“Practicando la paz en Colombia”

Kimberly Theidon

Reflexiones lúcidas y sentidas por Colombia.

 

Un cuento que he escuchado a menudo en Colombia trata de una niña que le pregunta a su mamá si alguna vez alguien en su país murió de causas naturales. Aunque la gente se sonreía mientras me lo contaba, también movían sus cabezas en señal de desaliento. La guerra civil colombiana es el conflicto armado más largo en este hemisferio, y muchos colombianos anhelan la paz. Sin embargo, los procesos nacionales de paz han fallado repetidamente y ahora los Estados Unidos han incluido dentro del conflicto su “guerra contra las drogas”.

Sugiero que miremos más allá de este paradigma militarizado para entender la violencia y buscar soluciones. La guerra en Colombia es una lucha por los recursos, y se desarrolla simultáneamente en varios frentes. Se puede hablar de una guerra de drogas, pero en referencia a la concentración de la tierra en manos de los narcotraficantes –una concentración que ha funcionado como una “reforma contra-agraria”. Es también una guerra petrolera.  El petróleo contribuye a la lucha por la tierra: la única manera de acceder al petróleo es controlando la tierra donde se encuentra. Finalmente, se puede pensar en términos de una “guerra de la corrupción”.  Muchos grupos, de Colombia y otras partes, se aprovechan del tráfico de armas, drogas y guerra.  Es una economía enorme y frecuentemente oculta. Esta lucha por la tierra y los demás recursos ha resultado en el desplazamiento de 1,4 millones de colombianos.

Una mayoría de los desplazados son campesinos, como es el caso en Urabá, en la región noroeste de Colombia. Urabá ha sido bendecida con recursos naturales y maldecida por la acción incontrolada de los hombres. Las empresas nacionales e internacionales han acumulado un gran capital por la extracción de madera y el cultivo de bananas.  Estudios preliminares indican que la región cuenta con reservas sustanciales de petróleo.  Adicionalmente, la frontera con Panamá sirve como una línea porosa a través de la cual se produce el trasiego de la drogas hacia afuera y las armas hacia dentro del país. Estos recursos, combinados con el río Atrato y el puerto de Turbo, hacen que el control de esta región sea muy ambicionado tanto por las empresas internacionales y elites locales como por los paramilitares y las FARC.

En Urabá los paramilitares controlan las municipalidades en alianza con las elites locales y sus conexiones castrenses, mientras que la guerrilla domina las zonas rurales. Ambos cobran “una vacuna”: los sobornos obligatorios que los civiles pagan para tener a distancia una muerte no natural.

La violencia aumentó hacia mediados de los noventa, cuando los paramilitares comenzaron a arrebatar el control de la zona a las FARC, produciendo el desplazamiento de miles de campesinos. El desplazamiento no es una mera consecuencia de la guerra, sino una estrategia militar clave. Si la guerrilla se mueve “como el pez en el agua”, la contrainsurgencia consiste entonces en drenar el campo. Los desplazados se han amontonado en los pueblos al borde del río Atrato y las ciudades de Turbo y Apartado. El sufrimiento producto del desplazamiento no frenó ni cortó la determinación de los campesinos de reclamar tanto su tierra como su modo de vida. En medio del conflicto, los campesinos demandaron el derecho de ejercer una opción política no violenta.

Su demanda resultó en la formación de 59 Comunidades de Paz que comenzaron en 1997, cuando los campesinos se organizaron para retornar a su tierra y declarar sus comunidades “espacio autónomo” en medio de la guerra. Los comuneros elaboraron una serie de acuerdos. Una cláusula clave prohíbe que cualquier grupo armado entre en sus comunidades, sea para matar o reclutar. Los acuerdos también garantizan que no habría ninguna colaboración ni con el ejército ni con la guerrilla o los paramilitares. Además, los acuerdos reclaman la presencia no armada del Estado, en la forma de servicios, obras y el cumplimiento de las obligaciones del Estado con respecto a sus ciudadanos. Como me contó un campesino que participó en la elaboración de los acuerdos, “no somos ningún proyecto piloto del gobierno. El Estado colombiano nunca ha tratado a los campesinos como hermanos, pero somos miembros del país”.

