Una nueva manera de gobernar

Susana Villarán

Al final, luego de ocho intensos meses, dejamos para siempre Palacio de Gobierno y nos dirigimos  hacia el Congreso de la República para asistir a la juramentación de Alejandro Toledo. Un insólito sol bañaba ese mediodía de julio. Nos fuimos caminando, unos junto a otros y todos junto a Valentín Paniagua, nuestro presidente, quien  avanzaba con la sencillez con la que andan los ciudadanos de a pie, devolviendo los saludos de los vecinos, con esa sonrisa discreta que el pueblo aprendió a apreciar en él. Recorríamos  las escasas cuadras que nos separaban de la Plaza Bolívar cuidando de no resbalar, sorteando a duras penas los rastros que dejaban los engalanados caballos de los Húsares de Junín.

 

 

Esta escena final constituye la metáfora de lo que fue el Gobierno de Transición. No fue otra cosa que un andar junto al pueblo transitando por un camino lleno de obstáculos y dificultades. Hay quienes dicen hoy que nos tocó un período de gracia, que gozamos de un tiempo privilegiado que la sociedad concedió a Paniagua luego de haber expectado a través de vídeos y revelaciones alucinantes el más hondo envilecimiento del Estado que se haya conocido en la historia republicana. Se equivocan quienes piensan de esa manera. A ellos les tocó la parte fácil, a nosotros la difícil, sostienen quienes hoy gobiernan el país y también diversos analistas políticos. Sólo tenían que administrar el Estado por un breve tiempo y garantizar unas elecciones justas y limpias. Se equivocan: la tarea fue mucho más honda y el sello impreso, difícil de borrar.

El equipo de ministros y funcionarios que convocaran Valentín Paniagua y Javier Pérez de Cuéllar fue testigo de excepción de la desgracia en la que había caído el Estado; se topó, cara a cara, con la catástrofe que Fujimori, Montesinos, sus colaboradores y cómplices habían creado en las instituciones públicas, empresas, medios de comunicación, Fuerzas Armadas y Policiales, amén de las relaciones de sometimiento y clientelaje con que habían subyugado a los más pobres de nuestro país.

Una democracia que nos costó a todos

Lo que sí es cierto es que el país volvió a confiar en que el cambio era posible, que existía una nueva oportunidad para el buen gobierno, para la decencia y la probidad en la gestión pública.  La atmósfera nos favorecía porque no era otra que la democracia que se estrenaba con sus rasgos más saludables. El Gobierno de Transición surgió de la capacidad de ponerse de acuerdo en un Congreso acorralado por el desbande y la corrosión de la mafia; surgió del lavado de la bandera, de la Resistencia Civil, de las marchas de los jóvenes y de la movilización de las provincias; de las Mujeres por la Democracia que habían batallado desde 1997 por el referéndum y la democracia; de los plantones del Movimiento Amplio de Mujeres frente al Palacio de Justicia en los últimos meses del régimen fujimorista; de la Marcha de los Cuatro Suyos en la que todas las fuerzas políticas democráticas se unieron sin mezquindades a Toledo; de Canal N y de los pocos medios radiales y escritos que no se sometieron ni se vendieron. El Gobierno de Transición nació así con el vigor de una democracia que nos había costado a todos.

Fue eso lo que imprimió carácter a esos ocho meses, lo que permitió proponer una agenda democrática a una sociedad agotada por la recesión y la pobreza, y profundamente desconfiada de sus instituciones y autoridades. “Cambiar, por encima de todo, el estilo de gobernar. Sustituir la arbitrariedad, el personalismo y la concentración del poder, por la legalidad, la institucionalidad, la descentralización, el diálogo y la concertación”, prometió Javier Pérez de Cuéllar ante el Congreso el 11 de diciembre del año pasado.

Concertar y elevar el estándar de la gestión pública

Y fue eso, exactamente, lo nuevo: la forma de gobernar. No cambiaron por arte de magia, ni se resolvieron con el advenimiento democrático, los problemas de fondo que estallaban incesantemente ante quienes asumieron el Gobierno de Transición. Cada día frente a Palacio reclamaban trabajadores arbitrariamente despedidos y desempleados, provincias y distritos con las más variadas, legítimas y urgentes demandas contenidas en los largos años de autoritarismo populista. A todos se les recibía, con todos se dialogaba, en cada caso se buscaba una concertación posible y una agenda y cronograma realistas para resolver los problemas. En muchos casos se concretaron planes multisectoriales con compromisos concretos y perspectiva de largo plazo, como ocurrió con el Plan de Acción para los Pueblos Indígenas de la Amazonia o el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, entre tantos otros.

