Francisco Soberón:

Defensor de Derechos Humanos

Pancho Soberón es sin dudas una de las personas que más ha hecho por los derechos humanos en el Perú. Y su compromiso se remonta a varias décadas, incluidas épocas, no tan lejanas, en las que hablar de desaparecidos o del Grupo Colina no sólo no era políticamente correcto, como felizmente lo es ahora, sino que hasta podía costarte la vida. Pancho tiene además la virtud de combinar compromiso con modernidad y globalización, pues posee la habilidad de estar un día metido en cuerpo y alma en el descubrimiento de una fosa común en las alturas de la sierra peruana y al día siguiente en un sofisticado foro internacional al otro lado del mundo; eso sí, siempre con su maletín al lado, lleno de de información (memoria histórica del movimiento de derechos humanos).

Hablar de Soberón es también hablar de Aprodeh, institución amiga que también como colectivo viene cumpliendo desde hace casi 20 años un papel importantísimo en esta tarea tan difícil como apasionante de defender y promover los derechos humanos.

¿Cómo definirías tú la actual agenda de derechos humanos en una época de transición democrática?

Hay dos conceptos fundamentales. Uno está vinculado al proceso de verdad, del derecho a saber lo que pasó en estos últimos 20 años. Ahí la Comisión de la Verdad tiene un papel fundamental.

Y para que tenga éxito la Comisión de la Verdad va a ser fundamental que el movimiento de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, de los familiares y de las víctimas, acompañen el proceso.

Junto con el tema de la verdad, creo que es imprescindible seguir desarrollando lo avanzado en términos de acceso a la justicia. Hemos tenido gratas experiencias como resultado del esfuerzo y la iniciativa del conjunto del movimiento de derechos humanos. Un logro histórico ha sido que la Corte Interamericana se pronuncie sobre la nulidad de las leyes de amnistía.

¿Pero por qué si está Diego García Sayán de ministro de Relaciones Exteriores o Fernando Rospigliosi en el Ministerio del Interior deben haber organismos de derechos humano?

Hasta en las sociedades más democráticas siempre se van a producir transgresiones de los derechos fundamentales de las personas, y aunque no sean sistemáticas tendrán que existir organismos que fiscalicen y monitoreen el comportamiento de los estados.

Pero también está el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, que es un tema latente. Hay demandas no atendidas, exigencias de la población civil, de organizaciones que creo que son legítimas y que también habrá que evaluar cómo apoyarlas desde el movimiento de derechos humanos.

¿Cuál es tu balance de esta primera parte del gobierno de Toledo?

Sentimos que todavía hay lentitud en el Ministerio de Justicia para avanzar en la solución amistosa de casos en los que se comprometió el Estado peruano a través del gobierno de transición. Creo que hay diálogos que se deben acelerar, mecanismos a través de los cuales se tienen que definir estos diálogos para que los familiares de los casos que están pendientes de solución amistosa sientan que hay procedimientos y que hay avances en negociaciones para determinar algunos tipos de reparaciones o avances en el acceso al derecho a la justicia.

Si bien el gobierno tomó decisiones como ratificar a través del Congreso el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, hay algunas consultas que se están haciendo con la sociedad civil para ver cómo opinar ante un instrumento en relación con la Convención contra la Tortura, un protocolo adicional.

Ha habido reuniones de consulta con la sociedad civil para ver la posibilidad de organizar un plan nacional de derechos humanos desde el Estado. Pero creo que se requiere un dinamismo adicional para que estos aspectos se puedan seguir desarrollando en consulta.

Hay asimismo un asesor presidencial en los temas de derechos humanos, pero creo que hasta ahora no ha habido un contacto formal para poder intercambiar opiniones respecto de qué esperamos del gobierno en relación con la agenda pendiente.

Existen también aspectos relativos a normas legales, con la activación del Código Procesal Penal. Es necesario acelerar el proceso de saneamiento del Poder Judicial. Todavía hay requerimientos que deben ser atendidos a la brevedad posible por el Consejo de la Magistratura.

Y en los otros ámbitos, como el Congreso?

Existe una disposición de las comisiones de derechos humanos de atender algunas iniciativas y sugerencias. Acabamos de conocer un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos para fortalecer el mandato de la Comisión de la Verdad, que ha sido ya aprobado. Pero creemos que debe definirse un plan más sistemático y organizado entre las iniciativas del Congreso y las del Ejecutivo para armonizar las políticas del Estado en relación con el tema de derechos humanos.

En la Cancillería sentimos que, efectivamente, hay una disposición a un diálogo más horizontal con el movimiento de derechos humanos. Hay una Oficina de Derechos Humanos de la Cancillería, pero creo que todavía está pendiente actualizar una agenda.