Los campesinos han mantenido su lucha no violenta a pesar de obstáculos tremendos. Un lado del río que corre por sus tierras está ocupado por los paramilitares. Parándose en la orilla izquierda del río Atrato, uno puede ver detrás del agua lodosa el territorio de las FARC que corre a lo largo de la otra banda del río. Como el Atrato transcurre por la selva densa del Cañón Claro, hojas enormes y verdes se ceden periódicamente a las casas quemadas que sirven como testimonio de la violencia que ha moldeado la vida por tantos años. Empero, a pesar de los helicópteros por arriba y el trueno cercano de las ametralladoras por abajo, los campesinos insisten en que ellos ofrecen una alternativa verdaderamente revolucionaria: la paz. Como una autoridad local me dijo, “hasta ahora, la paz en Colombia se ha quedado en palabras o en los escritos. No es suficiente. La paz hay que ponerla en práctica”.

Este espacio de la práctica política no violenta es auspiciado por la Iglesia Católica, virtualmente la única organización con legitimidad en la región. El padre Leonides Moreno, de la diócesis local, es un hombre grande en estatura y en presencia. No hay nada austero en su comportamiento; más bien, come con un gran gusto, disfruta de una copa deliciosa del vino tinto chileno, y mientras sus ojos puedan mirar hacia el cielo, sus pies están firmemente colocados en este mundo y sus múltiples problemas.  El padre Leonides ha trabajado por 20 años en Urabá e insiste en que los esfuerzos nacionales para negociar la paz no resolverán los asuntos regionales que han servido como combustible para la guerra. Él sostiene que la paz vendrá por medio de una serie de procesos regionales de paz y las iniciativas locales. Como él me preguntó retóricamente: “¿por qué pensamos que los actores armados son aquellos que van a construir la paz en Colombia?”.

De hecho, los actores armados no tienen un gran interés en la paz: la anarquía y un Estado débil les permiten llevar a cabo sus actividades económicas con la interferencia mínima. Urabá es de gran interés para los grupos armados debido a la fertilidad de la tierra y la posibilidad de construir una alternativa al Canal de Panamá.  Cuando la tierra es el objetivo, la población civil resulta superflua. Para los paramilitares, los civiles son “subversivos” y “simpatizantes”. Para las FARC, los civiles sirven como un escudo humano –un escudo que frecuentemente es acribillado con balas–. 

El combate continuaba cuando llegué a Urabá con dos colegas. Poco después de nuestro arribo, los comuneros de la Comunidad de Paz de Andalusia pidieron el acompañamiento de la Iglesia Católica y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para salir de su tierra y juntarse con las cinco Comunidades de Paz que se habían agrupado por razones de seguridad en Costa de Oro.

Mientras acompañábamos a los andalusianos fuimos detenidos tanto por los paramilitares como por las FARC. Los 53 paramilitares de la Brigada N3 que nos detuvieron en dos ocasiones llevaban cada uno una ametralladora nueva y resplandesciente, y bandas de munición cruzadas a lo largo de sus pechos. Cuando pregunté a un amigo dónde habían obtenido ellos estas armas, me respondió con una sonrisa y un encogimiento de sus hombros. Hay ciertas preguntas que uno hace con una insistencia ansiosa de respuesta. Le repregunté: “¿Es mi gobierno el que las proveyó?”. La sonrisa se hizo más cínica y el encogimiento supuso un cabeceo. 

Hablamos con ambos lados del conflicto y experimentamos lo que significa practicar la paz en medio de una guerra. Tanto los paramilitares como las FARC hacen demandas y amenazas contra los campesinos desarmados. La guerra es hecha contra la población civil, y el espacio de la práctica política no violenta se reduce cada día más.

