La mirada de la gente

Susana Villarán

Mucho se ha escrito en este último tiempo sobre los primeros 100 días de gestión del gobierno de Perú Posible. Como suele suceder en estas circunstancias, han sido los analistas y los líderes políticos quienes han hecho oír su voz. Pero, ¿qué dice la gente de todo esto? ¿Anda realmente preocupada sólo por el sueldo de Coqui Toledo o los líos en la Base Naval del Callao?

Hace pocos días acudí a la convocatoria del Comité de Derechos Humanos de El Agustino. Como todos los años durante los últimos 20, esta institución reunió a pobladores organizados en comedores populares, juntas vecinales, organizaciones educativas, la Policía, dirigentes sindicales, organizaciones no gubernamentales y vecinos y vecinas en general, para hacer un balance de las inquietudes y propuestas de todos ellos frente a las dificultades y oportunidades del país en este momento de transición a la democracia.

Cuando una escucha a los pobladores de un lugar como El Agustino, en Lima, estremece descubrir la distancia existente entre la urgencia de sus angustias y el ritmo en que transcurre la actividad de quienes definen las políticas públicas. Por ello, me parece oportuno cambiar la perspectiva y el enfoque para colocar los reflectores en lo que la gente siente y piensa que está aún por hacerse y en sus prioridades y preocupaciones. Esto nos permitirá recordar lo que con frecuencia se olvida: que el pueblo puede tornarse rápidamente esquivo a quienes desoyen su clamor.

Confianza

Es mayor la desconfianza que la confianza en quienes ejercen la función dirigencial y pública, tanto en el ámbito local, municipal, como en el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. La experiencia del Gobierno de Transición y la legitimidad del origen del actual gobierno son evidentemente valorados por la gente: "Estamos en un nuevo momento", dicen. Sin embargo, las críticas al gobierno actual, a los alcaldes y dirigentes sociales, así como a jueces, policías, congresistas y fiscales expresan la profunda corrosión del crédito concedido a las autoridades en las últimas décadas en el Perú. Todavía se asocian a la autoridad, elegida o designada, características muy preocupantes para la gobernabilidad: nepotismo, corrupción, interés privado, falta de transparencia, utilización del pueblo, promesas incumplidas, lejanía.

Vencer la profunda incertidumbre de la gente de a pie sobre quienes dicen ser sus representantes y recuperar la confianza en una autoridad legítima se vuelve el primer punto de la agenda de la transición democrática. Ello supondrá dar muestras concretas de un estilo distinto de gobernar que eleve radicalmente el estándar de la gestión pública. La cercanía y transparencia (es decir, el abrir espacios institucionales para escuchar, informar, rendir cuentas y promover la fiscalización y vigilancia ciudadanas); la capacidad de entrega y actitud de servicio exhibida por las autoridades; el prometer con responsabilidad, así como la austeridad –los sueldos altos y la brecha de ingresos son una herida abierta y dolorosa–, son, todos, rasgos asociados al tipo de autoridad que la gente reclama para creer y confiar en la democracia.

Equidad

Desde la perspectiva de la gente, se trata de una agenda social impregnada de angustia cotidiana: "me avergüenza no tener trabajo", "los services nos explotan", "las tarifas son impagables", "no hay justicia para las mujeres maltratadas", "no hay salud gratuita", "la Policía es corrupta y no hay seguridad en las calles".

La gente no espera una reactivación inmediata; es más: existe un gran realismo acerca de los escasos recursos con los que cuenta el presupuesto nacional y del tiempo que demorará la generación de nuevos puestos de trabajo. La demanda es, pues, de una intervención más decidida y coherente en estas áreas sociales tan importantes en la vida diaria de la gente: seguridad, programas sociales reactivadores de la economía local y acceso a la justicia. Si se leen con profundidad estas expresiones ansiosas, lo que se reclama son políticas públicas que incluyan a todos y, especialmente, un cambio de prioridades. Se trata, en suma, de una exigencia de equidad. La impaciencia social se nutre de la desigualdad.

De la manera en que se asuma esta agenda de prioridades sociales dependerá en gran parte el éxito de la transición democrática, porque una democracia sin resultados concretos o con resultados sólo para una porción siempre privilegiada de la población no va a ser defendida por la inmensa mayoría de la gente.

Participación

"Tenemos la esperanza de que la democracia sea participativa", escribieron en los papelógrafos pegados en las paredes de la Parroquia Virgen de Fátima en El Agustino. En un momento oportuno y decisivo de la transición a la democracia, habrá que tomar muy en serio esta expectativa. Existe un genuino deseo de ser parte de los procesos de toma de decisiones que afectan la vida de la gente. Abrir y consolidar los espacios de consulta, concertación y diálogo, así como fortalecer y democratizar las organizaciones sociales, las instituciones cívicas y los partidos políticos constituyen también demandas sociales impostergables.

Se trata, pues, de establecer una línea de quiebre clara y definitiva con los métodos y estilos con los que el régimen político anterior impregnó las instituciones: clientelismo, intervención, desprecio de la autonomía, subordinación, asistencialismo, verticalidad. Ésta es una tarea que desafía radicalmente a cambiar los estilos de los dirigentes sociales y políticos, así como a abrir las instituciones públicas a la participación, descentralización de las decisiones, fiscalización y vigilancia de la sociedad.

Valores

Existe finalmente una añoranza de valores que parecen haberse perdido en la convivencia social: "no existe solidaridad ni civismo", "la corrupción se encuentra en todas partes". Quienes están decididamente a favor de la transición democrática tienen ante sí una tarea descomunal: entronizar la ética en la acción pública pero, más allá de esto, dar ejemplos concretos y personales de solidaridad, transparencia, probidad y responsabilidad.

En otra dimensión, mucho más profunda, se ubica la enorme preocupación por los cambios radicales que han ocurrido en una de las estructuras básicas de la sociedad como es la familia. Muchos de los problemas que angustian a la gente tienen que ver con problemas relacionados con la llamada "desestructuración de la familia": "los niños están abandonados en las calles", "hay más violencia familiar", "crece la prostitución", "aumenta el número de madres solteras", "¿qué hacemos con nuestros hijos que se unen a las pandillas?".

El asunto es complejo y no puede ser visto con una mirada de corto plazo. La pérdida del papel proveedor del varón por el desempleo y por el ingreso de la mujer en el mercado laboral; la mayor sobrecarga de las mujeres; los problemas culturales de profunda raigambre cultural como el machismo, configuran una problemática que reclama ser comprendida y atendida con decisión, y establecer políticas sociales que tomen en cuenta el proceso de cambio que se opera en este espacio básico de socialización que es la familia.

Atender los síntomas no basta. La familia convencional está profundamente afectada y ello constituye un problema muy grave porque se trata del espacio primario de amparo, socialización y protección de las personas, especialmente de los niños y las niñas.

La gente reclama dar prioridad a las políticas de largo aliento. Pero hablar de mediano y largo plazo no excluye la evaluación de si los primeros pasos se ubican en la dirección correcta. Cada una de las demandas –autoridades legítimas, desarrollo con equidad, participación democrática, nuevos valores en la convivencia social– plantea desafíos que el régimen democrático tendrá que enfrentar desde ya, en los próximos años y décadas, para ser valorado, disfrutado por todos y todas y, por consiguiente, defendido por la gente.