, los organismos de cooperación están prestando atención a los valientes esfuerzos de mediación existentes en la sociedad civil, algunos de ellos inclusive en conflictos entre terratenientes y q’eqchi’s. Han aprendido que la paz no se basa sólo en el desarme de la guerrilla o el repliegue del Ejército, sino en construir relaciones de justicia y respeto por el otro. Esperemos que este camino sea el correcto, para que la violencia deje de acompañar a esta sufrida sociedad.