No fueron nada fáciles las decisiones adoptadas con firmeza para erradicar al montesinismo impregnado capilarmente en las Fuerzas Armadas e iniciar la institucionalización y subordinación de las fuerzas del orden a la democracia, así como para proponer al Congreso de la República reformas sustantivas en este campo, entre ellas la Ley de Situación Militar, la reforma del Código de Justicia Militar o las bases para la reforma policial. La captura de Montesinos fue obra del Gobierno de Transición y mostró al país con claridad meridiana que la impunidad no era la última palabra. En esa misma perspectiva se ubicó el apoyo político y los recursos presupuestales asignados al trabajo de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Montesinos.

En esa nueva manera de gobernar, los obstáculos no podían ser sorteados de manera cortoplacista, sino enfrentados generando consensos, con realismo y visión de futuro. Echar a andar el Consejo del Trabajo, convocar a la Consulta Nacional sobre Educación, comprometer a ilustres peruanos y peruanas en la Iniciativa Nacional contra la Corrupción y en  el estudio de las bases de la reforma de la Constitución, la instalación de la Comisión de la Verdad, nuestra plena incorporación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el cumplimiento de sus recomendaciones y sentencias, el importante acuerdo logrado en el caso Barrios Altos, fueron, todas, muestras de una manera de enfrentar los desafíos de la transición democrática que apenas se iniciaba en el Perú.

Cambiar el enfoque de la lucha contra la pobreza

Sí, se pusieron en marcha los mecanismos para el restablecimiento del imperio del derecho, la institucionalización y el respeto a la autonomía del Congreso y del Poder Judicial, así como las garantías para el ejercicio irrestricto de la libertad de prensa y de expresión, pero ello no era suficiente. La democracia no puede construirse sobre la base del centralismo, la desigualdad y la pobreza. La recesión nos agobiaba y el PBI per cápita era el mismo que a mediados de los ochenta. En este gobierno, dijimos, no tendremos tiempo para reactivar la economía y menos aún podremos resolver los problemas cruciales del empleo y de la miseria, pero sí mantendremos una economía estable y cambiaremos el enfoque de la lucha contra la pobreza. Y lo hicimos.

Las cerca de cuatrocientas Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza que hoy existen en departamentos, provincias y distritos en todo el país fueron impulsadas por el Gobierno de Transición recogiendo iniciativas de la sociedad civil. Se trataba de una tarea urgente para la transición democrática y, nuevamente, la muestra de una voluntad de gobernar de otra manera. De ahí que se institucionalizaron las mesas como espacios de concertación del Estado con la sociedad civil colaborando de esa manera con la democratización y una mayor eficiencia y eficacia en la política social. Era (y es) una manera de descentralizar desde abajo y desde dentro del país. Hoy estamos ante la posibilidad de elaborar el presupuesto del Ejecutivo respondiendo a las prioridades de inversión y gasto social concertadas en las mesas. Hoy podemos plantearnos la coordinación de las instancias del Estado que tienen responsabilidad específica en la política social de lucha contra la pobreza para racionalizar el gasto público,  diseñar la institucionalidad más adecuada para intervenir en las zonas más empobrecidas del país y proponer una  reforma de las instancias encargadas más directamente de la lucha focalizada contra la extrema pobreza.

Sí, es posible gobernar de otra manera

El camino estuvo lleno de obstáculos; vivimos momentos de enorme tensión, de agotamiento. No hubo “luna de miel” ni nos sentimos un solo día meros fideicomisarios del gobierno. Por eso, el último paso de ese caminar intenso de ocho meses llevó a Valentín Paniagua a depositar en el Congreso, con sencillez pero también con legítimo orgullo,  esa bandera peruana, lavada y relavada en las plazas de nuestro país que le fuera entregada al inicio del Gobierno de Transición por hombres y por mujeres que marcaron con su terca lucha la indispensable limpieza y transparencia que requiere la  transición democrática.