En respuesta a la petición de los comuneros, nos quedamos con ellos en Costa de Oro. Nos dijeron que una presencia internacional en sus comunidades impide la entrada de los actores armados. El acompañamiento a los campesinos mantiene abierto un espacio estrecho en el que puede ser posible la asistencia humanitaria que todavía existe.

En Costa de Oro tuve muchas oportunidades para conversaciones que duraron hasta muy tarde por las noches calientes y pegajosas. Me contaron cómo había sido la vida antes, cuando podían cultivar sus tierras, celebrar sus fiestas y mirar a sus niños crecer, confiando que tendrían un futuro. Hablaron repetidamente de “la vida sabrosa” que disfrutaban antes de que la violencia los engullera.

Cuando nos dormíamos por la noche, escuchábamos el paso de botas pesadas y los sonidos del metal en movimiento. Tanto los paramilitares como las FARC tenían amplia oportunidad para secuestrarnos o matarnos. No lo hicieron porque entendieron que una acción contra una norteamericana repercutiría más allá de sus bases rurales y llegaría hasta la prensa internacional. Matar a campesinos morenos y pobres es un asunto cotidiano y que ya no repercute. Nosotros éramos blancos, de manera que una acción en contra nuestra sería políticamente costosa; y este costo extendió algo de seguridad a la comunidad.

Las FARC pasaban a diario. No estaban armadas, posiblemente en señal de deferencia por nuestra estadía en el lugar. Los comuneros viven una convivencia coercitiva con las FARC: forzados a escoger entre un estado ausente, los paramilitares brutales y la guerrilla, los comuneros han escogido lo menos malo. Cuando la gente habla de los actores armados, los nombres de los protagonistas son frecuentemente omitidos. Los ojos se desvían, las cabezas se inclinan y las voces se bajan. Las frases son pautadas por los silencios que el oyente tiene que llenar, guiado por el patrón de la violencia y los ojos del interlocutor. En una de mis conversaciones respecto de las FARC, un hombre anotó: “cuando el padre está en la casa, el hijo no habla mal de él”. La guerrilla se paraba en las puertas a escuchar; se sentaba en las hamacas a mirar; perseguía a los adolescentes más hábiles. El espacio autónomo es difícil de mantener, y los observadores internacionales juegan un papel importante en la preservación de este espacio.

La noche anterior a nuestra partida, don Manuel me buscó. Es un hombre musculoso por tantos años de trabajar la tierra, orgulloso de haberse quedado en su pueblo a pesar de las amenazas. Sentado en la mesa frente a mí, las lágrimas colmaron sus ojos: “¿Es verdad que ustedes van a salir mañana? ¿Nos van a dejar solitos?”. La ironía no es sólo una técnica literaria: de vez en cuando uno la vive. Tres antropólogas gringas que no saben manejar ni un machete ni una ametralladora. Empero, nuestra presencia daba un sentido de seguridad a los comuneros, los hizo sentirse seguros.

Manuel expuso su crítica y pidió una promesa. Su crítica: “Plan Colombia envía más armas cuando lo que necesitamos es escuelas, atención médica, carreteras. Si los Estados Unidos quieren hacer la guerra, que la hagan contra los grupos armados que comenzaron todo esto y no contra nosotros, no contra campesinos”. Sus palabras resonaron en mis oídos el día siguiente en que, serpenteando por el río, sentíamos las miradas de los paramilitares y las FARC escondidos detrás de las palmas que confinan el río Atrato.

Escribo contra la “borradura” de la escena de estos campesinos y su “alternativa revolucionaria”. La paz va a tomar mucho tiempo en llegar a Colombia; sin embargo, hay gente que ya la practica cada día.  Estas líneas están atormentadas por el pedido que me hiciera don Manuel esa noche húmeda en Costa de Oro: “Cuando regreses a los Estados Unidos, dile a la gente que pedimos al apoyo nacional e internacional para que podamos vivir una vida digna”.

Kimberly Theidon es investigadora de la Universidad de Stanford (EUA).