¿Cómo resuelves la siguiente tensión sobre Comisión de la Verdad? las víctimas son miles, pero los recursos económicos muy limitados.

Yo creo que todas las víctimas tienen derecho a ser escuchadas. Allí no se pueden establecer límites. Los límites estarán dados por la voluntad de los familiares o de las víctimas o de los testigos de acercarse o no.

Luego está el tema de que, efectivamente, tendrá que profundizar sobre casos emblemáticos en los diferentes períodos. No podemos pretender que en tan corto tiempo la Comisión abarque con la misma profundidad el análisis de los hechos y de las responsabilidades de todos los casos. Además, algunos de ellos ya se están llevando en las instancias jurisdiccionales.

Pero lo que estamos haciendo es todavía insuficiente. Por eso la Comisión de la Verdad va a tener que hacer una intensa campaña de sensibilización y de información a la opinión pública sobre cuál es su mandato y a la vez los límites de su mandato.

Sabemos, por ejemplo, que la Comisión no debe ni va a poder atender una de las demandas más sentidas: la reparación. Lo que tendrá que hacer la Comisión es identificar lo que va ser la magnitud de estas reparaciones, y alcanzar propuestas para un programa que las atienda realistamente, de acuerdo con las posibilidades que tenemos. En ese sentido, creo que la atención a reparaciones va a tener que realizarse de forma colectiva más que individual.

Creo que también debe ponerse mucho énfasis en lo que es la reparación simbólica, para que genere conciencia ciudadana sobre lo que significó todo el período que hemos vivido y que quede también como una muestra de que, finalmente, se escuchó a las víctimas.

Otra tensión sobre Comisión de la Verdad: ¿cuánto de verdad, cuánto de justicia, cuánto de perdón?

Bueno, yo creo que en relación con el perdón, los primeros que tienen que pedirlo son los victimarios. Serán los familiares de las víctimas o las víctimas mismas quienes otorgarán o no el perdón. Incluso los perdones institucionales son limitados; son importantes, pero limitados.

Creo que no podemos dejar de ver lo que significa la relación represor-victimario-víctima, que también tiene que resolverse de alguna manera. Esto quiere decir que los familiares de un desaparecido no van a estar tranquilos hasta no saber quién, finalmente, fue el que produjo la desaparición y, efectivamente, hay distintos niveles de responsabilidad. Hay desde la responsabilidad operativa, que a veces fue orientada por órdenes, y hay la responsabilidad de quienes concibieron y planearon este tipo de acciones transgresoras de derechos humanos.

¿Por qué Francisco Soberón no está en la Comisión de la Verdad?

Yo creo que este aspecto es circunstancial. Lo importante es que estuviera un representante del movimiento de derechos humanos. Creo que la contribución y el aporte se puede hacer también desde fuera de la Comisión; ése es el compromiso que hemos asumido.

¿Te sientes bien cuando te definen como un defensor de derechos humanos?

Sí. Yo creo que es una definición amplia. Somos muchos, miles, los defensores; no sólo los que nos dedicamos exclusivamente a esto. Hay quienes están a dedicación parcial y en espacios y ámbitos no formales de organismos de derechos humanos, que también son defensores.

¿Y qué es ser defensor de derechos humanos?

Estar comprometido con principios y valores consagrados en la defensa de estos derechos. Eso es lo que orienta y guía la actividad de un defensor; no salirse de esos parámetros. Bueno, ser firme, consecuente hasta donde sea posible. Sin duda, a veces hay que ser audaz, pero lo que se debe evitar es ser temerario. Creo que a veces uno sabe que en situaciones difíciles se corren riesgos, pero hay que saber medir para no generar riesgos que puedan afectar la posibilidad de seguir trabajando.

¿Cómo respondes a quienes dicen que es un poco ingenuo, iluso o romántico defender los derechos humanos en una época en la que nacional e internacionalmente se vive "con chaveta"?

Yo creo que es importante ser soñador, tener utopías. Los derrumbes ideológicos que se han producido en los años recientes no significan que todo se haya derrumbado. Los principios y valores de los derechos humanos también te conducen a utopías. Y a veces hemos demorado casi 20 años para empezar a cosechar algunos logros. Por ejemplo, en estos meses recientes, después del derrumbe del fujimontesinismo.

¿Por qué al ciudadano común y corriente le debe importar, por ejemplo, que exista un Tribunal Penal Internacional?

Creo que hoy hay avances en la humanidad en términos de globalización de la justicia. Todo el mundo reconoce la importancia de la organización comercial, financiera, de la globalización de las comunicaciones. Esos aspectos de la globalización a veces tienen elementos negativos. Pero un aspecto interesante de la globalización es éste que se está constituyendo como un desarrollo del derecho penal internacional, al conseguir una Corte permanente que pueda juzgar crímenes como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y quizás, en el futuro, agresión y terrorismo, sobre todo a raíz de los hechos recientes. Hay incluso quienes están planteando que se constituya una corte ad hoc para Afganistán, para procesar y juzgar a los que sean responsables de crímenes de lesa humanidad como los cometidos por Al-Qaeda y Bin Laden.

Se ha desarrollado extraordinariamente en el mundo el principio de justicia universal, con intentos y avances de procesamiento en terceros países de quienes han cometido crímenes graves de violaciones de los derechos humanos en España, en Italia, en la propia Argentina. Entonces, la aplicación de este principio de jurisdicción universal, de justicia universal, va acelerándose, y es un complemento de lo que se está haciendo en la Corte Penal Internacional. Eso, a su vez, está fortaleciendo los mecanismos de justicia nacionales, porque los está obligando a ponerse a la altura de las exigencias internacionales.

Hemos visto cómo después de la experiencia de España y Gran Bretaña, la justicia chilena se ha vuelto operativa y eficaz para hacer algunos procesos, lo que antes era impensable. La propia justicia argentina acaba de emitir una sentencia en una primera instancia sobre las leyes de punto final y obediencia debida, considerándolas inconstitucionales.

¿Cuál es tu posición frente a lo que está sucediendo a partir del 11 de setiembre?

Creo que es fundamental utilizar el Derecho Internacional Humanitario para juzgar a los responsables de estos crímenes. Pero estamos en contra de una extensión indiscriminada de la guerra que empieza a afectar de manera sistemática a la población civil. Y no solamente a la población civil, sino incluso la actuación de organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que hace acción humanitaria y ha sido también blanco de los ataques aéreos en Afganistán.

Creo que se está generando una movilización ciudadana internacional que, junto con rechazar el terror, repudia la guerra y plantea la necesidad de generar un orden internacional distinto.

La fundación de Aprodeh

¿Cómo te vinculas tú con el tema de derechos humanos?

Bueno, yo provenía de una experiencia de trabajo con movimientos campesinos en la época de la reforma agraria de los setenta, y luego me involucré con el trabajo de derechos humanos a partir de vínculos con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en la época del gobierno de Belaunde, cuando apenas salíamos de la dictadura militar. Fue entonces cuando se desencadenaron los escenarios de la violencia y vimos los límites de lo que era apoyar el trabajo de una comisión del Congreso. Por eso decidimos impulsar un trabajo desde la sociedad civil, y es así como en 1982 empezamos a desarrollar el trabajo en la Asociación Pro Derechos Humanos.

¿Quiénes más participaron?

Martha Giraldo, que provenía de la experiencia del Codeh-Puno; Fernando Rospigliosi, que era amigo y compañero de la universidad; Manuel Piqueras, que también es fundador de Aprodeh; Liliana Panizo, que ahora está colaborando con nosotros. Después se han incorporado otros miembros a nuestra relación de asociados: Max Cárdenas, Pedro Francke... Pero ése fue el grupo inicial.

A partir de allí fuimos incorporando gente al equipo de abogados, al centro de documentación y al trabajo de comunicación y difusión. Hoy somos una organización que me sorprende por la cantidad de jóvenes que la integran. Más del 70% es gente joven, de entre 20 y 30 años, y eso nos parece un hecho interesante.

Una época especialmente difícil para el movimiento de derechos humanos, para ti...

Una experiencia que me marcó mucho fue la desaparición de Ángel Escobar Jurado, el secretario de Codeh-Huancavelica. Lo secuestraron a las 6 de la tarde cuando salía de su oficina. Habíamos hablado por teléfono como a las 10 de la mañana. Me había dicho que tenía nuevos casos de desaparecidos en Huancavelica y que se venía a Lima. Desgraciadamente, no pudo concretar ese viaje: desapareció.

Incluso hubo una época –fines de los ochenta, comienzos de los noventa– en la que debimos tener seguridad que nos acompañara, cuando restringimos al máximo la actividad social: uno salía de su casa, venía a la oficina y regresaba a su casa. Había un ambiente de mucha tensión; uno no sabía de dónde podía venirle la reacción, si desde los grupos operativos de los aparatos de inteligencia o del propio Sendero.

¿Tu padre era militar?

Sí...

Y muchas veces el trabajo de derechos humanos tiene que ver con tomarle cuentas a militares, policías que se exceden...

Bueno, mientras él vivió siempre comprendió y respetó mi trabajo. Finalmente, yo sentía que él me acompañaba. No sé si estuvo necesariamente de acuerdo con todo lo que yo hice, con todo lo que yo declaré, pero por lo menos jamás me reprochó o me cuestionó o me observó algo que hiciera mientras él supo que yo estaba trabajando en derechos humanos, que fue hasta comienzos de los noventa, cuando murió.